Armando García Morales

Expediente 601/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
601/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Armando García Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en el juicio ha causado ejecutoria. I. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. III. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó en el juicio, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. IV. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. V. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese por lista.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que en el expediente principal del que emana el presente incidente, en esta fecha se ordenó el archivo definitivo; asimismo, que por interlocutoria dictada en este cuaderno incidental, se negó la suspensión definitiva solicitada. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Conforme a la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que en este asunto se negó la suspensión definitiva, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se estima que este incidente de suspensión es susceptible de destrucción, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción III del citado Acuerdo General. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. En términos de los artículos 34 y 44 multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 601/2023, promovido por ***quien se ostenta como representante legal del permisionario del Servicio Auxiliar al Autotransporte Federal de Arrastres de Vehículos *** en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos, la parte quejosa manifiesta que la emisión y aplicación del Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastres, de Arrastres y Salvamento y de Depósito de vehículos expedido mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de tres de mayo de dos mil veintitrés, vulnera los derechos fundamentales de su representado. Por ello, estima que dichas autoridades violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el catorce de junio de dos mil veintitrés. Dicho libelo constitucional se turnó el siguiente día a este Juzgado de Distrito por razón de turno, en donde quedó registrado con el progresivo 601/2023; y previo cumplimiento a la prevención inicial, en proveído de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, se: i) admitió la demanda de amparo; ii) solicitó informe justificado a las autoridades responsables; iii) otorgó intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y iv) señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo el treinta de octubre de dos mil veintitrés. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la constitucionalidad de diversas disposiciones de observancia general con motivo de un acto de aplicación realizado dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos, publicado el tres de mayo de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Aplicación de la normativa. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Es cierto el acto reclamado al presidente de la República puesto que así lo convino al rendir su informe justificado por conducto de su representante -titular de la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes-. Por otra parte, las autoridades responsables ejecutoras i) secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y ii) el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por conducto de sus representantes, negaron la existencia del acto que se les atribuye. No obstante a ello, se desvirtúa esa negativa, pues en este asunto, se reclama el Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos expedido mediante decreto publicado el tres de mayo de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación; y respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no se necesita probar su existencia en autos, así como su ejecución, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta. "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000, página 260, Novena Época, con registro digital 191452, de rubro y texto: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." PROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente juicio se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Con relación al precepto invocado conviene señalar, también, lo que dispone el artículo 5°, fracción I, del mismo ordenamiento legal: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley. [.]" Conforme a los numerales transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de los quejosos, es decir, hacen referencia a que éstos sean titulares de un derecho subjetivo, el cual debe ser afectado por el acto reclamado para que se actualice la causal de improcedencia. En efecto, el interés jurídico a que alude el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; se refiere al derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio, una ofensa o daño en los derechos o intereses del particular. Estos conceptos se vinculan con uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, del agravio personal y directo, que explica que la acción constitucional sólo podrá ser promovida por aquella persona física o moral, que se vea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad. Luego es necesario establecer que para promover un juicio de amparo, al atender a la naturaleza del acto que se reclama; es necesario demostrar la existencia de ese derecho en su haber patrimonial o jurídico y por otra parte, el perjuicio que al mismo ocasione el acto autoritario, lo que legitima al gobernado para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar el respeto a sus derechos. De los artículos 107, fracción I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6º, 73, 77, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se infiere con claridad que uno de los principios que se erige como base del juicio de amparo, es que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, es decir, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, concepto de perjuicio que para los efectos del amparo tiene una connotación más profunda y difiere del previsto en las leyes civiles, entendido como privación de la ganancia lícita que pudiese haberse obtenido o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa a los derechos de una persona, pues el interés no puede referirse a otra cosa sino a la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos conculcados. Así, a través del ejercicio de la acción constitucional el promovente del amparo demanda la tutela de un derecho público subjetivo que dice fue infringido en su perjuicio por las autoridades que emitieron los actos impugnados, o sea, mediante el derecho de acción, que es instrumental, se pretende el respeto del derecho público subjetivo y en su caso, la restitución en su goce, para lo cual no será suficiente que las autoridades responsables informen que es cierto el acto o que opere a su favor la presunción de su existencia ante la omisión de la autoridad de rendir su informe de ley, para concluir necesariamente que el mismo perjudica al promovente, puesto que el perjuicio depende de que existan, legítimamente tutelados, los derechos cuyo respeto se reclama mediante la acción constitucional. Por tanto, quien ejercita la acción de amparo siempre se ostenta titular de un derecho subjetivo amenazado por algún acto u omisión de las responsables y en tal evento requiere acudir ante los tribunales para solicitar la protección federal, es decir, tiene necesidad de que se respeten sus derechos fundamentales otorgados por la Constitución Federal que han sido infringidos, por el perjuicio, menoscabo u ofensa en su esfera jurídica. Además, es menester que la parte agraviada demuestre indubitablemente la titularidad del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica y su afectación por el acto reclamado, esto es, el acreditamiento del interés jurídico en sí mismo y el perjuicio padecido por tal acto, el cual debe ser real, actual, directo, objetivo, aunado a que la demostración debe ser en forma plena, indubitable y fehaciente; no inferida de simples presunciones. Ahora, como quedó precisado en párrafos que anteceden, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte, por quien perjudique el acto que se reclama, es decir, prevén el ejercicio de la acción constitucional, la que se encuentra reservada a quien o quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad y que presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado; sin embargo, no todos los intereses de las personas que concurran ante el órgano jurisdiccional merecen el calificativo de jurídicos, pues para que ello acontezca es menester que se acredite fehacientemente a través de pruebas aptas y que dicha afectación sea de manera directa e inmediata. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J.168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 225, tomo XXVII, enero de 2008, con registro digital 170500, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Lo anterior, permite concluir que el criterio general al que debe atenderse para determinar la oportunidad de la parte quejosa, para promover juicio de garantías es la afectación a su interés jurídico, es decir, que el acto que se reclame a la responsable, le causa un agravio personal, actual y directo, es decir, la afectación que irrogue a su esfera jurídica, para controvertir la legalidad o constitucionalidad del acto de autoridad. En estas condiciones, si el aludido interés se refiere al derecho jurídicamente protegido, es lógico establecer que para promover un juicio de amparo, debe estarse a la naturaleza del acto que se reclama. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 16/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 206338, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Ante ello, se advierte que el interés jurídico no depende de la existencia del acto autoritario que se reclame, ni de los vicios que se atribuyan a éste, ni de la conveniencia económica o personal que tenga la parte quejosa en que ese acto no subsista, sino de que la parte promovente de amparo, acredite que el acto reclamado le afecta en forma directa e inmediata algún derecho legítimamente tutelado. Ahora bien, conforme a los artículos 103, fracción I, de la Constitución, así como 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en razón de su especial situación frente al orden jurídico. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 Constitucional, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales- quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: Ser titular de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en razón de tal titularidad; o, En caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, mismo que será suficiente para comparecer en el juicio. Así, determinó que la Constitución señala expresamente que dicho "interés legítimo individual o colectivo" implica que el quejoso será quien "alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De ello se desprende, en un primer término, que el interés legítimo admite de forma expresa la posibilidad de ser individual o colectivo. De igual manera, definió las notas distintivas del interés legítimo, las cuales son: Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. Es decir, el criterio sostenido por el Pleno del Alto Tribunal no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés. Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Cuestión que se corrobora del contenido de la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 60, con registro digital 2007921, que dispone: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." En ese contexto, se puede advertir que conforme al nuevo texto del artículo 107 constitucional, el interés permite constituir como quejoso, al titular de un derecho o de un interés legítimo ya sea individual o colectivo, siempre que demuestre que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y que con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en razón de su especial situación frente al orden jurídico. El interés para instar la acción de amparo se entiende aquel derecho o interés -individual o colectivo- de cualquier persona, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico (Constitución y leyes que de ella emanen) así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, es una situación jurídica que otorga al interesado la facultad de instar el respeto y el debido cumplimiento a la norma jurídica y en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación deriven; por ende, para su existencia no se requiere de una afectación a un derecho subjetivo pero sí a la esfera jurídica del particular, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra. Sobre el tópico del interés jurídico, es menester acudir a la definición que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación: es aquel interés personal, individual o colectivo, actual y jurídicamente relevante que puede traducirse, en caso de concederse el amparo en un beneficio jurídico a favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole profesional, económico, de salud pública y de cualquier otra. Por tanto, el interés legítimo permite constituir como quejoso en el amparo a aquélla persona titular de un derecho reconocido por la Constitución que resulte afectada en su esfera jurídica de forma directa o por razón de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad y por ende, para ejercer la acción de amparo e impugnar un acto de autoridad, deviene de la afectación que éste pudiera ocasionar a su titular en uno o varios derechos legítimamente tutelados, de manera personal y directa. Luego, para considerar que a las personas se les afecta su derecho subjetivo, es presupuesto que el promovente del juicio de amparo, acredite, en principio, ser titular de ese derecho legítimamente tutelado y por otra, la afectación personal y directa producida por los actos reclamados. En el presente asunto, la parte quejosa comparece como representante del permisionario del Servicio Auxiliar al Autotransporte Federal de Arrastres de Vehículos Armando García Morales, respecto al permiso 140324, expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En ese orden, resulta indispensable que la parte peticionaria acredite fehacientemente la afectación que aduce sufrir respecto al acto de disenso, que hace consistir en el Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos, publicado el tres de mayo de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. Resulta prescindible destacar que cuando la sola vigencia de la norma afecta o vincula al gobernado desde su inicio, sin que sea necesario que se actualice condición alguna o un acto posterior de la autoridad o del propio destinatario para que se genere dicha obligatoriedad y consecuencias, se está en presencia de una norma autoaplicativa o de individualización incondicionada, puesto que vincula al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, debido a que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. Conforme a lo expuesto, se puede concluir que el reglamento reclamado es de naturaleza autoaplicativa, ya que desde su entrada en vigor establece que los permisionarios deben acatar las obligaciones y deberes descritos en las normas legales. Motivo por el cual, las condiciones para llevar a cabo estas nacen con la sola vigencia de la norma, es decir, se actualiza con la circunstancia de que el quejoso sea permisionario. Ante tales consideraciones, la parte quejosa -a efecto de acreditar el derecho que dice ejercer sobre el permiso 140324 de su representado- ofreció como medio de convicción en copia simple y certificada: 1) del permiso para el servicio de autotransporte federal de carga en caminos de jurisdicción federal 140324, expedida a favor de Armando García Morales; 2) resolución de diecisiete de marzo de dos mil veinte, acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno y diligencia de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, efectuadas en el expediente familiar 317/2015 del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Tehuacán, Puebla; y 3) credencial para votar a nombre de Zaira Juanita García Carrera. Sin embargo, dichas documentales resultan insuficientes para tener por acreditado un derecho para reclamar la norma general reclamada. Ello, debido a que con las actuaciones relativas al expediente familiar 317/2015 del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Tehuacán, Puebla, en lo concerniente, únicamente se acredita que el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, la jueza de dicho órgano jurisdiccional le discernió a la aquí promovente Zaira Juanita García Carrera el cargo de albacea definitiva de los bienes de Armando García Morales [a quien se le otorgó el permiso 140324]. Por otra parte, del permiso 140324 expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a favor de Armando García Morales, se advierte que aquél estará sujeto a lo dispuesto por la Ley de Vías Generales de Comunicación, por el Reglamento para el Autotransporte Federal de Carga y por las condiciones que se encuentran insertas en el mismo, a saber: "[.] CONDICIONES