Armando Espinoza Pérez
Expediente 287/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 287/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/04/2023
Partes del expediente
- Armando Espinoza Pérez
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a doce de abril de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por el Actuario del Poder Judicial de la Federación, adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con sede en la ciudad de Hermosillo, Sonora; mediante el cual informa que, en acuerdo dictado el diez de abril del presente año, admitió el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, y este Juzgado Federal; mismo que fue registrado con el número ********************. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a cuatro de abril de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido por el Actuario adscrito al Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo; mediante el cual informa que, en proveído dictado el uno de marzo de dos mil veintitrés, remitió los autos originales del juicio de amparo ******************** de su índice, al Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, para la substanciación el conflicto competencial suscitado, al reiterar las consideraciones de incompetencia; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a siete de marzo de dos mil veintitrés. Oficio -juicio de amparo recibido por incompetencia-. Agréguese a los autos para que obren como legalmente correspondan, la boleta de turno de demanda de amparo que remite la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, a la cual se anexa lo siguiente: 1. Oficio 5296/2023, signado por el Actuario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo; 2. Original del juicio de amparo ******************** del índice de dicho Juzgado Federal. Lo anterior, con motivo del acuerdo dictado el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo indirecto ********************, del índice de dicho órgano jurisdiccional; en el que declaró la competencia para conocer del juicio de amparo promovido por (1) ********************, al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California en turno, con residencia en esta ciudad, por los motivos allí precisados. Acuse. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Registro. En virtud de lo anterior, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número 287/2023. No acepta competencia. Ahora, atento al contenido de la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual la Juez oficiante determinó competente para conocer del juicio de amparo en cuestión, en razón al territorio; sin embargo, este Órgano Jurisdiccional no acepta la competencia planteada por las consideraciones que enseguida se expondrán. De inicio, es necesario establecer que la competencia doctrinariamente se identifica como el límite de la jurisdicción y de esa forma se traduce en la facultad que tiene un órgano jurisdiccional para ejercerla en determinados asuntos y dentro de cierto territorio. En esa lógica, un órgano jurisdiccional es competente para conocer del asunto cuando hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserva su conocimiento con preferencia a los demás órganos. Asimismo, una vez recibida la demanda y para efectos de determinar la competencia, deben tomarse en consideración los actos reclamados tal como hayan sido planteados en ella y los hechos manifestados bajo protesta de decir verdad, por ser los datos que objetivamente se tienen en ese momento; a diferencia de aquellos casos en que al recibirse los informes de la autoridad ejecutora se tiene conocimiento de la inexistencia de los actos y el quejoso no la desvirtúa, la competencia recaerá en el juez que corresponda conforme a las constancias allegadas al juicio. La anterior consideración se sustenta en la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de publicación, rubro y texto que a continuación se citan: "Registro digital: 278809 Instancia: Pleno Quinta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXXVIII, página 1820 Tipo: Aislada COMPETENCIA EN AMPARO, OPORTUNIDAD PARA PLANTEARLA. La jurisprudencia establece que si la declinatoria de incompetencia se hace antes de celebrarse la audiencia constitucional en el juicio de amparo, para los efectos de la competencia deben tomarse en consideración los actos reclamados, tal como hayan sido planteados en la demanda, lo que evidentemente demuestra que la competencia puede plantearse aun antes de celebrarse dicha audiencia." Respecto a lo anterior, en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el legislador estableció reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito; que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como se ve, la porción normativa establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: 1) Será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. Con base en el anterior marco normativo, los actos que se reclaman en el juicio de amparo se dividen en: 1. Los actos positivos son los que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima que vulnera sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. 2. Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad manifiesta su voluntad para no conceder al quejoso lo que estima que le corresponde. Dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta de las autoridades que se traduce en no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En ese sentido, los actos negativos se subdividen en: i) Actos negativos simples, son aquéllos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Para que se actualice la existencia de los actos negativos simples, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada. ii) Actos negativos con efectos positivos son aquellos que en apariencia son negativos, pero en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no solo exterioriza una negativa en relación con la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. iii) Por otra parte, los actos negativos prohibitivos son los que establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta. Se caracterizan porque la autoridad conmina al obligado a un "no hacer", por lo que se traduce en un verdadero hacer de la autoridad consistente en imponer al gobernado una obligación de abstenerse de llevar a cabo determinada conducta, lo que entraña una limitación a la actividad del gobernado. Por ello, los actos prohibitivos son una modalidad de los actos positivos, en la medida en que involucran el quehacer de la autoridad responsable para establecer una limitación en perjuicio del quejoso. 3. Por último, los actos omisivos o abstenciones son aquéllos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el justiciable. En relación con la naturaleza de los actos omisivos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que antes de pronunciarse sobre una posible omisión, es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, pasando por alto la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. Criterio jurídico que plasmó en la tesis: "Registro digital: 196080 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: 1a. XXIV/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Junio de 1998, página 53 Tipo: Aislada ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Una vez precisado lo anterior, el artículo 791 de la Ley Federal del Trabajo vigente a la fecha de la presentación del juicio laboral de origen, establece lo siguiente: "Artículo 791. Si la persona que deba absolver posiciones y responder preguntas tiene su residencia fuera del lugar donde se encuentre el Tribunal, éste librará exhorto para que cite al declarante y provea lo necesario para que comparezca ante éste por conducto del Tribunal exhortado el día y hora señalados para tal efecto; dicha prueba se rendirá vía remota a través de videoconferencia, en la que el tribunal exhortante conducirá el desahogo de la confesional. De lo previsto en dicho precepto legal se advierte que es obligación de la autoridad exhortante el conducir el desahogo de la confesional vía remota -videoconferencia-, cuando la persona que deba absolver posiciones y responder preguntas tenga su residencia fuera del lugar donde se encuentra éste. Aunado a que, los artículos 753, 757, 758 y 759 de la Ley Federal del Trabajo, contiene la obligación de la misma autoridad exhortante en vigilar que esa comunicación procesal se cumpla. Preceptos legales que indican: "Artículo 753. Las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de residencia de la Junta que conozca del juicio, deberán encomendarse por medio de exhorto al Presidente de la Junta de Conciliación o de Conciliación y Arbitraje o al de las Especiales, o a la autoridad más próxima al lugar en que deban practicarse dentro de la República Mexicana. [.] Artículo 757. La Junta deberá expedir los exhortos y despachos, al día siguiente de aquél en que surta sus efectos la resolución que los ordene. Artículo 758. Los exhortos y despachos que reciban las autoridades a que se refiere el artículo 753, se proveerán dentro de las setenta y dos horas siguientes a su recepción y se deberán diligenciar dentro de los cinco días siguientes, salvo en los casos en que por la naturaleza de lo que haya de practicarse, exija necesariamente mayor tiempo; en este caso, la autoridad requerida fijará el que crea conveniente sin que el término fijado pueda exceder de quince días. Artículo 759. Cuando se demore el cumplimiento de un exhorto, se recordará de oficio o a instancia de parte, a la autoridad exhortada; si a pesar del recordatorio continúa la demora, la autoridad exhortante lo pondrá en conocimiento del superior inmediato del exhortado." De ahí que, efectuado el análisis de la demanda de amparo presentada por el quejoso (1) ********************, se advierte que señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "3.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES: Antes H. JUNTA ESPECIAL NO.47 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, ahora OFICINA AUXILIAR DE LA JUNTA ESPECIAL, NO. 23 [.] OFICINA AUXILIAR DE LA JUNTA ESPECIAL, NO.59 [.] 4.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- De manera general se reclama a todas la autoridades la dilatación excesiva de las autoridades señaladas como Responsables en el desahogo de las pruebas pendientes y en diligenciarse los actos procesales respectivos, existiendo una abierta demora del procedimiento, transcurriendo a la fecha mucho más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en que se concluyó el plazo en el que legalmente debieron realizarse los actos procesales respectivos, tomando en cuenta que es el período máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria; resultando dichas dilataciones violatorias en mi perjuicio de los beneficios del dispositivo antes mencionado y en consecuencia de las garantías constitucionales previstas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. A).