Armando Gonzalez Perdomo

Expediente 1855/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1855/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
22/01/2019

Partes del expediente

  • Armando Gonzalez Perdomo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    SE DECLARA QUE EL PROVEÍDO MEDIANTE EL CUAL ESTE JUZGADO DE DISTRITO DECRETO EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, HA QUEDADO FIRME, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. ARCHÍVESE EL PRESENTE JUICIO COMO ASUNTO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. SE DECLARA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por ****, apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual pretende ampliar su demanda de amparo. Ahora bien, se desecha la ampliación demanda de que se trata, toda vez que de su estudio integral, se advierte que la misma deviene en improcedente. icho acto no es susceptible de impugnarse en esta instancia constitucional, en virtud que previo a ello, debe agotarse el recurso que contempla la ley en observancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. or consecuencia, resulta que el presente juicio de amparo es improcedente, pues los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener lo solicitado, se puede abrir el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de ahí que en el caso, se actualiza el supuesto normativo contemplado en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio de amparo, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. al haber cesado los efectos del acto reclamado y actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. SE dejasin efectos la audiencia constitucional programada en autos.

  3. Principal

    PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE CITA: agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por **********, apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual pretende ampliar su demanda de amparo. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley de Amparo, se desecha la ampliación demanda de que se trata, toda vez que de su estudio integral, se advierte que la misma deviene en improcedente. En efecto, el impetrante de amparo, a través de su apoderado legal, señala como nuevo acto reclamado el auto de doce de diciembre de dos mil dieciocho, a través del cual la autoridad laboral responsable se negó a acordarle de conformidad señalar día y hora para la celebración de la audiencia de remate sobre el bien embargado en el expediente laboral *********. Empero, dicho acto no es susceptible de impugnarse en esta instancia constitucional, en virtud que previo a ello, debe agotarse el recurso que contempla la ley en observancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Como se adelantó, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que el nuevo acto reclamado a la autoridad responsable, es susceptible de reclamarse mediante la promoción del recurso de revisión de los actos de ejecución que contempla el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice: "849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión.". De ahí que, si el inconforme estima que el proveído reclamado fue emitido en forma ilegal o indebida, es evidente que previo a la promoción de este juicio de amparo, debió haber agotado la revisión a que se alude en la transcripción anterior, por virtud de la cual, lo reclamado puede modificarse, revocarse o nulificarse. Por consecuencia, resulta que el presente juicio de amparo es improcedente, pues los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener lo solicitado, se puede abrir el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de ahí que en el caso, se actualiza el supuesto normativo contemplado en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio de amparo, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Esto último se afirma, pues como se ha dicho, si el inconforme previo a la promoción de este juicio de amparo, no agotó el recurso ordinario que expresamente contempla la codificación que rige la tramitación del expediente generador del acto de molestia, por virtud del cual, lo reclamado puede modificarse, revocarse o nulificarse, y así obtener la reparación de los derechos que estima conculcados, es claro que el acto de molestia y sus consecuencias no pueden ser analizados en esta instancia constitucional, pues, previamente a su promoción, debe observarse el principio de definitividad que rige su tramitación. No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b), c) y d) de la porción normativa antes invocada, en el sentido de que no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas, pues, como se ha visto, lo que se reclama en la demanda de amparo se refiere al acuerdo por el cual la autoridad laboral responsable se negó a acordarle de conformidad señalar audiencia de remate sobre el bien embargado dentro del juicio natural, de modo que el acto de molestia no encuadra en las excepciones mencionadas, las cuales son de aplicación estricta. De igual forma, no escapa a la consideración que en la última parte de la porción normativa antes invocada, señala que se exceptúa de agotar el recurso ordinario cuando su procedencia se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, pues en el caso de ninguna manera se dan tales supuestos, ya que para hacer valer el recurso de revisión que se señala, basta dar lectura al artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, para advertir su procedencia sin que se requiera una interpretación adicional y el fundamento propuesto es eficiente para determinar que debe hacerse valer contra el acto de molestia que aquí se reclama, por lo que el quejoso debió agotar dicho medio de impugnación antes de la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio. Por tanto, al no colmarse los requisitos de procedencia contemplados en el artículo 111 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia se desecha la ampliación de demanda. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, en específico, la demanda de amparo que dio origen a esta contienda constitucional, promovida por ***********, por conducto de su apoderado legal, contra el acto que reclama de la Presidente Ejecutora de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mismo que hizo consistir en la omisión de acordar el escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, registrado con el folio 005224: En ese sentido, del informe de cuenta, rendido por la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, se advierte que dicha autoridad aceptó la existencia de lo reclamado; sin embargo, manifiesto que el doce de diciembre del año en curso, dictó el acuerdo correspondiente al escrito presentado por la parte quejosa el veintiocho de septiembre del mismo año, registrado con el folio 005224, determinación que fue notificada a la parte quejosa el diecisiete de diciembre siguiente, como se advierte de las documentales que en copia certificada acompañó a su diverso oficio, como complemento de su informe justificado, y a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. De lo anterior, es claro advertir que en el caso en particular, cobra vigencia la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, mismo que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, si bien al diecisiete de noviembre de dos mil dieciocho, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la parte quejosa refirió que la autoridad responsable no había dictado el acuerdo respecto del escrito que le fue presentado el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, lo cierto es que de las constancias que adjuntó la autoridad oficiante a su informe justificado así como a su diverso oficio, se advierte que el doce de diciembre del año en curso, dictó el acuerdo respectivo, y tal determinación la hizo del conocimiento a la parte agraviada el diecisiete de diciembre siguiente, por lo que resulta evidente determinar que en el caso cesó la omisión reclamada, desapareciendo así la finalidad de este juicio constitucional, pues la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio de amparo. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado y actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República.

  4. Principal

    se agrega el oficio remitido por la junta responsable, mediante la cual remite la constancia de notificación a la parte actora; con lo anterior, se tiene por satisfecho el requerimiento.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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