Armando García Estrada

Expediente 1764/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 128 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1764/2019
Año
2019
Actuaciones
128
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Armando García Estrada
  • Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos
  • Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 128.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Recurso de queja. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso y en atención a su contenido, téngasele interponiendo recurso de queja contra el proveído pronunciado el diez de noviembre de dos mil veintitrés, consecuentemente, córrase traslado al resto de las partes con copia del escrito de expresión de agravios y requiéraseles para que, dentro del plazo de tres días, señalen las constancias que estimen necesarias para resolver el medio de impugnación de referencia. Orden de remitir al Tribunal de alzada. Transcurrido el plazo de tres días en mención, además de que acontezca lo precisado en el párrafo anterior, remítanse el escrito de queja de que se trata, copia del mismo a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, vía electrónica, para que por su conducto sean turnados al órgano colegiado que corresponda conocer del medio de impugnación en trato. En el entendido de que una vez que este juzgado Federal tenga conocimiento a cuál Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, le tocó conocer del medio de impugnación en cita, se habilitará para aquél, la consulta del expediente electrónico, para la substanciación del citado recurso, sin embargo, en caso de ser necesario, atendiendo a cada supuesto en particular, y previa solicitud del Tribunal de Alzada que corresponda, se podrá integrar constancias en soporte material, lo que en su caso se obtendrá del expediente electrónico. Suspensión del procedimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 102 de la ley de la materia, se suspende el procedimiento, hasta en tanto se resuelva el recurso de queja. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la siguiente tesis de jurisprudencia: "QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. LA SUSPENSIÓN DERIVADA DE SU ADMISIÓN IMPLICA LA PARALIZACIÓN TOTAL DEL JUICIO DE AMPARO. La suspensión derivada de la admisión del indicado recurso, en los supuestos establecidos en los artículos 53 y 101 de la Ley de Amparo, tiene como fin conservar la litis constitucional desde la interposición del referido medio de defensa hasta su resolución, con el objeto de que se detenga el trámite del juicio de amparo para que no se afecten los derechos del promovente y subsista la materia del reclamo, para cuyo efecto el juzgador debe analizar que efectivamente se colmen los requisitos previstos en el precepto citado en último lugar. Para que esta protección sea efectiva, la suspensión debe ser total y no parcial, en virtud de que sería muy difícil discernir qué tipo de actuación no resulta o resultaría vinculada con la materia de la queja y sus efectos. Por tanto, la suspensión a que hace referencia el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo debe ser total, tanto de la celebración de la audiencia constitucional y, por consiguiente, del dictado de la sentencia correspondiente, como del trámite de amparo en su conjunto, por lo que no ha lugar a un seguimiento parcial del procedimiento del juicio; lo anterior, en el entendido de que dicha suspensión no involucra al incidente de suspensión ni a los recursos pendientes de resolución en otra instancia."1 En esas condiciones, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para tener verificativo a las trece horas con cincuenta minutos del día en se actúa. Notifíquese; y personalmente a las partes, corriéndoles traslado con copia del escrito de expresión de agravios.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, trece de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Atento al contenido de la certificación secretarial que antecede, se advierte que en auto de seis de octubre de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa a efecto de que dentro de los cinco días contados a partir del siguiente al que surta efectos dicha notificación cumpliera lo ahí descrito, sin que al día en que se actúa obre en autos la constancia de notificación correspondiente, dada la cercanía de la determinación en cita. Así, con el objeto de permitir que transcurra el plazo indicado, SE DIFIERE la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, seis de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Cumple requerimiento. Se tiene por recibido el escrito presentado por el quejoso ****, mediante el cual cumple con el requerimiento contenido en auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés y al efecto pretende ampliar la demanda de amparo, que motivó la substanciación del juicio de acción constitucional, en que se actúa, contra los actos que precisa y autoridades que denominó: 1 Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. 2 Directora General de la Unidad de Inteligencia Financiera 3 Director General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera 4 Director de las Direcciones Legales A y B de la Unidad de Inteligencia Financiera 5 Director General de Asuntos Normativos e Internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera 6 Director de la Dirección General de Análisis, *** o en la persona que hoy resulte ser titular de la Unidad de Inteligencia Financiera 7 Secretaría de la Hacienda y Crédito Público. 