Armando Garduño Almazan

Expediente 1253/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1253/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
17/02/2022

Partes del expediente

  • Armando Garduño Almazan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta; a través del cual, el quejoso ********************, solicita la devolución de los documentos que presentó, efecto de integrar a la demanda de amparo con número de registro ******************** consistentes en: -OFICIO No. ********************. -OFICIO No. ********************. -OFICIO No. 44-2021 de fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Con fecha de ingreso, por oficialía de partes (CEAVEM). veintitrés de julio de dos mil veintiuno. -OFICIO No. 986/2021, con fecha de ingreso, por oficialía de partes (CEAVEM) de siete de septiembre de dos mil veintiuno. -OFICIO ingresado por oficialía de partes de la (CEAVEM) en fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno. -OFICIO ingresado por oficialía de partes de la (CEAVEM) en fecha veinte de septiembre de dos mil veintiuno. - OFICIO ingresado por oficialía de partes de la (CEAVEM) en fecha siete de octubre de dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, se dejan a disposición de la parte quejosa las documentales de que se trata, previa copia certificada que se glose y acuse de recibido que se deje en los presentes autos; lo anterior en el entendido, que previo a acudir a este órgano jurisdiccional, deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de febrero de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de tres de enero de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por otro lado, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso d), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 24 del multicitado Acuerdo, se proceda a su destrucción. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el ocurso de cuenta, a través del cual, ****, desahoga la prevención realizada mediante proveído de tres de diciembre de dos mil veintiuno; asimismo, en específico refiere que da cumplimiento al auto de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, en específico determina las datas en que tuvo conocimiento de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en su demanda de amparo en el inciso D), así como del acto reclamado a la diversa Unidad de Administración del Fondo adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, a los Beneficios del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; por lo que del escrito de cuenta y del diverso acordado el veinticuatro de diciembre del año próximo pasado se advierte que reclama lo siguiente: A) DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA C.E.A.V.E.M, cuya jefatura encabeza la LIC. Aurora Osuna Bravo y la trabajadora social María Luisa Evelin Medina Ríos, su determinación del estudio de trabajo social para determinar el daño emergente a favor del suscrito, **** derivado del acto de investigación, mismo que envió a la Lic. Xochitl Iglesias Alvarado, Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación General de Litigación. Estudio 1.- Oficio 3149, de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Estudio 2.- Oficio 4446, de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Asimismo, refiere que en dicha determinación que reclama la responsable realizó lo siguiente: La omisión de informarle su derecho humano a la reparación del "daño integral" el cual, incluye el "daño emergente", "lucro cesante ", "daño al proyecto de vida "., desde el momento en que tuvo conocimiento del acto delictuoso de discriminación infringido en su persona, el siete de marzo de dos mil diecisiete. La omisión de informarle que tenía derecho al apoyo económico que brinda la unidad de administración del fondo, adscrito a la C.E.A.V.E.M, desde el momento en que tuvo conocimiento del acto delictuoso de discriminación infringido en mi persona, el siete de marzo de dos mil diecisiete. La omisión de incluir en el estudio de "daño emergente" los gastos erogados por la victima Armando Garduño Almazán, en el rubro de alimentos y gastos médicos, desde la fecha de la comisión del acto delictivo de discriminación infringido en su persona el siete de marzo de dos mil diecisiete. La omisión de dar respuesta a su solicitud de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, violando su derecho humano a la información, consagrado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La omisión de revisión y ampliación del "daño emergente", solicitado con oficio 44-2021, de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. La omisión de revisión del estudio de trabajo social para determinar "daño emergente" a favor de la víctima ****, con numero de oficio 3149, de fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, ya que, en ese dictamen omitió corregir el error dado que la entrevista se le realizó en treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno a las 10:09 horas, al. C. Leandro Torres Huerta (foja tres, en el párrafo de III: fecha y lugar de evaluación), estudio que le fue enviado a la Lic. Xóchitl Iglesias Alvarado, (de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno), misma que dirige la investigación complementaria de la carpeta administrativa 1092/2019 del delito de discriminación infringido en Armando Garduño Almazán, siete de marzo de dos mil diecisiete. Manifiesta que la fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado fue el tres de septiembre de dos mil veintiuno. B) De la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, cuya titular es la Maestra Carolina Alanís Romero, como autoridad responsable ordenadora y ejecutora: La determinación (omisión) de no dar respuesta a las solicitudes de información, ingresadas por Oficialía de partes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, solicitudes de fecha: 1. Solicitud de estudio de "DAÑO EMERGENTE", de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, Oficio No. 44-2021. 2. Solicitud de revisión y ampliación de "DAÑO EMERGENTE", de veintitrés de julio de dos mil veintiuno. 3. Solicitud de estudio "PROYECTO DE VIDA", con número de oficio 612/2021, de ocho de julio de dos mil veintiuno. 4. Solicitud de "ALCANCE AL PROYECTO DE VIDA", con número de oficio 986, de siete de septiembre de dos mil veintiuno. 5. Solicitud de asesor jurídico, especializado en materia de amparo de catorce de septiembre de dos mil veintiuno. 6. Solicitud de ACCESO A LOS BENEFICIOS DEL FONDO. REPARACION INTEGRAL DEL DAÑO A VICTIMAS DEL DELITO. "DAÑO EMERGENTE", de veinte de septiembre de dos mil veintiuno. 7. Solicitud en vía de recordatorio en el cual se solicita el "PROYECTO DE VIDA" de siete de octubre de dos mil veintiuno. Y manifiesta que a la fecha en que solicitó el amparo y protección de la justicia federal se le ha violentado su derecho humano a la información, consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al guardar silencio a sus peticiones y no dar respuesta a su solicitud. C) De la Dirección de Asesoría Jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, cuya directora es la Maestra Mayra Molina Villalobos, como ordenadora y ejecutora: La solicitud de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, ingresada por oficialía de partes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, en la que solicitó un asesor jurídico especializado en materia de amparo, con el objetivo de fijar su posición como víctima en la carpeta administrativa 1092/2019, y como tercero interesado en el amparo indirecto interpuesto por el abogado del C. Agustín Escobar Martínez (imputado), con número de juico de amparo indirecto 478/2021-V promovido por Agustín Escobar Martínez, ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. Misma solicitud que la autoridad responsable en oficio número 2228021000100T/4666/2021, de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, determino;" DICHA PETICION NO ES VIABLE", información dirigida al suscrito. Armando Garduño Almazán. Manifiesta que la fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado fue el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. D) De la Jefatura de la Unidad de Administración de Fondo Adscrita a la C.E.A.V.E.M. cuyo titular es el ING. Rene Jesús Lovera Navarrete: La resolución de la determinación emitida el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, con número de oficio 222B0210000200S/1849/2021 del acuerdo CME-XXVE-21-3.1,18. En la cual se le impide y condiciona el acceso al apoyo de "REEMBOLSO ECONÓMICO DE GASTOS DE TRASLADO" que es parte de los beneficios del fondo de ayuda, asistencia y reparación del "DAÑO INTEGRAL" adscrito a la Comisión Ejecutiva de Víctimas del Estado de México. Manifiesta que la fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado fue el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. E) Del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México se reclama la omisión de integrar correcta y completamente el expediente relativo al suscrito Armando Garduño Almazán, pues dicha falta repercutió en la resolución de fecha veintitrés de agosto del dos mil veintiuno, emitida por el pleno de la C.E.A.V.E.M. y en especial se enuncian las omisiones al respecto: 1. Omisión de recabar el detalle de las necesidades requeridas por el suscrito en su calidad de victima para enfrentar las del delito o de las violaciones a sus derechos humanos (artículo 146, fracción, de la LGV). 