Armando Esquer Apodaca
Expediente 210/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 210/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Armando Esquer Apodaca
- ARMANDO ESQUER APODACA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veintidós de abril de dos mil veintidós, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Armando, Erasmo, Rosa Lidia, Mario Lorenzo, Beatriz Adriana, Maria Luisa, María Cruz, y María del Rosario, todos de apellidos Esquer Apodaca; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de veintidós de abril de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintidós de abril de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Armando, Erasmo, Rosa Lidia, Mario Lorenzo, Beatriz Adriana, Maria Luisa, María Cruz, y María del Rosario, todos de apellidos Esquer Apodaca; contra actos del Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado, con domicilio en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese con el número 210/2022-5B, en el Libro de Gobierno de este juzgado y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Análisis de la demanda de amparo. Ahora bien, la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J.128/2001, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 803, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de dos mil uno, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esto es, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible a páginas 648, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Causa de improcedencia que se actualiza. Atento a lo anterior, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 201, fracción I, del mismo ordenamiento jurídico, el prever este último que, contra el auto que tiene por cumplida la sentencia de amparo procede el recurso de inconformidad y no el juicio de amparo indirecto. Esto es, si en el caso se pretende combatir el debido o indebido cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el expediente 286/2020, el juicio de amparo será improcedente, porque contra los actos relativos a la debida ejecución del fallo protector procede el recurso de inconformidad. El artículo 61, fracción XXIII, y 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 201. El recurso de inconformidad procede contra la resolución que: I. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de esta Ley; ." Conforme el segundo numeral transcrito, el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Este precepto señala lo siguiente: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés." Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley." Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que la materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, lo constituye la resolución que declare cumplida la sentencia de amparo, esto es, el estudio recae, exclusivamente, en la materia determinada por la sentencia de amparo, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, sin que se pueda abordar el estudio de legalidad del acto emitido por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo; esto es (señaló el Más Alto Tribunal del país), el recurso en comento, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.120/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 774, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, correspondiente al mes de enero de dos mil catorce, Tomo II, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En el caso concreto, los quejosos señalan como acto reclamado el indebido cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el expediente 286/2020, del índice de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, al sostener que no se dejaron sin efectos todas las actuaciones procesales dictadas en el juicio sucesorio 42/1999, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar en Ahome, Sinaloa, en específico la cesión de derechos acaecida el treinta de octubre de dos mil doce, ratificada en fecha veinte de noviembre siguiente, y que este hecho, dio como resultado que la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, confirmara en apelación (no se especifica el número del toca), una nueva declaración de herederos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno (a la que no se llamó a todos los interesados), dictada por el citado Juzgado del Fuero Común, se afirme en la demanda de amparo. Lo anterior, conforme la siguiente transcripción: ". IV. ACTO RECLAMADO. De las autoridades señaladas como responsables les reclamo el desarrollo del juicio sucesorio intestamentario a bienes de nuestro finados padres ALFONSO ESQUER APODACA y MARÍA JESÚS APODACA ANTELO, recayendo bajo el expediente número 42/1999, en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar no dio CABAL CUMPLIMIENTO a lo ordenado por el Juez Quinto de Distrito con residencia en esta ciudad, ya que únicamente dejó sin efecto el emplazamiento que se nos