Armando García Pérez
Expediente 930/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 930/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/12/2020
Partes del expediente
- Armando García Pérez
- Delegado En Nayarit del Instituto Federal de Defensoría Pública, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio autorizado de la resolución emitida el nueve de octubre del año en curso, en el recurso de queja 214/2019 de su índice, interpuesto por el quejoso Armando García Pérez, contra el auto de seis de mayo de dos mil diecinueve, que desechó la demanda de amparo. De la que se aprecia que el citado tribunal, declaró infundado el referido medio de impugnación; así como, los autos originales de este sumario constitucional en un tomo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y acúsese el recibo de estilo vía electrónica. Asimismo, agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo, a partir de su envío. Ahora, en vista de lo anterior, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del presente expediente como asunto totalmente concluido; previas anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso d) del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Notifíquese.
- Principal
Así por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se NIEGA a ********, la suspensión definitiva de las consecuencias del acto reclamado al Congreso del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por las razones precisadas en el considerando primero de esta determinación. SEGUNDO. Se CONCEDE a ********, la suspensión definitiva de las consecuencias del acto reclamado al Congreso del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por las razones precisadas en el considerando segundo de esta determinación. TERCERO. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para el verificativo de la audiencia incidental, relativa a las autoridades foráneas señaladas como responsables en este juicio, acorde a lo establecido en el considerando tercero de esta determinación Notifíquese.
- Principal
** Tepic, Nayarit, trece de mayo de dos mil diecinueve. TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como está ordenado en esta misma fecha en el cuaderno principal, con las copias de la ampliación de demanda de amparo con que se da cuenta, provéase lo conducente respecto de la medida cautelar dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2430/2018, promovido por **, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. FECHA DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia incidental. SOLICITUD DE INFORME PREVIO. Con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 136, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, pídase el informe previo a las autoridades señaladas como responsables, el cual deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, enviándoles al efecto copia simple de la ampliación de la demanda de amparo, en el que expresarán si son ciertos o no los actos reclamados que se les atribuyen, las razones pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y proporcionar la información que tengan a su alcance relativa al acto reclamado. Lo anterior, bajo apercibimiento que en caso de que las autoridades responsables no rindan el informe previo solicitado, se harán acreedoras a una multa una equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México, con fundamento en el artículo 260, fracción I, y 238 de la ley de la materia. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Asimismo, con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicados los domicilios para oír y recibir notificaciones que señalen. NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN. En lo que interesa para este apartado, de la lectura de la demanda de amparo se obtiene que los quejosos Rosa Mariana Pérez Tizapán y Alejandro García Álvarez solicitó la suspensión respecto del siguiente acto: **Esto es, los quejosos solicitan que se les conceda la suspensión contra los actos que lleven a la expedición del reglamento de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, así como los tabuladores y manuales de remuneraciones. En ese contexto, SE NIEGA la suspensión para los efectos solicitados, toda vez que de concederse la medida cautelar en los términos propuestos, se afectarían disposiciones de interés general y orden público. En efecto, los artículos primero y segundo transitorios de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve establecen: **De acuerdo con el anterior precepto, los órganos competentes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en el ámbito de su competencia, deberán emitir las disposiciones reglamentarias relativas a la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos del decreto aludido. Dicha normatividad tiene por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos federales, incluyendo los que gozan de autonomía constitucional. Asimismo, entre otros aspectos, indica que todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que debe ser proporcional a sus responsabilidades, además, que no podrá cubrírsele ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente, a excepción de los casos en que las transferencias se encuentren autorizadas en el propio presupuesto o en ley aplicable. Establece como principios rectores a que se sujeta la remuneración, entre los cuales se encuentran la anualidad, reconocimiento del desempeño, equidad, fiscalización, igualdad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas; se define como toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Así, en