2. Omisión de integrar al expediente, el estudio de trabajo social en el que se hace una relación de las condiciones de victimización que enfrento y las necesidades que requiere satisfacer para enfrentar las secuelas de la victimización (artículo 147, fracción I, de la LGV). 3. Omisión integrar al expediente el dictamen médico donde se especifiquen las afectaciones sufridas, las secuelas y el tratamiento y demás necesidades que requiero para mi recuperación (artículo 147, fracción II, de la LGV). Manifiesta que la fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado fue el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. F) Del Titular de la Unidad de Administración del Fondo, adscrito a la Comisión Ejecutiva de Victimas del Estado de México, ING. Rene Jesús Lovera Navarrete: La omisión de integrar correcta y completamente el expediente relativo al quejoso, pues dicha falta repercutió, en la resolución de fecha veintitrés de agosto de 2021, emitida por la Unidad de Administración del Fondo adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, y en especial se anuncian las siguientes omisiones al respecto: 1. Omisión de recabar el detalle de las necesidades requeridas por el suscrito en su calidad de víctima para enfrentar las consecuencias del delito o de la violación a sus derechos humanos (artículo 154, fracción III, de la Ley general de Victimas). 2. Omisión de integrar al expediente el estudio de Trabajo Social elaborado por El Comité Interdisciplinario Evaluador en el que se haga una relación de las condiciones de victimización que enfrenta la víctima y las necesidades que requiere satisfacer para enfrentar las secuelas de la victimización (artículo 155, fracción I, de la LGV). 3. Omisión de integrar al expediente el dictamen médico donde se especifiquen las afectaciones sufridas, las secuelas y el tratamiento, y demás necesidades que requiere para mi recuperación (artículo 155, fracción II, de la LGV) 4. Omisión de integrar al expediente el dictamen psicológico en donde se especifique las necesidades que requieren ser cubiertas para la recuperación del suscrito (artículo 155, fracción III, de la LGV). Manifiesta que la fecha en que la que tuvo conocimiento del acto reclamado fue el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. G) De la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas de Estado de México (C.E.A.V.E.M), Maestra Carolina Alanís Moreno: No dar respuesta a sus solicitudes de información que bajo protesta de decir verdad son las siguientes: 1. En oficio de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se pidió a la autoridad responsable realizara un estudio de DAÑO EMERGENTE a la víctima Armando Garduño Almazán, solicitud del agente del Ministerio Publico de la Mesa Dos de Tramite adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y a la fecha la titular de la Unidad de Trabajo Social la LIC. Karen Aurora Osuna Bravo, ha omitido informar de manera completa el resultado del estudio solicitado. En el estudio de daño emergente, toma en cuenta los gastos que la víctima género en el rubro de alimentos, gastos médicos y psicológicos mensualmente, pero estos rubros; alimentos $9000.00 pesos mensuales y atención a la salud $2,000.00 pesos mensuales, omite incluirlos en el informe de oficio 4446, de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, como daño emergente, únicamente en este informe, la unidad de trabajo social da un total en el rubro de gastos por transporte de $ 27,300.00 pesos (veintisiete mil trescientos pesos 00/1.00 M: N), en el periodo de diciembre de 2015 a marzo de 2021. En igual fecha, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, pero con número de oficio 3149, en el informe también dirigido a la Licenciada Xóchitl Iglesias Alvarado, Agente del Ministerio Público Adscrito a la Coordinación General de Litigación, la autoridad responsable realiza un cálculo de gastos de transporte y copias por un total de $22,500.0 (veintidós mil quinientos pesos 00/100 M.N) pero aunque también somete a estudio los gastos erogados por la víctima en el rubro de alimentos y gastos médicos, nuevamente la Unidad de Trabajo Social adscrita a la C.E.A.V.E.M, omite incluirlos en el estudio de DAÑO EMERGENTE solicitado. En ocho de julio de dos mil veintiuno, se le solicita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, cuya titular es la Maestra Carolina Alanís Moreno que designe personal a su cargo para el efecto de que se realice a la víctima Armando Garduño Almazán, dentro de la carpeta administrativa por haberse cometido en su agravio el delito de discriminación, en contra de Agustín Escobar, se realice un proyecto de vida en alcance al oficio 3149, de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, realizado por la trabajadora social María Luisa Evelin Medina Ríos, en el cual se cuantifique la afectación económica que sufrió la víctima. En ese mismo oficio se precisa que dicho informe lo funde y motive atendiendo al alcance del artículo 26 del Código Penal vigente en el Estado de México, por lo que el personal asignado deberá realizarlo antes del diecisiete de julio de dos mil veintiuno, misma fecha en que se cierra la investigación complementaria. En esta solicitud, la Unidad de Trabajo Social omite: 1. El estudio al proyecto de vida. 2. Fundarlo y motivarlo, atendiendo al artículo 26 del Código Penal del Estado de México. 3. Realizarlo antes del diecisiete de julio de dos mil veintiuno, fecha en la que se cierra la investigación complementaria 4. Presentar copias certificadas del nombramiento, título y cedula profesional de la Trabajadora Social. La fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, fue el tres de septiembre de dos mil veintiuno, por medio de la tarjeta informativa dirigida al suscrito. 2. En oficio de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, se solicitó fuera modificado y ampliado el estudio de daño emergente, mismo que al tres de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable no ha dado respuesta. 1. Omitiendo atender conforme a derecho los fundamentos legales que esa misma área de trabajo social, cita como fundamento legal específicamente el articulado en el que deja de atender en el estudio de daño emergente los rubros de alimentos y gastos médicos 2. Omite atender que en referencia al daño emergente La Corte Interamericana de Derechos Humanos toma en consideración una diversidad de variantes entre ellos, las siguientes: A. Gastos de traslado. B. Gastos médicos y psicológicos cuantificables. C. Gastos de alimentación y hospedaje. La Titular de la Unidad de Trabajo Social omite atender el fundamento legal que ella misma cita, respecto de los gastos erogados por la víctima en los rubros de alimentos y gastos médicos. La fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, fue el tres de septiembre de dos mil veintiuno, por medio de la tarjeta informativa dirigida al suscrito. 3. En oficio de seis de septiembre de dos mil veintiuno, ingresado a la Comisión Ejecutiva de Victimas del Estado de México, la Licenciada Xóchitl Iglesias Alvarado, adscrita al Ministerio Publico de los Juzgados de Control de Santiaguito Tlalcilalcali, Almoloya de Juárez, solicitó nuevamente a la autoridad responsable (Unidad Trabajo Social), para que emitiera estudio de daño al proyecto de vida, de la víctima Armando Garduño Almazán, dado el hecho de que tuvo que vender su inmueble ubicado en calle Bosques de Pirules número 107 interior 23, de la Colonia Bosques de Colon, municipio de Toluca de Lerdo, Estado de México, para sufragar desde el siete de marzo de dos mil diecisiete, gastos de transporte, alimentos, atención médica y pago de colegiaturas de estudios. Gastos que la autoridad responsable omite considerar para el estudio de daño al proyecto de vida, presentando un informe incompleto a la solicitud de la Licenciada Xóchitl Iglesias Alvarado. La fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado fue el cuatro de octubre de dos mil veintiuno. 4. En oficio de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, solicito a la Comisionada, Maestra Carolina Alanís Moreno (autoridad responsable) en atención al área de asesoría jurídica, la cual encabeza la Maestra Mayra Azucena Molina Villalobos se le apoye asignándole asesor especializado en materia de amparo, por la omisión que hasta el día de hoy ejecuta la Unidad de Trabajo Social (autoridad responsable), al guardar silencio a sus diversas solicitudes de emitir estudios completos de daño emergente, lucro cesante y daño al proyecto de vida, violando su derecho humano de petición (artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), omisión, que de persistir me deja en estado de indefensión ante el acto delictivo de discriminación en la carpeta administrativa 1097/2019; asimismo, en la respuesta a este oficio, la autoridad responsable Directora General de la Defensoría Especializada para Victimas y ofendidos del Delito del Estado de México, la Maestra Mayra Azucena Molina Villalobos, niega su solicitud, sin fundar y motivar su respuesta. La fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado fue el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, con número de oficio 22213021000100T/4666/2021 dirigido al suscrito. 