Armando Félix Aragón
Expediente 988/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 25 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 988/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 09/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Armando Félix Aragón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
I. Efectivo apercibimiento. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo de diez días concedido a la parte quejosa, para que compareciera a este juzgado a recibir los documentos que allegó a su escrito inicial de demanda, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de veintidós de junio del año en curso, por lo que remítase al archivo junto con el expediente para que siga su suerte, con las consecuencias jurídicas que ello implica, esto es, serán destruidos. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido el auto por el cual se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, por lo que con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho acuerdo ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del referido manual, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional, como la definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del mencionado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional y la definitiva. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del referido Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del indicado manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de diez días hábiles, acuda a este juzgado de distrito a recoger los documentos que allegó a su escrito inicial de demanda, previa razón de recibo que se otorgue en autos, apercibida que de no hacerlo, se dejaran glosados al expediente y se remitirán al archivo para que sigan la suerte de éste, con las consecuencias jurídicas que ello implica, esto es, serán destruidos. Para estar en aptitud de dar cumplimiento a lo anterior y hasta en tanto subsistan las condiciones de trabajo determinadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, así como los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 1/2021, del mismo órgano plenario que reformaron el Acuerdo inicialmente citado únicamente con relación al periodo de vigencia; se deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", apartado "Agenda OJ", en el cual, aparecerán las fechas y horarios disponibles con que cuenta el órgano jurisdiccional para la generación de la cita referida, ello mediante la generación de un código "QR" el cual, deberá presentar al ingresar a las instalaciones en un dispositivo móvil o de forma impresa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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I. Cumple con requerimiento e informa. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Segundo Especializado en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, mediante el cual cumple con lo requerido en proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno y, al efecto, informa el estatus en que se encuentran actualmente las medidas de protección 03/2020 de donde deriva el acto reclamado, así como la causa penal 149/2020 de su índice. II. Sobresee fuera de audiencia. Ahora, del análisis del referido comunicado se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro, como se explica a continuación: a. Fijación de la litis. Primeramente, debe establecerse qué es lo reclamado en la demanda de garantías y el escrito aclaratorio, de los que se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: i. El auto de veinte de noviembre de dos mil veinte, emitido por el Juez Segundo Especializado en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango, dentro de las medidas de protección 03/2020 de su índice, mediante el cual, en lo que interesa, ordenó el desalojo del ahora quejoso del domicilio donde habitaba en la localidad de Belisario Domínguez, municipio de Durango y su arresto hasta por treinta y seis horas, así como la ejecución de dichas órdenes por parte de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Durango. b. Consumados de manera irreparable. En el presente asunto existe imposibilidad jurídica para decidir sobre la constitucionalidad de los citados actos, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que se explica a continuación: El precepto legal en cita, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose por tales, aquellos en los que habiéndose emitido o ejecutado, sea materialmente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado al otorgarse la protección constitucional, como lo ordena el artículo 77 de ese ordenamiento, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos, volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cabe señalar que la consumación irreparable de que se habla es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. La razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no puede ser reparado por la concesión de la protección de la Justicia Federal. Ahora, en el caso, como ya se mencionó, la parte quejosa reclama las medidas de protección 03/2020 del índice del Juzgado Segundo Especializado en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango, mediante