- En específico de la OFICINA AUXILIAR DE LA JUNTA ESPECIAL, NO. 23 con domicilio en Cananea, Sonora: se les atribuye la omisión de proveer todo los medios a su alcance para la desahogar las confesionales ofrecidas por la parte ACTORA en el juicio natural a cargo de los absolventes ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, mediante exhorto a ciudad de Mexicali, Baja California. Precisamente estas omisiones en proveer lo necesario para el desahogo de dichas probanzas se traducen en todas aquellas acciones de no hacer, como por ejemplo en enviar exhortos recordatorios, solicitar informes del avance de los desahogos las probanzas encargadas, todos en aras de proteger los principios de sencillez, celeridad y economía procesal. B).- En específico de la OFICINA AUXILIAR DE LA JUNTA ESPECIAL, NO. 59 con domicilio Mexicali, Baja California: se le atribuye la omisión de proveer todo los medios a su alcance como lo es señalar fecha y hora para que pueda tener verificativo el desahogo de las confesionales ofrecidas por la parte ACTORA en el juicio a cargo de los absolventes ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, así como ordenar al actuario la notificación del tercero interesado de la fecha y hora señalada para tal efecto, que mediante exhorto de fecha 12 de julio de 2022 y bajo oficio ******************** la entonces Junta No. 47 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en auxilio de labores le solicitó. La omisión que se le atribuye precisamente es señalar fecha y hora para el desahogo de la prueba confesional a cargo de dichas personas queda pendiente desahogar e informar a la Junta de origen y una vez diligenciado en su totalidad remitirlo al órgano jurisdiccional de origen. [.]" Por lo antes expuesto, este Órgano Jurisdiccional concluye que los actos reclamados si bien constituyen varias omisiones -ante el incumplimiento de obligaciones-, lo cierto es que conlleva el deber de cumplimiento, cuya ejecución es a cargo de la Junta Especial Número 47 de la Federal de Conciliación y Arbitraje -ahora Oficina Auxiliar de la Junta Especial número 23-, con sede en Cananea, Sonora (acto omisivo con efectos positivos). En ese sentido, atento a la regla prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto es el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, porque el deber de cumplimiento -en caso, que la omisión se declare inconstitucional- implicara un serie de actos de ejecución y reparación que deberán llevarse a cabo en la jurisdicción de la Junta Especial Número 47 de la Federal de Conciliación y Arbitraje -ahora Oficina Auxiliar de la Junta Especial número 23-, con sede en Cananea, Sonora. Tal consideración, por igualdad de razón, encuentra sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2023548 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 24/2021 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1873 Tipo: Jurisprudencia OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario." Aunado a lo anterior, resulta conveniente destacar la existencia una multiplicidad de actos, por lo que, en atención a los principios de continencia de la causa, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, previstos por el artículo 17 Constitucional, se estima que el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo. Lo anterior, pues ante la falta de regulación expresa para el supuesto en el que se reclamen una pluralidad de actos, se concluye que la circunstancia de que la parte quejosa haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir que, ese juzgado Federal, es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que la promovente optó por acudir ante él. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que invoca lo siguiente: "Registro digital: 2010698 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: I.16o.A.9 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II , página 1223 Tipo: Aislada COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas de competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) si puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, por ejemplo, la orden de bloqueo de una cuenta bancaria y su materialización, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro." Finalmente, no pasa inadvertido el contenido de la jurisprudencia de rubro "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO."; sin embargo, este Órgano Jurisdiccional no la considera aplicable en el presente asunto, dada la multiplicidad de actos; según fue razonado anteriormente. Máxime que, de manera conjunta a la cuestión de competencia territorial, se hace alusión a ese presupuesto, pero por razón de turno atento al conocimiento previo que tuvo el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, en el juicio de amparo indirecto ********************, en el que el acto reclamado lo constituyó la omisión de cita a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro de los términos previstos en la Ley Federal del Trabajo, ello con motivo del juicio laboral ******************** del índice del Junta Especial Número 47 de la Federal de Conciliación y Arbitraje -ahora Oficina Auxiliar de la Junta Especial número 23-, con sede en Cananea, Sonora, en aras de una pronta administración de justicia, acorde a lo previsto en el artículo 17 constitucional. Información que se obtuvo después de realizar una búsqueda respecto