Armando Gámez Villarreal
Expediente 1665/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1665/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Armando Gámez Villarreal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
- causa estado - Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(VIII)
- Principal
Notifíquese personalmente.(VIII)
- Principal
Se notifica por lista al quejoso auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve...Visto el escrito del quejoso...se le tiene dando cumpliendo con el requerimiento de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. -Análisis integral de la demanda- La parte quejosa reclama la falta de emplazamiento al Juicio Ordinario Civil, del índice del Juzgado tercero Civil del Estado. Así, toda vez que establece en su escrito de demanda que no obstante ser parte formal de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio, y que por ello no pudo comparecer al procedimiento en defensa de sus intereses, se tiene que comparece al presente juicio en calidad de tercero interesado por equiparación. - Desechamiento por notoria improcedencia- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará la demanda de amparo, y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Sobre el alcance de la expresión "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se cita la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de 2001, página 803, con rubro y texto: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, en principio, es de indicar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional y de legalidad, que se ejerce por medio de acción ante un órgano jurisdiccional, mediante el cual el gobernado solicita la intervención del Poder Judicial de la Federación para que invalide, nulifique, o deje sin efectos un acto de autoridad que supone arbitrario, y lo restituya en el uso y goce de sus garantías individuales violadas para que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación. Sin embargo, dicha instancia constitucional se rige por diversos principios fundamentales, entre los que se encuentra el de definitividad, que impone como presupuesto para la procedencia de la acción constitucional, la obligación a la parte quejosa de previamente a interponer el juicio de amparo, agotar los medios de defensa concedidos por la ley que rija al acto reclamado, para reparar la violación contenida en el mismo. En ese sentido, el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), Constitucional, y el diverso 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que expresan: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;..." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas". En el texto de los preceptos legales transcritos con antelación se consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el supuesto de que proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar el acto reclamado. En esa tesitura, el principio de definitividad que rige al juicio de garantías encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las propias leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos jurisdiccionales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o medios de impugnación ante la autoridad responsable a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito suplantaría las facultades de la administración pública. Le resulta cita a la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, número de registro: 187,016, visible en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Como antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad que el quejoso expone en su escrito de demanda y aclaración, los cuales constituyen una confesión de su parte, en términos de lo dispuesto en los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se obtiene lo siguiente: 1. Que el once de noviembre del presente año, el quejoso se enteró de la existencia del Juicio Ordinario Civil, instaurado ante el Juzgado Tercero Civil del Estado, en el que aparece como demandado. 2. Que en dicho juicio la demandada reclama la declaración de inexistencia y nulidad de un contrato privado celebrado entre el ahora quejoso. y, respecto un predio rústico. 3. En cumplimiento a la prevención que le fue realizada, el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el procedimiento de que se duele se encuentra en etapa probatoria, así como que una vez que tuvo conocimiento de dicho juicio, no ha intervenido en éste, presentado promoción alguna, interpuesto medio de impugnación o realizado acto procesal alguno. Así el acto que se reclama en esta instancia, es el ilegal emplazamiento a juicio, por lo que considera que se le ha violado su garantía de audiencia, prevista en el artículo 14 Constitucional. Es decir, como ya se precisó, comparece a juicio de amparo como tercero extraño a juicio por equiparación. Además, de los antecedentes destacados se obtiene que el juicio de origen se encuentra en etapa probatoria; es decir no se la emitido sentencia definitiva en él, siendo que como lo confiesa el impetrante, se ha hecho sabedor del juicio de origen seguido en su contra; de ahí, que tiene oportunidad de comparecer al mismo a defender sus intereses, por lo que en este supuesto se actualiza la indicada causal de improcedencia, pues si de lo que se duele es de la ilegalidad del emplazamiento, puede promover la nulidad del mismo ante la autoridad responsable. En efecto, los artículos 107, 65, 66, 67 y 68 del Código de Procedimientos Civiles, disponen lo siguiente: "ARTICULO 107.