Armando Hernandez Ramirez

Expediente 304/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
304/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
08/04/2019

Partes del expediente

  • Armando Hernandez Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido en queja el auto de veintidós de marzo del año en curso, a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto con que se formó el presente asunto; por tanto, con fundamento el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías que dio origen al mismo; además, a consideración de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. Por último, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    Agréguense los oficios de cuenta, a través de los cuales las autoridades responsables que los remiten, rinden sus correspondientes informes justificados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Así mismo, como lo solicita la autoridad oficiante, se tiene como su domicilio el que señala y conforme al artículo 9, de la Ley de Amparo, como delegados de su parte a los que menciona en el comunicado que se provee. Por otra parte, en cuanto a su solicitud de que se le autoricen el uso de medios electrónicos, dígasele que deberá estarse a lo ordenado en auto de veintidós de enero del año en curso, donde se proveyó al respecto. Finalmente, en relación con su solicitud de consulta del expediente electrónico; con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, 60, 77, 78, 80, 93, 94 y relativos del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza al promovente para presentar promociones, consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con el presente controvertido, de manera electrónica y bajo los lineamientos establecidos para tal efecto, bajo los usuarios ERACILLAS, DOROZCOA y PEXOXOANAM con correo electrónico eracillas@gmail.com, dorozcoa@gmail.com y ana_pexoxo@hotmail.com, respectivamente. Asimismo, con fundamento en el artículo 3°, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, así como los relativos del Acuerdo General 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al mediar solicitud expresa por parte del referido promovente, se autoriza que las subsecuentes notificaciones que se deban practicar a la autoridades responsables citadas en el presente juicio de amparo se realicen de manera electrónica, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que dichas notificaciones se practicarán siguiendo los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo y el Acuerdo General que se cita, los cuales, en lo que interesa, establecen lo siguiente: 1. Las notificaciones electrónicas se tendrán por legalmente realizadas una vez que se acceda al expediente electrónico respectivo y se consulte el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación automática de la constancia respectiva. 2. Es obligación de las autoridades oficiantes entrar al sistema e imponerse de las determinaciones, ya que en caso de no hacerlo, dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de la actuación de que se trate, su notificación se tendrá por hecha; salvo que se trate de las notificaciones de las determinaciones que deriven del cuaderno incidental, las cuales se tendrá por hechas dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquella en que haya sido ingresado el acuerdo correspondiente. 3. La revocación de la solicitud de recibir notificaciones por vía electrónica podrá realizarse en cualquier momento, ya sea de manera impresa o electrónica; en el entendido de que la revocación que en su caso se presentara sólo surtirá efectos respecto de las determinaciones pendientes de ingresar al expediente electrónico respectivo, por lo que tratándose de los que ya se hubieren ingresado, su notificación se realizará como habían sido autorizados, esto es, por vía electrónica. Por último, con fundamento en el numeral 30, de la ley de la materia y el artículo 42, del referido Acuerdo General, se precisa a la parte quejosa que, en los casos que esta Juzgadora estime conveniente realizar determinada notificación de manera personal por conducto del actuario, la misma se ordenará en esos términos, con independencia de la autorización que le fue otorgada en este proveído, para que se le practiquen de manera electrónica.