al nombre de la parte quejosa (1) ********************, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, consultar los datos del expediente -juicio de amparo ********************, del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo-, en la página de internet de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según logra apreciarse en la siguiente captura de pantalla: En el entendido que, la captura obligatoria de la información que los órganos jurisdiccionales realizan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -consultable a través de la página de internet de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal-, constituyen hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene sustento lo anterior, en el criterio pronunciado por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, cuyo rubro y texto que establecen: "Registro digital: 2009758 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Civil, Común Tesis: (V Región)3o.2 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, página 2181 Tipo: Aislada HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión." Además que, sobre ese tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 64/2018, determinó que cuando un Tribunal Colegiado de Circuito se niegue a conocer de un asunto porque otro tuvo conocimiento previo de este y el órgano contendiente también se niegue a resolverlo, pero aduciendo argumentos relativos a cuestiones propiamente competenciales, debe considerarse existente el conflicto competencial y declararse competente al órgano jurisdiccional que tuvo conocimiento previo, en aras de favorecer el conocimiento adquirido con anterioridad, para evitar que existan sentencias contradictorias y preservar los derechos fundamentales reconocidos por el artículo 17 de la Norma Suprema. La jurisprudencia en cita tiene el rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2017294 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 64/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, página 999 Tipo: Jurisprudencia CONFLICTO COMPETENCIAL. EXCEPCIÓN A SU INEXISTENCIA CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO SE NIEGAN A CONOCER DE UN ASUNTO POR RAZÓN DE TURNO Y/O CONOCIMIENTO PREVIO. De conformidad con el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 115/2011, (*) en los casos en que dos o más Tribunales Colegiados se nieguen a conocer de un asunto por razón de turno y/o conocimiento previo, sin que alguno de éstos exponga un argumento relativo a cuestiones propiamente competenciales (grado, materia o territorio), se estará en presencia de un problema o conflicto de turno que debe ser resuelto por el Consejo de la Judicatura Federal, y no así de un conflicto competencial que en términos de lo previsto por los artículos 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 48 bis de la Ley de Amparo, deba ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito se niegue a conocer de un asunto porque otro tuvo conocimiento previo de éste y el órgano contendiente también se niegue a resolverlo, pero aduciendo argumentos relativos a cuestiones propiamente competenciales, debe considerarse existente el conflicto competencial y declararse competente al órgano jurisdiccional que tuvo conocimiento previo, en aras de favorecer el conocimiento adquirido con anterioridad, para evitar que existan sentencias contradictorias y preservar los derechos fundamentales reconocidos por el artículo 17 de la Norma Suprema, dando mayor celeridad a la impartición de justicia." Dicho criterio, si bien alude a Tribunales Colegiados de Circuito, al tratarse del mismo supuesto legal que se analiza, pero donde contendieron Juzgados de Distrito, resulta aplicable por analogía. Precedentes. Similares consideraciones fueron materia de estudio en las ejecutorias dictadas en el conflicto competencial ********************, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito; el conflicto competencial ********************, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito; y, el conflicto competencial ********************, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito; resoluciones que se tiene a la vista a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación. Debe decirse que, las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación, constituyen hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se trae a la vista la referida resolución y los datos estadísticos que de dicho expediente aparecen en la citad red. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto que establecen: "Registro digital: 2017123 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 16/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10 Tipo: Jurisprudencia HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." No se acepta competencia. En esta tesitura, al haber conocido a prevención de la demanda de amparo que nos ocupa el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, respetuosamente, no acepta la competencia declinada. Devolución. En consecuencia, devuélvase a la autoridad oficiante el juicio de amparo indirecto ******************** de su índice, y anexos que acompaña, que a su vez dio origen al diverso 287/2023 del índice de este Juzgado Federal. Acuse. Solicítese a la citada autoridad declinante, el acuse de recibo correspondiente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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