PRIMERA: Se expide por tiempo indefinido y con carácter de intransferible. [.]" Acorde con lo transcrito, se desprende que el permiso 140324 otorgado a Armando García Morales le fue expedido por tiempo indefinido y con el carácter de intransferible; de manera que el derecho que le fue otorgado para operar tres vehículos, en la modalidad de arrastre y salvamento, no puede ser transferido a diversa persona. Ante ello, es evidente que la quejosa no acredita su interés jurídico para comparecer a esta instancia, puesto que el permiso que le fue concedido en su momento a su representado Armando García Morales es preciso en indicar que no puede ser transferido [a diversa persona] sin que exista excepción alguna; de ahí que no se encuentre comprobado en esta instancia la afectación a la esfera de derechos de la quejosa y por ende, la sola entrada en vigor de la disposición reclamada no le depara un perjuicio a aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia 3a./J. 45/90 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, primera parte julio-diciembre de 1990, página 199, con registro digital 207126, que establece: "INTERES JURIDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE "INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA" Y DE "RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA". Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohíben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados." De igual forma, por su contenido, este juzgador comparte la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/2 (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 2, enero de 2014, tomo IV, página 2678, con registro digital 2005266, que refiere: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CARECE DE ÉL QUIEN SE OSTENTA CONCESIONARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, PERO NO EXHIBE EL TÍTULO DE CONCESIÓN CORRESPONDIENTE O ALGÚN OTRO DOCUMENTO QUE EVIDENCIE JURÍDICAMENTE EL DERECHO SUBJETIVO CONSAGRADO EN SU FAVOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). Si una persona se ostenta como concesionaria del servicio público de transporte en el Estado de Michoacán, para acreditar su interés jurídico -no legítimo- en el amparo, es necesario que exhiba el título de concesión que la identifica precisamente con esa calidad, y aun cuando fuera materialmente imposible exhibir el título, es necesario algún otro documento que evidencie jurídicamente el derecho subjetivo consagrado en su favor, como puede ser alguna prueba que llevara al conocimiento de que se verificó el procedimiento que culminó con la resolución del titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad, en la que acordó favorable la solicitud que, en su momento, formuló, conforme al artículo 19 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado, o con diversa constancia expedida por la autoridad administrativa competente, en la que se certifiquen aquella calidad y los términos de la concesión, de acuerdo con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." Por tanto, con la sola presentación de la demanda de amparo y que se hubiere señalado en ésta que lo manifestado se realiza bajo protesta de decir verdad, no puede considerarse por acreditado su interés, ya que ello implica, en su orden, la pretensión de incitar el órgano jurisdiccional y la satisfacción del requisito previsto en el artículo 108 fracción V, lo cual, no libera a la promovente de la comprobación de que el acto reclamado lesiona sus intereses, ya que para ello, es necesario que se aportaran pruebas fehacientes que acreditaran ese interés, lo cual se insiste, no ocurrió. Es de invocarse en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada en la octava época del Semanario Judicial de la Federación, tomo V, primera parte, enero-junio de 1990, página 229, con registro rápido de localización 207221, que a la letra señala: "INTERES JURIDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACION DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." De igual forma. la jurisprudencia publicada en la octava época del Semanario Judicial de la Federación, tomo V, primera parte, enero-junio de 1990, página 230, con registro rápido de localización 207223, cuyo epígrafe y sinopsis son: "INTERES JURIDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACION DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo." DECISIÓN En consecuencia, ante la falta de prueba idónea que corrobore el dicho de la parte quejosa, conlleva a determinar la falta de interés jurídico y en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo. Derivado de lo expuesto, al no demostrarse la afectación de la quejosa en su interés jurídico, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, procede sobreseer en el juicio con base en el artículo 63, fracción V, de la citada normativa. Publicación de sentencia. Como las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***quien se ostenta como representante legal del permisionario del Servicio Auxiliar al Autotransporte Federal de Arrastres de Vehículos Armando García Morales; en términos del apartado VI de esta resolución. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que para esta día se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional y tomando en consideración que el titular de este Órgano Jurisdiccional se encuentra de licencia en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el secretario encargado del despacho de este juzgado, no se encuentra facultado para resolver en definitiva, motivo por el cual la audiencia constitucional señalada para esta fecha se reprograma para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.

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