  3. Principal

    MESA VII SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE VEINTIDOS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE: Vista la demanda de amparo formulada por Armando Hernández Ramírez, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tampico, Tamaulipas, y otra autoridad; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 304/2019-VII-A. DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama lo siguiente: - El acuerdo dictado el dieciocho de febrero del año en curso, en el juicio laboral 934/2017, del índice de la junta responsable, a través del cual tuvo por no interpuesta la demanda promovida por el aquí quejoso en contra de la persona moral codemandada Grupo Olram, Sociedad Anónima de Capital Variable, y ordenó continuar el procedimiento únicamente por cuanto hace a la diversa codemandada Pemex Transformación Industrial. Cierto, de un análisis integral de la demanda de que se trata, se aprecia que el referido proveído de dieciocho de febrero del año en curso, es el acto respecto del cual se duele el quejoso en el presente asunto, pues, si bien es cierto que en el capítulo de actos reclamados indicó de manera textual lo siguiente: ".LA OMISIÓN DE ADMITIR LA DEMANDA INSTAURADA EN CONTRA DEL DEMANDADO GRUPO ORLAM S.A. DE C.V., en virtud de no haber agotado la responsable H. JUNTA NÚMERO 39 DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE los medios a su alcance estatuidos en su artículo 686 segundo párrafo y en relación con diverso numeral 848 de la ley obrera y al no haberme tenido proporcionando el domicilio diverso mediante escrito de fecha de recepción del 14 DE FEBRERO DEL 20189 (sic)" También lo es que al narrar los antecedentes de dichos actos, el quejoso refirió, bajo protesta de decir verdad, que ante la junta responsable presentó demanda en contra de PEMEX Refinanción y la persona moral Grupo Orlam, Sociedad Anónima de Capital Variable, de quienes reclamó diversas prestaciones laborales; libelo que dio origen al juicio número 934/2017. Sin embargo, en dicho controvertido no se logró emplazar a la referida persona moral, por lo cual procedió a solicitarle que se le concediera un término de tres días para que le proporcionara el domicilio correcto de esta última, lo que así hizo mediante ocurso que presentó ante su potestad el catorce de febrero del año en curso, sin que esa autoridad lo haya acordado. No obstante ello, afirma el disconforme, por auto de dieciocho de ese mes de febrero, la referida junta laboral determinó tener por no interpuesta la demanda respecto a dicha codemandada; determinación que deviene ilegal debido a que previamente esa junta debió agotar los medios necesarios para lograr su llamamiento a juicio. Por tanto, resulta evidente que a pesar de que el quejoso de manera destaca afirma reclamar la omisión de admitir la demanda respecto a la referida codemandada Grupo Orlam, Sociedad Anónima de Capital Variable, en realidad no se está en presencia un acto omisivo, sino que, como se dejó establecido, el quejoso en realidad se duele de dicho acuerdo en el que la junta determinó tener por no interpuesta la demanda respecto a la referida codemandada, Grupo Orlam, Sociedad Anónima de Capital Variable, es decir, no admitir o dar trámite a la demanda por cuanto hace a esta última. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. Ahora bien, en el presente caso, a consideración de la suscrita, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, de la propia ley de la materia, este último interpretado a contrario imperio, mismos que establecen:. De los preceptos anteriores se colige que el juicio de amparo deviene improcedente cuando la causa relativa resulte de alguna disposición de la ley, y que la vía indirecta se surte cuando se reclaman actos emitidos dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Asimismo, se tiene que el legislador definió tales actos, como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, por tanto, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, como lo es cuando producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Sobre los actos de ejecución de imposible reparación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquéllos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aún con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación se caracterizan porque la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos al gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales, está en condiciones de hacerlas valer como tales en el recurso que promueva o eventualmente en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio. De las consideraciones expuestas se obtiene que los actos dentro de juicio susceptibles de ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto son aquellos que tienen una ejecución de imposible reparación, lo que se actualiza cuando: a) Afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, b) Esa afectación no desaparece ni aún en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses; hipótesis que no se surten en el presente caso. INVOCACIÓN DE HECHO NOTORIO Ahora bien, toda vez que los asuntos que ante este órgano jurisdiccional se tramitan constituyen un hecho notorio para la suscrita, téngase a la vista para los efectos legales conducentes el juicio de amparo 721/2018-I-B, del índice de este Juzgado, del cual se advierte, en lo que interesa lo siguiente: 1. Que dicho controvertido constitucional fue promovido por el aquí quejoso Armando Hernández Ramírez, en el que señaló como acto reclamado la omisión de emplazar vía exhorto a la demandada Grupo Olram, Sociedad Anónima de Capital Variable, dentro del juicio laboral 934/2017, del índice de la junta responsable, del que emana el acto que se reclama en el presente asunto. 