términos generales, se observa que la legislación en análisis tiene como finalidad la regulación de las percepciones de los servidores públicos por el desempeño de su cargo. En ese tenor, su reglamentación tendría por propósito la implementación de las formas y los mecanismos necesarios para hacer cumplir los principios recogidos en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Ahora bien, la remuneración del trabajo realizado por los servidores públicos constituye un aspecto trascendental en el funcionamiento del Estado, ya que su labor es indispensable para el actividad de los órganos que lo integran; razón por la cual garantizar que los trabajadores del estado tengan los medios necesarios para su subsistencia, propicia el correcto funcionamiento de las instituciones que lo conforman. Por ello, la reglamentación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos es un aspecto de interés general, porque la sociedad está interesada en que los servidores públicos reciban las remuneraciones por el desempeño de sus funciones, porque ello garantiza el correcto funcionamiento de los órganos del Estado; de ahí que debe negarse la suspensión respecto de actos que tengan por objetivo implementar dicha reglamentación, ya que ello es contrario al interés general y orden público. Por identidad jurídica sustancial, apoya lo anterior el criterio emitido por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito en la jurisprudencia PC.I.A. J/143 A (10a.), Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "**CONCESIÓN DE LA MEDIDA. Por el contrario, se concede la suspensión provisional solicitada respecto de los actos que más adelante se precisan, en atención a las siguientes consideraciones. Los aspectos que todo juzgador debe considerar para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados y los requisitos que los quejosos deben reunir para su procedencia, se encuentran en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales han sido interpretados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desentrañado los requisitos para conceder la suspensión, en los siguientes: 1. El quejoso la solicite expresamente; 2. Haya certidumbre sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; 3. El acto reclamado sea susceptible de suspenderse; 4. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme al artículo 129 de la Ley de Amparo; 5. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. 6. Cumplidos los requisitos precisados, el órgano jurisdiccional sujete, en caso de que sea necesario, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la ley citada, para garantizar cualquier afectación a terceros. Por tanto, siguiendo esa metodología, se analizará si en el caso se reúnen los mencionados requisitos para conceder la suspensión a la parte quejosa. 1. Que expresamente la solicite el quejoso. En cuanto a este requisito, de la lectura de la demanda de amparo se obtiene que los quejosos **solicitaron la suspensión de los actos que atribuyeron al Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, que de manera destacada consisten en: **2. Existencia del acto cuya suspensión se solicita. Se consideran ciertas las leyes reclamadas, en virtud de que una norma jurídica no es objeto de prueba, máxime que los decretos en que se contienen las normas reclamadas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve. Sirve de sustento el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto del dos mil, página 26, que dice: ** Además, para decidir sobre la suspensión provisional debe atenderse a las manifestaciones contenidas en la demanda de amparo, por lo que el juez debe partir del supuesto de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J 5/93 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Seminario Judicial de la Federación, Octava Época, agosto de 1993, cuyo rubro dice: **3. Que el acto reclamado sea susceptible de suspensión. La razón por la que la naturaleza de los actos reclamados, se consideran susceptibles de paralización en términos de lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley de Amparo, pues sus efectos y consecuencias son de carácter positivo, en tanto que prevén disposiciones relativas a la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos, entre otros, de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Ahora, en el caso específico de los aquí quejosos es posible afirmar que los actos novedosos reclamados en su escrito de ampliación de demanda de amparo trascienden en su esfera jurídica ya que las normas tildadas de inconstitucionales se reclaman a partir de su entrada en vigor, esto es, al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto que las contiene (se publicó el doce de abril de dos mil diecinueve), y además porque acude en su carácter de funcionario público del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se advirtió de las constancias de antigüedad anexas a la demanda inicial de amparo. Bajo ese contexto, desde luego son sujetos de las normas generales reclamadas en primer plano, como en los hechos nuevos que reclaman en su escrito de ampliación de demanda, pues éstas regulan su remuneración y, en ciertas hipótesis, la ubican en la configuración de un delito. Máxime que de la interpretación de los artículos de la ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos federales, incluyendo los que gozan de autonomía constitucional. Se define al servidor público de la Federación como toda persona que de manera temporal o permanente desempeña una