Armando Hernández Gil

Expediente 386/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
386/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
13/07/2022

Partes del expediente

  • Armando Hernández Gil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, trece de julio de dos mil veintidós. Vista, la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días hábiles para que la parte promovente interpusiera el recurso correspondiente en contra del auto de veintiocho de junio de dos mil veintidos, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por Armando Hernández Gil, sin que se hubiera presentado promoción al respecto; por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 97 fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro que corresponda y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículos vigésimo primero inciso d), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio Acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por último, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo vigésimo primero del Acuerdo mencionado.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, uno de julio de dos mil veintidós. Vista, la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte que a la actuaria de este juzgado, no le fue posible a la parte quejosa Armando Hernández Gil, por las razones expuestas en la misma. En consecuencia, notifíquesele por lista en los estrados de este juzgado el citado auto, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    como se encuentra ordenado en proveído de uno de julio de dos mil veintidós, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa Armando Hernández Gil, el proveído de veintiocho de junio del año en curso, el cual a la letra dice: "...Ensenada, Baja California, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Vista, la demanda de amparo que promueve Armando Hernández Gil, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 386/2022-II Ahora bien, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano"; se procede al análisis de la demanda de amparo que nos ocupa. De la lectura integral de la demanda se advierte que la quejosa señala actos reclamados lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO. De la autoridad responsable JUNTA ESPECIAL NUMERO CUARENTA DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA la omisión de dictar resolución o laudo y la negativa ficta de querer hacer justicia como lo marca la Ley, sin que para el efecto exista motivo o razón fundada, o cumplido con las formalidades legales del procedimiento, y seguridad jurídica dentro del juicio laboral bajo número de expediente 212/2020, que entablo en contra del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES y otros, radicado ante la Junta Especial número 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad. Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado se advierte lo siguiente: "Fue entonces que en fecha 03 de mayo del 2022, a las 09:00 hrs. Se celebró la audiencia en sus etapas de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admision de pruebas y en virtud de que las pruebas ofrecidas no ameritaron desahogo especial, se nos concedió el uso de la voz a las partes para llevar a cabo la etapa de alegatos y en atención, a lo mimos, la junta declaro EL CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y TURNÓ A PROYECTO DE RESOLUCIÓN, el expediente en mención. Lo negrito y subrayado es propio En virtud del análisis realizado a la demanda de amparo y a fin de estar en aptitud de establecer el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, se procede a precisar el acto reclamado: La omisión de la junta responsable de dictar resolución o laudo y la negativa ficta dentro del juicio laboral 212/2020, de su índice. Ahora bien, en el caso concreto, el quejoso aduce, que el tres de mayo de dos mil veintidós, la Junta responsable, declaró el cierre de instrucción y turnó a proyecto de resolución el expediente en mención. Por otra parte, la demanda de derechos fundamentales, fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, el veintisiete de junio de dos mil veintidós, esto es un mes y veinticuatro días naturales posteriores a la fecha en que notificó el acuerdo que cerró instrucción. Ahora, el promovente se duele de la omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Ensenada, Baja California, de dictar el laudo en el expediente laboral 212/2020, de su índice, no obstante refiere, transcurrieron los plazos contemplados para tal efecto en los artículos 885 a 889 de la mencionada ley laboral, puesto que en lo que aquí interesa, el tres de mayo de dos mil veintidós, se celebró la audiencia en sus etapas de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas y en virtud de que las pruebas ofrecidas no ameritaron desahogo especial, se nos concedió el uso de la voz a las partes para llevar a cabo la etapa de alegatos y en atención, a lo mimos, la junta declaro el cierre de instrucción