Armando García Pedraza

Expediente 576/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
576/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
23/02/2021

Partes del expediente

  • Armando García Pedraza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. (...) En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. (...)

  2. Principal

    En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con dieciséis minutos del catorce de diciembre de dos mil veinte, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos, los informes justificados rendidos por la presidenta Municipal, a través del director general de Asuntos Jurídicos, secretario y síndico municipal, todos del Ayuntamiento de Hermosillo, y el comité municipal de Salud de Hermosillo, a través del citado director general de Asuntos Jurídicos, y con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridades responsables y fiscal federal adscrita-; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se impusieran de los referidos informes. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por el comité municipal de Salud de Hermosillo y por la parte quejosa -notas periodísticas-. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario hace constar que la parte quejosa los formuló. El juez acuerda: Se tiene por hechas las manifestaciones del quejoso y por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Armando García Pedraza, contra los actos atribuidos a la presidenta municipal de Hermosillo, Sonora, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado vía electrónica el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, a través del portal en línea del Poder Judicial de la Federación, Armando García Pedraza, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán con posterioridad. Mediante acuerdo de veinticuatro de septiembre siguiente, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto ejecutado en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, circunstancia que lo dota de competencia. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado a las autoridades responsables, en el ámbito de su respectiva competencia, el siguiente: Las medidas establecidas para mitigar la contingencia generada por el COVID-19, publicadas el diecisiete de agosto de dos mil veinte, en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, en específico, la que dice: "1.- En movilidad vehicular se deja insubsistente cualquier tipo de restricción que se haya tomado con anterioridad, quedando sin efecto el requisito de trámite para los permisos de tránsito vehicular." Inexistencia del acto reclamado No es cierto el acto atribuido a la presidenta Municipal y al Ayuntamiento de Hermosillo, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe con justificación. Acorde a lo establecido en la jurisprudencia 284, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." No se soslaya por parte de este juzgador la circunstancia manifestada por la parte quejosa, en el sentido de que en diversos medios de comunicación la presidenta Municipal ha informado que Hermosillo seguirá en semáforo amarillo, aun cuando en el semáforo epidemiológico nos encontremos en color naranja. Sin embargo, dichas notas informativas carecen de eficacia probatoria para tener por cierto el acto por esta vía combatido, pues la información contenida en éstos únicamente demuestra que las notas se publicaron en esos medios masivos de comunicación, pero de manera alguna que el contenido de dicha publicación sea verídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, respectivamente, de rubros y texto: "PRUEBA DOCUMENTAL, INFORMACIÓN PERIODÍSTICA COMO. SU VALOR PROBATORIO. Las afirmaciones contenidas en notas periodísticas publicadas con relación a un juicio constitucional, en las que se menciona, entre otras cosas, que la autoridad responsable ejecutó los actos que se le reclaman, carecen de valor probatorio en el juicio de garantías, porque se trata de informaciones estructuradas fuera del procedimiento de dicho juicio." "PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA. INFORMACIONES PERIODÍSTICAS, VALOR DE LAS. La información contenida en un ejemplar de un periódico con circulación en el Estado únicamente sirve para demostrar que lo que dice la nota se publicó en ese medio masivo de comunicación, pero no que lo publicado sea verídico." En consecuencia, ante la negativa de los actos que les reclama el peticionario del amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto el acto reclamado atribuido a dichas autoridades. IV. Existencia del acto reclamado No obstante lo anterior, es cierto el acto atribuido al comité Municipal de Salud, a través de sus integrantes -presidenta Municipal y secretario del Ayuntamiento de Hermosillo-, pues así lo manifestó el director general de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Hermosillo, en representación de la mencionada en primer término; en tanto que respecto el segundo si bien lo negó, lo cierto es que hace manifestaciones que evidencian su certeza. Sirven de apoyo la jurisprudencia 305 y la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas es un hecho notorio que no está sujeto a prueba, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por encontrarse publicada en el órgano de información local, desprendiéndose la participación de las autoridades en la expedición de las medidas reclamadas. De igual forma, la aplicación de las medidas tildadas de inconstitucionales, se corrobora con las documentales exhibidas por una de las autoridades responsables, entre las que destaca el acta de sesión extraordinaria de once de agosto de dos mil veinte, publicado el diecisiete siguiente en el boletín Oficial del Estado de Sonora, por el que se decretaron las medidas reclamadas; documentales a la que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobran aplicación las jurisprudencias 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." V. Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 192, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el presente asunto, este juzgador advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Previo a exponer las razones por las cuales se estima actualizada la citada hipótesis de improcedencia, es pertinente destacar a título de antecedentes, que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19 debían calificarse como una pandemia; razón por la cual se hizo un llamamiento a los países para que adoptaran medidas correspondientes. Por su parte, el Ejecutivo Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de marzo de dos mil veinte, estableció las medidas extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad en comento. Asimismo, el treinta de marzo de este año, el Consejo de Salubridad General publicó en el citado medio nacional de difusión el acuerdo en el que se declara al COVID-19 como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. A nivel estatal, el gobierno también emitió la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria epidemiológica, en la cual se dictaron las medidas urgentes encaminadas a la conservación y mejoramiento de la salubridad pública general y se ordenaron diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y erradicar la existencia y transmisión del citado virus. Seguidamente, el diez de abril del año en curso, el Consejo Estatal de Salud del Gobierno de Sonora, alcaldes de diversos municipios de esta entidad, entre estos, la presidenta municipal señalada como responsable, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México, emitieron el comunicado oficial "Quédate en Casa Obligatorio, Fase 2", a través del cual se establecieron diversos lineamientos para la población con la finalidad de evitar el número de contagios y fallecimientos originados por el virus que ha generado la declaratoria de pandemia a nivel mundial. De igual forma, el veintinueve de mayo de dos mil veinte, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal publicó el decreto en el que se establecieron los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de Actividades Económicas, en el que se hizo un llamado de colaboración a los Estados y Municipios, para que hicieran posible el cumplimiento oportuno de las medidas encaminadas a la reactivación de la economía, salvaguardando los aspectos inherentes a la salud, otorgando incluso libertad de acción en la implementación de medidas en relación con la reactivación de la economía a cada Entidad Federativa. Debido a lo anterior, y a que la tasa de contagio en esta localidad aumentó de un ocho a un diez por ciento, es decir, por encima del índice de la media nacional, el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, a través de su presidenta, emitió el acuerdo de trece de junio del presente año, publicado el quince siguiente, en el cual se establecieron, entre otras medidas, las siguientes: Suspensión de actividades comerciales de las dieciocho a las seis horas del día siguiente, con excepción de algunas actividades esenciales. La instalación de filtros sanitarios a fin de reforzar el trabajo informativo y de prevención, en los cuales se realizarían pruebas aleatorias de detección y toma de temperatura; además, se impondrían multas administrativas cuando no se justificara que se estuviera realizando una actividad esencial. Otorgamiento de permiso de tránsito vehicular cuando sea debidamente justificado, para circular en el horario restringido. Finalmente, atendiendo a que el consejo General de Salud del Gobierno Federal modificó el semáforo epidemiológico de rojo a naranja en el Estado de Sonora, como en este municipio y, además, que las medidas impuestas ya no eran acordes a la ocupación hospitalaria, el comité Municipal de Salud, a través de sus integrantes -presidenta Municipal y secretario del Ayuntamiento de Hermosillo-, emitió el acuerdo de once de agosto de la presente anualidad, publicado en el boletín Oficial del Estado de Sonora el diecisiete siguiente, en el que determinó, entre otras, la medida reclamada, a saber: En movilidad vehicular se deja insubsistente cualquier tipo de restricción que se haya tomado con anterioridad, quedando sin efecto el requisito de trámite para los permisos de tránsito vehicular. -Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado- Hecha la anterior se precisión, como se adelantó, se estima actualizada la causa de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" Las disposiciones transcritas prevén el interés jurídico, el legítimo y el simple, como el sustento para verificar la procedencia de la pretensión constitucional de los solicitantes del amparo. El interés jurídico, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, es el derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado, otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad o terceros. En contraste, el interés legítimo, se identifica con la existencia de un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos impugnados, mismo que afecta a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o indirectamente, en este último caso derivado de la situación particular que guarde respecto del orden jurídico. Lo que implica que esa especial situación no supone un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que requiere la demostración de que el quejoso pertenece a ella, o bien, que dada su posición ante el orden jurídico -en relación con el acto reclamado- sufre una afectación jurídica y cualificada, en relación con las restantes personas. Por su parte, el interés simple es aquél que carece de tutela jurídica directa y, por tanto, no es exigible al Estado por parte de los gobernados, por lo que no legitima el ejercicio de la acción constitucional. No obstante lo anterior, el concepto general de "interés" implica la situación de un individuo que tiene una inclinación hacia un objeto que estima individualmente valioso o que le importa, es por ello que el interés es el motivo subyacente en la relación de varios individuos, que primero en lo individual y después en lo