Armando Hernandez Coronel

Expediente 1372/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1372/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
10/10/2018

Partes del expediente

  • Armando Hernandez Coronel

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y advirtiéndose que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer ante este Juzgado Primero de Distrito el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso d), de dicha ley, en contra del proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo promovido por ***, contra actos de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, sin que la parte interesada hubiere ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado ESTADO para todos los efectos correspondientes. Ahora, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido y, que no existe acuerdo pendiente por dictar, se ordena el archivo definitivo del mismo, previa las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en vigor, se establece: El juicio principal es destruible, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Por lo que, previo transcurso del plazo de cinco años procédase a su destrucción. El presente expediente carece de relevancia documental. Se hace la indicación que en el presente juicio, no se aperturó incidente de suspensión. En la carátula del expediente anótese la circunstancia de que el cuaderno principal es destruible y la fecha en que se ordena su archivo. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por conducto del Auxiliar por Ministerio de Ley. PRUEBAS DE LA AUTORIDAD Por otra parte, como lo establece el artículo 119 de la citada Ley, se tiene por ofrecida la prueba documental que adjunta la citada autoridad a su oficio de cuenta, consistente en copia certificada con firmas autógrafas del proveído de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral 208/2016, misma que se tiene por admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de hacer relación de ella en el momento procesal oportuno. SOBRESEIMIENTO En el presente caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y, del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señaló medularmente como acto reclamado: La omisión de la autoridad responsable de acordar respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 208/2016. Ahora, de la constancia que fue remitida por la autoridad ocursante y que se ordena agregar a los autos, este Juzgador de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que HAN CESADO LOS EFECTOS del acto reclamado por la parte quejosa. Al respecto, cabe precisar que los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." El anterior precepto es claro al establecer que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de amparo, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Por tanto, se considera que HAN CESADO LOS EFECTOS del acto reclamado, en virtud que de la constancia que la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, por conducto del Auxiliar por Ministerio de Ley, remitió como apoyo a su informe justificado, consistente en copia certificada con firmas autógrafas del acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral 208/2016, la cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°; se advierte que la responsable, mediante proveído de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, acordó respecto a las pruebas ofrecidas por las partes, y que fueran reservadas en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 208/2016 señalando diversas fechas y horas para el desahogo de las mismas. De lo que se colige, que con posterioridad al cuatro de septiembre de dos mil dieciocho (fecha en que se presentó la demanda de amparo), cesaron los efectos del acto reclamado, volviendo las cosas al estado que tenía antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, toda vez que se ha extinguido el estado de inactividad que reclamaba el impetrante de amparo; sin que lo anterior implique el análisis de la legalidad del acto reclamado a la responsable. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. "De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Cabe señalar que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo el Juez de Distrito, resuelve abstenerse de analizar la violación de los derechos humanos imputados por el quejosa a la autoridad responsable y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de derechos fundamentales por improcedente, fuera de la audiencia constitucional, opera siempre que la causa que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable y que además las pruebas aportadas al juicio por las partes, no alteren el resultado del fallo; lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendientes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige, que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En razón de lo expuesto, se sobresee en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracción XXI, del citado ordenamiento jurídico. No es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional esté señalada para que tenga lugar a las nueve horas del diez de octubre de dos mil dieciocho, ya que al haber cesado los efectos del acto reclamado, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sin que sea óbice para este Juzgador el hecho que no se advierta de la constancia remitida por la autoridad señalada como responsable, la constancia de notificación a la parte quejosa del acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral 208/2016, toda vez que este órgano jurisdiccional le hará de su conocimiento el citado auto al notificarle el presente proveído. Notifíquese personalmente. Villahermosa, Tabasco; veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por conducto del Auxiliar por Ministerio de Ley. PRUEBAS DE LA AUTORIDAD Por otra parte, como lo establece el artículo 119 de la citada Ley, se tiene por ofrecida la prueba documental que adjunta la citada autoridad a su oficio de cuenta, consistente en copia certificada con firmas autógrafas del proveído de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral 208/2016, misma que se tiene por admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de hacer relación de ella en el momento procesal oportuno. SOBRESEIMIENTO En el presente caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y, del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señaló medularmente como acto reclamado: La omisión de la autoridad responsable de acordar respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 208/2016. Ahora, de la constancia que fue remitida por la autoridad ocursante y que se ordena agregar a los autos, este Juzgador de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que HAN CESADO LOS EFECTOS del acto reclamado por la parte quejosa. Al respecto, cabe precisar que los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." El anterior precepto es claro al establecer que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de amparo, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Por tanto, se considera que HAN CESADO LOS EFECTOS del acto reclamado, en virtud que de la constancia que la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, por conducto del Auxiliar por Ministerio de Ley, remitió como apoyo a su informe justificado, consistente en copia certificada con firmas autógrafas del acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral 208/2016, la cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°; se advierte que la responsable, mediante proveído de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, acordó respecto a las pruebas ofrecidas por las partes, y que fueran reservadas en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 208/2016 señalando diversas fechas y horas para el desahogo de las mismas. De lo que se colige, que con posterioridad al cuatro de septiembre de dos mil dieciocho (fecha en que se presentó la demanda de amparo), cesaron los efectos del acto reclamado, volviendo las cosas al estado que tenía antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, toda vez que se ha extinguido el estado de inactividad que reclamaba el impetrante de amparo; sin que lo anterior implique el análisis de la legalidad del acto reclamado a la responsable. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. "De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Cabe señalar que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo el Juez de Distrito, resuelve abstenerse de analizar la violación de los derechos humanos imputados por el quejosa a la autoridad responsable y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de derechos fundamentales por improcedente, fuera de la audiencia constitucional, opera siempre que la causa que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable y que además las pruebas aportadas al juicio por las partes, no alteren el resultado del fallo; lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendientes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige, que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En razón de lo expuesto, se sobresee en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracción XXI, del citado ordenamiento jurídico. No es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional esté señalada para que tenga lugar a las nueve horas del diez de octubre de dos mil dieciocho, ya que al haber cesado los efectos del acto reclamado, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sin que sea óbice para este Juzgador el hecho que no se advierta de la constancia remitida por la autoridad señalada como responsable, la constancia de notificación a la parte quejosa del acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral 208/2016, toda vez que este órgano jurisdiccional le hará de su conocimiento el citado auto al notificarle el presente proveído. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    RADICACIÓN Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Armando Hernández Coronel, contra actos de la Junta Especial 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, regístrese en el libro de gobierno con el número 1372/2018-I-7 y fórmese expediente. ADMISIÓN Y AUDIENCIA En consecuencia, con apoyo en los artículos 107, 108, 110 y 112 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. Tramítese sin incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. De conformidad con lo establecido en el artículo 115, de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las NUEVE HORAS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir en el plazo improrrogable de quince días hábiles, posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun y cuando se rindan antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que se tomaron en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Indíquese a la autoridad responsable que la Ley de Amparo, en su artículo 260, en relación con el diverso 238, dispone que podrá multársele con cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización, al momento de realizarse la conducta sancionada, en caso de que no rinda su informe justificado, lo haga sin remitir, en su caso, copias certificadas completas y legibles de las constancias necesarias para la solución del juicio o en su caso omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del artículo 11. De igual forma, comuníquesele que se sancionará con multa de cien días de Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo 245 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238, en caso de que se nieguen a recibir la notificación a que se refiere el artículo 28, fracción I, del ordenamiento legal en cita. NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de conformidad con lo establecido por los artículos 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, en relación a la trascendencia que tenga el auto o resolución que con posterioridad al auto de admisión de demanda, se pretenda notificar a las autoridad responsable, una vez que exista constancia de su notificación en el presente juicio, este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarles por medio de lista, por lo que los posibles diferimientos del presente asunto que llegaran a presentarse y, como consecuencia la fecha que al efecto se señale para la celebración de la audiencia constitucional, se notificará por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". IMPROCEDENCIA Asimismo, con fundamento en los artículos 64 y 16 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de improcedencia o del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto, apercibidas que de no hacerlo se les impondrán las multas previstas en los numerales 251 y 242 del ordenamiento legal en cita, respectivamente. De igual forma, para que informen a este Juzgado de Distrito sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieren estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de determinar la competencia de este juzgador. TERCERO INTERESADO Por otra parte, se reserva proveer sobre el emplazamiento de las partes terceras interesadas, hasta en tanto obren en autos las constancias que remita la autoridad responsable con su informe justificado. VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, corriéndole traslado con copia autorizada del presente auto, de la demanda de amparo y anexo. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida por su propia y especial naturaleza la documental que anexa a su escrito de demanda, consistente en copia del acuerdo de dieciocho de mayo del presente año, deducido del expediente 208/2016, del índice de la autoridad responsable. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que índica en su libelo de cuenta. Por otra parte, con fundamento en los artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados en términos del primero de los citados numerales a las personas que menciona en su escrito inicial de demanda. MEDIOS DIGITALES Como lo solicita, este Juzgado autoriza la toma de las actuaciones mediante cámaras, grabadoras o lectores ópticos, ello con fundamento en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para dicha práctica podrán intervenir únicamente el promovente y sus autorizados, siempre y cuando no se contraríe la función jurisdiccional de este Juzgado y con el cuidado de que las herramientas sean utilizadas preservando la integridad del expediente. En el entendido de que las reproducciones se autorizan con el fin de que se impongan de los autos, tal y como lo dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo que el uso y reproducción posterior de las citadas imágenes será bajo su más estricta responsabilidad, en términos de la legislación aplicable en materia de protección de datos personales e información pública. DIGITALIZACIÓN Asimismo, atento a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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