Armando González Cabrera

Expediente 568/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
568/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
19/07/2017

Partes del expediente

  • Armando González Cabrera

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que hubieren recurrido el proveído dictado el siete de julio actual, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Armando González Cabrera; por lo que se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa... es susceptible de destrucción el expediente principal. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por ...... por propio derecho, contra actos de la Agencia Especializada del Ministerio Público para la Atención de Delitos en Materia de Vivienda dependiente de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese con el número 568/2017, tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). PREVENCIÓN Previo acordar lo que en derecho corresponda sobre la admisión o no de la demanda de amparo que se analiza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, fracción II, 108 fracciones III, IV y V, 110, 112, y 114, facciones I, II, IV, y párrafo segundo del precepto legal antes invocado, todos de la Ley de Amparo; requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad desahogue la prevención que se indica en el presente acuerdo, para los efectos del artículo 261 del referido ordenamiento legal, que dice: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Lo anterior debido a que de los datos que aporte en desahogo de la prevención que más adelante se enlista, no forma parte de la demanda que se analiza, por ello al desahogarla aportará elementos de convicción que no tuvo en cuenta al momento de formular su demanda de amparo, pero que no obstante de no haberlos tomado en cuenta, formarán parte de los antecedentes del acto reclamado, los cuales constituyen los fundamentos de los conceptos de violación, mismos que está obligada a señalar bajo protesta de decir verdad de conformidad con la fracción V del ordinal 108, de la Ley de Amparo, por ser requisito de la demanda, el cual está obligado a cubrir. Tomando en consideración que la parte quejosa en el apartado correspondiente a las autoridades responsables precisó como tales a: La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México a través de la Agencia Especializada del Ministerio para la Atención de Delitos en Materia de Vivienda por sí misma. El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, por si misma. La policía ministerial adscrita y/o dependiente de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México a través de la Agencia Especializada del Ministerio para la Atención de Delitos en Materia de Vivienda por sí misma. En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, precise qué acto de autoridad en concreto le atribuye a la autoridad que señala como Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, pues de los antecedentes que narra del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, únicamente refiere que cuando se constituyó en la instalaciones de la Agencia Especializada del Ministerio Público para la Atención de Delitos en Materia de Vivienda de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México; ubicadas en la planta baja del mencionado instituto de vivienda, a denunciar los hechos que le fueron informados por personal del mencionado instituto de vivienda, el quince de junio, en dicha agencia refiere que le indicaron que no le iba a dar informes de ninguna carpeta de investigación, que era culpable de los hechos denunciados por el instituto de vivienda y que solo esperara a que la detuvieran. Sin embargo, no se advierte de tales antecedentes que la autoridad que señala como Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, su participación como autoridad ordenadora, en el acto restrictivo de la libertad que le reclama, pues en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, y en el caso particular como ya se dijo, no se advierte de la lectura integra de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, que la autoridad que señala como responsable ordenadora Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, haya dictado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar el acto privativo de la libertad que reclama, pues tal aspecto, en términos del artículo 16 constitucional es facultad exclusiva de la autoridad ministerial o judicial y no de una dependencia de carácter administrativo como la que señala como responsable, aun y cuando en su caso haya sido denunciante de algún hecho ilícito, de ahí que deberá indicar con toda precisión qué acto de autoridad le atribuye, cuándo tuvo conocimiento de él o de su ejecución, y los antecedentes bajo protesta de decir verdad del acto o actos que le reclame. Tomando en consideración la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que la autoridad que señala como Titular de la Agencia Especializada del Ministerio Público para la Atención de Delitos en Materia de Vivienda de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, como tal no existe, en el plazo concedido deberá precisar la denominación correcta y actual de la misma a efecto de poder llamarla a juicio, y esté en aptitud de rendir su informe de ley y en su caso suspender el acto que se le atribuye. En concordancia con lo anterior, deberá precisar la denominación correcta y actual de la autoridad que señala como Policía Ministerial Adscrita y/o dependiente de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a través de la Agencia Especializada del Ministerio Público para la Atención de Delitos en Materia de Vivienda, pues en términos de lo expuesto en el párrafo que antecede, si no existe la autoridad que señala como Titular de la Agencia Especializada del Ministerio Público para la Atención de Delitos en Materia de Vivienda de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, menos puede existir alguna autoridad de carácter policial adscrita a una agencia del Ministerio Público inexistente. Apercibido que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo legal concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo.

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