Armando Guerrero Bustamante

Expediente 1141/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1141/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Armando Guerrero Bustamante

Actuaciones

  1. Principal

    V... Agréguese el oficio de la Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual en atención al requerimiento formulado el cinco de octubre de dos mil veintitrés, acusa recibo del expediente laboral SAT 1707/2022 de su índice.

  2. Principal

    V... Naucalpan de Juárez, Estado de México; cinco de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, rindiendo informe justificado, con su contenido y constancias que anexa, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. ... se tienen como pruebas las constancias que se reciben, sin necesidad de diligencia previa, por su propia y especial naturaleza. Ahora, toda vez que las actuaciones que obran en el expediente SAT 1707/2022 se encuentran escaneadas y visibles en el expediente electrónico, no se considera necesario tener el original del mismo, por tanto, devuélvasele a la autoridad referida, solicitando acuse de recibo dentro del plazo de tres días, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior, bajo el apercibimiento... En principio es pertinente señalar que la citada fracción XXI cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que éste exija. De la intelección de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de Amparo, se observan dos supuestos de cesación de efectos: I. Por revocación; y, II. Por sustitución. El primero se colma cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo emerge por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incurre en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; es decir, la sentencia que decide un recurso otorga firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Ahora, a efecto de dilucidar la actualización de la causa de improcedencia invocada, es menester precisar que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: - La omisión de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, al no pronunciarse respecto de las pruebas ofrecidas mediante audiencia de ocho de mayo de do mil veintitrés celebrada en el juicio laboral SAT/1707/2022. Luego, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable en su informe justificado, se observa que el veintidós de septiembre del año en curso, emitió un acuerdo donde levantó la reserva decretada en la audiencia de ocho de mayo pasado, y proveyó sobre la admisión y desechamiento de las diversas pruebas ofrecidas por Armando Guerrero Bustamante. Asimismo, que el cinco de octubre siguiente, notificó a las partes dicha determinación mediante boletín laboral. Por tanto, es evidente que la omisión de acordar la petición del quejoso ya fue sustituida por la conducta positiva en el sentido de acordar lo conducente respecto a las probanzas ofrecidas; lo cual fue lo pretendido por la parte peticionaria, por ende, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no hay motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esas condiciones, al actualizarse de manera indudable la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y en virtud que se sobresee fuera de audiencia el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley invocada. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del once de octubre de dos mil veintitrés; hágase la anotación respectiva en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado y comuníquese lo anterior a las partes. Sin que sea óbice a lo anterior que en esta fecha se reciba la constancia de la que se desprende la improcedencia del juicio, pues en el caso se actualiza una causa de improcedencia de manera notable y manifiesta, por ende, aunque se otorgara la vista que establece el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo, en nada le beneficiaría, pues se retrasaría la solución definitiva del presente asunto en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tutela el derecho fundamental de acceso a una justicia pronta y expedita; aunado a que dicha improcedencia no podría ser desvirtuada por la parte quejosa. Por otra parte, agréguese el escrito del apoderado del tercero interesado Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atizapán, México, mediante el cual se apersona al juicio. ... se tienen como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones los que señala. Finalmente, se ordena devolver el documento con el que acredita su personalidad, previo cotejo y compulsa se haga con la copia simple que para tal fin exhibe.

  3. Principal

    XI... Agréguese el oficio signado por la agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres en Ecatepec, Mesa Dos de Trámite, a través del cual en atención al requerimiento de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, remite copia certificada del acuerdo de ocho del citado mes y año, en el que recibió el informe de policía de investigación respecto del desahogo de una diligencia de inspección. Sin embargo, con relación a la ejecutoria de amparo, no informa qué otras actuaciones ha efectuado a fin de realizar una investigación exhaustiva y minuciosa de todo lo relacionado con los hechos e inspección indispensable para la debida integración de la carpeta de investigación. Aunado a lo anterior, la autoridad responsable ministerial mediante comunicado con folio interno 8882, pretendió acreditar el cumplimiento a la ejecutoria federal y para ello envió copia del oficio signado por la Coordinadora de Medicina Legal y Criminalística, de cinco de julio de dos mil veintitrés, dirigido a la agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para Mujeres con sede en Ecatepec de Morelos, Estado de México, sin que dicha documental sea legible en su contenido. Por tanto, con fundamento en los numerales 77, fracción I, 192, 193 y 258 de la ley de la materia, requiérase a la citada ..... para que en el plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído exhiba copia legible y completa del comunicado en cita, asimismo, informe qué otras actuaciones ha realizado para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y envíe las constancias en copia certificada completa y legible, que acrediten su manifestaciones. Subsistiendo el apercibimiento con que ha sido conminada. Asimismo, gírese oficio a la Coordinadora Territorial...., en su carácter de superior jerárquico de dicha autoridad, para su conocimiento y efectos legales.

  4. Principal

    V... Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa ha transcurrido sin que haya hecho alguna manifestación al respecto; por tanto, este órgano constitucional procede a resolver si con las constancias remitidas por la autoridad responsable, el fallo protector está o no cumplido. El artículo 196 de la Ley de Amparo, obliga al órgano federal a que transcurrida la vista dada a las partes con el cumplimiento de la ejecutoria realizada por la autoridad responsable, se dicte resolución fundada y motivada en la que se declare si la sentencia está acatada, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.... Dicha concesión se hizo extensiva a la Coordinadora del Área de Psicología de la Fiscalía para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quien debió estarse a lo ordenado por el Ministerio Público responsable, atendiendo a la brevedad los requerimientos que en su caso le sean efectuados. Al respecto, mediante oficio registrado con el folio 6983, que ingresó a este juzgado el siete de junio pasado, la representación social adjuntó copia certificada del proveído de dos de junio del año en curso, emitido en la carpeta de investigación CGV/VGC/00/MPI/842/02045/21/06, del que se advierte ordenó girar oficio a la Coordinadora del Área de Psicología, Trabajo Social, Criminología y Antropología del Valle de México, para que informara si habían concluido las evaluaciones consistentes en los dictámenes en materia de victimologia y antropología, y en caso afirmativo, remitiera los resultados y/o informes correspondientes; además, citó al ofendido -tercero interesado- y a la imputada -quejosa- para que manifestaran si contaban con mayores datos de prueba pendientes de desahogar y que debieran ser incorporados en la carpeta aludida. Posteriormente, con la promoción con folio 10782, presentada el veintiuno de agosto siguiente, la autoridad responsable adjuntó las constancias mediante las cuales acredita que no se realizaron los dictámenes pendientes de desahogar, pues Assef Kazen Andrade no se presentó a las citas programadas para la realización de éstos; asimismo, que ninguna de las partes aportó mayores datos de prueba para la integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación referida; por lo que el veintiséis de junio de la presente anualidad, en términos del artículo 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales determinó el archivo temporal. Lo anterior, pues consideró que no se cuentan con datos de prueba idóneos, pertinentes y suficientes para demostrar o tener acreditada la probable participación del indiciado, o para desarrollar los actos conducentes al esclarecimiento de los hechos y con ello conocer la verdad histórica de los mismos, para continuar la investigación de los hechos posiblemente constitutivos del delito de violencia familiar. Con lo antes expuesto, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin incurrir en exceso o defecto, pues como se vio, aquella, en el ámbito de su atribución, acató los lineamientos indicados sin extralimitarse en su cumplimiento al no ir más allá del alcance de la sentencia que concedió la protección constitucional, ni dejar de hacer lo que se le ordenó. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se tiene por cumplido el fallo protector.

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