hiciera a los suscriptores quejosos ARMANDO, BEATRIZ ADRIANA y MARÍA DEL ROSARIO, todos de apellidos ESQUER APODACA, ahora bien en dicha resolución del juicio de amparo el Juez Quinto de Distrito fue muy claro en señalar en la sentencia constitucional lo fue para dejar sin efecto el emplazamiento, así como la declaración de herederos de fecha (29) veintinueve de junio de 2012, dos mil doce, para que fuéramos llamados a juicio conforme a las reglas del procedimiento, ASIMISMO DEJARA SIN EFECTO LA DECLARACIÓN DE HEREDEROS DE FECHA 29 DE JUNIO DEL DOS MIL DOCE, ASÍ COMO LAS ACTUACIONES SUBSECUENTES QUE AFECTEN DIRECTAMENTE A LOS QUEJOSOS INCLUYENDO LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO AL JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO NÚMERO 42/1999, POR CONSIGUIENTE SE TIENE QUE DEJAR SIN EFECTOS LA CESIÓN DE DERECHOS DE FECHA 30 DE OCBRE DEL AÑO 2012, RATIFICADA EN FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, YA QUE TAL SUCESIÓN AFECTA DIRECTAMENTE A LOS QUEJOSOS ARMANDO, BEATRIZ ADRIANA y MÁRIA DEL ROSARIO, todos de apellidos ESQUER APODACA, ADEMÁS DE SER UNA ACTUACIÓN SUBSECUENTE A LOS EMPLAZAMIENTOS. Una vez dejado sin efecto la declaración de herederos y la sentencia de adjudicación, la Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, vuelve a dictarse otra junta de herederos, sin incluir a nuestros hermanos, es decir, a ERASMO, MÁRIA CRUZ, AURELIANO, MARIO LORENZO, MARÍA LUISA y a ROSA LIDIA TODOS DE APELLIDOS ESQUER APODACA, y con esta nueva declaración de herederos deja indefensos a nuestro demás hermanos ya que ellos supuestamente le habían cedido su parte a nuestra hermana MARÍA DE JESÚS ESQUER APODACA, por lo tanto dicha declaración de herederos debería de haberse incluido a nuestros hermanos, ya que el juez Quinto de Distrito en el Estado, había resuelto que se dejaba sin efecto el emplazamiento, declaración de herederos, ASÍ COMO LAS ACTUACIONES SUBSECUENTES QUE AFECTEN DIRECTAMENTE A LOS QUEJOSOS. ." Sin embargo, y como se adelantó, la demanda de amparo presentada en notoriamente improcedente, porque se pretende reclamar actos que debieron impugnarse a través del recurso de inconformidad dentro del juicio de amparo 286/2020; para ello, resulta de vital importancia tener en cuenta los siguientes antecedentes, que se obtienen del citado juicio de amparo, del índice de este Juzgado de Distrito: Armando, Aureliano, Erasmo, Rosa Lidia, Ubaldo, Mario Lorenzo, Beatriz, María Luisa, María Cruz y María Rosario, todos de apellidos Esquer Apodaca, presentaron demanda de amparo indirecto, contra el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, y actuarios adscritos, a quienes les reclamaron la falta de emplazamiento al juicio intestamentario 42/1999. La citada demanda de amparo se radicó en este Juzgado Quinto de Distrito, con el número de expediente 286/2020, y seguido en todas sus etapas procesales, el treinta de octubre de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva, en el siguiente sentido: ". RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Erasmo, María Cruz, Aureliano, Mario Lorenzo, María Luisa, y Rosa Lidia, todos de apellidos Esquer Apodaca, contra actos y autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar y Actuarios Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de su adscripción, por los motivos expuestos en el considerando tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Armando, Beatriz Adriana y María Rosario todos de apellidos Esquer Apodaca, contra los actos que reclaman al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar y Actuario Tercero de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el considerando octavo de esta sentencia. ." Inconforme con lo anterior, la tercero interesada María de Jesús Esquer Apodaca, interpuso recurso de revisión, del que conoció el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa (expediente 211/2020), órgano colegiado que dictó sentencia el siete de julio de dos mil veintiuno, en el sentido de confirmar, sobreseer y otorga la protección de la Justicia Federal a Armando, Beatriz Adriana, y Maria Rosario, todos de apellidos Esquer Apodaca. Después de diversos actos procesales, el veintisiete de octubre de dos mi veintiuno, se declaró cumplida la sentencia de amparo, y al respecto se adujo: ". En consecuencia, si el amparo se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable, dejara sin efecto solo el emplazamiento de los quejosos Armando, Beatriz Adriana y María Rosario, todos de apellidos Esquer Apodaca, para que los mismos fueran llamados a juicio conforme a las reglas del procedimiento; asimismo dejara sin efectos la declaración de herederos de veintinueve de junio de dos mil doce, así como las actuaciones subsecuentes que afecten directamente a los quejosos incluyendo la sentencia de adjudicación dentro del procedimiento relativo al juicio sucesorio