Armando Hernandez Mejia
Expediente 630/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 630/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Armando Hernandez Mejia
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que en el presente juicio en que se actúa, fue anexado el original del expediente número 42/2017, que adjuntó la autoridad responsable JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DEL ESTADO DE TLAXCALA, al momento de rendir su informe justificado; mismo que se ordenó guardar por separado para su mejor conservación; en consecuencia, mediante atento oficio que al efecto se gire a la citada autoridad, devuélvase el expediente de referencia, en virtud de ser innecesario que obre en autos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede de la Secretaría de este juzgado, se desprende que la parte quejosa dentro del término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, no interpuso recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de julio del año en curso, por el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
***Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de julio de dos mil diecinueve. Vista el escrito de la parte quejosa Armando Hernández Mejía, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la persona moral TRANSPORTES APIZAQUENCES UNIDOS (TAU), mediante el cual da cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de doce de junio del año en curso; en consecuencia, se procede a acordar lo relativo a la demanda de amparo promovida por ARMANDO HERNANDEZ MEJIA, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la persona moral TRANSPORTES APIZAQUENCES UNIDOS (TAU), en contra del acto reclamado del JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DEL ESTADO DE TLAXCALA. Ahora bien, del examen de la demanda de garantías se advierte que el juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la interpretación gramatical de esta disposición legal se desprende que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Por otra parte, los artículos 107, Constitucional, fracción III, inciso b), y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en ese sentido, disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo procederá en los casos siguientes: [.] b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia solo podrá promoverse en el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiera dejado sin defensa al quejoso y trascendido el resultado de la resolución [.]" Esta disposición establece, entre otras cosas, la procedencia del juicio de amparo promovido contra actos judiciales, esto es, contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, además establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos en ejecución de sentencia, siempre y cuando sea contra la última resolución dictada dentro de ésta. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución. Luego entonces, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, pues dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley [.]" Ahora bien, sobre el concepto de última resolución, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que es aquella resolución en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Así se desprende de la tesis de jurisprudencia consultable en la página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Lo anterior significa que las violaciones sufridas en la fase ejecutiva, pueden ser impugnadas hasta que se dicte la última resolución en dicha etapa, tomando en cuenta que derivan de una sentencia o convenio que es cosa juzgada que debe cumplirse y que con ello se evita el abuso del juicio de garantías biinstancial. Al respecto, es conveniente señalar que el ahora quejoso en su escrito de demanda manifiesta como acto reclamado el auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, dentro del expediente 42/2017-B, relativo al Juicio Oral Mercantil, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. Ahora bien, en el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto que en esta vía reclama el amparista consiste sustancialmente en la auto dictado el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, dentro del expediente 42/2017-B, relativo al Juicio Oral Mercantil, mediante el cual no se tiene por cumplida la sentencia definitiva dictada con fecha trece de marzo del año en curso, ordenándose la devolución de los títulos nominativos exhibidos esto bajo el argumento que los mismos no se ajustan a lo establecido en la sentencia dictada. De lo anterior, se desprende que los elementos de la definición de última resolución, no se actualizan en los actos reclamados, por lo siguiente: Dichos actos no constituyen la última resolución en la etapa de ejecución del juicio oral mercantil, puesto que los actos reclamados en cuestión; no es una resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución de lo sentenciado. Entonces, al tratarse de una resolución intermedia dictada en la fase ejecutiva, en la que todos los actos procesales que en ella se realizan tienen como base la existencia de una sentencia o laudo que tiene el carácter de cosa juzgada cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, no podrán impugnarse a través del juicio indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución en el que se reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En apoyo a lo anterior, se cita la Jurisprudencia 1a./J. 36/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 75, Tomo XX, Julio de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." Asimismo, por su contenido si cita la Tesis XV.2o.27 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 2264, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DECLARA PROCEDENTE EL INCIDENTE DE RESOLUCIÓN DE COSTAS ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. La interlocutoria que declara procedente el incidente de regulación de costas en un juicio ejecutivo mercantil, no constituye la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, por lo que no procede impugnarla en amparo indirecto ya que, en ese caso, la "última resolución" será aquella en la que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. También tiene aplicación por analogía, la tesis aislada, consultable en la página 15, del Tomo V, abril de 1997, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA. El artículo 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se impugnen actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en dicho procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto rige, inclusive, cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclama también ésta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución del procedimiento de ejecución, y si se trata del remate, contra la resolución que lo apruebe o desapruebe." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.29/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 226, del Tomo III, junio de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto indican. "AMPARO CONTRA UNA LEY CON MOTIVO DE UNA RESOLUCION DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE. SOLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCION DEFINITIVA RESPECTIVA. El artículo 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclame también ésta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, y si se trata del remate, contra la resolución que lo apruebe o desapruebe.". Así también, sirve de apoyo la tesis 2ª. VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, del Tomo VIII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución.". Por lo que en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción IV, interpretada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo en vigor, y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha de plano la demanda en estudio. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, de su Reglamento, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber al promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que, en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma la Licenciada Artemisa Venus Fernández Ángel, Secretaria Judicial adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada en veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, ante el Secretario Judicial Licenciado Alejandro Galicia Lara, que autoriza.- Doy fe.Afo.
- Principal
***Por recibido el oficio de cuenta de la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito de esta ciudad, con el que remite el original del amparo directo número D-570/2019, promovido por Armando Hernández Mejía, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la persona moral TRANSPORTES APIZAQUENCES UNIDOS (TAU), contra actos del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala; en virtud de haber declarado carecer de competencia legal para conocer del mismo, considerando que este Órgano Jurisdiccional es competente para su conocimiento, por los motivos que expone, acúsese el recibo correspondiente, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, vista la demanda de amparo promovida por ARMANDO HERNANDEZ MEJIA en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la persona moral TRANSPORTES APIZAQUENCES UNIDOS (TAU), contra actos del JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DEL ESTADO DE TLAXCALA. Fórmese expediente con el número que el número que le corresponda como lo es el 630/2019-V-B, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, a fin de proveer lo que en derecho proceda, con fundamento en los artículos 108 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, prevéngase al promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del en que quede legalmente notificado del presente proveído, manifieste bajo protesta de decir verdad los antecedes del acto reclamado, con las copias necesarias, a fin de dar cumplimiento con el requisito que exige el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo. Con apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 114, de la ley de la materia. Se tiene por señalado como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo; asimismo, se tiene por autorizado a José Galdino Huerta García, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y en término de la última parte del segundo párrafo del artículo antes mencionado, a las demás personas que menciona, esto es para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en razón de que no fueron localizados en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente.
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