Armando Herrera González

Expediente 62/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
62/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
08/04/2015

Partes del expediente

  • Armando Herrera González

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; lo de cuenta, atento a que de la certificación que antecede se advierte que no se interpuso recurso de queja contra el auto de diecinueve de marzo de dos mil quince, emitido por este Juzgado de Distrito, en el que desechó la demanda en el juicio de Amparo 62/2015-1 y que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo para la interposición de dicho recurso, transcurrió para la parte quejosa que es a la parte que le perjudica; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme a lo establecido en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho proveído. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; toda vez que se desechó la demanda, se determina que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo tanto, con fundamento en el punto VIGÉSIMO, fracción III, último párrafo del citado acuerdo plenario, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo. (1)

  2. Principal

    Por este medio se notifica al quejoso, en su carácter de quejoso; el acuerdo de diecinueve de marzo del año en curso, por medio de lista que fijo en los estrados de este juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, de conformidad con los artículos 27, fracción I, inciso b) y 29, de la Ley de Amparo; en virtud de no haber atendido el citatorio de fecha veinte de marzo del año en curso, mismo que dice: Nuevo Laredo, Tamaulipas, diecinueve de marzo de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por el quejoso Armando Herrera González, así como el escrito aclaratorio de trece de marzo de dos mil quince, mediante el cual cumple con la prevención que se le hizo en proveído de diez de marzo del año en curso, por lo cual manifiesta que tuvo conocimiento del auto de plazo constitucional dictado por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado con sede en esta ciudad, el diez de enero del año en curso. Entonces, del análisis integral de la demanda de amparo como del escrito aclaratorio, este órgano jurisdiccional advierte que resulta manifiesta y notoriamente improcedente, por lo que debe desecharse de plano, en atención a lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el que textualmente dispone: Para una mejor comprensión de lo anterior, precisa atender que el acto reclamado se hace consistir en el auto de formal prisión dictado dentro de la causa penal número 02/2015 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Tercer Distrito Judicial en el Estado residente en esta ciudad. Acto seguido, es menester atender a la fecha en que el quejoso presentó su demanda de amparo, que fue el diecinueve de febrero de dos mil quince; asimismo, debe tomarse en consideración la fecha en que, según el quejoso, tuvo conocimiento de los actos reclamados, indicando que lo fue el diez de enero del año en curso. A lo cual este órgano jurisdiccional, estima que son ciertos los hechos anteriormente reseñados, pues se rindieron bajo protesta de decir verdad. Así pues, del análisis de la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados, con la data en que presentó su demanda de amparo, se advierte que se surte de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: En efecto, como ya se dijo, el acto reclamado por la parte quejosa en esta instancia constitucional lo hace consistir en el auto de formal prisión dictado en su contra dentro de la causa penal número 02/2015 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Tercer Distrito Judicial en el Estado residente en esta ciudad, que le fue notificado el diez de enero del año en curso. Por lo tanto, atento a que la demanda de amparo fue presentada hasta el diecinueve de febrero de dos mil quince, el acto reclamado fue consentido tácitamente por el quejoso al no haber promovido el juicio de amparo dentro del término de quince días previsto en el artículo 17 párrafo primero del mismo ordenamiento, lo que origina que la demanda de amparo sea extemporánea. Ciertamente, para efectos de los plazos para promover el juicio de amparo, se hace necesario precisar el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: Conforme a la transcripción anterior, tenemos que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: quince días, como regla general; treinta días, cuando se reclama una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y, en cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Conforme a lo hasta aquí expuesto, se puede concluir que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el plazo para promover la demanda será de quince días. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la nueva Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I, del artículo 17, en el que el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora bien, ninguna de las fracciones o párrafos del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, contemplan expresamente el plazo para promover la demanda de amparo contra actos que afecten la libertad personal dentro de un procedimiento; por tanto, debe estarse a la regla general que se contiene en el primer párrafo del precepto aludido, en que se prevé que la demanda debe promoverse dentro del plazo de quince días, pues solo al legislador corresponde exclusivamente imponer los plazos y términos para el ejercicio de acción y defensa ante los tribunales competentes, según se advierte de la jurisprudencia número, 1a./J.14/2012 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible bajo el folio 62, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Décima Época, que dice: No pasa inadvertido que bajo la vigencia de la Ley de Amparo actualmente abrogada, el juicio de amparo podía promoverse en cualquier tiempo contra actos que afectaran la libertad personal; sin embargo, ello se debía a que existía disposición expresa en el artículo 22 de dicho ordenamiento, relativa a que no había plazo para instar la protección constitucional cuando se combatieran actos que atacaran la libertad personal, sin precisar si se trataba de actos emitidos dentro o fuera de procedimiento, según se advierte del contenido del artículo 22 de la Ley de Amparo abrogada, que disponía: Sin embargo, en la Ley de Amparo vigente, si bien existe una disposición similar a la comentada, ésta únicamente permite la promoción del amparo, en cualquier tiempo, cuando el acto que vulnere la libertad personal sea emitido fuera de procedimiento, lo que excluye de manera ejemplificativa a los actos, entre otros, el auto de formal prisión, en virtud de que éste es emitido dentro de un procedimiento penal, lo que se corrobora del contenido de la fracción IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, transcrito. En efecto, a fin de corroborar que el acto antes mencionado no constituye ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, conviene recordar la distinción tradicional que subsiste entre el procedimiento penal y el proceso penal. El primero de ellos comprende a todo el conjunto de actividades y formas regidas por el derecho penal, que se inician desde que la autoridad ministerial tiene conocimiento de que se ha cometido un delito y lo investiga, y se prolonga hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva. En cambio, el proceso penal forma parte del procedimiento penal y se refiere exclusivamente a la actuación del juzgador tendente a resolver si un hecho es o no delito, determinar la responsabilidad o irresponsabilidad penal de las personas acusadas e imponer las penas y medidas de seguridad que procedan conforme a la ley penal. Es decir, es el conjunto de actos conforme a los cuales el juez, aplicando la ley, resuelve el conflicto de interés sometido a su conocimiento por el Ministerio Público; de ahí entonces que el proceso penal inicia con la consignación ante el juez competente y concluya con la sentencia que se dicte en segunda instancia por los tribunales. En este punto conviene señalar que el artículo 4º, del Código Federal de Procedimientos Penales, hace la distinción entre procedimiento penal, y proceso penal, para establecer que sólo cuatro de los procedimientos a los que se refiere su artículo 1º, integran el proceso penal. Dicho precepto señala: Así, las actividades que durante la averiguación previa desempeñan el Ministerio Público y las autoridades administrativas a su cargo, son características del procedimiento penal y que las desempeñadas por el juzgador corresponden por antonomasia al proceso penal. En este orden de ideas, es claro que el acto consistente en el auto de formal prisión, entre otros que afecten la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, se ubican dentro de un procedimiento penal y, por ende, para la promoción del juicio de amparo debe de observarse el plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, ya que no se actualiza la excepción prevista en la fracción IV de dicho numeral, que permite la promoción del amparo en cualquier tiempo, pues no se trata de actos que vulneren la libertad personal emitidos fuera de procedimiento. En ese orden de ideas, tenemos que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en el auto de formal prisión, dictado en contra del quejoso por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, dentro de la causa penal número 02/2015, auto de plazo constitucional que le fue notificado el diez de enero del presente año; esto es, se trata de un acto que afecta la libertad personal dentro de un procedimiento penal, por lo que, atendiendo a dicha circunstancia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, de la que se infiere que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos, el que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del citado cuerpo de leyes, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I, del artículo anterior, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Así las cosas, como se dijo, el presente juicio constitucional es improcedente, pues el quejoso consintió tácitamente los actos que reclama, ya que promovió el presente juicio de amparo fuera del plazo de quince días que establece el precepto 17 de la Ley de Amparo vigente. Consecuentemente, si el promovente del amparo fue notificado del auto de formal prisión reclamado, el diez de enero de dos mil quince y de acuerdo con la interpretación de los artículos 17 y 18 de Ley de Amparo, en relación con el 66 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tamaulipas, el plazo de quince días para promover juicio de amparo comenzó a computarse (conforme a la ley del acto) a partir del día hábil siguiente al en que surtió efectos la notificación del auto de plazo constitucional, es decir, el doce de enero de dos mil quince, plazo que feneció el treinta del mismo mes y año, descontando el once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de enero de dos mil quince, por ser sábados y domingos. De tal suerte, que si la demanda de amparo se presentó hasta el diecinueve de febrero de dos mil quince ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Tercero y Cuarto de Distrito en el Estado de Tamaulipas, como se aprecia del sello que aparece visible en la parte superior de la primera hoja de la demanda de amparo, como de la boleta de turno que expide la citada oficina, es claro que la supracitada demanda de amparo fue presentada fuera del plazo que prevé el numeral 17 de la Ley de Amparo, vigente, y, por tanto, el juicio constitucional es improcedente por extemporáneo, ya que el amparista consintió tácitamente los actos reclamados a la autoridad que señala como responsable, en términos de la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente. (1)

