Armando Galindo Arteaga

Expediente 230/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
230/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
22/03/2018

Partes del expediente

  • Armando Galindo Arteaga

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 357/2018-II signado por el Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, por el cual solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente juicio de derechos. En atención a lo anterior, se hace de su conocimiento que el trece de marzo del presente año, se tuvo por recibida la sentencia terminada de engrosar el ocho del presente mes y año, por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero; en la cual la Justicia de la Unión amparó y protegió al aquí quejoso ********************. Lo cual se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar y se remite copia simple de la sentencia de mérito. Notifíquese

  2. Principal

    ...Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Especializada en Justicia para Adolescentes Titular del Juzgado Segundo con sede en Pachuca, Hidalgo; atento a su contenido, se le tiene dando cumplimiento a la sentencia de amparo, para lo cual anexa la constancia con la que pretende acreditar dicho extremo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifieste lo que a su interés convenga respecto a lo informado, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria en los términos apuntados en el párrafo segundo del precepto legal en cita, con base en los elementos que obren en el expediente y los demás datos aportados por las responsables. Notifíquese.

  3. Principal

    TODA VBEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE DEL PROVEÍDO DE CINCO DE MARZO ACTUAL, PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA: "Vista la demanda de amparo promovida por ****, por su propio derecho, contra actos que reclama del Juez Segundo Mercantil de la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo y otra autoridad. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 230/2018-5, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. ... Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. ... Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es:  La primer almoneda de remate decretada mediante auto de seis de febrero de dos mil dieciocho, en los autos del expediente 1595/2016 del índice del Juzgado Segundo Mercantil de Pachuca de Soto, Hidalgo. Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, respecto del acto reclamado, ya que el quejoso tiene a su alcance la prerrogativa constitucional y legal de impugnar dicho acto ante el Juez de Control competente. Dichos numerales establecen: **** De la interpretación sistemática de los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es procedente contra actos emitidos por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido éste. De dicha regla general, se desprende una excepción que hace improcedente el juicio de amparo y es, cuando se trate de actos de ejecución de sentencias, los cuales únicamente podrán ser impugnados hasta la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que se podrán alegar las violaciones procesales cometidas en el mismo y que hayan dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior, encuentra sustento en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución, esto es, el legislador de amparo pretende evitar que las partes contendientes de un procedimiento de ejecución, puedan intentar el juicio de amparo, tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro lado, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; así el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y, que el afectado, con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. Asimismo, antes de analizar la causa de improcedencia que nos ocupa, es necesario precisar también, lo que se debe entender como última resolución en el procedimiento de remate. En el caso el auto que por esta vía se reclama se emitió en la etapa de ejecución de la sentencia pronunciada en el juicio de origen, por lo que la procedencia de la presente demanda de amparo indirecto, se regula conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; lo anterior, es así dado que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en ese procedimiento, en donde ésta es aquella que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación o bien entregar la posesión de los bienes rematados. Es así que, en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Como se puede apreciar, tratándose de los actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto únicamente puede promoverse contra la última resolución dictada en él, y que deberán reclamarse en la misma demanda las demás violaciones que se estimen cometidas durante ese procedimiento de ejecución, siempre que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. Además, el propio precepto señala expresamente que por última resolución se entiende aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente y que en el caso específico del remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Cabe precisar que esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto fue instrumentada para evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, para impedir que ese juicio se transforme en un medio para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituye la verdad legal, porque la sociedad está interesada en su ejecución, sin que múltiples amparos la obstaculicen, esto es, al constituir la sentencia definitiva la verdad legal, la sociedad está interesada en ejecutarla, y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos dictados en ejecución de sentencia hasta el momento en que se dicte la resolución definitiva que ponga fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la misma demanda las demás violaciones procesales que se estime se hubieran cometido, dejando sin defensa a la parte quejosa, y que tratándose de remates sólo procederá el juicio de amparo contra la resolución que en definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. .... Bajo este contexto, en el caso que nos atañe, surte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, habida cuenta que la peticionaria de amparo, acude a la presente instancia constitucional, en el que reclama, en esencia, el auto de seis de febrero del año en curso, pronunciado dentro del juicio ejecutivo mercantil 1595/2016, del índice del Juzgado Segundo Mercantil de Pachuca de Soto, Hidalgo, en el que se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de remate en primera almoneda del bien inmueble identificado como vivienda 2, manzana XIX-A, lote 13, en el fraccionamiento Paseos de Chavarría, etapa primera, en el Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, por lo que se actualiza la hipótesis contenida en los artículos 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido para este juzgado, que la causa de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de derechos; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como autorizados, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Mónica Azucena Téllez Badillo y Roberto García Fernández, por encontrarse registro de su cédula profesional en el Módulo de Consulta Jurídica del Consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento de los promoventes que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS

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