función, empleo, cargo o comisión en los órganos, unidades y demás áreas en que se organizan los distintos Poderes e instituciones, entre las cuales se considera al Poder Judicial de la Federación. También, se establece que todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que debe ser proporcional a sus responsabilidades; además, que no podrá cubrírsele ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente, a excepción de los casos en que las transferencias se encuentren autorizadas en el propio presupuesto o en ley aplicable. Se precisan los principios rectores a que se sujeta la remuneración, entre los cuales se encuentran anualidad, reconocimiento del desempeño, equidad, fiscalización, igualdad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas; se define como toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales; y, dispone que no forman parte de las remuneraciones aquellos recursos que perciban los servidores públicos en términos de ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, relacionados con jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, ni los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. Además, las bases para determinar la remuneración parten de que ningún servidor público recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ni puede ser mayor o igual que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios puestos, siempre que el servidor cuente con el dictamen de compatibilidad, que provengan del contrato colectivo de trabajo o condiciones generales de trabajo, de un trabajo técnico calificado o de un trabajo de alta especialización; en ese contexto, la suma de esas retribuciones no debe exceder de la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos. Así, en ningún caso se cubrirá una remuneración con efectos retroactivos a la fecha de su autorización salvo resolución jurisdiccional. Que las contribuciones causadas por concepto de remuneraciones a cargo de los servidores públicos se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas y no son pagadas por los órganos públicos en calidad de prestación, precepción extraordinaria ni otro concepto. Luego, las unidades de administración de los órganos públicos dictaminarán la compatibilidad entre funciones, empleos o cargos, bajo las reglas y procedimientos establecidos en el referido ordenamiento. Por su parte, los arábigos 217 ter, y 217 Quáter, adicionados al Código Penal Federal, también combatidos en la presente vía, prevén los delitos por hechos de corrupción y establecen las penas correspondientes para sancionarlos. En ese contexto, se desprende que, en razón de la naturaleza de los actos reclamados, se consideran susceptibles de paralización en términos de lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley de Amparo, pues sus efectos y consecuencias son de carácter positivo. Ahora, en el caso específico de los aquí quejosos es posible afirmar que las normas reclamadas trascienden en su esfera jurídica desde el inicio de su vigencia, ya que con los documentos que allegó con su escrito inicial de demanda, demostraron ocupar el puesto de Secretario de Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad y Secretario del Tercer Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana, Baja California, siendo uno de los órganos en que se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación, tal y como lo prevé el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mientras que el diverso 33, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reconoce ese cargo como uno de los que integran los órganos judiciales de ese tipo. Disposición que, interpretada de manera sistemática, conduce a considerar que los quejosos pertenecen al universo de personas que deben cumplir con las obligaciones que establece la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación reclamada, porque se desempeñan como servidores públicos dentro del Poder Judicial de la Federación. Ello, al ocupar respectivamente los cargos de Secretario de Juzgado y de Tribunal Unitario. Bajo ese contexto, desde luego son sujetos de las normas generales reclamadas, pues éstas regulan su remuneración y, en ciertas hipótesis, la ubican en la configuración de un delito. Así, acorde con el artículo 148 de la Ley de Amparo, cuando se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del impetrante, lo que acontece en la especie, dado que se reclaman diversos dispositivos que trasgreden su esfera jurídica desde su sola entrada en vigor; de ahí que los efectos y consecuencias de éstas sean de carácter positivo, susceptibles de suspenderse, siempre y cuando se cumpla con el resto de los requisitos para su concesión. Ilustra lo anterior, la tesis X.1o.19 K sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de rubro y texto siguiente: **4. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme al artículo 129 de la Ley de Amparo. El artículo 129 de la Ley de Amparo, establece una serie de supuestos en los que, por regla general, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. En efecto, la descripción de los supuestos, generalmente, implica que, ante la adecuación de un caso concreto a alguno de los supuestos previstos en el referido artículo, el Juzgador se olvidará de resolver sobre la suspensión en función de contraponer al interés superior referido al del particular, el buen derecho aparente o la manera en que éste resultaría afectado por el acto reclamado. En otras palabras, fue el legislador quien en función de la naturaleza y dimensión del acto y su relación con la protección de un bien jurídico colectivo tutelado, que resultaría afectado si el acto se suspende, determinó que la suspensión sea negada, dotando a la norma de un carácter prohibitivo, por lo que en este supuesto no se involucra en forma alguna el interés del particular que solicite la medida o la afectación que en cuanto a éste tendría la ejecución del acto reclamado. Sin embargo, en el último párrafo del artículo 129 de la Ley de Amparo, se advierte la posibilidad excepcional de que, en determinados casos, aun adecuándose el acto a suspender a uno de los supuestos en que el legislador consideró que otorgar la suspensión sería contrario al interés social, el Juez podrá concederla, si su negativa redunda en una afectación mayor al interés social. Esta posibilidad de exceptuar la prohibición de otorgar la medida cautelar, se encuentra alejada de la afectación al interés individual de los quejosos, y no se refiere a una ponderación entre éste o el buen derecho del particular y un interés social; por el contrario, enfatiza que lo que se busca salvaguardar son bienes jurídicos de índole colectivo y que, en todo caso, lo que pretende evitarse con el otorgamiento excepcional de la suspensión es el perjuicio a ese conjunto de bienes e intereses que integran la noción de orden público e interés social. Lo anterior, significa que, más allá del resultado que la ejecución del acto tenga en cuanto a los intereses del particular, la última parte del artículo 129 abre la posibilidad de que el juez ejerza su discrecionalidad, incluso respecto de los supuestos previstos en ese precepto, aunque para ello deberá alejarse del método tradicional de análisis del interés personal, para, en su lugar, realizar una ponderación reforzada, encaminada a determinar los efectos que suspender el acto o permitir su ejecución, tendría en cuanto a intereses generales o colectivos o bienes jurídicos de la misma dimensión, integrados a la noción de orden público, en congruencia con el parámetro de ponderación efectuado por el legislador, al expedir el precepto referido, bajo la premisa de evitar el dictado de resoluciones que lastimen la sensibilidad social. Ahora, en el caso particular, en un primer acercamiento, pudiera considerarse que no es posible conceder la suspensión provisional, ya que se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, pues de otorgarse se permitiría la consumación del delito por hechos de corrupción previsto y sancionado en los artículos 217 Ter y 217 Quáter, ambos del Código Penal Federal; actualizando el supuesto descrito en la fracción III del artículo 129 de la Ley de Amparo. Empero, en una reflexión profunda, apartada de los intereses personales de los aquí quejosos, la suscrita considera que negar la medida cautelar causaría una afectación mayor al interés social, en tanto que las normas impugnadas podrían transgredir el principio de independencia del Poder Judicial de la Federación. En efecto, la independencia judicial constituye un rasgo distintivo de la regulación constitucional y legal que rige, entre otros aspectos, los relacionados con el nombramiento, duración en el cargo, remuneraciones y demás aspectos relevantes de los derechos y obligaciones de los titulares de los órganos jurisdiccionales, por lo que, al interpretar dicha regulación, las conclusiones a las que se arribe deben ser acordes con ese principio. Es un principio de rango constitucional, que se obtiene de la interpretación sistemática de los artículos 17, 94, párrafo octavo, 99, párrafo penúltimo, 100, párrafo séptimo, 101 y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la cual debe concluirse que los titulares de los órganos jurisdiccionales, incluidos desde luego los del Poder Judicial de la Federación, se rigen por un sistema que garantiza su independencia, consistente en la actitud que debe asumir todo juzgador para emitir sus resoluciones con apego a derecho, al margen de todo tipo de presiones o intereses extraños, lo cual se protege mediante diversos mecanismos: El establecimiento de la carrera judicial, debiéndose fijar las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de los funcionarios judiciales; La previsión de los requisitos necesarios para ocupar el cargo. El derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá disminuirse durante su encargo, y, d) La estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, lo que implica la fijación de su duración y la posibilidad de que sean ratificados al término del periodo para el que fueron designados, a fin de que alcancen la inamovilidad. En relación con este principio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la obra Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia. Hacia el Fortalecimiento del Acceso a la Justicia y el Estado de Derecho en Las Américas, resaltó que la vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes y los particulares, por lo que es necesario que exista un efectivo control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público. La Corte Interamericana de Derechos Humanos explicó que toda persona que ha sufrido una violación a sus derechos humanos "tiene derecho a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y el establecimiento de las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención". En ese sentido los jueces son los principales actores para lograr la protección judicial de los derechos humanos en un Estado democrático, así como del debido proceso que debe observarse cuando el Estado puede establecer una sanción. Sobre esa base, el principio de independencia