5. En veinte de septiembre de dos mi veintiuno, solicitó a la Comisionada Ejecutiva, Maestra Carolina Alanís Moreno en atención al área de Unidad de Administración del Fondo, que encabeza el Ing. René Jesús Lovera Navarrete, se le permita el acceso a los beneficios del fondo, asimismo, se le deje de condicionar el acceso a los beneficios, hasta no presentar facturas o recibos desde la fecha de la comisión del delito (siete de marzo de dos mil diecisiete) a la fecha actual, y nuevamente la autoridad responsable, guarda silencio y no da respuesta, a lo solicitado; sin embargo, el promovente refiere que: La fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado fue el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en el acuerdo CME-XXVE-21- 3.1.18. dirigido al suscrito por el Ing. René Jesús Lovera Navarrete, titular de la Unidad de Administración del fondo, adscrita a la C.E.A.V.E.M. 6. En oficio de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, ingresado por oficialía de partes a la Comisión Ejecutiva de Víctimas del Estado de México, solicitud hecha por el Licenciado Arturo Martínez Sánchez (asesor jurídico), en el cual solicita la información complementaria al estudio de daño al proyecto de vida, información que a la fecha de hoy no ha sido enviada. Es de especial interés, el que se le dé atención a los siguientes actos de omisión en las que en perjuicio del suscrito ha realizado la unidad de trabajo social: Omitió informarle que tenía derecho a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces. Desde la comisión del hecho victimización, (articulo7, fracciones II, III, VI, XV, de la LGV), hecho victimizarte en siete de marzo de dos mil diecisiete. Omitió darle la ayuda oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizaste (marzo de dos mil diecisiete), articulo 8 y 9 de la LVD. Omisión del Área de Unidad de Trabajo Social Adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, en la solicitud de revisión y análisis del informe enviado a la Licenciada Xóchitl Iglesias Alvarado, Agente del Ministerio Público Adscrito a la Coordinación General de Litigación, de los Juzgados de Control y Juicio Oral de Toluca. Recibida por oficialía de partes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México en el veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Omisión del área de Trabajo Social en lo solicitado en el oficio recibido por la oficialía de partes de la Comisión Ejecutiva de Victimas del Estado de México, de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, en la que se le solicita corrección y ampliación del estudio de daño emergente y lucro cesante, así como también realice el estudio de daño al proyecto de vida de la víctima Armando Garduño Almazán, omitió la Unidad de Trabajo Social incluir los gastos de alimentación y gastos médicos cuantificables, que solicitó en el oficio de veintitrés de julio de dos mil veintiuno Omitió la Unidad de Trabajo Social (autoridad responsable) tomar en cuenta la información del laudo emitido por la Junta Laboral de Conciliación y Arbitraje Numero Cuatro, con número de expediente J.4/613/2018, donde refiere la junta laboral en la foja numero dos que la víctima Armando Garduño Almazán, percibía hasta el día siete de marzo de dos mil diecisiete, un sueldo de $3,500.00 pesos semanalmente, dato indispensable para el cálculo de lucro cesante, laudo que puse a disposición del área de asesoría jurídica (Lic. Arturo Martínez Sánchez), adscrito a la Comisión Ejecutiva de Victimas del Estado de México, el uno de septiembre de dos mil veintiuno, y omitió la autoridad responsable (Trabajo Social), tomar en cuenta la información, de que para seguir pagando sus estudios, sufragar los gastos de transporte, alimentación y gastos médicos se vio en la necesidad de vender el inmueble de mi propiedad ubicado en calle Bosques de Pirules 107 interior 23, de la colonia Bosques de Colón, Toluca, Estado de México, para el cálculo del estudió de daño al proyecto de vida, solicitado por la Lic. Xóchitl Iglesias Alvarado, el seis de septiembre de dos mil veintiuno, con número de oficio 986/2021. Manifiesta que a la fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, no ha recibido respuesta alguna por parte de la Comisionada, Maestra Carolina Alanís Moreno, ni de la Unidad de Trabajo Social adscrita a la C.E.A.V.E.M. en la que funde su negativa a lo peticionado por el suscrito. H) Se reclama la negativa de la Unidad de Administración del Fondo, adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, a los Beneficios del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, cuya jefatura está a cargo del Ing. René Jesús Lovera Navarrete. Se reclama el silencio y falta de respuesta a la petición escrita ingresada a la Comisión Ejecutiva de Víctimas del Estado de México, por oficialía de partes, por parte de la Comisionada Ejecutiva, Maestra Carolina Alanís Moreno, violando su derecho humano a la información, consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los oficios: 23 de julio de 2021, solicitando revisión y ampliación (daño emergente) de la solicitud de fecha 16 de febrero de 2021, con número de oficio 44-2021. 7 de septiembre de 2021, solicitando alcance al proyecto de vida, con número de oficio 986/2021, de la víctima Armando Garduño Almazán. 14 de septiembre 2021, solicitando asesor jurídico especializado en materia de amparo. 20 de septiembre de 2021, solicitando acceso a los beneficios del fondo, reparación integral del daño a víctimas del delito "daño emergente". 7 de octubre de 2021, solicitando en vía de recordatorio se solicita el proyecto de vida. La fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado fue el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, por conducto del Ing. René Jesús Lovera Navarrete, Titular de la Unidad de Administración del Fondo adscrito a la C.E.A.V.E.M. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, del contenido del presente escrito, se advierte que respecto de los actos reclamados en los incisos a), c), d), e) f) y g), consistentes y por las razones que se enuncian a continuación: "A) De Unidad de Trabajo Social de la C.E.A.V.E.M, cuya jefatura encabeza la LIC. Aurora Osuna Bravo y la trabajadora social María Luisa Evelin Medina Ríos, reclama la determinación del estudio de trabajo social para determinar el daño emergente a favor del suscrito, Armando Garduño Almazan derivado del acto de investigación, mismo que envió a la Lic. Xochitl Iglesias Alvarado, Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación General de Litigación. Respecto a los oficios emitidos consistentes como estudio 1, en el oficio 3149, de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, y estudio 2 en el oficio 4446, de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno; asimismo, refiere que en dichas determinaciones reclama omisiones que la responsable realizó, y manifiesta que la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado fue el tres de septiembre de dos mil veintiuno." En ese sentido, se obtiene que las omisiones a las cuales se refiere sí fueron contestadas; sin embargo, no fueron favorables, pues existe una determinación la cual bajo protesta de decir verdad tuvo conocimiento de las mismas a través de los oficios 3149, de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, el diverso 4446, de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, siendo esto el tres de septiembre de dos mil veintiuno. "C) De la Dirección de Asesoría Jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, cuya directora es la Maestra Mayra Molina Villalobos, como ordenadora y ejecutora: La solicitud de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, ingresada por oficialía de partes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, en la que solicitó un asesor jurídico especializado en materia de amparo, con el objetivo de fijar su posición como víctima en la carpeta administrativa 1092/2019, y como tercero interesado en el amparo indirecto interpuesto por el abogado del C. Agustín Escobar Martínez (imputado), con número de juico de amparo indirecto 478/2021-V promovido por Agustín Escobar Martínez, ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. Misma solicitud que la autoridad responsable en oficio número 2228021000100T/4666/2021, de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, determino;" DICHA PETICION NO ES VIABLE", información dirigida al suscrito. Armando Garduño Almazán. Manifiesta que la fecha en la tuvo conocimiento del acto reclamado fue el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno." Ahora bien, del acto reclamado descrito se obtiene que la solicitud