  3. Principal

    Por este medio se notifica a ARMANDO HERRERA GONZÁLEZ, en su carácter de quejoso; el acuerdo de veintitrés de febrero del año en curso, por medio de lista que fijo en los estrados de este juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, de conformidad con los artículos 27, fracción I, inciso b) y 29, de la Ley de Amparo; en virtud de no haber atendido el citatorio de fecha veinticuatro de febrero del año en curso, mismo que dice: Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintitrés de febrero de dos mil quince. Vista la demanda de amparo que promueve ARMANDO HERRERA GONZÁLEZ, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal con residencia en esta ciudad, por violación a los artículos 14, 16 y 22 Constitucionales; fórmese juicio de amparo bajo el número 62/2015-1 que es el que cronológicamente le corresponde. Antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 114 de la Ley de Amparo, se previene al quejoso para para que por escrito aclaratorio al que deberá acompañar tres copias del mismo, que son necesarias para integrar el presente asunto, bajo protesta de decir verdad, y apercibido de las sanciones que establece el artículo 261, fracción I de la ley de la materia, para que las personas que afirmen hechos falsos u omitan los que le consten, dentro del término de cinco días contados a partir de que se le notifique este proveído, cumpla con lo que enseguida se específica: Precise la fecha exacta en que fue notificado o tuvo conocimiento del auto de formal prisión dictado en su contra por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal con residencia en esta ciudad, en el proceso penal 02/2015. Con el apercibimiento de que si el promovente no cumple con dicha aclaración, su demanda se tendrá por no presentada, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista que indica y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo.

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