las cuales ordenó el desalojo del aquí quejoso del domicilio donde habitaba en la localidad de Belisario Domínguez, municipio de Durango y su arresto hasta por treinta y seis horas, así como su ejecución por parte de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Durango. Sin embargo, de las constancias que integran este juicio, de las diversas del juicio de amparo 986/2020 del índice de este juzgado de Distrito, promovido por el mismo quejoso, las cuales se tiene a la vista como hecho notorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, así como del oficio de cuenta rendido por el juez responsable, se advierte que lo siguiente: Que por oficio de cinco de noviembre de dos mil veinte, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos contra la Familia, solicitó al Juez de Control adscrito al Centro de Justicia para la Mujer del Primer Distrito Judicial, la aplicación de medidas de protección a la víctima Yadira Ruiz Burciaga. En atención a ello, en la misma fecha, el Juez Segundo Especializado en materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento Penal en Materia Penal del Primer Distrito Judicial, en la orden de protección 03/2020 tramitada contra Gabriela Mena Cruz, Nancy Félix Mena y Armando Félix Aragón, determinó como medidas de protección por el plazo de sesenta días naturales, prohibir a los mencionados acercarse o comunicarse a la víctima *** y, como consecuencia, ordenó a las primeras el desalojo del domicilio ubicado en domicilio conocido de la localidad de Belisario Domínguez, sin número, del Municipio de Durango, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se les impondría un medio de apremio consistente en el auxilio de la fuerza pública y arresto de hasta treinta y seis horas, conforme al numeral 104, fracción II, incisos c) y d) del Código Nacional de Procedimientos Penales. En escrito de seis de ese mes y año, ***, solicitaron al juez responsable se llevara a cabo la audiencia a que se refiere el precepto 137 de la indicada normativa, a efecto de que se les permitiera exponer lo correspondiente en derecho; el doce de noviembre de dos mil veinte, tuvo lugar la audiencia peticionada y, en ésta, el juez ratificó la orden de protección que emitió contra el hoy quejoso y las diversas personas. En escrito de diecisiete de noviembre del año inmediato anterior, Yadira Ruiz Burciaga, informó al juez de los autos que hasta esa fecha, los denunciados no se habían salido del domicilio, que entraban y salían de éste y se quedaban a dormir. Mediante proveído de veinte de noviembre de dos mil veinte (acto reclamado), la autoridad emisora del acto hizo saber a Armando Félix Aragón, que él también era sujeto restringido a la medida de protección dictada a favor de Yadira Ruiz Burciaga, por lo que le prohibió acercarse o comunicarse con ella y, por tanto, ordenó su desalojo del domicilio respectivo, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se le impondría un medio de apremio consistente en el auxilio de la fuerza pública y arresto de hasta treinta y seis horas. En el propio acuerdo se ordenó girar oficio a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Durango, para que presentara elementos a su cargo en el domicilio conocido en Belisario Domínguez y de encontrar a Gabriela Mena Cruz, Nancy Félix Mena y Armando Félix Aragón, se procediera a su arresto y traslado a los separos de reclusión de esa Dirección, por treinta y seis horas, con fundamento en el artículo 104, fracción II, inciso d) del Código Nacional de Procedimientos Penales. El encargado de amparos del Departamento Jurídico de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, informó que en atención a la orden dictada por el juez responsable, el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, a las diecinueve horas con ocho minutos aproximadamente, ejecutó el arresto del peticionario de garantías, el cual fue liberado el veinticuatro siguiente, a las dos horas con siete minutos, con motivo de la suspensión decretada en el mencionado juicio de amparo 986/2020. Asimismo, se desprende que por auto de cinco de febrero de dos mil veintiuno, por petición de la víctima Yadira Ruiz Burciaga, se autorizó la ampliación de la citada orden de protección por doce días naturales, los cuales concluyeron el diecisiete de febrero del citado año, debido a que dentro de la causa penal 149/2020, se habían señalado las doce horas del dieciséis del mismo mes y año, para que tuviera verificativo la audiencia de formulación de imputación por cita. El juez de origen, también informó que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el referido juicio de amparo 986/2020 del índice de este órgano jurisdiccional, dejó insubsistente el apercibimiento y el arresto ordenados contra el aquí quejosa ***, en auto de veinte de noviembre de dos mil veinte (acto reclamado). Además, comunicó que las aludidas órdenes de protección ya no se encontraban vigentes, debido a que el referido dieciséis de febrero del año en curso, se celebró la audiencia de formulación de imputación por cita dentro de la causa penal 149/2020, en la que los imputados se acogieron al beneficio de la duplicidad del plazo constitucional, se les