colectivo, determinan que una situación o un bien, es idóneo para satisfacer una exigencia o para colmar una carencia o necesidad; en otras palabras, el interés es un elemento subjetivo o volitivo para la obtención de algo que parece de utilidad al individuo. En estas condiciones, y si bien es cierto que los intereses del individuo y de la colectividad, existen y son en sí importantes, en virtud del imperativo de satisfacción que a ellos subyace, lo que aquí interesa es llegar a determinar en qué momento el interés individual o colectivo adquiere relevancia en el ámbito del Derecho, ya que no todos los intereses son susceptibles de considerarse jurídicamente relevantes, sino únicamente aquéllos seleccionados por el Constituyente Permanente, estimables de protección jurídica y establecidos en una norma jurídica. En efecto, no todos los intereses de las personas adquieren relevancia jurídica, es decir, no todas las aspiraciones son consideradas como susceptibles de tutela jurídica, de ahí que se tenga una división de los diferentes tipos de interés, que son: Interés simple Consiste en la sola pretensión del gobernado en que una determinada situación subsista o sea extinguida, ya sea porque la misma le favorece, o bien, porque le cause algún perjuicio, sin que dicho interés se encuentre tutelado en alguna norma jurídica, ni porque le afecte cualificadamente el acto reclamado. Podrá ser de muy diversa índole en la medida en que el ánimo puede verse inclinado a cierta finalidad por motivos culturales, económicos, sociales, artísticos, religiosos o de cualquier otra índole distinta de la jurídica, sin embargo, no da derecho a promover acciones judiciales, sólo permite hacer denuncias a la Administración Pública de lo que considera ilegal, pero al no estar regulado por ninguna norma jurídica, no existe obligación del Estado de resolver la denuncia planteada. Por tanto, es aquél que carece de tutela jurídica directa y en tal medida, no es exigible al Estado por parte de los gobernados. Sobre tal tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XVIII/2013, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", resaltó que la persona tiene una mera facultad o potestad cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una actuación particular, sin concederle un "poder de exigencia imperativa"; mientras que el interés simple se da cuando la norma sólo establece una situación que puede aprovechar algún sujeto, o ser benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado; lo que implica que no se tendrá legitimación cuando la norma jurídica objetiva no establezca a favor del individuo alguna facultad de exigir. Interés jurídico Por interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es decir, la afectación a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Conforme a lo anterior, tiene interés jurídico únicamente la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, entendiéndose como el perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado y es lo que configura el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Esto es, el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente en sus derechos un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado en la esfera del particular, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación, de lo que se deriva fundamentalmente que: El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo vigente derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado y otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse necesariamente con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; y, Ese interés debe estar plenamente probado en el juicio de amparo para así estar en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. Interés legítimo Tal interés puede entenderse como una situación jurídica activa que permite la actuación de un tercero y que no supone, a diferencia del "derecho subjetivo" (interés jurídico), una obligación correlativa de dar, hacer o no hacer exigible a otra persona, pero sí otorga al interesado la facultad de exigir el respeto del ordenamiento jurídico y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación se deriven. Este tipo de interés faculta al gobernado cuando una conducta administrativa determinada es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el derecho, siendo así que éste no tiene un derecho subjetivo a exigir una determinada conducta o a que se imponga otra distinta, pero sí a exigir de la administración el respeto y debido cumplimiento de la norma jurídica, ante la situación en que la coloca el acto reclamado. En tal caso, el titular del interés -no de un derecho- está legitimado para instaurar el procedimiento correspondiente y recurrir o actuar como parte en los procesos judiciales relacionados con el mismo, a efecto de defender esa situación de interés derivada de su ubicación frente a la norma jurídica, y así salvaguardar derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo anterior puede apreciarse que la distinción entre el interés jurídico y legítimo es fundamental, pues ambos conceptos tienen una connotación distinta, ya que mientras el interés jurídico requiere de un derecho subjetivo tutelado en favor del particular, el interés legítimo es una institución prevista en ciertos ordenamientos de derecho y que es reconocida en el texto Constitucional, por el cual se requiere que el promovente alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Carta Magna y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Como se ha expuesto, para la procedencia del juicio de amparo en algunos casos se requiere que la parte quejosa acredite la afectación al interés legítimo y, en otros, su interés jurídico, lo que, por disposición del legislador, depende de la naturaleza de la autoridad emisora del acto contra el que se acuda a la vía constitucional. De ahí que cuando el acto sea emitido por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la parte solicitante del amparo debe aducir ser titular de algún