Armando Fernández García
Expediente 1028/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1028/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/06/2016
Partes del expediente
- Armando Fernández García
- Servicio Postal Mexicano
Actuaciones
- Principal
V I S T O el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto dictado en esté juicio de amparo, por el que se decretó sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo antes citada, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales; por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, en consecuencia, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, en razón de haberse decretado el sobreseimiento. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito...I
- Principal
Visto, agréguese a los autos el oficio que remite el Presidente de la Junta Especial Cincuenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y téngasele remitiendo copia certificada del expediente laboral 761/2013. En mérito de lo anterior, se advierte que la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo, contra actos del Presidente de la Junta Especial Cincuenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en; 1) la omisión de decretar el cierre de instrucción dentro del expediente laboral 761/2013; empero de las constancias que remite la Junta responsable, documento público que merece pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se evidencia que respecto del acto reclamado de que se duele la parte quejosa, consistente en la omisión de decretar el cierre de instrucción dentro del expediente laboral 761/2013, la Junta responsable, dictó cierre de instrucción. En tal caso, se actualiza una causal de improcedencia, en virtud de que la omisión reclamada ya no existe, toda vez que la responsable emitió el cierre de instrucción respectivo el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, en los autos del expediente laboral 761/2013 y notificado por estrados a las partes, por lo que la violación de garantías acusada ha cesado en sus efectos. En ese orden de ideas, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo en relación a los actos que se reclaman del Presidente de la Junta Especial Cincuenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Resulta aplicable, la tesis número 2a./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior la tesis número P.CL/97 sustentada por el Pleno del más alto Tribunal del País, visible en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación cuyo epígrafe es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por otro lado, igual se promueve el presente juicio respecto del acto reclamado consistente en: 2) la omisión de dictar el laudo respectivo sin embargo del estado procesal que guardan los autos, así como del informe de mérito, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa no existe; en esa virtud, y tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." De la anterior transcripción legal se desprende que en el juicio de amparo se sobresee cuando aparece de autos que el acto reclamado es inexistente, lo cual en el presente caso se actualiza. Se afirma lo anterior toda vez que el día en que se presentó el escrito inicial de demanda el doce de mayo del presente año, todavía no se cerraba la instrucción, pues esto sucedió el treinta y uno de mayo del año en curso, por lo que todavía no se colmaba el requerimiento sine qua non para el dictado del laudo, es decir, que se hubiese cerrado instrucción. En éste sentido, si el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis se cerró instrucción, entonces la junta está en tiempo para emitir el respectivo laudo. Aunado a que, también se actualiza en el presente caso la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 6°, ambos de la nueva Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado no irroga un agravio personal y directo al quejoso. En efecto, dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de garantías se encuentra el llamado agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional en relación con el 6° de la nueva Ley de Amparo. Por agravio personal y directo se entiende la lesión o afectación de los derechos de una persona, a través de una resolución judicial o cualquier acto de autoridad; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un derecho, y éste es el significado que se emplea en los numerales 5° fracción I y 6, de la nueva Ley de Amparo, cuando califica de agraviado al demandante de la protección de los tribunales federales. Lo asentado en los acápites que anteceden, permite arribar a la indefectible convicción que para la procedencia del juicio de garantías, es necesario que exista a favor del peticionario un interés legítimamente tutelado; además que éste se vea afectado por algún acto de autoridad, pues sólo mediante el cumplimiento de ambas condiciones puede decirse que se afectan los derechos del quejoso. A fin de robustecer los argumentos esgrimidos con antelación, es necesario traer a contexto el contenido del normativo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del diverso 6° de la nueva Ley de la Materia, que estatuyen: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "ARTÍCULO 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Del primero de los artículos transcritos, se desprende que para la procedencia de la acción constitucional, es menester que ésta se siga a instancia de la parte agraviada, esto es, quien acuda a solicitar la protección de los Tribunales Federales, debe ser aquél que resienta una afectación. Por su parte, el segundo de los dispositivos, confirma lo que el imperativo constitucional establece, pues prevé que el juicio de amparo deberá promoverse únicamente por la parte a quien afecto la ley o acto que de cada autoridad se reclama. En el caso concreto, debe atenderse a que el impetrante reclama la presunta omisión en que incurrió la autoridad responsable. Ahora bien, a efecto de evidenciar que la petición de amparo intentada no encuadra en el supuesto que prevé la Ley para considerar la existencia de una afectación personal y directa, es necesario señalar que conforme a lo estatuido en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, el hoy quejoso tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos previstos, de ahí que la primera condición exigida sí se cumpla. Para establecer la legalidad de la abstención reclamada, es necesario citar el artículo 17 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, en lo que interesa, dispone: "ARTÍCULO 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.--- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito, se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En concordancia con lo anterior, es necesario transcribir el contenido de los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, y que es del tenor siguiente: "ARTÍCULO 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos "ARTÍCULO 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. "ARTÍCULO 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." En este tenor, el requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial que las resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, siendo por ello requisito indispensable que se acredite con los medios probatorios idóneos y suficientes tal supuesto. En las condiciones apuntadas, la omisión reclamada en la especie, se considera como un acto negativo, pues se pretende demostrar la inconstitucionalidad, por parte de a Junta responsable, al no dictar laudo, y por ende, no respetar los términos procesales que para tal efecto consagra la Ley Federal del Trabajo. Cabe aclarar que la conducta de carácter omisiva tildada de inconstitucional, debe considerarse como un acto que en sí mismo no es violatorio de la Constitución Federal, lo cual implica que, por su propia naturaleza, necesita demostrarse y justificarse con algún medio de prueba idóneo y suficiente. Así, este juzgador estima que, para acreditar la inconstitucionalidad del acto negativo señalado en esta vía, por no ser un acto inconstitucional en si mismo, es necesario que se acrediten algunos requisitos, a saber: que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso; que dicha controversia se encuentre en estado de resolución, y que haya trascurrido el término que la Ley Federal del Trabajo señale para fallar. Bajo estas premisas, analizando de manera integral la demanda de amparo, se advierte que, en el presente caso, no puede tenerse por satisfecho el tercer requisito mencionado, consistente en que haya trascurrido el término que la Ley Federal del Trabajo señala para fallar; ello, dado que como ya se indicó en párrafos precedentes, a partir de que se declaró cerrada la instrucción en el expediente laboral 761/2013, el auxiliar de la Junta debe formular el proyecto por escrito y en forma de laudo dentro de los diez días siguientes, del cual entregará en copia a cada uno de los miembros de la mencionada Junta Especial, y éstos en un plazo de cinco días habrán de manifestar si a su consideración se encuentran diligencias pendientes por desahogar, a fin de que se acuerde lo procedente, y la Junta, con citación a las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo de las pruebas que no se llevaron a cabo para la práctica de las diligencias solicitadas, dentro de un término de ocho días; o bien de no ser así, el presidente del órgano colegiado los cite para discutir y votar dicho proyecto dentro de los diez días posteriores al en que fenezca el término referido. Ello es así, teniendo en cuenta que la instrucción debe declararse cerrada inmediatamente después que haya concluido el término de tres días que se le debe conceder a las partes para que expresen su conformidad con la certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar o bien una vez desahogadas las pruebas pendientes y formulados los alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes, la suma de los diez días con que cuenta el auxiliar para formular el proyecto de resolución, los cinco días concedidos a los integrantes de la Junta para solicitar la práctica de diligencias, los ocho días para el desahogo de esas pruebas en caso de solicitarse, y los diez días posteriores para celebrar la audiencia de discusión y votación del proyecto de resolución, plazo máximo para que los integrantes pronuncien sus laudos. Por tanto, como la instrucción en el juicio laboral de mérito se cerró el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, según se desprende de las constancias que en copia certificada anexó la responsable a su informe; entonces, el término que tiene la autoridad responsable para emitir el laudo respectivo, se encuentra transcurriendo. Por lo tanto, es incuestionable que, la Junta del conocimiento aún se encuentra dentro de los términos previstos en los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo aplicado supletoriamente, para dictar laudo. Lo que antecede se estima de esa manera porque aún cuando es cierto que no se ha dictado el laudo en el expediente, sin embargo, ello no se debe a la conducta omisiva de la autoridad responsable, sino a que no ha transcurrido el término que establece la Ley Federal del Trabajo para tal efecto. Por lo que en esa circunstancia no puede considerarse que se hayan violado los términos que para ese efecto establece la citada ley. En consecuencia, resulta inconcuso que la abstención reclamada se encuentra ajustada a derecho y, por ende, no es violatoria de garantías, porque como ya se indicó, desde la fecha en que se decretó el cierre de instrucción, aún se encuentra transcurriendo el término de la responsable para dictar el laudo respectivo. Por tal motivo, es dable colegir que la petición de amparo que se analiza no encuadra en la hipótesis que permita considerar que existe un agravio personal y directo, pues si bien existe un derecho legítimamente tutelado a favor del impetrante, no menos cierto resulta que en términos de lo narrado en su escrito inicial, aquél no ha sido afectado por un acto u omisión de la autoridad responsable. Con base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia inmersa en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, lo que da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia la demanda promovida por ARMANDO FERNANDEZ GARCIA. Así también, es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS...I
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SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR. . .SE SEÑALAN LAS 10:45 HORAS DEL 08/06/2016 PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. . .I
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio firmado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al este juzgado, con el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticinco de abril de dos mil dieciséis, en el que se otorgó el amparo y protección de la justicia federal; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 80, 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, todos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, se tiene por interpuesto el recurso de revisión de mérito; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente; comuníquese a las partes este proveído para los efectos legales consiguientes, acompañándoles copia del escrito de agravios, y en su oportunidad, remítanse los presentes autos debidamente integrados al Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito que conoce del recurso de revisión planteado por el quejoso en el presente asunto, para la substanciación del recurso interpuesto...IV
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