2. Que en ese expediente obran agregadas las constancias que remitió la Junta responsable, como apoyo a su informe justificado y en cumplimiento a la sentencia amparadora dictada en el mismo, de las que se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado: a) El aquí quejoso Armando Hernández Ramírez promovió ante la junta responsable, el juicio laboral 934/2017, en contra de Pemex Transformación Industrial y Grupo Olram Sociedad Anónima de Capital Variable. b) Que a fin de lograr emplazar a la codemandada Grupo Olram Sociedad Anónima de Capital Variable, el Presidente de la junta responsable giró sendos exhortos a la Junta Especial Número Treinta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz. c) Al no lograrse practicar el llamamiento de la referida sociedad mercantil en el domicilio que obraba en autos, en la diligencia de nueve de enero del año en curso, el apoderado de la parte quejosa proporcionó a la junta responsable un nuevo domicilio para tales efectos ubicado en Salina Cruz, Oaxaca. d) Por tanto, el Presidente de la junta responsable giró exhorto a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca, Oaxaca, para que realizara dicho emplazamiento, sin embargo, a esta última tampoco le fue posible realizar el emplazamiento de la referida persona moral. e) En vista de lo anterior, mediante auto de dieciocho de febrero de la presente anualidad, la junta responsable tuvo por no interpuesta la demanda laboral promovida por el aquí quejoso en contra de la persona moral Grupo Olram, Sociedad Anónima de Capital Variable, y ordenó continuar el procedimiento únicamente por cuanto hace al demandado restante Pemex Transformación Industrial. -Esta última determinación es la constituye el acto reclamado en el presente asunto. Consecuentemente, por relacionarse con la materia del presente asunto, se ordena agregar al presente asunto copia certificada de dicha información, para los efectos legales a que haya lugar. De lo anteriormente expuesto, se obtiene que el acto reclamado en el presente asunto, tiene como consecuencia inmediata continuar el juicio ordinario laboral instaurado por el aquí quejoso solamente en contra de la codemandada Pemex Transformación Industrial. En ese sentido, es de concluirse que la determinación por parte de la autoridad responsable de tener por no interpuesta la demanda laboral en contra de la persona moral Grupo Olram, Sociedad Anónima de Capital Variable, no es reclamable en amparo indirecto, pues no constituye una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos que objetivamente analizada amerite sujetarla a control constitucional inmediato, sin esperar a que se dicte el laudo en el juicio natural, contra de la cual eventualmente procedería el amparo directo. Ello es así, toda vez que dicha determinación sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos, lo que únicamente produce efectos dentro del procedimiento, los cuales pueden ser reparados, sin afectación para las partes, a través del juicio de amparo directo. No pasa desapercibido para la suscrita, la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 55/2002, de título: "DEMANDA. SU DESECHAMIENTO PARCIAL SIN ULTERIOR RECURSO, ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO." de donde se desprende la procedencia del amparo indirecto contra la resolución que desecha parcialmente una demanda, al considerarse un acto de imposible reparación, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Amparo abrogada. Sin embargo, de conformidad con el artículo sexto transitorio, esa jurisprudencia no resulta aplicable actualmente a los actos que únicamente producen efectos adjetivos, como lo es el tener por una interpuesta una demanda respecto a uno de los codemandados y continuar el juicio respecto de los restantes demandados, dado que se opone al texto de la ley vigente en la materia; pues, como se dijo, en la fracción V, del artículo 107, la Ley de Amparo vigente, expresamente se especifica que por actos de imposible reparación ahora solamente deben entenderse aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte. Habida cuenta que la violación al procedimiento que aduce la promovente es reclamable en el juicio de amparo directo que se accione en contra de la sentencia definitiva que ponga fin al juicio natural, por así disponerlo los artículos 171 y 172, fracciones IX y XII, de la Ley de Amparo. Se suma la circunstancia de que para combatir las violaciones procesales se deba esperar hasta que se dicte el laudo en el asunto de origen, no implica que su impugnación se obstaculice; pues a efecto de lograr que la impartición de justicia sea expedita, es necesario restringir la posibilidad de combatir cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y permitir que todas ellas, en caso de que generen alguna afectación, puedan resolverse de manera simultánea. De ahí que dicho acto reclamado no puede ser considerado como de imposible reparación, pues, como se dijo, sólo trae como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, la cuál puede ser subsanable en caso de obtener un laudo favorable a sus intereses dentro del procedimiento ordinario. Ahora, para el caso de que el fallo resultara adverso a los intereses del aquí quejoso, tendría la oportunidad de hacerlo valer como una violación procesal en el amparo directo que se promoviera contra aquella sentencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 172, fracción IX, en relación con la diversa fracción XII, de la Ley de Amparo , pues es innegable que tal violación, en ese supuesto, afectaría las defensas del aquí disconforme, trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, cabe agregar que, por lo que respecta al acto que se reclama en la especie, el cual puede traducirse en un desechamiento parcial de la demanda laboral, no implica transgresión al artículo 17, constitucional, ya que la administración y acceso a la justicia está condicionada o limitada a los plazos y términos que fijan las leyes, así como a que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, sin que tengan como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho o impedir el derecho de acción, pues la autoridad responsable está obligada a emitir un pronunciamiento respecto de la diversa codemandada que quedó vinculada a la litis del juicio laboral. Por tanto, la demanda que se provee resulta notoriamente improcedente, conforme a lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo cual conduce a desecharla de plano, con fundamento en el numeral 113 de dicho ordenamiento. Así las cosas, ante la notoria e indudable improcedencia del presente juicio de amparo, con fundamento en el citado artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda formulada por Armando Hernández Ramírez. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala para tal efecto, en razón de la naturaleza de la materia de la que deriva el presente asunto y al carácter que tiene en el mismo el aquí quejoso. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías.

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