a que hace referencia fue contestada mediante misiva 2228021000100T/4666/2021, de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, de la cual tuvo conocimiento el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. "D) De la Jefatura de la Unidad de Administración de Fondo Adscrita a la C.E.A.V.E.M. cuyo titular es el ING. Rene Jesús Lovera Navarrete: La resolución de la determinación emitida el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, con número de oficio 222B0210000200S/1849/2021 del acuerdo CME-XXVE-21-3.1,18. En la cual se le impide y condiciona el acceso al apoyo de "REEMBOLSO ECONÓMICO DE GASTOS DE TRASLADO" que es parte de los beneficios del fondo de ayuda, asistencia y reparación del "DAÑO INTEGRAL" adscrito a la Comisión Ejecutiva de Víctimas del Estado de México. Manifiesta que la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado fue el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno." En ese sentido, del acto descrito se obtiene que reclama la resolución de la determinación emitida el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, con número de oficio 222B0210000200S/1849/2021, del cual tuvo conocimiento el tres de septiembre de dos mil veintiuno. "E) Del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México se reclama la omisión de integrar correcta y completamente el expediente relativo al suscrito Armando Garduño Almazán, pues dicha falta repercutió en la resolución de fecha veintitrés de agosto del dos mil veintiuno, emitida por el pleno de la C.E.A.V.E.M. Manifiesta que la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado fue el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno." Por cuanto hace al acto reclamado enunciado se obtiene que no son las omisiones que refiere reclamar a la responsable; si no que existe una resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, que se dictó y a criterio del promovente la responsable omitió los puntos que especifica; además, manifiesta que tuvo conocimiento de la misma en la data citada. "F) Del Titular de la Unidad de Administración del Fondo, adscrito a la Comisión Ejecutiva de Victimas del Estado de México, ING. Rene Jesús Lovera Navarrete: La omisión de integrar correcta y completamente el expediente relativo al quejoso, pues dicha falta repercutió, en la resolución de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, emitida por la Unidad de Administración del Fondo adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México. Manifiesta que la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado fue el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno." Al igual que el acto precisado en el inciso anterior, se obtiene que no son las omisiones que refiere reclamar a la responsable; si no que existe una resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, que se dictó y a criterio del promovente la responsable omitió los puntos que especifica; además, manifiesta que tuvo conocimiento de la misma en la data citada. "G) De la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas de Estado de México (C.E.A.V.E.M), Maestra Carolina Alanís Moreno: No dar respuesta a sus solicitudes de información que bajo protesta de decir verdad son las siguientes: 1. En oficio de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se pidió a la autoridad responsable realizara un estudio de DAÑO EMERGENTE a la víctima Armando Garduño Almazán, solicitud del agente del Ministerio Publico de la Mesa Dos de Tramite adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y a la fecha la titular de la Unidad de Trabajo Social la LIC. Karen Aurora Osuna Bravo, ha omitido informar de manera completa el resultado del estudio solicitado. En el estudio de daño emergente, toma en cuenta los gastos que la víctima género en el rubro de alimentos, gastos médicos y psicológicos mensualmente, pero estos rubros; alimentos $9000.00 pesos mensuales y atención a la salud $2,000.00 pesos mensuales, omite incluirlos en el informe de oficio 4446, de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, como daño emergente, únicamente en este informe, la unidad de trabajo social da un total en el rubro de gastos por transporte de $ 27,300.00 pesos (veintisiete mil trescientos pesos 00/1.00 M: N), en el periodo de diciembre de 2015 a marzo de 2021. En igual fecha, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, pero con número de oficio 3149, en el informe también dirigido a la Licenciada Xóchitl Iglesias Alvarado, Agente del Ministerio Público Adscrito a la Coordinación General de Litigación, la autoridad responsable realiza un cálculo de gastos de transporte y copias por un total de $22,500.0 (veintidós mil quinientos pesos 00/100 M.N) pero aunque también somete a estudio los gastos erogados por la víctima en el rubro de alimentos y gastos médicos, nuevamente la Unidad de Trabajo Social adscrita a la C.E.A.V.E.M, omite incluirlos en el estudio de DAÑO EMERGENTE solicitado. En ocho de julio de dos mil veintiuno, se le solicita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, cuya titular es la Maestra Carolina Alanís Moreno que designe personal a su cargo para el efecto de que se realice a la víctima Armando Garduño Almazán, dentro de la carpeta administrativa por haberse cometido en su agravio el delito de discriminación, en contra de Agustín Escobar, se realice un proyecto de vida en alcance al oficio 3149, de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, realizado por la trabajadora social María Luisa Evelin Medina Ríos, en el cual se cuantifique la afectación económica que sufrió la víctima. En ese mismo oficio se precisa que dicho informe lo funde y motive atendiendo al alcance del artículo 26 del Código Penal vigente en el Estado de México, por lo que el personal asignado deberá realizarlo antes del diecisiete de julio de dos mil veintiuno, misma fecha en que se cierra la investigación complementaria. En esta solicitud, la Unidad de Trabajo Social omite: 1. El estudio al proyecto de vida. 2. Fundarlo y motivarlo, atendiendo al artículo 26 del Código Penal del Estado de México. 3. Realizarlo antes del diecisiete de julio de dos mil veintiuno, fecha en la que se cierra la investigación complementaria 4. Presentar copias certificadas del nombramiento, título y cedula profesional de la Trabajadora Social. La fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, fue el tres de septiembre de dos mil veintiuno, por medio de la tarjeta informativa dirigida al suscrito. 2. En oficio de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, se solicitó fuera modificado y ampliado el estudio de daño emergente, mismo que al tres de diciembre de dos mil veinituno, la autoridad responsable no ha dado respuesta. 1. Omitiendo atender conforme a derecho los fundamentos legales que esa misma área de trabajo social, cita como fundamento legal específicamente el articulado en el que deja de atender en el estudio de daño emergente los rubros de alimentos y gastos médicos 2. Omite atender que en referencia al daño emergente La Corte Interamericana de Derechos Humanos toma en consideración una diversidad de variantes entre ellos, las siguientes: A. Gastos de traslado. B. Gastos médicos y psicológicos cuantificables. C. Gastos de alimentación y hospedaje. La Titular de la Unidad de Trabajo Social omite atender el fundamento legal que ella misma cita, respecto de los gastos erogados por la víctima en los rubros de alimentos y gastos médicos. La fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, fue el tres de septiembre de dos mil veintiuno, por medio de la tarjeta informativa dirigida al suscrito. 3. En oficio de seis de septiembre de dos mil veintiuno, ingresado a la Comisión Ejecutiva de Victimas del Estado de México, la Licenciada Xóchitl Iglesias Alvarado, adscrita al Ministerio Publico de los Juzgados de Control de Santiaguito Tlalcilalcali, Almoloya de Juárez, solicitó nuevamente a la autoridad responsable (Unidad Trabajo Social), para que emitiera estudio de daño al proyecto de vida, de la víctima Armando Garduño Almazán, dado el hecho de que tuvo que vender su inmueble ubicado en calle Bosques de Pirules número 107 interior 23, de la Colonia Bosques de Colon, municipio de Toluca de Lerdo, Estado de México, para sufragar desde el siete de marzo de dos mil diecisiete, gastos de transporte, alimentos, atención médica y pago de colegiaturas de estudios. Gastos que la autoridad responsable omite considerar para el estudio de daño al proyecto de vida, presentando un informe incompleto a la solicitud de la Licenciada Xóchitl Iglesias Alvarado. La fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado fue el cuatro de octubre de dos mil veintiuno. 