Armando Fernandez Hernandez

Expediente 1054/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1054/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
02/02/2018

Partes del expediente

  • Armando Fernandez Hernandez
  • Francisco Javier Hernández Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta que suscribe el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual envía copia certificada del testimonio dictado en el recurso queja civil número ***, que en su punto resolutivo determinó: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja". Acúsese recibo. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno de este Juzgado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    A sus autos el oficio de cuenta, que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Guanajuato; por el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el proveído de diez de noviembre de dos mil diecisiete, quedando registrado con el número 167/2017 de su estadística.A sus autos el oficio de cuenta, que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Guanajuato; por el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el proveído de diez de noviembre de dos mil diecisiete, quedando registrado con el número 167/2017 de su estadística.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta, signado por ************, ambos de apellidos **********, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo RECURSO DE QUEJA contra el auto de diez de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el numeral 101 de la Ley en cita, ríndase por separado el informe justificado y remítase el escrito de cuenta, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en turno, anexándose copia certificada de las constancias que sirvieron de base para la emisión del acuerdo que se recurre.

  4. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo, presentado por ***********, contra actos del Juez Primero Civil de Partido de Primera Instancia de Salvatierra, Guanajuato, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1054/2017. Ahora bien, como a la presente instancia comparecen dos quejosos con un interés común, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo se designa como representante común a ************, sin perjuicio de que ésta puede ser sustituido si así lo deciden los promoventes. Sin embargo, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 107 fracción III inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo , se desecha de plano la demanda. Se explica: De los antecedentes del acto reclamado, se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; lo que se hace valer de oficio, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En el caso, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Sobre el particular, se impone destacar que del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107 fracción V cuando establece que el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento: ".cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora, debe precisarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de mayo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estimó que en los trabajos legislativos de la reforma constitucional: a) Se destacó la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo; b) Por ende, se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia; c) Se advirtió a título de hecho notorio que la substanciación y resolución del sumario constitucional propiciaba el alargamiento de los juicios; d) De ahí que hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, para que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo; y e) Con ello, se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Así, consideró el más alto tribunal que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento y, en vía de consecuencia, impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaban injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales. De manera que para que los actos que se reclamen en el juicio de amparo indirecto puedan ser estimados como de imposible reparación, es necesario: a) Producir una afectación material a derechos sustantivos; b) Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y c) Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Ahora, de los elementos objetivos que derivan del libelo de demanda, vertidos por los promoventes bajo protesta de decir verdad, se advierte lo siguiente: a) *********** Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, parte actora dentro de los autos de origen, demandó en la vía especial civil a ***********, sobre acción hipotecaria, demanda que fue radicada con el número ***********del índice de la responsable, teniendo como documento base de la acción un contrato de apertura de crédito. b) Seguido el procedimiento, el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, el juez de origen determinó que en el asunto existía un litisconsorcio pasivo necesario y que debía llamar a ***********, en su calidad de copropietaria del bien inmueble objeto de la acción, junto con el demandado ***********a fin de que fuera oída y vencida, dejando intocado lo actuado por cuanto hace a los aquí quejosos. c) Inconformes con lo anterior los quejosos promovieron recurso de revocación en su contra el dos de octubre de dos mil diecisiete, resuelto el once siguiente, por el que se confirmó la determinación combatida. (Lo que constituye el acto reclamado) En esta condición, el acto reclamado descrito con anterioridad, no puede estimarse como de imposible reparación. De ahí que la violación de que se trata, por regla general, es reclamable en términos de lo dispuesto en los artículos 171 y 174 del cuerpo de leyes en cita , por no ser un acto que traiga aparejada una ejecución de imposible reparación, ya que sólo afecta derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales que podrán ser reparados si se obtiene sentencia favorable, máxime que dicha cuestión no actualiza ningún caso de excepción, a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la citada ley, para la procedencia de la vía indirecta. En ese contexto, es inconcuso que la resolución que se reclama ante esta potestad federal, constituye una cuestión de derecho procesal que no genera afectación a los derechos sustantivos del quejoso directo. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, en Materia Civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." Así como la tesis jurisprudencial P./J. 1/2016 (10a.), con registro 2011428, en lo conducente, localizable en la página quince, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Materia Común, de rubro y texto: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Además, la causal de improcedencia cuya actualización se destaca, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, y que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes; verdad es que ello no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales. Cobra vigencia sobre el particular, en lo conducente, la tesis I.2o.C.1 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1771, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 3, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de epígrafe siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA." De ahí que en el particular, al reclamarse actos dictados dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en ***********, en esta ciudad y por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***********, quienes no cuentan con registro de su número de cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

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