derecho subjetivo que se afecte de forma personal y directa, lo que no es otra cosa más que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo. En cambio, tratándose de actos provenientes de autoridades diferentes a tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, para efecto de la procedencia del juicio de amparo, el quejoso puede aducir un interés legítimo, ya sea individual o colectivo, siempre que alegue que el acto viola derechos reconocidos en nuestra Carta Magna y con ello se afecte su esfera jurídica, ya de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Se reitera, el concepto de interés legítimo, como medida para acceder al juicio de amparo -tanto en lo individual como en lo colectivo-, se satisface cuando el quejoso alega ser titular de algún derecho subjetivo -en sentido amplio- y reclama normas, actos u omisiones autoritarios que afectan su esfera jurídica, directa o indirectamente. Es decir, para justificar el interés legítimo no se requiere del acreditamiento de una afectación personal y directa, sino que basta con cierta afectación real y actual, aun de manera indirecta, según la situación especial del gobernado frente al orden jurídico, esto es, la situación que le provoca el acto reclamado. Por tanto, para avalar el interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo es condición el acreditamiento de dicha afectación real y actual en la esfera de quien lo promueve, aunque sea indirecta; cuestión que se justifica por el carácter excepcional que caracteriza a tal juicio y los efectos que debe tener el fallo concesorio del amparo, en tanto que encierra una declaración de restitución del derecho afectado, o bien, violado por el acto de autoridad correspondiente. Consideraciones que encuentran sustento en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, que reza: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." En conclusión, tratándose de actos provenientes de autoridades diferentes a tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, para efecto de la procedencia del juicio de amparo el quejoso debe demostrar la existencia de un interés legítimo -individual o colectivo-, esto es, un interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante que, de prosperar la acción, se traduzca en un beneficio jurídico en su favor, desde luego, derivado de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o proveniente de su situación particular en relación con el orden jurídico; en otras palabras, es la sentencia del juicio de amparo la que reconoce o crea en favor del quejoso, un derecho subjetivo ante la afectación que le causa el acto reclamado. En el presente asunto, Armando García Pedraza, por su propio derecho, acude a cuestionar la constitucionalidad del acto que imputa a las autoridades responsables, en específico el acuerdo de once de agosto de la presente anualidad, publicado el diecisiete siguiente en el boletín Oficial del Estado de Sonora, en el que emitió la medida reclamada, a saber, "En movilidad vehicular se deja insubsistente cualquier tipo de restricción que se haya tomado con anterioridad, quedando sin efecto el requisito de trámite para los permisos de tránsito vehicular.", pues refiere que la expedición de tal medida, al dejar sin efectos las diversas medidas implementadas para proteger la salud del quejoso y de la población en general -aduce, en un momento en que los contagios y las defunciones se encuentran peor que cuando se emitieron- se violenta el derecho a la protección de la salud y de la vida. Como se ve, dicho acuerdo y su consecuente publicación no son actos que provengan de un tribunal judicial, administrativo y del trabajo, por lo que es dable estimar que el análisis del asunto amerita que su estudio sea a la luz del interés legítimo, dado que, además, el acto que reclama no se encuentra dirigido a su persona en lo particular, ni fue parte dentro del debate cuya aplicación se estima le agravia. Las características que permiten identificarlo son: Si prosperara la acción, ello deberá traducirse en un beneficio jurídico en favor del accionante. Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho y no violenten de manera alguna derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a favor del gobernado, afectando así su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Así, tratándose de interés legítimo, es necesario acreditar, por un lado, la actuación ilegítima de una autoridad y, por otro, presentar una situación especial o cualificada relacionada con una lesión o principio de afectación a la esfera jurídica en virtud de esa especial situación. En concordancia con lo expuesto, el interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Por ello, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o norma impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. De esta manera, quien acude al juicio de amparo deberá aducir ser titular de un derecho -interés jurídico- o de un interés legítimo individual o colectivo, lo cual excluye al interés simple. En la especie, se actualiza la hipótesis de improcedencia en estudio, pues el solicitante del amparo no acredita en forma alguna que se le cause la afectación que menciona, esto es, no demostró encontrarse en una posición donde se vean afectados sus derechos humanos en la forma en que aduce, al no aportar elemento de convicción alguno del que se advierta que el acto reclamado lo restringe en sus actividades o menoscaba en su salud, o bien, que al quedar sin efecto el requisito de trámite para los permisos de tránsito vehicular, ello ocasiona un menoscabo en su salud, por lo que no se hace patente la lesión que con ello resiente en su esfera jurídica o, en su caso, el beneficio que obtendría de concedérsele la protección constitucional, de manera que no demostró contar con interés legítimo. Es ilustrativa, por las consideraciones que la contienen, la tesis XXVII.3o.145 K (10a.), que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. AL SER UNA CUESTIÓN SUJETA A DEMOSTRACIÓN, LOS