4. En oficio de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, solicito a la Comisionada, Maestra Carolina Alanís Moreno (autoridad responsable) en atención al área de asesoría jurídica, la cual encabeza la Maestra Mayra Azucena Molina Villalobos se le apoye asignándole asesor especializado en materia de amparo, por la omisión que hasta el día de hoy ejecuta la Unidad de Trabajo Social (autoridad responsable), al guardar silencio a sus diversas solicitudes de emitir estudios completos de daño emergente, lucro cesante y daño al proyecto de vida, violando su derecho humano de petición (artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), omisión, que de persistir me deja en estado de indefensión ante el acto delictivo de discriminación en la carpeta administrativa 1097/2019; asimismo, en la respuesta a este oficio, la autoridad responsable Directora General de la Defensoría Especializada para Victimas y ofendidos del Delito del Estado de México, la Maestra Mayra Azucena Molina Villalobos, niega su solicitud, sin fundar y motivar su respuesta. La fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado fue el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, con número de oficio 22213021000100T/4666/2021 dirigido al suscrito. 5. En veinte de septiembre de dos mi veintiuno, solicitó a la Comisionada Ejecutiva, Maestra Carolina Alanís Moreno en atención al área de Unidad de Administración del Fondo, que encabeza el Ing. René Jesús Lovera Navarrete, se le permita el acceso a los beneficios del fondo, asimismo, se le deje de condicionar el acceso a los beneficios, hasta no presentar facturas o recibos desde la fecha de la comisión del delito (siete de marzo de dos mil diecisiete) a la fecha actual, y nuevamente la autoridad responsable, guarda silencio y no da respuesta, a lo solicitado; sin embargo, el promovente refiere que: La fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado fue el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en el acuerdo CME-XXVE-21- 3.1.18. dirigido al suscrito por el Ing. René Jesús Lovera Navarrete, titular de la Unidad de Administración del fondo, adscrita a la C.E.A.V.E.M. 6. En oficio de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, ingresado por oficialía de partes a la Comisión Ejecutiva de Víctimas del Estado de México, solicitud hecha por el Licenciado Arturo Martínez Sánchez (asesor jurídico), en el cual solicita la información complementaria al estudio de daño al proyecto de vida, información que a la fecha de hoy no ha sido enviada. Es de especial interés, el que se le dé atención a los siguientes actos de omisión en las que en perjuicio del suscrito ha realizado la unidad de trabajo social: Omitió informarle que tenía derecho a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces. Desde la comisión del hecho victimización, (articulo7, fracciones II, III, VI, XV, de la LGV), hecho victimizarte en siete de marzo de dos mil diecisiete. Omitió darle la ayuda oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizaste (marzo de dos mil diecisiete), articulo 8 y 9 de la LVD. Omisión del Área de Unidad de Trabajo Social Adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, en la solicitud de revisión y análisis del informe enviado a la Licenciada Xóchitl Iglesias Alvarado, Agente del Ministerio Público Adscrito a la Coordinación General de Litigación, de los Juzgados de Control y Juicio Oral de Toluca. Recibida por oficialía de partes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México en el veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Omisión del área de Trabajo Social en lo solicitado en el oficio recibido por la oficialía de partes de la Comisión Ejecutiva de Victimas del Estado de México, de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, en la que se le solicita corrección y ampliación del estudio de daño emergente y lucro cesante, así como también realice el estudio de daño al proyecto de vida de la víctima Armando Garduño Almazán, omitió la Unidad de Trabajo Social incluir los gastos de alimentación y gastos médicos cuantificables, que solicitó en el oficio de veintitrés de julio de dos mil veintiuno Omitió la Unidad de Trabajo Social (autoridad responsable) tomar en cuenta la información del laudo emitido por la Junta Laboral de Conciliación y Arbitraje Numero Cuatro, con número de expediente J.4/613/2018, donde refiere la junta laboral en la foja numero dos que la víctima Armando Garduño Almazán, percibía hasta el día siete de marzo de dos mil diecisiete, un sueldo de $3,500.00 pesos semanalmente, dato indispensable para el cálculo de lucro cesante, laudo que puse a disposición del área de asesoría jurídica (Lic. Arturo Martínez Sánchez), adscrito a la Comisión Ejecutiva de Victimas del Estado de México, el uno de septiembre de dos mil veintiuno, y omitió la autoridad responsable (Trabajo Social), tomar en cuenta la información, de que para seguir pagando sus estudios, sufragar los gastos de transporte, alimentación y gastos médicos se vio en la necesidad de vender el inmueble de mi propiedad ubicado en calle Bosques de Pirules 107 interior 23, de la colonia Bosques de Colón, Toluca, Estado de México, para el cálculo del estudió de daño al proyecto de vida, solicitado por la Lic. Xóchitl Iglesias Alvarado, el seis de septiembre de dos mil veintiuno, con número de oficio 986/2021. Manifiesta que a la fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, no ha recibido respuesta alguna por parte de la Comisionada, Maestra Carolina Alanís Moreno, ni de la Unidad de Trabajo Social adscrita a la C.E.A.V.E.M. en la que funde su negativa a lo peticionado por el suscrito." En ese sentido, de las omisiones que refiere reclamar, de la lectura de la demanda se advierte que de los actos reclamados descritos, si bien de acuerdo a lo relatado por el promovente la responsable no acordó favorables las mismas; sin embargo, existen determinaciones de fechas veinticuatro de junio, veintitrés de agosto, tres de septiembre, diecisiete de septiembre y cuatro de octubre, todos de dos mil veintiuno, mismas de las que tuvo conocimiento la parte quejosa en esas datas, por lo que se obtiene que reclama la emisión de las mismas, no la omisión de que no se acordó favorable su petición. Hecha tal precisión, este órgano jurisdiccional advierte que, en el caso en estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, ya que el acto reclamado por la parte quejosa se encuentra consentido tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados -todos de la Ley de Amparo- los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Luego, los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada al quejoso, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: "[.] I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Lo anterior, en el entendido, que el acto reclamado es de naturaleza penal, toda vez que la autoridad responsable lo es la Unidad de Trabajo Social de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, y las determinaciones se rigen por el Código Penal del Estado de México, Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto reclamado en esta instancia no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo o 22 Constitucional como lo refiere la parte quejosa en la demanda en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo. De ahí que, para arribar a esa conclusión, es necesario reiterar que la parte quejosa acude a esta vía constitucional para reclamar los actos descritos en los incisos a), c), d), f) y g), de los cual afirma, en su escrito haber tenido conocimiento a) el tres de septiembre de dos mil veintiuno, c) el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, d) el tres de septiembre de dos mil veintiuno, e) el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, f) el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno y g) veinticuatro de junio, veintitrés de agosto, tres de septiembre, diecisiete de septiembre y cuatro de octubre. Manifestaciones que deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Se estima aplicable en lo conducente la tesis III.2o.P.73 P, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 2015, Décima Época, visible a página 2336, que dice: "ASEGURAMIENTO DE UN INMUEBLE DECRETADO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. AUN CUANDO ES UN ACTO DE TRACTO SUCESIVO Y DE NATURALEZA PENAL, EL PLAZO DE 15 DÍAS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL. El aseguramiento de un inmueble decretado en la averiguación previa, si bien se agota en el momento en que con esa calidad queda a disposición de la autoridad ministerial, sus efectos se prolongan en el tiempo, y debido a las múltiples eventualidades que llegara a practicar la autoridad investigadora sobre él, que pudieran tener la connotación de actos de tracto sucesivo, lo cierto es que el término para combatirlo en el juicio de amparo tramitado en la vía indirecta, es de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, aun cuando el acto que reclama sea de naturaleza penal; no obstante, la acción de amparo no puede presentarse en cualquier momento, pues el acto de autoridad empieza a ocasionar perjuicio al quejoso desde el primer momento en que se agotó, independientemente de que dicho acto siga teniendo efectos día tras día; por tal motivo, es el acto inicial del que tuvo conocimiento el quejoso, el que lo legitima para promover la demanda de amparo y, si no lo impugna dentro del plazo legal, computado a partir del día en que tuvo conocimiento de él, es evidente que obró el consentimiento tácito en su ejecución, por lo que se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la propia ley; máxime que el acto que significó el aseguramiento del inmueble, no se encuentra en los supuestos de excepción del mencionado artículo 17." Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento de los actos que tilda de inconstitucionales (que se analizan en el presente apartado), en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. Por tanto, es evidente que el plazo para combatir los actos reclamados transcurrió, respectivamente, de la siguiente manera: a) Del siete al treinta de septiembre de dos mil veintiuno. c) Del veintiuno de septiembre al once de octubre de dos mil veintidós. d) Del siete al treinta de septiembre de dos mil veintiuno. e) Del veinticinco de agosto al diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. f) Del veinticinco de agosto al diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. g) Del veintiocho de junio al dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Del veinticinco de agosto al diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Del siete al treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Del veintiuno de septiembre al once de octubre de dos mil veintiuno. Del seis al veintisiete octubre de dos mil veintiuno. Motivo por el cual resulta extemporáneo, al haberse presentado el escrito de demanda hasta el dos de diciembre de dos mil veintiuno, según aparece del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, y consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 61 del Ordenamiento Legal antes invocado, deben estimarse tácitamente consentidos los actos reclamados, actualizándose de esta manera la causal de improcedencia antes invocada, y sin que se advierta que se encuentre en alguno de los casos de excepción contemplados por la Legislación de la materia, lo que obliga a desecharla, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, enero de 2010, Novena Época, a página 1931, cuyo rubro y texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Asimismo, tiene aplicación al presente caso, la tesis visible en la página 652, publicada en el apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, sección segunda, precedentes del Tribunal Pleno, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 21 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días que se computarán desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Así como, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI-Junio, Octava Época, que se aprecia en la página 235, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En consecuencia de lo anterior, quien aquí determina advierte que, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en: "B) De la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, cuya titular es la Maestra Carolina Alanís Romero, como autoridad responsable ordenadora y ejecutora: La determinación (omisión) de no dar respuesta a las solicitudes de información, ingresadas por Oficialía de partes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, solicitudes de fecha: 1. Solicitud de estudio de "DAÑO EMERGENTE", de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, Oficio No. 44-2021. 2. Solicitud de revisión y ampliación de "DAÑO EMERGENTE", de veintitrés de julio de dos mil veintiuno. 3. Solicitud de estudio "PROYECTO DE VIDA", con número de oficio 612/2021, de ocho de julio de dos mil veintiuno. 4. Solicitud de "ALCANCE AL PROYECTO DE VIDA", con número de oficio 986, de siete de septiembre de dos mil veintiuno. 5. Solicitud de asesor jurídico, especializado en materia de amparo de catorce de septiembre de dos mil veintiuno. 6. Solicitud de ACCESO A LOS BENEFICIOS DEL FONDO. REPARACION INTEGRAL DEL DAÑO A VICTIMAS DEL DELITO. "DAÑO EMERGENTE", de veinte de septiembre de dos mil veintiuno. 7. Solicitud en vía de recordatorio en el cual se solicita el "PROYECTO DE VIDA" de siete de octubre de dos mil veintiuno. Y manifiesta que a la fecha en que solicitó el amparo y protección de la justicia federal se le ha violentado su derecho humano a la información, consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al guardar silencio a sus peticiones y no dar respuesta a su solicitud". "H) Se reclama la negativa de la Unidad de Administración del Fondo, adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, a los Beneficios del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, cuya jefatura está a cargo del Ing. René Jesús Lovera Navarrete. Se reclama el silencio y falta de respuesta a la petición escrita ingresada a la Comisión Ejecutiva de Víctimas del Estado de México, por oficialía de partes, por parte de la Comisionada Ejecutiva, Maestra Carolina Alanís Moreno, violando su derecho humano a la información, consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los oficios: 23 de julio de 2021, solicitando revisión y ampliación (daño emergente) de la solicitud de fecha 16 de febrero de 2021, con número de oficio 44-2021. 7 de septiembre de 2021, solicitando alcance al proyecto de vida, con número de oficio 986/2021, de la víctima Armando Garduño Almazán. 14 de septiembre 2021, solicitando asesor jurídico especializado en materia de amparo. 20 de septiembre de 2021, solicitando acceso a los beneficios del fondo, reparación integral del daño a víctimas del delito "daño emergente". 7 de octubre de 2021, solicitando en vía de recordatorio se solicita el proyecto de vida. La fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado fue el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, por conducto del Ing. René Jesús Lovera Navarrete, Titular de la Unidad de Administración del Fondo adscrito a la C.E.A.V.E.M." Se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XVI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, mismos que a la letra se trascriben: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; ..." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Conforme a la hipótesis normativa de la invocada fracción VI, el amparo indirecto es improcedente "contra actos consumados de modo irreparable" entendiendo como tales aquellos de los cuales sea material o jurídicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación alegada. Dicho en otras palabras, serán aquellos respecto de los cuales el otorgamiento de la protección constitucional no podrá restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, tal y como lo establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, razón por la cual la acción constitucional resulta improcedente en contra de dichos actos. Lo anterior es así, pues ningún efecto práctico conduciría analizar las omisiones reclamadas, pues el objeto de las peticiones no contestadas al accionante del amparo surtieron todos sus efectos en la determinación de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, ya que como lo precisó el accionante del amparo, pretendía que se tomaran en consideración al emitir la determinación correspondiente, por lo que si no aconteció así, se emitió la resolución correspondiente y ésta no fue impugnada en tiempo y forma y por consecuencia se tuvo por consentida, es evidente que se consumaron irreparablemente las omisiones que aquí pretende que se ventilen, lo que torna improcedente la acción constitucional, pues no resultan reparables las consecuencias derivadas de los actos aquí reclamados, pues no sería dable trastocar lo resuelto en la diversa determinación de veintitrés de agosto del año pasado -en tanto la misma se tuvo por consentida-, por lo que ningún efecto tendría la eventual concesión de la protección constitucional. Se aplica, en lo conducente, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 171/2007, de la Novena Época, sustentada en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, septiembre de 2007, visible a página 423, la cual en su integridad precisa: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar." Asimismo, en lo conducente, la Tesis 1a. XLVIII/2000, visible en la página 237, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, que a la letra refiere: "ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. NO LO CONSTITUYE EL MANDAMIENTO DE EMBARGO PRECAUTORIO CONTENIDO EN UNA ORDEN DE VISITA. El artículo 73, fracción IX, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose por tales, aquellos en los que habiéndose emitido o ejecutado, sea materialmente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada al otorgarse la protección constitucional, como lo ordena el artículo 80 de ese ordenamiento, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En esas condiciones, es incorrecto afirmar que el mandamiento de embargo precautorio contenido en una orden de visita sea un acto consumado de modo irreparable, pues de concederse el amparo es factible tal restitución al quejoso, dejando sin efecto la referida orden, y en caso de haberse ejecutado, reintegrándose los bienes objeto del embargo, con lo cual quedaría subsanada la afectación sufrida." En las relatadas circunstancias, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en las fracciones XIV y XVI, del artículo 61, la primera en relación con los artículos 17 y 18, y la restante en relación con el numeral 77, todos de la Ley de la Ley de Amparo; con fundamento en el diverso 113 de la ley invocada, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por ****, por notoriamente improcedente. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la comparecencia de veintitrés de diciembre del año en curso, se advierte que la quejosa ********************, en cumplimiento al proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, ratificó el contenido y firma del escrito recibido el quince de diciembre del presente año, registrado por este órgano jurisdiccional bajo el folio 18595, correspondiente a su escrito de desahogo de prevención. En ese sentido, visto el escrito signado por el quejoso aludido, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada mediante proveído de tres de diciembre del año en curso, esto es, se aprecia que reclama de nueva cuenta: "A). RECLAMO DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA C.E.A.V.E.M, cuya jefatura encabeza la LIC. AURORA OSUNA BRAVO, y de la Trabajadora Social MARIA LUISA EVELIN MEDINA RIOS, lo INFUNDADO E INMOTIVADO de su DETERMINACION del estudio de trabajo social para DETERMINAR el DAÑO EMERGENTE a favor del suscrito, ARMANDO GARDUÑO ALMAZAN derivado del ACTO DE INVESTIGACION, mismo que envió a la LIC. XOCHITL IGLESIAS ALVARADO, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA COORDINACION GENERAL DE LITIGACION, con domicilio en TORRE I DE LOS JUZGADOS DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE TOLUCA, SEDE EN SANTIAGUITO TLALCILALCALI, ALMOLUYA DE JUAREZ. 50900. Estudio 1.- OFICIO No. 3149, de fecha 24 DE JUNIO DE 2021. Estudio 2.- OFICIO No. 4446, de fecha 24 DE JUNIO DE 2021. LA OMICION de informarme de mi DERECHO HUMANO A LA REPARACION DEL "DAÑO INTEGRAL" el cual, incluye el "DAÑO EMERGENTE", "LUCRO CESANTE ", "DAÑO AL PROYECTO DE VIDA "., desde el momento en que tuvo conocimiento del acto delictuoso de DISCRIMIUNACION infringido en mi persona, de fecha 7 DE MARZO DE 2017. LA OMISION de informarme que tenía derecho al apoyo económico que brinda la UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL FONDO, adscrito a la C.E.A.V.E.M, desde el momento en que tuvo conocimiento del acto delictuoso de DISCRIMINACION infringido en mi persona, el día 7 DE MARZO DE 2017. LA OMISION de incluir en el estudio de "DAÑO EMERGENTE" los gastos erogados por la victima ********************, en el rubro de ALIMENTOS Y GASTOS MEDICOS, desde la fecha de la comisión del acto delictivo de DISCRIMINACION infringido en mi persona de fecha 7 DE MARZO DE 2017. LA OMISION de dar respuesta a mi solicitud de fecha 23 DE JULIO DE 2021. VIOLANDO MI DERECHO HUMANO A LA INFORMACION, consagrado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. LA OMISION de REVICION Y AMPLIACION, del" DAÑIO EMERGENTE", solicitado con OFICIO No. 44-2021, de fecha 16 DE FEBRERO DE 2021. LA OMISION DE REVICION DEL ESTUDIO DE TRABAJO SOCIAL PARA DETERMINAR "DAÑO EMERGENTE" a favor de la víctima ARMANDO GARDUÑO ALMAZAN, con numero de oficio 3149, de fecha 24 de junio de 2021, ya que, en este dictamen, OMITIO CORREGIR EL ERROR dado que la entrevista se le realizó en fecha 31 DE MAYO DE 2021 a las 10:09 horas, al. C. LEANDRO TORRES HUERTA (foja no. Tres, en el párrafo de III: FECHA Y LUGAR DE EVALUACION), estudio que le fue enviado a la LIC. XOCHITL IGLECIAS ALVARADO, (con fecha 24 DE JUNIO DE 2021), AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA COORDINACION GENERAL DE LITIGACION, DE LOS JUZGADOS DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE TOLUCA. Misma que dirige la investigación complementaria de la CARPETA ADMINISTRATIVA 1092/2019. Del delito de DISCRIMINACION infringido en la persona del C. ARMANDO GARDUÑO ALMAZAN, en fecha 7 DE MARZO DE 2017. Manifiesto que la fecha en que tuve conocimiento del ACTO RECLAMADO fue el día TRES DE SEPTIEMBRE DE 2021, relacionada con la carpeta número NUC:/TOL/TOL/MET/057/004014/17/n en las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, con dirección en, Paseo de los Cisnes K49, colonia la Asunción, Metepec, Estado de México. EN LA TARJETA INFORMATIVA dirigida al quejoso C: ARMANDO GARDUÑO ALMAZAN por la LIC. KAREN AURORA OSUNA BRAVO, JEFA DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA C.E.A.V.E.M. (B). RECLAMO DE LA COMISIONADA EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE MEXICO, cuya titular es la MAESTRA CAROLINA ALANIS ROMERO Como autoridad responsable ordenadora y ejecutora: la inconstitucional, infundada e inmotivada determinación (OMISION) de NO DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACION, ingresadas por Oficialía de partes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, VIOLANDO de manera reiterada mi DERECHO A LA INFORMACION, consagrado en el ARTICULO 82. CONSTITUCIONAL. Solicitudes de fecha: [.] MANIFIESTO QUE A LA FECHA EN QUE SOLICITO EL AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL se me ha VIOLENTADO mi DERECCHO HUMANO A LA INFORMACION, consagrado en el artículo 82 de la CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al guardar silencio a mis peticiones y NO DAR RESPUESTA por parte de la COMISIONADA, LA MAESTRA CAROLINA ALANIS MORENO. C). RECLAMO de la AUTORIDAD RESPONSABLE, "DIRECCION DE ASESORIAJURIDICA", adscrita a la C.E.A.V.E.M, cuya directora es la MAESTRA MAYRA MOLINA VILLALOBOS, como ordenadora y ejecutora; la inconstitucional, infundada e inmotivada de , mi solicitud de fecha 14 de septiembre de 2021, ingresada por oficialía de partes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, en la que solicito; ASESOR JURIDICO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE AMPARO, con el objetivo de fijar mi posición como víctima en la carpeta administrativa 1092/2019, y como TERCERO INTERESADO, en el recurso de AMPARO INDIRECTO interpuesto por el abogado del C. AGUSTIN ESCOBAR MARTINEZ (imputado), con número de JUICO DE AMPARO INDIRECTO 478/2021-V promovido por Agustín Escobar Martínez, ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. Misma solicitud que la AUTORIDAD RESPONSABLE, DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, cuya directora, la MAESTRA MAYRA MOLINA VILLALOBOS, en oficio número 2228021000100T/4666/2021, de fecha 17 de septiembre de 2021, determino;" DICHA PETICION NO ES VIABLE", información dirigida al suscrito C. ARMANDO GARDUÑO ALMAZAN por el M. EN D. JESUS EDGAR RIVERA SANCHEZ, SUBDIRECTOR REGIONAL DEL VALLE DE TOLUCA DE LA DEFENSORIA ESPECIALIZADA PARA VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO DEL ESTADO DE MEXICO. Manifiesto que la fecha en que el suscrito, como QUEJOSO en el ACTO RECLAMADO tuve conocimiento fue el 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021. D).-. RECLAMO de la AUTORIDAD RESPONSABLE, "JEFATURA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL FONDO adscrita a la C.E.A.V.E.M. cuyo titular es el ING. RENE JESUS LOVERA NAVARRETE. LA RESOLUCION, inconstitucional, infundada e inmotivada de la ' determinación emitida en fecha 23 DE AGOSTO 2021, con No. De Oficio 222E10210000200S/1849/2021. Del Acuerdo CME-XXVE-21-3.1,18. EN EL CUAL SE ME IMPIDE Y CONDICIONA EL ACCESO al APOYO DE "REEMBOLSO ECONOMICO DE GASTOS DE TRASLADO" que es parte de los beneficios del FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION DEL "DAÑO INTEGRAL" adscrito a la COMISION EJECUTIVA DE VICTIMAS DEL ESTADO DE MEXICO. [.] Manifiesto, la fecha en que se tuve conocimiento por el suscrito del ACTO RECLAMADO, VEINTITRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. RECLAMO DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL FONDO, ING RENE JESUS LOVERA NAVARRETE, (Adscrito a la Comisión Ejecutiva de Victimas del Estado de México, AUTORIDAD RESPONSABLE) LA OMISION de integrar correcta y completamente el expediente relativo al quejoso, pues dicha falta repercutió, en la resolución de fecha VEINTITRES DE AGOSTO DE 2021, emitida por la UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL FONDO, ADSCRITA ALA COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE MEXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE), y en especial se anuncian las siguientes omisiones al respecto: [.] MANIFIESTO que la fecha en que tuve conocimiento del ACTO RECLAMADO fue el día 23 DE AGOSTO DE 2021. E). - RECLAMO DE LA COMISIONADA EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE MEXICO (C.E.A.V.E.M), la MAESTRA CAROLINA ALANIS MORENO, LA VIOLACION AMI DERECHO HUMANO DE: GARANTIA DE PETICION (VIOLACION AL ARTICULO 82. CONSTITUCIONAL). Al GUARDAR SILENCIO y no dar respuesta a mis solicitudes de información que BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD a continuación narro. 1, En OFICIO de fecha 16 DE FEBRERO DE 2021. Se le pide a La Autoridad Responsable realice un estudio de DAÑO EMERGENTE a la víctima ********************, solicitud del agente del Ministerio Publico de la mesa dos de tramite adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Ya la fecha la titular de la UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL la LIC. KAREN AURORA OSUNA BRAVO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 'ha OMITIDO INFORMAR de manera completa el resultado del estudio solicitado. [.] 