Armando Gómez Diaz y otra y Otros.

Expediente 1503/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1503/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
20/11/2015

Partes del expediente

  • Armando Gómez Diaz y otra y Otros.
  • Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca
  • Armando Gómez Diaz y otra

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II B Vistos los autos y el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que el quejoso manifestó su oposición a la publicación de los datos personales, cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente.

  2. Principal

    MESA II B Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca, para que surta sus efectos legales correspondientes, con el cual se ordena dar vista a las partes para su debido conocimiento. Con apoyo en el precepto 119 de la ley de la materia, se admite la documental que ofrece como prueba de su parte, consistente en copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente 195/2015 de su índice; misma que se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que Armando Gómez Díaz, por su propio derecho y en representación de su menor hija Yamileth Sorely Gómez Ramírez, promovió el presente juicio de amparo contra un acto del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Villa de Zaachila, Oaxaca, que hizo consistir en la omisión de acordar su escrito de demanda presentada en la vía de controversias del orden familiar el diecisiete de septiembre de dos mil quince, por la que le solicitó se decretaran las medidas cautelares tendentes a la protección y resguardo de su menor hija. Asimismo, que el Juez responsable al rendir su informe justificado (agregado en párrafos que anteceden), negó la existencia del acto reclamado y al efecto agregó que ello es así toda vez que el escrito de demanda presentado por Armando Gómez Díaz, se proveyó el quince de octubre de dos mil quince, bajo el número de expediente 195/2015, y fue notificado al quejoso el dieciséis de octubre siguiente; por tanto, toda vez que ello fue posterior a la presentación de la demanda el nueve de octubre de dos mil quince (foja 1), su negativa se desvirtúa y se tiene por cierto el acto que se le reclama. Precisado lo anterior el suscrito juzgador estima que, en la especie, contra el acto aquí reclamado sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, el análisis de las constancias remitidas por la citada autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, mismas que alcanzan valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo, permite conocer que efectivamente por auto de quince de octubre de dos mil quince, con el escrito de demanda de amparo presentado por el quejoso el diecisiete de septiembre del año en curso, se formó el expediente 195/2015 del registro de la autoridad responsable, teniéndose al actor, aquí quejoso, promoviendo por propio derecho y en representación de su menor hija Yamileth Sorely Gómez Ramírez, en la vía de controversias del orden familiar, la recuperación de la citada menor y demandando a Justina García Reyes las prestaciones que indicó en los incisos a) y b) de su escrito de demanda; así también que dicho proveído le fue notificado al impetrante el dieciséis siguiente, y a su contraparte el diecisiete de octubre citado (fojas 1 y 30 a 46). Lo expuesto permite establecer que los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo, han cesado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 50); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA II B Visto el estado de los autos, se advierte que se encuentra señalada para esta fecha la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Villa de Zaachila, Oaxaca, no ha rendido su informe justificado, ni existe constancia en autos de que haya quedado legalmente notificada de su petición. En tal virtud, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, misma que se difiere y se fijan nuevamente las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para su verificativo.

  4. Principal

    MESA I B Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino de este incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por auto de trece e interlocutoria de veinticuatro de noviembre de dos mil catorce (fojas 21 a 254 y 32 a 37), se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de la citada interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

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