ELEMENTOS QUE LO ACREDITEN PUEDEN JUSTIFICARSE CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, POR LO QUE, EN PRINCIPIO, SU AUSENCIA NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE CONDUZCA A DESECHAR AQUÉLLA, SI LOS PADRES, EN REPRESENTACIÓN DE SU HIJO MENOR, ACUDEN A IMPUGNAR ACTOS DE AUTORIDAD QUE SE RELACIONAN CON LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS DE MOVILIDAD, LIBRE TRÁNSITO, LIBRE ESPARCIMIENTO, SALUD Y SEGURIDAD PÚBLICA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar el tipo de afectación para determinar si se trata de un interés legítimo o uno simple y si aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso, frente al acto de autoridad, implica un mero interés simple, para desechar la demanda, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. Ahora bien, el juzgador debe tener especial cuidado al analizar el interés legítimo, cuando los padres, en representación de un hijo menor, acuden a impugnar actos de autoridad que se relacionan con la afectación a derechos de movilidad, libre tránsito, libre esparcimiento, salud y seguridad, debido a la complejidad para tutelarlos mediante el amparo, por lo que si se trata de este tipo de derechos, en un inicio no resulta claro, evidente e insuperable la ausencia de un interés legítimo; por ello, en este supuesto, dicho interés es una condición sujeta a demostración, por lo que la quejosa deberá tener la oportunidad de acreditarla con posterioridad a la presentación de la demanda, en su caso, en la propia audiencia constitucional, para que el juzgador, al dictar la sentencia definitiva, pueda apreciar, de manera clara, y sin lugar a dudas, cuál es la situación de la quejosa frente al acto u omisión de la autoridad." Se expone tal aserto, en razón que del análisis del acto en reclamo se tiene, por un lado, que no se encuentra dirigido a afectar de manera directa los derechos del peticionario de amparo, ni tampoco se desprende que le ocasione un perjuicio o prive de un beneficio por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico; por el contrario, solo dan noticia de que cuenta con un mero interés simple, similar al que cualquier miembro de la sociedad puede tener en el sentido de que se cumpla el marco constitucional y legal. En este punto, se reitera que no generan convicción en este juzgador las notas informativas ofrecidas por la parte quejosa, pues éstas carecen de eficacia probatoria, pues dicha información únicamente demuestra su publicación en dichos medios masivos de comunicación, pero de manera alguna que el contenido de dicha publicación sea verídico; menos aún que las medidas establecidas para mitigar la contingencia generada por el COVID-19, publicadas el diecisiete de agosto de dos mil veinte, en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, lo restrinjan en su derecho a la salud y vida. En las relatadas condiciones, se estima que Armando García Pedraza no demostró tener interés legítimo para promover el juicio de amparo, dado que no basta que expusiera un interés personal, en relación con la molestia que presuntamente le ha provocado el acto emitido por la autoridad municipal responsable, para que surja su interés legítimo, pues, como se apuntó, para ello se requiere un principio de agravio o afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, lo cual no se advierte en el caso particular. En ese sentido, al no acreditar el vínculo entre los derechos fundamentales que estima transgredidos y la afectación o agravio cualificado o diferenciado distinto de los demás gobernados, que le causa el acto reclamado, no demuestra el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante que le permita combatir tal acto, sin la necesidad de ser titular de un derecho subjetivo, por lo que se estima improcedente el juicio en que se actúa. Decisión. En esas condiciones, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de derechos. Por último, este juzgador omite el estudio de los argumentos vertidos por la parte quejosa en vía de alegatos, pues éstos no forman parte de la litis en el juicio constitucional, dado que constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VII. R e s u e l v e Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Armando García Pedraza, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos III y V de este fallo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, siete de diciembre de dos mil veinte. Integración de oficio. Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio y anexos que remite la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Efrén Ibarra Othón, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Diferimiento de audiencia constitucional. Del estado de autos y la certificación que antecede se advierte que de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación (SISE), se advierte la existencia del juicio de amparo 402/2020, promovido por el quejoso Armando García Pedraza, ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, contra actos relacionados con los que dieron origen a este juicio de derechos, esto es, las medidas implementadas para mitigar la contingencia por el COVID-19, atribuido a las propias autoridades responsables. Requerimiento de constancias. En esa virtud, a fin de proveer lo que en derecho corresponda, solicítese a la citada autoridad, a fin de que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias que integran el juicio de amparo 402/2020 de su índice. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las nueve horas con dieciséis minutos del catorce de diciembre de dos mil veinte, para su celebración. Alegatos. Por último, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso, y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hecha las manifestaciones vertidas en el ocurso que se atiende y tómense en consideración de nueva cuenta en el momento procesal oportuno. Notifíquese por lista a las partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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