del Poder Judicial es un presupuesto indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso en tanto derecho humano y su ausencia afecta el ejercicio del derecho de acceder a la justicia, de ahí que resulta primordial que dicha independencia se garantice jurídicamente al más alto nivel posible, de tal manera que aunque esté consagrado en la Constitución, debe recogerse también en la legislación secundaria. Lo anterior, significa que constituciones y leyes nacionales deben observar dicho principio y el sistema de administración de justicia en su conjunto debe estar organizado de manera tal que la independencia del Poder Judicial sea garantizada. Ahora, en el particular, la suscrita considera que es posible advertir que probablemente las normas generales reclamadas, atentan contra el principio de independencia judicial; sin embargo, el contenido del sistema normativo impugnado, no contempla los supuestos descritos en el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve, generalizando su aplicación a pesar de que el constituyente diseñó lineamientos que permiten la eficacia de la reforma, procurando no colisionar con el principio de independencia judicial. En ese sentido, la existencia de la norma coloca a los aquí quejosos en una situación de riesgo contra la independencia judicial, pues queda a merced de eventuales presiones ejercidas por otros poderes políticos del Estado; circunstancia que, desde luego, afecta la vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático, ya que el control judicial podría quedar subordinado o, incluso, dependiente de otro poder, por lo que el otorgamiento de la medida cautelar tiene como finalidad evitar que los impartidores de justicia se vean sometidos a factores externos en el desarrollo de su función. Apoya lo anterior, la tesis aislada 1a. XXXIX/2001 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "**Bajo esas consideraciones, la suscrita estima que el presente asunto, dada la posición de la parte quejosa frente a las normas impugnadas, se encuentra en el supuesto de excepción a que se refiere el último párrafo del artículo 129 de la Ley de Amparo. Aunado a ello, no resulta obstáculo para la concesión de la medida cautelar solicitada, que el artículo 129 de la Ley de Amparo, en su fracción III establezca que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión: "III. Se permita la consumación o continuación de delito o sus efectos", y que los numerales 217 Ter y 217 Quáter, del Código Penal Federal, prevean figuras delictivas. En efecto, como alegó la parte quejosa, en el presente caso, respecto de juzgadores federales, sólo se actualizarían, en su caso, las figuras delictivas indicadas si se violaran directamente los artículos 94 y 116 constitucionales en sus porciones normativas ya destacadas, lo cual representa un claro ejemplo de la concretización en su favor de la apariencia del buen derecho. Esto es, sólo violando los artículos 94 y 116 constitucionales, podrían incidir los numerales penales en su esfera jurídica, lo que sin duda no acontece. En ese sentido, le asiste razón a los justiciables al estimar que en términos del artículo 1°, segundo párrafo, constitucional, debe interpretarse de manera conforme el artículo 129, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el derecho humano de tutela judicial efectiva, a efecto de que no se haga nugatorio el derecho de acceso a la justicia y un recurso judicial efectivo, especialmente en lo concerniente a la obtención de una medida cautelar que salvaguarde provisoriamente los derechos humanos y que impida la materialización perniciosa en su esfera jurídica de actos de imposible reparación o que fraudulentamente lleven consigo extinguir la materia del presente juicio de amparo. Aunado a que la actualización de la hipótesis en análisis, estriba en que, por lo menos, en relación con el acto reclamado, su suspensión y la conducta del gobernado, exista una relación necesaria y relevante, que por virtud de ese nexo causal, permita la consumación o continuación del delito o de sus efectos. Esto es, atento a que en términos del artículo 131 de la Ley de Amparo, en materia de suspensión es improcedente modificar, restringir o constituir derechos sino sólo preservar los que se tenían previos a la emisión del acto reclamado y de la presentación de la demanda de amparo; de ahí que, los quejosos tuvieron que haber actuado al amparo de un derecho y consiguientemente, iniciado el iter criminis del delito o logrado su consumación. En otras palabras, se requeriría que previo al acto reclamado los quejosos realizaran parcial o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado (tentativa), o hayan materializado los elementos requeridos por el tipo penal y que con motivo de la suspensión, se les permitiera continuar esos actos ejecutivos para su producción, consumarse el delito, o bien, prolongar en el tiempo sus efectos (delitos permanentes), lo cual en la especie no acontece. 5. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. En cuanto a la apariencia del buen derecho, la cual implica un análisis de probabilidad de la inconstitucionalidad de los actos reclamados, la suscrita considera que también se encuentra colmado, en virtud de que como se ha expuesto a lo largo de esta determinación. Las normas tildadas de inconstitucionales, menoscaban las percepciones salariales, asignaciones y estímulos, que se traducen en el patrimonio de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, lo que impactaría en la estabilidad economía de la parte agraviada. Con base en las consideraciones expuestas, es que debe concederse la suspensión provisional de los actos reclamados en la ampliación de demanda por los quejosos Rosa Mariana Pérez Tizapán y Alejandro García Álvarez, en su carácter de auxiliar en la impartición de justicia, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables. Lo anterior a efecto de que prevalezca la situación jurídica, financiera económica, personal, administrativa, fáctica, familiar, de entorno social e institucional que impera para su calidad de impartidores de justicia, con especial referencia: Que se paguen en su beneficio las remuneraciones nominales y adicionales que perciben actualmente en su calidad de juzgadores federales conforme al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, bajo la vigencia de los montos, conceptos, términos y plazos previo a la entrada en vigor el Decreto reclamado y se impida que se vean menoscabadas, reducidas o alteradas en su perjuicio, que de manera enunciativa más no limitativa, consisten: remuneraciones nominales y adicionales a las nominales, en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, como son los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada, incluyendo cualquier contribución fiscal causada por esos conceptos y que el Estado eroga a nuestro favor como concepto de prestación, percepción extraordinaria u otro análogo. Se impida la substanciación de cualquier procedimiento de responsabilidad política, civil, penal o administrativa por el cobro que se reciba sobre esos conceptos, como lo disponen las disposiciones que derivan del Decreto reclamado. Ello, hasta en tanto las autoridades responsables tengan conocimiento sobre lo que se resuelva en definitiva en este incidente de suspensión 6. Reparación. Ahora bien, en tratándose del capítulo que los quejosos denominaron de reparaciones, que se refieren al resarcimiento de los daños materiales, la compensación por los daños inmateriales, las medidas de desagravio y las garantías de no repetición, no ha lugar a acordar de conformidad en este momento procesal por las siguientes razones: En efecto, como medida de restitución integral se solicitó que cesen de manera inmediata las disminuciones salariales proyectadas o sufridas como resultado de los actos reclamados al momento de cumplimiento del juicio de amparo y que a los servidores de la justicia que hubieran adelantado su retiro debido a las amenazas de los actos estatales impugnados, se les ofrezca la modalidad de reincorporación al servicio judicial que desempeñaban, si aún desean hacerlo; empero, dicha restitución atañe al fondo del asunto no al trámite correspondiente al incidente de suspensión, debido a que en forma expresa refieren que ello sea atendido al momento de dar cumplimiento al amparo, lo cual acontecerá ante una eventual sentencia concesoria de garantías dentro del juicio principal, máxime que se refiere a acontecimientos futuros que habrán de ser objeto de prueba como lo es el relativo a una disminución salarial actual, así como a la circunstancia de que alguno de los quejosos haya adelantado su retiro y a la existencia de amenazas que hayan orillado ello. Respecto a las medidas de indemnización, relativas a la reintegración de todas las disminuciones salariales que existan desde su implementación hasta la emisión de la sentencia de amparo, de igual forma atañen al fondo del asunto, como lo propio ocurre respecto a los haberes de retiro que puedan ser disminuidos y a diversos daños económicos que como los propios impetrantes reconocen, se trata de perjuicios demostrables. Lo mismo ocurre con las medidas de desagravio y las garantías de no repetición, pues éstas se hacen consistir en una disculpa pública, establecer compromisos de no afectación a la independencia judicial mexicana, la realización de una visita ex profeso al oficial del Relator de las Naciones Unidas, de igual forma a dejar sin efectos por medio de una declaratoria de inconstitucionalidad de los ordenamientos que se tildan de inconstitucionales y las consecuencias jurídicas que hayan generado, pues por su propia naturaleza, corresponden al fondo del asunto y a la sentencia de amparo que eventualmente habrá de emitirse dentro del juicio de amparo principal del que emana el presente incidente de suspensión. 7. Garantía. La medida cautelar surte sus efectos de inmediato y se otorga sin garantía, dada la naturaleza de los actos reclamados, además porque no se advierte la existencia de terceros interesados. Luego, al notificar esta resolución a las autoridades responsables, córraseles traslado únicamente con la copia de la demanda, no así con las de sus anexos, ya que éstos contienen datos personales y sensibles, de modo que quedan a su disposición para consulta en la Secretaría de este órgano jurisdiccional, en tanto se resuelve el impedimento, como se indicó en el cuaderno principal. Finalmente, dado que el número de fojas que integran los escritos de ampliación de demanda que se proveen en párrafos precedentes, abrase con estas y el presente proveído un segundo tomo para su mejor manejo. **
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por el Delegado de la autoridad responsable denominada Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de acatar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el comunicado y anexo de cuenta en vías de cumplimiento al fallo protector concedido; en la inteligencia, de que se estará en la espera de que informe el acatamiento total del mismo. **
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