impusieron medidas cautelares y, el veintidós del citado mes y año, se les dictó auto de vinculación a proceso, por el delito de violencia familiar; posteriormente, se decretó la suspensión condicional de proceso, teniendo a la víctima reparada del daño al recibir la cantidad de $4,800,00 (cuatro mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), se puso en libertad al directo quejoso ***, únicamente y exclusivamente por lo que respecta a esa causa penal y, finalmente, se señalaron las doce horas del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia de revisión del cumplimiento de dicha suspensión condicional del proceso. De manera que las órdenes de protección que reclama el quejoso a las autoridades señaladas como responsables, al ya haberse concluido y no estar vigentes, se han consumado de manera irreparable, lo que hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos e impide volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, al ser físicamente imposible reintegrarle del desalojo y arresto del que fue objeto por medio del presente amparo. Cobra aplicación al caso, por las razones que indica, la jurisprudencia siguiente: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar" Por tanto, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
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CITATORIO: PARTE QUEJOSA. ACUERDO 31-MAYO-2021 ...I. Cumple con requerimiento e informa. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Segundo Especializado en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, mediante el cual cumple con lo requerido en proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno y, al efecto, informa el estatus en que se encuentran actualmente las medidas de protección 03/2020 de donde deriva el acto reclamado, así como la causa penal 149/2020 de su índice. II. Sobresee fuera de audiencia. Ahora, del análisis del referido comunicado se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro, como se explica a continuación: a. Fijación de la litis. Primeramente, debe establecerse qué es lo reclamado en la demanda de garantías y el escrito aclaratorio, de los que se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: i. El auto de veinte de noviembre de dos mil veinte, emitido por el Juez Segundo Especializado en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango, dentro de las medidas de protección 03/2020 de su índice, mediante el cual, en lo que interesa, ordenó el desalojo del ahora quejoso del domicilio donde habitaba en la localidad de Belisario Domínguez, municipio de Durango y su arresto hasta por treinta y seis horas, así como la ejecución de dichas órdenes por parte de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Durango. b. Consumados de manera irreparable. En el presente asunto existe imposibilidad jurídica para decidir sobre la constitucionalidad de los citados actos, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que se explica a continuación: El precepto legal en cita, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose por tales, aquellos en los que habiéndose emitido o ejecutado, sea materialmente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado al otorgarse la protección constitucional, como lo ordena el artículo 77 de ese ordenamiento, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos, volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cabe señalar que la consumación irreparable de que se habla es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. La razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no puede ser reparado por la concesión de la protección de la Justicia Federal. Ahora, en el caso, como ya se mencionó, la parte quejosa reclama las medidas de protección 03/2020 del índice del Juzgado Segundo Especializado en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango, mediante las cuales ordenó el desalojo del aquí quejoso del domicilio donde habitaba en la localidad de Belisario Domínguez, municipio de Durango y su arresto hasta por treinta y seis horas, así como su ejecución por parte de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Durango. Sin embargo, de las constancias que integran este juicio, de las diversas del juicio de amparo 986/2020 del índice de este juzgado de Distrito, promovido por el mismo quejoso, las cuales se tiene a la vista como hecho notorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, así como del oficio de cuenta rendido por el juez responsable, se advierte que lo siguiente: Que por oficio de cinco de noviembre de dos mil veinte, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos contra la Familia, solicitó al Juez de Control adscrito al Centro de Justicia para la Mujer del Primer Distrito Judicial, la aplicación de medidas de protección a la víctima Yadira Ruiz Burciaga. En atención a ello, en la misma fecha, el Juez Segundo Especializado en materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento Penal en Materia Penal del Primer Distrito Judicial, en la orden de protección 03/2020 tramitada contra Gabriela Mena Cruz, Nancy Félix Mena y Armando Félix Aragón, determinó como medidas de protección por el plazo de sesenta días naturales, prohibir