- Será notificado personalmente en el domicilio de los litigantes o de los terceros: I. El emplazamiento de la demanda o de la reconvención, y siempre que se trate de la primera notificación en el juicio, aunque sean diligencias preparatorias; II El auto que ordena la absolución de posiciones, la ratificación o reconocimiento de algún documento por parte de los litigantes o terceros llamados a juicio o el reconocimiento de algún documento en los supuestos que prevé el Artículo 270 de este código; las demás notificaciones y citas a las audiencias del juicio a las partes se harán conforme a las no personales; III. Cuando reciba los autos un juzgado que no conocía del asunto por motivo de alguna incompetencia por declinatoria, inhibitoria, o por recusación, excusa o por acumulación. La segunda instancia, solamente cuando reciba los autos por motivo del recurso de apelación; IV. El requerimiento del cumplimiento de un acto a alguna de las partes o a algún tercero, cuando conlleve además el apercibimiento de la imposición de una medida de apremio de las que refiere el Artículo 60 de éste Código; V. La sentencia definitiva que resuelva el fondo del negocio, tanto la que se dicte en primera como en segunda instancia; VI. En los demás casos que la Ley lo disponga." "ARTICULO 65.- Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales que prescribe este Código, y cuando la ley expresamente lo determine, pero no podrá ser invocada una nulidad por la parte que dio lugar a ella. La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra." "ARTICULO 66.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V de este título serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviere legítimamente hecha." "ARTICULO 67.- La nulidad de una actuación debe reclamarse en la actuación subsecuente en que intervenga el que la promueve; de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento." "ARTICULO 68.- Las nulidades a que se refiere el artículo anterior se promoverán ante el mismo Juez o Tribunal que conozca del negocio y de la petición se dará vista a la contraria por el término de tres días. Si la parte contraria estuviere conforme, se declarará desde luego la nulidad de lo actuado desde la actuación o notificación que se reclama. Si no se manifestare conformidad o nada expresa, se convocará a una audiencia que tendrá verificativo a más tardar dentro de cinco días en la que los interesados podrán presentar las pruebas que tuvieren y que se puedan desahogar en la misma audiencia, en la que se resolverá lo que procediere sin recurso alguno, salvo que se trate de nulidades por defecto de emplazamiento, de citación para absolver posiciones o para reconocimiento de documentos, en estos casos procederá en contra de la resolución del incidente el recurso de apelación." De los preceptos legales antes transcritos se advierte que: Será notificado personalmente en el domicilio de los litigantes el emplazamiento al demandado y siempre que se trate de la primera notificación en el juicio, aunque sean diligencias preparatorias. Cuando en las actuaciones judiciales falte alguna de sus formalidades esenciales, ésta será nula. Las notificaciones realizadas en forma diversa a aquellas previstas en el capítulo correspondiente, serán nula. La nulidad de una actuación debe reclamarse en la siguiente actuación en que intervenga el promovente, de lo contrario esta quedará revalidada. La nulidad de la notificación deberá promoverse ante el mismo juez que conoce del negocio, de cuya petición se dará vista a la contraria; si ésta se manifiesta conforme, se declarará desde luego la nulidad, en caso contrario se convocará a una audiencia, en la que se resolverá lo procedente, sin que contra tal determinación proceda recurso alguno. Así, de una correcta interpretación conjunta de tales preceptos se tiene que, habida cuenta que el Juicio Ordinario Civil en el que el quejoso es parte, aún sigue su prosecución procesal en primera instancia, al encontrarse en etapa probatoria (como lo precisó el propio quejoso), en consecuencia, el emplazamiento a éste es impugnable por la vía de la nulidad de la actuación; de ahí la improcedencia invocada. De tal suerte que antes de promover el juicio de amparo, el quejoso debió promover la nulidad del emplazamiento al juicio que se le sigue, máxime que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, previstos en los incisos a), b) y c) y la parte final de la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, pues no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; el acto reclamado no consiste en una órden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; el impetrante no se trata de persona extraña al procedimiento, y; la procedencia del recurso o medio de defensa no se encuentra sujeta a una interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, pues en el presente caso, éste se encuentra expresamente previsto por la legislación aplicable, tal como se evidenció en líneas anteriores. Resulta aplicable, por identidad jurídica sustancial, la Jurisprudencia perteneciente a la Novena Época, con número de registro 168011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 698, Tomo XXIX, Enero de 2009 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Además, también por identidad jurídica sustancial, la Jurisprudencia correspondiente a la Décima Época, con registro 2020845, que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1047, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. Por lo que al no haberse observado en la especie el principio de definitividad, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Luego, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento procede desechar de plano la demanda de amparo que se presenta por notoriamente improcedente...(VIII)
- Principal
Se notifica por lista al quejoso en términos del proveído de veintisiete de Noviembre del dos mil diecinueve. "...Vista la demanda de amparo promovida...a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión...requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días... manifieste bajo protesta de decir verdad: a) Manifieste en qué estado procesal se encuentra actualmente el juicio único civil 496/2018. b) Indique si después de haber tenido conocimiento de la existencia del juicio único civil 496/2018 seguido en su contra, intervino en él mediante la presentación en éste de alguna promoción o medio de impugnación, o con la realización de acto procesal alguno...Con el apercibimiento que de no cumplir con el anterior requerimiento se acordará lo que en derecho corresponda, con fundamento en el artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo..." (VIII)
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