intestamentario 42/1999, lo cual en la especie ya aconteció; por tanto, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, restituyéndose a la impetrante en el pleno goce de sus garantías violadas, en términos de lo que establecen los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos. ." El citado proveído causó estado el treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Lo antes narrado tiene valor probatorio pleno y constituye un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, ello de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; antecedentes de los que se advierte que el debido o indebido cumplimiento a la sentencia de amparo indirecto dictada en el expediente 286/2020, del índice de este Juzgado de Distrito, solo puede ser impugnado, en principio, en el citado cuaderno principal y, en segundo lugar, a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, interpuesto contra el auto que declare cumplida la ejecutoria de amparo. En efecto, con independencia de que no todos los promoventes de la demanda de amparo que nos ocupa, están legitimado para controvertir el debido o indebido cumplimiento a la sentencia de amparo (toda vez que en el juicio de amparo 286/2020, se sobreseyó por algunos agraviados y se concedió por otros), lo objetivamente cierto es que si aquéllos pretende reclamar el citado acto (cumplimiento al fallo protector), lo debieron hacer dentro de los autos del juicio biinstancial 286/2020, una vez que se declarara cumplida la sentencia, a través del recurso de inconformidad condigno, alegando en éste lo que ahora pretenden hacer valer en la vía constitucional, pues el citado recurso es el medio idóneo y eficaz para determinar si los efectos y alcances de la sentencia de amparo se están cumpliendo a cabalidad, sin excesos ni defectos. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia aludida con antelación, a nada práctico conduciría admitir una demanda de amparo notoria e indudablemente improcedente, pues aun cuando se admitiera la demanda y se ventilara el procedimiento, no es factible formarse una convicción diversa a la aquí señalada, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de la impetrante de garantías, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Calle Higuera, número 971 Fraccionamiento Álamos Uno, en esta ciudad y como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Alfredo Mizael Ruelas Chávez y Lorena Díaz de León.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO EL VEINTIDOS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS QUE DICE: Los Mochis, Sinaloa, veintidós de abril de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Armando, Erasmo, Rosa Lidia, Mario Lorenzo, Beatriz Adriana, Maria Luisa, María Cruz, y María del Rosario, todos de apellidos Esquer Apodaca; contra actos del Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado, con domicilio en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese con el número 210/2022-5B, en el Libro de Gobierno de este juzgado y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Análisis de la demanda de amparo. Ahora bien, la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J.128/2001, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 803, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de dos mil uno, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esto es, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible a páginas 648, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Causa de improcedencia que se actualiza. Atento a lo anterior, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 201, fracción I, del mismo ordenamiento jurídico, el prever este último que, contra el auto que tiene por cumplida la sentencia de amparo procede el recurso de inconformidad y no el juicio de amparo indirecto. Esto es, si en el caso se pretende combatir el debido o indebido cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el expediente 286/2020, el juicio de amparo será improcedente, porque contra los actos relativos a la debida ejecución del fallo protector procede el recurso de inconformidad. El artículo 61, fracción XXIII, y 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 201. El recurso de inconformidad procede contra la resolución que: I. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de esta Ley; ." Conforme el segundo numeral transcrito, el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Este precepto señala lo siguiente: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés." Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley." Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que la materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, lo constituye la resolución que declare cumplida la sentencia de amparo, esto es, el estudio recae, exclusivamente, en la materia determinada por la sentencia de amparo, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, sin que se pueda abordar el estudio de legalidad del acto emitido por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo; esto es (señaló el Más Alto Tribunal del país), el recurso en comento, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.120/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 774, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, correspondiente al mes de enero de dos mil catorce, Tomo II, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En el caso concreto, los quejosos señalan como acto reclamado el indebido cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el expediente 286/2020, del índice de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, al sostener que no se dejaron sin efectos todas las actuaciones procesales dictadas en el juicio sucesorio 42/1999, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar en Ahome, Sinaloa, en específico la cesión de derechos acaecida el treinta de octubre de dos mil doce, ratificada en fecha veinte de noviembre siguiente, y que este hecho, dio como resultado que la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, confirmara en apelación (no se especifica el número del toca), una nueva declaración de herederos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno (a la que no se llamó a todos los interesados), dictada por el citado Juzgado del Fuero Común, se afirme en la demanda de amparo. Lo anterior, conforme la siguiente transcripción: ". IV. ACTO RECLAMADO. De las autoridades señaladas como responsables les reclamo el desarrollo del juicio sucesorio intestamentario a bienes de nuestro finados padres ALFONSO ESQUER APODACA y MARÍA JESÚS APODACA ANTELO, recayendo bajo el expediente número 42/1999, en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar no dio CABAL CUMPLIMIENTO a lo ordenado por el Juez Quinto de Distrito con residencia en esta ciudad, ya que únicamente dejó sin efecto el emplazamiento que se nos hiciera a los suscriptores quejosos ARMANDO, BEATRIZ ADRIANA y MARÍA DEL ROSARIO, todos de apellidos ESQUER APODACA, ahora bien en dicha resolución del juicio de amparo el Juez Quinto de Distrito fue muy claro en señalar en la sentencia constitucional lo fue para dejar sin efecto el emplazamiento, así como la declaración de herederos de fecha (29) veintinueve de junio de 2012, dos mil doce, para que fuéramos llamados a juicio conforme a las reglas del procedimiento, ASIMISMO DEJARA SIN EFECTO LA DECLARACIÓN DE HEREDEROS DE FECHA 29 DE JUNIO DEL DOS MIL DOCE, ASÍ COMO LAS ACTUACIONES SUBSECUENTES QUE AFECTEN DIRECTAMENTE A LOS QUEJOSOS INCLUYENDO LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO AL JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO NÚMERO 42/1999, POR CONSIGUIENTE SE TIENE QUE DEJAR SIN EFECTOS LA CESIÓN DE DERECHOS DE FECHA 30 DE OCBRE DEL AÑO 2012, RATIFICADA EN FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, YA QUE TAL SUCESIÓN AFECTA DIRECTAMENTE A LOS QUEJOSOS ARMANDO, BEATRIZ ADRIANA y MÁRIA DEL ROSARIO, todos de apellidos ESQUER APODACA, ADEMÁS DE SER UNA ACTUACIÓN SUBSECUENTE A LOS EMPLAZAMIENTOS. Una vez dejado sin efecto la declaración de herederos y la sentencia de adjudicación, la Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, vuelve a dictarse otra junta de herederos, sin incluir a nuestros hermanos, es decir, a ERASMO, MÁRIA CRUZ, AURELIANO, MARIO LORENZO, MARÍA LUISA y a ROSA LIDIA TODOS DE APELLIDOS ESQUER APODACA, y con esta nueva declaración de herederos deja indefensos a nuestro demás hermanos ya que ellos supuestamente le habían cedido su parte a nuestra hermana MARÍA DE JESÚS ESQUER APODACA, por lo tanto dicha declaración de herederos debería de haberse incluido a nuestros hermanos, ya que el juez Quinto de Distrito en el Estado, había resuelto que se dejaba sin efecto el emplazamiento, declaración de herederos, ASÍ COMO LAS ACTUACIONES SUBSECUENTES QUE AFECTEN DIRECTAMENTE A LOS QUEJOSOS. ." Sin embargo, y como se adelantó, la demanda de amparo presentada en notoriamente improcedente, porque se pretende reclamar actos que debieron impugnarse a través del recurso de inconformidad dentro del juicio de amparo 286/2020; para ello, resulta de vital importancia tener en cuenta los siguientes antecedentes, que se obtienen del citado juicio de amparo, del índice de este Juzgado de Distrito: Armando, Aureliano, Erasmo, Rosa Lidia, Ubaldo, Mario Lorenzo, Beatriz, María Luisa, María Cruz y María Rosario, todos de apellidos Esquer Apodaca, presentaron demanda de amparo indirecto, contra el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, y actuarios adscritos, a quienes les reclamaron la falta de emplazamiento al juicio intestamentario 42/1999. La citada demanda de amparo se radicó en este Juzgado Quinto de Distrito, con el número de expediente 286/2020, y seguido en todas sus etapas procesales, el treinta de