a los mencionados acercarse o comunicarse a la víctima *** y, como consecuencia, ordenó a las primeras el desalojo del domicilio ubicado en domicilio conocido de la localidad de Belisario Domínguez, sin número, del Municipio de Durango, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se les impondría un medio de apremio consistente en el auxilio de la fuerza pública y arresto de hasta treinta y seis horas, conforme al numeral 104, fracción II, incisos c) y d) del Código Nacional de Procedimientos Penales. En escrito de seis de ese mes y año, ***, solicitaron al juez responsable se llevara a cabo la audiencia a que se refiere el precepto 137 de la indicada normativa, a efecto de que se les permitiera exponer lo correspondiente en derecho; el doce de noviembre de dos mil veinte, tuvo lugar la audiencia peticionada y, en ésta, el juez ratificó la orden de protección que emitió contra el hoy quejoso y las diversas personas. En escrito de diecisiete de noviembre del año inmediato anterior, Yadira Ruiz Burciaga, informó al juez de los autos que hasta esa fecha, los denunciados no se habían salido del domicilio, que entraban y salían de éste y se quedaban a dormir. Mediante proveído de veinte de noviembre de dos mil veinte (acto reclamado), la autoridad emisora del acto hizo saber a Armando Félix Aragón, que él también era sujeto restringido a la medida de protección dictada a favor de Yadira Ruiz Burciaga, por lo que le prohibió acercarse o comunicarse con ella y, por tanto, ordenó su desalojo del domicilio respectivo, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se le impondría un medio de apremio consistente en el auxilio de la fuerza pública y arresto de hasta treinta y seis horas. En el propio acuerdo se ordenó girar oficio a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Durango, para que presentara elementos a su cargo en el domicilio conocido en Belisario Domínguez y de encontrar a Gabriela Mena Cruz, Nancy Félix Mena y Armando Félix Aragón, se procediera a su arresto y traslado a los separos de reclusión de esa Dirección, por treinta y seis horas, con fundamento en el artículo 104, fracción II, inciso d) del Código Nacional de Procedimientos Penales. El encargado de amparos del Departamento Jurídico de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, informó que en atención a la orden dictada por el juez responsable, el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, a las diecinueve horas con ocho minutos aproximadamente, ejecutó el arresto del peticionario de garantías, el cual fue liberado el veinticuatro siguiente, a las dos horas con siete minutos, con motivo de la suspensión decretada en el mencionado juicio de amparo 986/2020. Asimismo, se desprende que por auto de cinco de febrero de dos mil veintiuno, por petición de la víctima Yadira Ruiz Burciaga, se autorizó la ampliación de la citada orden de protección por doce días naturales, los cuales concluyeron el diecisiete de febrero del citado año, debido a que dentro de la causa penal 149/2020, se habían señalado las doce horas del dieciséis del mismo mes y año, para que tuviera verificativo la audiencia de formulación de imputación por cita. El juez de origen, también informó que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el referido juicio de amparo 986/2020 del índice de este órgano jurisdiccional, dejó insubsistente el apercibimiento y el arresto ordenados contra el aquí quejosa ***, en auto de veinte de noviembre de dos mil veinte (acto reclamado). Además, comunicó que las aludidas órdenes de protección ya no se encontraban vigentes, debido a que el referido dieciséis de febrero del año en curso, se celebró la audiencia de formulación de imputación por cita dentro de la causa penal 149/2020, en la que los imputados se acogieron al beneficio de la duplicidad del plazo constitucional, se les impusieron medidas cautelares y, el veintidós del citado mes y año, se les dictó auto de vinculación a proceso, por el delito de violencia familiar; posteriormente, se decretó la suspensión condicional de proceso, teniendo a la víctima reparada del daño al recibir la cantidad de $4,800,00 (cuatro mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), se puso en libertad al directo quejoso ***, únicamente y exclusivamente por lo que respecta a esa causa penal y, finalmente, se señalaron las doce horas del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia de revisión del cumplimiento de dicha suspensión condicional del proceso. De manera que las órdenes de protección que reclama el quejoso a las autoridades señaladas como responsables, al ya haberse concluido y no estar vigentes, se han consumado de manera irreparable, lo que hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos e impide volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, al ser físicamente imposible reintegrarle del desalojo y arresto del que fue objeto por medio del presente amparo. Cobra aplicación al caso, por las razones que indica, la jurisprudencia siguiente: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar" Por tanto, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
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