8 Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 9 Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 10 Agregado Jurídico de la Embajada de los Estados Unidos con residencia en la Ciudad de México que suscribe la solicitud de asistencia para para investigar irregularidades bancarias del suscrito quejoso dirigida a ***, por posibles vínculos con actividades criminales en México y para que se valore la posibilidad de realizar bloqueo de las cuentas del suscrito quejoso firma ilegible, nombre desconocido, identificado como agregado jurídico adjunto. por 11 Gobernador del Estado de Jalisco. 12 Secretario General del Estado de Jalisco. 13 Secretario de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco. 14 Gerente de la sucursal plaza 9491 de Guadalajara, Jalisco, ubicada en Patria y Paseo Royal Country del Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. 15 Representante Legal del Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, 16 Delegado Regional o Director General del Estado de Jalisco del Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. 17 *** del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 18 **** del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 19 *** del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 20 Titular del Órgano de Interno Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 21 Autoridad Investigadora del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 22 Autoridad Substanciadora del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 23 Autoridad Resolutora del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Decisión sobre la acción constitucional. Primeramente, resulta pertinente precisar que el artículo 261 de la Ley de Amparo, previene: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos". (Lo destacado es por este Juzgado). De lo que se deduce que este Juzgador tiene la obligación de denunciar y hacer del conocimiento de la autoridad ministerial la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, esto es así, porque los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público de la Federación ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato, por ejemplo, de advertir que el quejoso falseó hechos en su demanda de amparo u omitió información obteniendo con ello una ventaja procesal. Al respecto es aplicable la jurisprudencia que enseguida se transcribe: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." 1 Prevención. Con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, 112 y 114, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que, dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, cumpla con el siguiente requerimiento: 1. Precise bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, toda vez que de la lectura integral del escrito de ampliación de demanda no se desprende dicha protesta, por lo que no se cumple con uno de los requisitos esenciales que debe contener la misma, tal como lo establece el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo. 2. Precise de manera clara, categórica y sin género a duda, el acto o actos que reclama particularmente a cada autoridad responsable que conforme a sus facultades corresponda su emisión, la fecha en que tuvo conocimiento de ellos y, en su caso, perfeccione los antecedentes del acto que les reprocha, toda vez que, de la ampliación de demanda de amparo no se advierte con exactitud los actos que les reprocha a las autoridades responsables, si se trata de actos positivos, negativos, o bien, de naturaleza omisiva, si fueron de manera verbal y/o escrita; por lo que dicha aclaración es necesaria a fin de estar en posibilidad de fijar correctamente la litis. 3. Exhiba dos copias más de su escrito de demanda, pues como se advierte del sello de recepción, este Juzgado de Distrito recibió veintitrés y son necesarias veinticinco para ser distribuidas de la siguiente forma: veintitrés para las autoridades responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y una para la apertura el incidente de suspensión. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Esto es así, toda vez que dicha circunstancia debe ser precisada por la parte promovente y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, pues con tal información se fijará la litis constitucional en el presente asunto, y sólo así, se permite a la autoridad tener un conocimiento preciso de lo que se le reclama en el juicio de garantías y, aunado a ello, le permite formular una adecuada defensa al rendir su informe justificado, con lo que se posibilita a este juzgado Federal ponderar a la luz de los hechos ocurridos, así como las circunstancias en que se presentaron, a pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. 4. Exhiba veinticuatro copias del escrito con el que dé cumplimiento a la prevención formulada en este acuerdo, en tanto que son indispensables para distribuirlas entre las demás partes, en los términos siguientes: veintitrés para las autoridades señaladas como responsables y una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 5. Toda vez que solicitó la suspensión del acto reclamado, deberá exhibir una copia más del escrito aclaratorio, a fin de que obre en el cuaderno incidental. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , de rubro y texto siguiente: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente de que en caso de no cumplir con los puntos 1, 2, 3 y 4 se procederá conforme a lo que dispone el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda y de incumplir con el punto 5, se postergará la apertura del incidente de suspensión, hasta que subsane dicha omisión. Cabe señalar que, a efecto de cumplir con lo ordenado y aclarar lo precisado en el puntos 1 sólo la parte quejosa se encuentra facultada para cumplir el mismo, no así sus autorizados, lo anterior dado que la manifestación de "Bajo protesta de decir verdad" y la precisión del carácter con que se ostenta, son actos personalísimos que únicamente puede realizar él, por sus alcances y consecuencias. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa

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