octubre de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva, en el siguiente sentido: ". RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Erasmo, María Cruz, Aureliano, Mario Lorenzo, María Luisa, y Rosa Lidia, todos de apellidos Esquer Apodaca, contra actos y autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar y Actuarios Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de su adscripción, por los motivos expuestos en el considerando tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Armando, Beatriz Adriana y María Rosario todos de apellidos Esquer Apodaca, contra los actos que reclaman al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar y Actuario Tercero de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el considerando octavo de esta sentencia. ." Inconforme con lo anterior, la tercero interesada María de Jesús Esquer Apodaca, interpuso recurso de revisión, del que conoció el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa (expediente 211/2020), órgano colegiado que dictó sentencia el siete de julio de dos mil veintiuno, en el sentido de confirmar, sobreseer y otorga la protección de la Justicia Federal a Armando, Beatriz Adriana, y Maria Rosario, todos de apellidos Esquer Apodaca. Después de diversos actos procesales, el veintisiete de octubre de dos mi veintiuno, se declaró cumplida la sentencia de amparo, y al respecto se adujo: ". En consecuencia, si el amparo se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable, dejara sin efecto solo el emplazamiento de los quejosos Armando, Beatriz Adriana y María Rosario, todos de apellidos Esquer Apodaca, para que los mismos fueran llamados a juicio conforme a las reglas del procedimiento; asimismo dejara sin efectos la declaración de herederos de veintinueve de junio de dos mil doce, así como las actuaciones subsecuentes que afecten directamente a los quejosos incluyendo la sentencia de adjudicación dentro del procedimiento relativo al juicio sucesorio intestamentario 42/1999, lo cual en la especie ya aconteció; por tanto, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, restituyéndose a la impetrante en el pleno goce de sus garantías violadas, en términos de lo que establecen los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos. ." El citado proveído causó estado el treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Lo antes narrado tiene valor probatorio pleno y constituye un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, ello de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; antecedentes de los que se advierte que el debido o indebido cumplimiento a la sentencia de amparo indirecto dictada en el expediente 286/2020, del índice de este Juzgado de Distrito, solo puede ser impugnado, en principio, en el citado cuaderno principal y, en segundo lugar, a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, interpuesto contra el auto que declare cumplida la ejecutoria de amparo. En efecto, con independencia de que no todos los promoventes de la demanda de amparo que nos ocupa, están legitimado para controvertir el debido o indebido cumplimiento a la sentencia de amparo (toda vez que en el juicio de amparo 286/2020, se sobreseyó por algunos agraviados y se concedió por otros), lo objetivamente cierto es que si aquéllos pretende reclamar el citado acto (cumplimiento al fallo protector), lo debieron hacer dentro de los autos del juicio biinstancial 286/2020, una vez que se declarara cumplida la sentencia, a través del recurso de inconformidad condigno, alegando en éste lo que ahora pretenden hacer valer en la vía constitucional, pues el citado recurso es el medio idóneo y eficaz para determinar si los efectos y alcances de la sentencia de amparo se están cumpliendo a cabalidad, sin excesos ni defectos. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia aludida con antelación, a nada práctico conduciría admitir una demanda de amparo notoria e indudablemente improcedente, pues aun cuando se admitiera la demanda y se ventilara el procedimiento, no es factible formarse una convicción diversa a la aquí señalada, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de la impetrante de garantías, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Calle Higuera, número 971 Fraccionamiento Álamos Uno, en esta ciudad y como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Alfredo Mizael Ruelas Chávez y Lorena Díaz de León.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes
- Armando Apodaca Reyes99/2019
- Armando Castro Acosta418/2022
- Armando Castro Hernández117/2020
- Armando Diaz Jimenez574/2018
- Armando Eleazar Montoya Gil489/2023
- Armando Esquer Apodaca286/2020
- ARMANDO FÉLIX GALINDO y Otros.760/2017
- Armando Flores Quintero709/2017
- Armando Javier Valenzuela Ochoa939/2014
- Armando Javier Valenzuela Ochoa644/2023
- Armando Loredo Buelna504/2018
- Armando Machado Galvez90/2019