2.- En OFICIO de fecha 23 DE JULIO DE 2021, se solicita por el suscrito en especial atención al área de TRABAJO SOCIAL sea MODIFICADO Y AMPLIADO el estudio de DAÑO EMERGENTE, mismo que a la fecha de hoy 3 de diciembre de 2021, la AUTORIDAD RESPONSABLE no ha dado respuesta. [.] 3.- En oficio de fecha 6 de septiembre de 2021, ingresado a la COMISION EJECUTIVA DE VICTIMAS DEL ESTADO DE MEXICO, solicitó la LICENCIADA XOCHITL IGRESIAS ALVARADO, ADSCRITA AL MINISTERIO PUBLICO DE LOS JUSGADOS DE CONTROL DE SANTIAGUITO TLALCILALCALI DE ALMOLOYA DE JUAREZ. Peticione nuevamente a la AUTORIDAD RESPONSABLE (Unidad Trabajo Social), para que emita estudio de DAÑO AL PROYECTO DE VIDA, de la víctima ARMANDD GARDUÑO ALMAZAN. Dado el hecho, de que TUVE QUE VENDER mi inmueble ubicado en Calle Bosques de Pirules número 107 interior 23, de la Colonia Bosques de Colon, municipio de Toluca de Lerdo, Estado de México. Para sufragar desde la fecha 7 DE MARZO DE 2017, gastos de TRANSPORTE, ALIMENTOS ATENCION MEDICA Y PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTUDIOS. Gastos que LA AUTORIDAD RESPONSABLE. [.] 4. En oficio de fecha 14 de septiembre de 2021, solicito a la COMISIONADA, LA MAESTRA CAROLINA ALANIS MORENO (AUTORIDAD RESPONSABLE). En atención al área de ASESORIA JURIDICA ,la cual encabeza la Maestra MAYRA AZUCENA MOLINA VILLALOBOS se me apoye, asignándome ASESOR ESPECIALIZADO EN MATERIA DE AMPARO, por la; OMISION que hasta el día de hoy ejecuta la UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL (AUTORIDAD RESPONSABLE), al guardar silencio a mis diversas solicitudes de emitir estudios completos de DAÑO EMERGENTE, LUCRO CESANTE Y DAÑO AL PROYECTO DE VIDA, violando mi DERECHO HUMANO DE PETICION (Artículo 82 de la CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS), OMISION, que de persistir me deja en ESTADO DE INDEFENCION ante el acto delictivo de DISCRIMINACION. CARPETA ADMINISTRATIVA 1097/2019. Así mismo, en la respuesta a este oficio, la AUTORIDAD RESPONSABLE, Directora General de la Defensoría Especializada para Victimas y ofendidos del Delito del Estado de México, la maestra MAYRA AZUCENA MOLINA VILLALOBOS (Asesoría Jurídica), OMITE y niega mi solicitud, sin fundar y motivar su respuesta. 5. En fecha 20 de septiembre de 2021, solicite a la Comisionada Ejecutiva, la maestra CAROLINA ALANIS MORENIO en atención a el , área de UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL FONDO, que encabeza el ING. RENE JESUS LOVERA NAVARRETE, se me permita el acceso a los beneficios del Fondo. Así mismo, se me DEJE DE CONDICIONAR el acceso a los beneficios, hasta NO presentar Facturas o recibos desde la fecha de la comisión del delito (7 de marzo de 2017) a la fecha actual. Nuevamente la AUTORIDAD RESPONSABLE, guarda silencio y NO DA RESPUESTA, a lo solicitad [.] 6. En oficio de fecha 4 de octubre de 2021, ingresado por oficialía de partes a la COMISION EJECUTIVA DE VICTIMAS DEL ESTADO DE MEXICO, solicitud hecha por el LICENCIADO ARTURO MARTINEZ SANCHEZ (Asesor jurídico) [.] MANIFIESTO que a la fecha TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, no he recibido respuesta alguna por parte de la COMISIONADA, LA MAESTRA CAROLINA ALANIS MOREN01 (AUTORIDAD RESPONSABLE), de igual manera no he recibido respuesta de la UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL adscrita a la C.E.A.V.E.M. en la que funde su NEGATIVA A LO PETICIONADO POR EL SUSCRITO. SE RECLAMA LA NEGATIVA DE LA "UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL FONDO" adscrita a la COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS BENEFICIOS DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL. Cuya jefatura está a cargo del ING. RENE JESUS LOVERA NAVARRETE. SE RECLAMA EL SILENCIO Y FALTA DE RESPUESTA A LA PETICION ESCRITA INGRESADAS A LA "COMISION EJECUTIVA DE VICTIMAS DEL ESTADO DE MEXICO, (Por Oficialía. de Partes),por parte de la comisionada ejecutivo, MAESTRA CAROLINA ALANIS MORENO) Autoridad Responsable), VIOLANDO MI DERECO HUMANO A LA INFORMACION, CONSAGRADO EN EL ARTICULO 82 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOOS UNIDOS MEXICANOS. CITO LOS OFICIOS: [.] " Asimismo, del estado que guardan los autos se obtiene que mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido diverso ocurso suscrito por el promovente de cuenta, mediante el cual a efecto de integrar a la demanda de amparo remitió los siguientes anexos: OFICIO No. 222130210000200S/1849/2021. OFICIO No. 22213021000100T/4666/2021. OFICIO No. 44-2021 de fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Con fecha de ingreso, por oficialía de partes (CEAVEM). El veintitrés de julio de dos mil veintiuno. OFICIO No. 986/2021, con fecha de ingreso, por oficialía de partes (CEAVEM) de siete de septiembre de dos mil veintiuno. OFICIO ingresado por oficialía de partes de la (CEAVEM) en fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno. OFICIO ingresado por oficialía de partes de la (CEAVEM) en fecha veinte de septiembre de dos mil veintiuno. OFICIO ingresado por oficialía de partes de la (CEAVEM) en fecha siete de octubre de dos mil veintiuno. Por tanto, en esa data, se reservó a proveer lo conducente hasta en tanto transcurra el término concedido a la parte quejosa para desahogar la prevención formulada, y visto el escrito de cuenta, se obtiene que el aludido promovente desahogó la misma. En ese sentido, del estado que guardan los autos se obtiene que, a través del auto de tres de diciembre del año que transcurre, se requirió a la parte promovente para que señalara cuáles son las autoridades responsables y qué acto es el que reclama; además, señalara los antecedentes del acto o actos que reclama, así como los hechos que constituyan el mismo, y la fecha en que tuvo conocimiento de éstos. Circunstancias, que del ocurso de desahogo de prevención no se advierte, pues de una comparativa entre la prevención realizada por este Juzgado de Distrito y el desahogo que pretende hacer la parte promovente, se obtiene en esencia, que respecto del acto reclamado en el inciso D), así como del acto reclamado a la Unidad de Administración del Fondo adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, a los Beneficios del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, respecto del último acto reclamado citado en su escrito de desahogo de prevención inserto a fojas dieciséis y diecisiete, no se pronuncia en relación a la fecha en que tuvo conocimiento de los mismos. De ahí que no resulta claro, para que este órgano jurisdiccional pueda precisar o siquiera desentrañar lo que pretende la parte quejosa, circunstancias por las cuales, se obtiene que no da cumplimiento a la prevención realizada mediante proveído de tres de diciembre del año en curso; por tanto, a fin de no dejar en estado de indefensión y para una debida integración de su escrito de demanda, queda subsistente el término concedido en el auto aludido. En razón de lo expuesto, no ha lugar a tener por cumplido el requerimiento formulado en el referido auto; por tanto, el plazo de cinco días otorgado se interrumpe con la presentación del escrito que ahora se acuerda, por lo que, hágase del conocimiento a la parte quejosa que deberá satisfacer lo anterior dentro del plazo de dos días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de esta determinación; toda vez que intentó desahogar el mismo antes de los cinco concedidos para tal efecto; en la inteligencia que de no cumplir con lo anterior, en los términos indicados, se hará efectivo el apercibimiento con el cual se le conminó en el acuerdo de prevención y se tendrá por no presentada la demanda. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 39/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Pagina 400, con número de registro 2000702, que establece: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Así como la tesis XXII.1o.8 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 5, Tomo II, Abril de 2014, Página 1414, con registro 178830, de rubro y texto siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. SU PRESENTACIÓN INTERRUMPE EL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Cuando la parte quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo dentro de los primeros cuatro días que integran el plazo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el Juez de Distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por la parte quejosa y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo. Debe precisarse que este criterio no se opone con el sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), cuyo rubro es: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE.", en el que interpretó el artículo 146 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sino al contrario, resulta acorde con lo sostenido en esa jurisprudencia de la citada Sala del Alto Tribunal."

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