y turnó a proyecto de resolución, sin que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, lo hubiera dictado. Al respecto la Suprema Corte estableció que por regla general, es notoriamente improcedente el juicio de amparo indirecto interpuesto por una de las partes en el juicio natural, contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, pues deben no produce una afectación material a derechos sustantivos, sino constituyen violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, por tanto, se está en presencia de una violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos. Dicha jurisprudencia, es la identificada bajo número 2a./J. 48/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décimo Época, Libro 30, mayo 2016, tomo II, página 1086, con número de registro 2011580, bajo el rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente: La excepción a la regla general a la que se refiere la jurisprudencia transcrita, se actualiza cuando se está ante: a) La existencia de una abierta dilación del procedimiento; o b) La paralización total del mismo. En efecto, aún no ha trascurrido dicho plazo en virtud de que los treinta y tres días en que la junta debe emitir el laudo correspondiente, transcurrieron hasta el diecisiete de junio de dos mil veintidós, y por tanto los cuarenta y cinco días naturales, empezaron a computarse a partir de esa fecha y concluyen hasta el uno de agosto próximo, fecha a partir de la cual se actualiza el supuesto de procedencia analizada. Ello en razón de que la quejosa aduce que en tres de mayo de dos mil veintiuno, la responsable celebró la audiencia en sus etapas de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admision de pruebas, por lo que a partir de esa fecha deben transcurrir los diez días hábiles que establece el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, así como los diversos plazos contemplados en los artículos 886 y 887 de la citada legislación, que son cinco días hábiles para solicitar que se practiquen las diligencias que se juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad; un término de ocho días hábiles para llevar a cabo las diligencias solicitadas; diez días hábiles para llevar a cabo la audiencia de discusión y votación, y el término necesario para engrosar el laudo, lo que da como resultado un total de treinta y tres días hábiles, mismos que empezaron a contar desde el cuatro de mayo de dos mil veintidós De ahí que, los treinta y tres días hábiles mencionados, para la emisión del laudo, fenecieron el diecisiete de junio de dos mil veintidós, por lo que a la fecha de la presentación de la demanda de derechos fundamentales -veintisiete del mes y año en curso-, solamente han transcurrido diez días naturales. Por tanto, en el caso concreto, aún no han transcurrido los cuarenta y cinco días naturales, para que se encuentre en el supuesto de una dilación en el procedimiento de origen o su paralización total, para efectos de la procedencia del juicio de amparo que se promueve. En ese contexto, al advertirse que a la presentación de la demanda que se atiende, no han transcurrido cuarenta y cinco días naturales, a partir de la fecha en la que concluyó el plazo que establecen los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, para que la junta responsable, emita el laudo correspondiente; se actualiza, de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 113 del citado ordenamiento legal, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Lo anterior, de conformidad en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 10a., con registro 2019400, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1643, que a la letra dice: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Por otra parte, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el escrito que se atiende, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Erika Noemí Oceguera Espinoza y Teresa Herrera Rueda, no así a Amelia Rivera Muro, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de los actuarios de este juzgado, realice las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto y se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. En otro contexto, se exhorta a las partes, para que continúen el presente asunto bajo el esquema de "juicio en línea", por las facilidades que éste representa en tiempos de la pandemia que actualmente afecta al ser humano, principalmente la protección que genera al no tener que presentar las promociones de manera física y poder recibir las notificaciones de manera electrónica. De igual forma, se solicita a las diversas partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y un correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario.. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3o de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario. Finalmente, con fundamento en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo debidamente sellada y cotejada con su original..."

