ARMANDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ y Otros.

Expediente 277/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
277/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
12/04/2023

Partes del expediente

  • ARMANDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ y Otros.
  • Armando González Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veintidós de marzo de dos mil veinittrés por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN LAS CARÁTULAS Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no es posible continuar con la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que por auto de dieciséis de marzo del año en curso, se citó a las partes intervinientes a efecto de que comparezcan a las doce horas con diez minutos del cuatro de abril de dos mil veintitrés, en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional para el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía ofrecida por la parte tercera interesada. En consecuencia, lo procedente es diferir la continuación de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se señalan las nueve horas con cuarenta y seis minutos del día once de abril de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ******************** defensor particular de ********************, contra los actos de la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro con sede en Puebla. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 277/2023. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, los siguientes actos: ".a) El hecho mismo que haya dictado de manera indebida un auto de fecha veintidós de febrero del año dos mil veintitrés, debidamente notificado con fecha veintitrés del mismo mes y año en cita, signado por la ciudadana Jueza de Control de nombre Abogada ADRIANA DE LOURDES MARTINEZ JIMENEZ en su carácter de Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro con sede en la ciudad de Puebla capital, dentro de la causa penal número ********************/2022/PUEBLA de los de su libro índice, mediante el cual resuelve de manera indebida y declara inoportuno el recurso de revocación interpuesto por el órgano de la defensa, en contra del auto de fecha quince de febrero del año dos mil veintitrés, debidamente notificado al aquí promovente con fecha diecisiete del mismo mes y año en cita a través de los medios electrónicos autorizados para tal fin, por solicitud de los ahora aquí quejosos imputados a una ampliación de investigación complementaria fuera del plazo máximo de seis meses establecido para ello. b) De la misma manera le reclamo su acuerdo de fecha nueve de marzo del año dos mil veintitrés, debidamente notificado con fecha diez del mismo mes y año en cita, signado por la ciudadana Jueza de Control de nombre Abogada ADRIANA DE LOURDES MARTINEZ JIMENEZ en su carácter de Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro con sede en la ciudad de Puebla capital, dentro de la causa penal número causa penal número ********************/2022/PUEBLA de los de su libro índice, por tener relación concordante con mi primer acto reclamado y señalado en el punto "a" del presente apartado, pues pretende realice mi descubrimiento probatorio, si haber obtenido hasta la presente fecha mis respuestas a todos mi actos de investigación y que se señalen la totalidad del presente escrito." En este sentido, es de precisarse que, los quejosos al relatar los antecedentes de los actos que reclaman, bajo protesta de decir verdad, que la autoridad responsable declaró inoportuno el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, por el cual no se accede de conformidad a la solicitud de los quejosos de extender el plano de investigación complementaria. Pues como refieren: ".con fecha dieciséis de agosto del año dos mil veintidós, en continuación de audiencia inicial se vinculó a proceso a los aquí quejosos imputados por el hecho que la ley señala como delito de VIOLENCIA FAMILIAR Y LESIONES, por lo que se estableció como plazo del cierre de investigación de tres meses, el cual debería fenecer a más tardar el día dieciséis de noviembre del año dos mil veintidós. Así como: ".por lo que mediante acuerdo de fecha veintidós de noviembre del año dos mil veintidós, se autorizó la ampliación de investigación complementaria solicitada por el suscrito, debiendo quedar cerrada a más tardar el día quince de febrero del año dos mil veintitrés, acuerdo del que aclaro, nunca me fue notificado. Y ".con fecha nueve de marzo de dos mil veintitrés debidamente notificado con fecha diez del mismo mes y año en cita, signado por la ciudadana Jueza de Control de nombre Abogada ADRIANA DE LOURDES MARTINEZ JIMENEZ en su carácter de Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro con sede en la ciudad de Puebla capital, dentro de la causa penal número causa penal número ********************/2022/PUEBLA."; le fue notificado el escrito de acusación del Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Familia, y se señalaron las once horas del día treinta de marzo del presente año, para el desahogo de la audiencia intermedia." En mérito de lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia de la acción de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, está interpretada a contrario sentido. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" En términos de las disposiciones legales transcritas, el amparo indirecto contra actos dentro de juicio sólo procede cuando aquéllos sean susceptibles de producir una ejecución de imposible reparación, esto es, cuando afecten materialmente derechos sustantivos establecidos en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, más no cuando la violación recae en derechos adjetivos o procesales; salvo cuando las violaciones procesales afectan a las partes en grado predominante o superior, categoría bajo la cual no se ubican las determinaciones reclamadas consistentes en declarar inoportuno el recurso de revocación por el que se negó la ampliación de la investigación complementaria fuera de plazo máximo de seis meses, así como el auto de nueve de marzo de este año en el cual la responsable señaló las once horas del día treinta de marzo del año en curso para el desahogo de la audiencia intermedia sin embargo, dichas resoluciones sólo tienes efectos intra-procesales por incidir únicamente en que se culmine la investigación complementaria en los plazos que ya se habían ampliado con anterioridad y se continúe con la fase siguiente del procedimiento penal acusatorio como lo es la fase intermedia que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio oral. Para considerar que las resoluciones reclamadas no tienes efectos de imposible reparación, por ser de índole procesal, conviene acudir a lo dispuesto por los artículos 211, 321, 322, 323 y 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." "Artículo 321. Plazo para la investigación complementaria El Juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial determinará previa propuesta de las partes el plazo para el cierre de la investigación complementaria. El Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el Juez de control, mismo que no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su vencimiento. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de finalizar el plazo, observándose los límites máximos que establece el presente artículo. En caso de que el Ministerio Público considere cerrar anticipadamente la investigación, informará a la víctima u ofendido o al imputado para que, en su caso, manifiesten lo conducente." "Artículo 322. Prórroga del plazo de la investigación complementaria De manera excepcional, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga del plazo de investigación complementaria para formular acusación, con la finalidad de lograr una mejor preparación del caso, fundando y motivando su petición. El Juez podrá otorgar la prórroga siempre y cuando el plazo solicitado, sumado al otorgado originalmente, no exceda los plazos señalados en el artículo anterior." "Artículo 323. Plazo para declarar el cierre de la investigación Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar justificadamente su prórroga al Juez de control, observándose los límites máximos previstos en el artículo 321. Si el Ministerio Público no declarara cerrada la investigación en el plazo fijado, o no solicita su prórroga, el imputado o la víctima u ofendido podrán solicitar al Juez de control que lo aperciba para que proceda a tal cierre. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se tendrá por cerrada salvo que el Ministerio Público o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo al Juez." "Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá: I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total; II. Solicitar la suspensión del proceso, o III. Formular acusación." De conformidad con las disposiciones legales transcritas se advierte, en lo conducente, que la investigación complementaria comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. El plazo de investigación complementaria debe concluir en dos meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años, y de seis meses si la pena excediere de ese tiempo o podrá agotarse la investigación antes de ese tiempo. Las partes (Ministerio Público, imputado o víctima) podrán pedir justificadamente la ampliación del plazo de la investigación complementaria, siempre y cuando no se pase de los plazos enunciados. Transcurridos esos plazos deberá cerrarse la investigación complementaria y tiene como efecto que el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes puede solicitar el sobreseimiento parcial o total; solicitar la suspensión del proceso o formular acusación. Como se observa el procedimiento penal acusatorio se integra por distintas etapas, cada una con objetivos propios y diferentes a las demás. La investigación tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos; la etapa intermedia tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos, y el juicio tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. De ahí se tiene que el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia; entonces, según la lógica del procedimiento penal acusatorio, las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento; de otro modo, se trastocaría el curso regular del proceso. Bajo ese contexto, mediante el juicio de amparo indirecto pueden impugnarse las determinaciones tomadas en la etapa intermedia, empero después de celebrada la audiencia respectiva, una vez dictado el auto de apertura a juicio oral, esto es, justo en el cierre de la fase. Por ende, si se reclaman las determinaciones de la Jueza de control, en la que declaró inoportuno el recurso de revocación por el que se negó la ampliación de la investigación complementaria fuera de plazo máximo de seis meses (por segunda vez, según lo expuesto por los aquí quejosos en sus antecedentes del acto reclamado), así como que señaló las once horas del día treinta de marzo del año en curso para el desahogo de la audiencia intermedia; sólo generan consecuencias de índole procesal, pues no producen una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente, ya que los actos de investigación que dice aún están pendientes de reunir en esa fase (como son las entrevistas a posibles testigos de los hechos denunciado por parte de la víctima; así como los actos de investigación propuestos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Puebla); podrá ofrecerlos en la etapa intermedia, que tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, por lo que será en el auto de apertura a juicio en que se evidencie si la violación trascendió en su perjuicio en la decisión de esa fase del procedimiento. Así es, esas cuestiones procesales previas al juicio oral y al dictado de la sentencia, solo será trascendental si en el auto de apertura a juicio oral no se llegaren a admitir como pruebas las relativas a los actos de investigación pendientes de recabarse, pues puede suceder que en esa etapa procesal sí se admitan, caso en el cual la violación procedimental en nada habrá trascendido, por lo que no puede considerarse, desde este momento, como de imposible reparación; porque los actos reclamados no tienen como efecto una posible afectación a derechos materialmente sustantivos de los quejosos; considerar lo contrario, sería propiciar el abuso del juicio constitucional, con el consecuente retardo en la solución de los procesos acusatorios, cuya naturaleza es sumarísima. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 23/2021 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital número, 2023906, visible también en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1319, de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Igualmente sustenta lo anterior, la tesis XXIV/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2024866, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4667, del contenido siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN ETAPAS PREVIAS A LA DEL JUICIO ORAL QUE PUEDEN SER MATERIA DE ANÁLISIS EN AMPARO DIRECTO. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 173, APARTADO B, DE LA LEY DE AMPARO. De igual manera, sirve de sustento la tesis IV.1o.P.27 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, que se comparte, con registro digital 2020733, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3502, del tenor siguiente: "ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, EMITIDAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA RELATIVA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El procedimiento penal acusatorio se integra por distintas etapas, cada una con objetivos propios y diferentes a las demás. La investigación tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos; la etapa intermedia tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos, y el juicio tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. De ahí se tiene que el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia; entonces, según la lógica del procedimiento penal acusatorio, las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento; de otro modo, se trastocaría el curso regular del proceso. Bajo ese contexto, mediante el juicio de amparo indirecto pueden impugnarse únicamente las determinaciones tomadas en la etapa intermedia, empero después de celebrada la audiencia respectiva, una vez dictado el auto de apertura a juicio oral, esto es, justo en el cierre de la fase. En esa tesitura, si se reclama la determinación del Juez de control, mediante la cual desecha por improcedente el recurso de revocación interpuesto contra la negativa de ampliar el plazo de investigación complementaria, esa decisión sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente; por tanto, en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto. Desde luego, en todo caso, deberá impugnarse al término de la etapa intermedia, esto es, al controvertir el auto de apertura a juicio, si es que la violación trascendió en su perjuicio en la decisión de esa fase del procedimiento." Hechos: Los tribunales contendientes llegaron a conclusiones opuestas sobre la procedencia de otorgar o no la prórroga en la etapa de investigación complementaria dentro del proceso penal acusatorio, cuando en el caso ya se llegó al límite máximo que prevé el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales: dos meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión y seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo. Criterio jurídico: Si en un proceso penal acusatorio, el imputado o su defensa solicitan una prórroga de la etapa de investigación complementaria, ésta es improcedente otorgarla una vez que se hayan alcanzado los límites máximos que el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé para su duración. Justificación: El cierre de investigación complementaria no supone la pérdida de la oportunidad para que la defensa ofrezca datos de prueba ni para que combata los que obran en la fase de investigación inicial, pues la audiencia intermedia tiene, precisamente, como objeto, el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, según lo dispone el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, los imputados tienen derecho al descubrimiento probatorio, en términos del artículo 337 para la celebración de la audiencia intermedia, en la cual la defensa ofrecerá sus medios de prueba y podrá combatir aquellos del Ministerio Público y la víctima como coadyuvante, misma que concluirá con la decisión del Juez de Control sobre los medios de prueba que se ventilarán en juicio oral. Lo anterior, conforme al artículo 20, apartado B, fracciones IV y VII, de la Constitución, porque precisamente las fases siguientes a la investigación complementaria permitirán que la defensa ofrezca datos de prueba y combata los que se hayan aportado por el órgano acusador y su coadyuvante." En consecuencia, por ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se ha hecho alusión en líneas que anteceden, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, esta última interpretada en sentido contrario, y artículo 113 del ordenamiento legal en cita SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo para oír y recibir notificaciones al profesionista que para tal efecto señala, por encontrarse registrada su cédula en el registro de la Secretaría de Educación Pública. NOTIFICACIONES NO PROCESALES No ha lugar a tener para oír y recibir notificaciones personales el correo electrónico personal y número telefónico que refiere en su demanda de amparo, en virtud de que dicho medio no está contemplado para efectuar notificaciones por la Ley de Amparo. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, ante Jeanette Wendolyne Espinosa Flores, Secretaria que autoriza y da fe.

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