Armando Galán Espinoza
Expediente 438/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 438/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/06/2021
Partes del expediente
- Armando Galán Espinoza
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Vistos; la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que transcurrió el término establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente se inconformara contra el auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se declara que el auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; con fundamento en su ordinal 12, este expediente es susceptible de destrucción al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso d), en relación con el precepto 35, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin emitirse pronunciamiento al respecto por no haberse tramitado. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES No se advierten documentos exhibidos por la parte quejosa; por tanto, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Vista; la demanda de amparo promovida por ***, contra el acto atribuido al Juez Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. I.- Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 438/2021- VII, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II.- Desechamiento. Ahora bien, antes de proveer respecto de la procedencia de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo1 y a la tesis: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso.2" Por lo cual este órgano jurisdiccional procede a examinar, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. De lo anterior se explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este Órgano de Control Constitucional, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso combate: "... la RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL RECURSO DE REVOCACION DE FECHA 18 DE MAYO DE 2021 Y NOTIFICADA DE FORMA PERSONAL EN FECHA 19 DE MAYO DE 2021, mismo que ya no cuenta con recurso ordinario alguno donde se declara infundado el recurso de revocación interpuesto en el expediente número 44/2018, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil ante la autoridad señalada como responsable.." (SIC) Ahora bien, de la lectura que se hace al escrito de demanda, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la misma legislación, lo que torna improcedente el juicio de amparo biinstancial, en términos del artículo 113 del cuerpo legal en comento, por los motivos que a continuación se expresan: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [...] " En ese sentido, se debe entender que para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y los tratados internacionales. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos no afectan a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá interponer recursos e incluso recurrirlos en vía de amparo directo. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, conforme al artículo 107, de la Ley de Amparo, ahora ya se define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, en la nueva ley en cita, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Así las cosas, el suscrito considera que el acto reclamado señalado con antelación, no constituye acto de imposible reparación, con el que se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se traduce en una infracción de derechos sustantivos, sino en una violación de derechos adjetivos, que sólo produce efectos formales o intraprocesales. Lo anterior es así, toda vez que de la propia narrativa de la parte promovente se observa por un lado, que la determinación que reclama por esta vía de control constitucional, constituye la resolución al recurso de revocación interpuesto por la parte demanda en el juicio de origen, en contra de la diversa actuación del Juez Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por el que dio trámite al incidente de liquidación de intereses dentro del juicio ejecutivo mercantil ***, de la estadística de ese órgano jurisdiccional; y, por otro, que se encuentra pendiente de resolver el diverso amparo directo interpuesto por la parte demandada en el juicio natural, en contra de la sentencia definitiva dictada en el proceso principal del que deriva aquella; en esas condiciones, válidamente se puede sostener que la determinación emitida por la autoridad en cita no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicha interlocutoria sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si la parte demandada, aquí promovente, obtiene la protección de la justicia de la unión ante la superioridad competente; lo anterior, máxime que la determinación primigeniamente combatida, esto es, por la que se dio trámite al incidente de liquidación de intereses en su contra, obedeció al hecho de que la demandada en aquel sumario omitió exhibir la garantía decretada en condicionante a la suspensión que se le concedió. Máxime que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, establecen expresamente que las violaciones a las leyes procesales serán analizadas en el amparo que se promueva contra la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, es decir, mediante el amparo directo, tal y como lo previenen los artículos 170 y 174, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por su sentido y alcance, en la tesis aislada VII.2o.T.43 L (10a.), publicada en la página 2786, del Tomo IV, mayo de 2016, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, que es del texto y rubro siguiente: "DEMANDA EN EL JUICIO LABORAL. EL AUTO QUE DESECHA SU CONTESTACIÓN Y LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE, EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, 170 y 172 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo, siempre que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, al ser esa afectación susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia o laudo favorable en el juicio, por haberse consumado la violación al derecho fundamental de que se trate, en términos de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno del Más Alto Tribunal, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).".* Por tanto, no pueden considerarse como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, en el juicio laboral el auto que desecha la contestación de demanda y la tiene por contestada en sentido afirmativo (de conformidad con el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo) no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no entraña necesariamente un laudo condenatorio, porque las Juntas, al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos. En tal virtud, la resolución dictada en esos términos constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, como concepto de violación, si es que se dicta laudo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en el supuesto de ser ilegal, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo." Bajo esas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo; por lo que lo procedente es desechar la demanda de amparo indirecto de cuenta. III. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. IV. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el ubicado en Calle Miner, ciento treinta y dos, local treinta y dos, planta alta, Plaza San Fernando, Fraccionamiento San Fernando, en esta ciudad. Se tiene como autorizados en términos amplios a Carlos Gerardo Yañez Bacre y José Raidel Ancehita Martínez, con las facultades amplias que refiere el numeral 12, de la Ley de Amparo, toda vez que tienen registrada su cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho, ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; y en términos restringidos a Wilser Guadalupe Gomes Guillén, por así haberlo solicitado expresamente. Ahora, atento a lo peticionado por la parte promovente, de conformidad con los artículos 3, de la ley de la materia, se le tiene como autorizado para consultar y promover electrónicamente el juicio de amparo en que se actúa; se ordena a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), dar de alta en el presente juicio al usuario registrado como YANEZBACRE, para consultar de manera electrónica el presente juicio. Por otra parte, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza hacer las notificaciones electrónicas a través del usuario YANEZBACRE; por lo que se instruye a los actuarios de la adscripción para que tomen nota. Finalmente, solamente se toma nota del correo electrónico y número telefónico que proporciona, al ser un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes; sin embargo, conforme lo dispone el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 1/2021), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19, los órganos jurisdiccionales adicionalmente pueden hacer uso de dicho medio de comunicación. V. Utilización de medios electrónicos para la reproducción de actuaciones judiciales. Como lo solicita la parte promovente, se autoriza la reproducción que solicita a través de medios electrónicos en el expediente en que se actúa. Resulta aplicable al respecto la tesis I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, con número de registro 2008986, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Materia Común, página 1830, de rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." VI. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a la parte promovente, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. VII. Medidas de protección que deberán implementar los actuarios judiciales. Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.
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