  4. Principal

    como se encuentra ordenado en proveído de uno de julio de dos mil veintidós, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa Armando Hernández Gil, el proveído de veintiocho de junio del año en curso, el cual a la letra dice: "...Ensenada, Baja California, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Vista, la demanda de amparo que promueve Armando Hernández Gil, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 386/2022-II Ahora bien, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano"; se procede al análisis de la demanda de amparo que nos ocupa. De la lectura integral de la demanda se advierte que la quejosa señala actos reclamados lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO. De la autoridad responsable JUNTA ESPECIAL NUMERO CUARENTA DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA la omisión de dictar resolución o laudo y la negativa ficta de querer hacer justicia como lo marca la Ley, sin que para el efecto exista motivo o razón fundada, o cumplido con las formalidades legales del procedimiento, y seguridad jurídica dentro del juicio laboral bajo número de expediente 212/2020, que entablo en contra del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES y otros, radicado ante la Junta Especial número 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad. Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado se advierte lo siguiente: "Fue entonces que en fecha 03 de mayo del 2022, a las 09:00 hrs. Se celebró la audiencia en sus etapas de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admision de pruebas y en virtud de que las pruebas ofrecidas no ameritaron desahogo especial, se nos concedió el uso de la voz a las partes para llevar a cabo la etapa de alegatos y en atención, a lo mimos, la junta declaro EL CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y TURNÓ A PROYECTO DE RESOLUCIÓN, el expediente en mención. Lo negrito y subrayado es propio En virtud del análisis realizado a la demanda de amparo y a fin de estar en aptitud de establecer el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, se procede a precisar el acto reclamado: La omisión de la junta responsable de dictar resolución o laudo y la negativa ficta dentro del juicio laboral 212/2020, de su índice. Ahora bien, en el caso concreto, el quejoso aduce, que el tres de mayo de dos mil veintidós, la Junta responsable, declaró el cierre de instrucción y turnó a proyecto de resolución el expediente en mención. Por otra parte, la demanda de derechos fundamentales, fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, el veintisiete de junio de dos mil veintidós, esto es un mes y veinticuatro días naturales posteriores a la fecha en que notificó el acuerdo que cerró instrucción. Ahora, el promovente se duele de la omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Ensenada, Baja California, de dictar el laudo en el expediente laboral 212/2020, de su índice, no obstante refiere, transcurrieron los plazos contemplados para tal efecto en los artículos 885 a 889 de la mencionada ley laboral, puesto que en lo que aquí interesa, el tres de mayo de dos mil veintidós, se celebró la audiencia en sus etapas de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas y en virtud de que las pruebas ofrecidas no ameritaron desahogo especial, se nos concedió el uso de la voz a las partes para llevar a cabo la etapa de alegatos y en atención, a lo mimos, la junta declaro el cierre de instrucción y turnó a proyecto de resolución, sin que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, lo hubiera dictado. Al respecto la Suprema Corte estableció que por regla general, es notoriamente improcedente el juicio de amparo indirecto interpuesto por una de las partes en el juicio natural, contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, pues deben no produce una afectación material a derechos sustantivos, sino constituyen violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, por tanto, se está en presencia de una violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos. Dicha jurisprudencia, es la identificada bajo número 2a./J. 48/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décimo Época, Libro 30, mayo 2016, tomo II, página 1086, con número de registro 2011580, bajo el rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente: La excepción a la regla general a la que se refiere la jurisprudencia transcrita, se actualiza cuando se está ante: a) La existencia de una abierta dilación del procedimiento; o b) La paralización total del mismo. En efecto, aún no ha trascurrido dicho plazo en virtud de que los treinta y tres días en que la junta debe emitir el laudo correspondiente, transcurrieron hasta el diecisiete de junio de dos mil veintidós, y por tanto los cuarenta y cinco días naturales, empezaron a computarse a partir de esa fecha y concluyen hasta el uno de agosto próximo, fecha a partir de la cual se actualiza el supuesto de procedencia analizada. Ello en razón de que la quejosa aduce que en tres de mayo de dos mil veintiuno, la responsable celebró la audiencia en sus etapas de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admision de pruebas, por lo que a partir de esa fecha deben transcurrir los diez días hábiles que establece el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, así como los diversos plazos contemplados en los artículos 886 y 887 de la citada legislación, que son cinco días hábiles para solicitar que se practiquen las diligencias que se juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad; un término de ocho días hábiles para llevar a cabo las diligencias solicitadas; diez días hábiles para llevar a cabo la audiencia de discusión y votación, y el término necesario para engrosar el laudo, lo que da como resultado un total de treinta y tres días hábiles, mismos que empezaron a contar desde el cuatro de mayo de dos mil veintidós De ahí que, los treinta y tres días hábiles mencionados, para la emisión del laudo, fenecieron el diecisiete de junio de dos mil veintidós, por lo que a la fecha de la presentación de la demanda de derechos fundamentales -veintisiete del mes y año en curso-, solamente han transcurrido diez días naturales. Por tanto, en el caso concreto, aún no han transcurrido los cuarenta y cinco días naturales, para que se encuentre en el supuesto de una dilación en el procedimiento de origen o su paralización total, para efectos de la procedencia del juicio de amparo que se promueve. En ese contexto, al advertirse que a la presentación de la demanda que se atiende, no han transcurrido cuarenta y cinco días naturales, a partir de la fecha en la que concluyó el plazo que establecen los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, para que la junta responsable, emita el laudo correspondiente; se actualiza, de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 113 del citado ordenamiento legal, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Lo anterior, de conformidad en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 10a., con registro 2019400, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1643, que a la letra dice: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Por otra parte, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el escrito que se atiende, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Erika Noemí Oceguera Espinoza y Teresa Herrera Rueda, no así a Amelia Rivera Muro, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de los actuarios de este juzgado, realice las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto y se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. En otro contexto, se exhorta a las partes, para que continúen el presente asunto bajo el esquema de "juicio en línea", por las facilidades que éste representa en tiempos de la pandemia que actualmente afecta al ser humano, principalmente la protección que genera al no tener que presentar las promociones de manera física y poder recibir las notificaciones de manera electrónica. De igual forma, se solicita a las diversas partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y un correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario.. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3o de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario. Finalmente, con fundamento en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo debidamente sellada y cotejada con su original..."

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