Armando Espinosa Menendez
Expediente 1462/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1462/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Armando Espinosa Menendez
Actuaciones
- Principal
II... Vista la demanda de amparo promovida por Armando..., por propio derecho, contra actos del .... y otra autoridad; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1462/2023-II. Ahora bien, en virtud de que la competencia es una cuestión de previo pronunciamiento, pues de lo contrario las actuaciones que se desarrollaran en un juicio podrían ser anuladas al proveerse por una autoridad que legalmente no estaba facultada para conocer y resolver el asunto sometido, se procede a su análisis. Así, del estudio integral del escrito que se provee, se advierte que la parte quejosa reclama: - La orden que se hubiera girado para desposeerlo, desalojarlo o cualquier otro que pretenda limitar sus derechos de posesión de la casa ubicada en Casa 13, Calle Privada de Eucaliptos número 23 Bis, Zona B, colonia Lomas de Guadalupe, en la Ciudad de México. En tales condiciones, este Juzgado estima que carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 37, de la Ley de Amparo... Ahora, el precepto señalado en primer término, determina los parámetros para fijar la competencia en materia de amparo basadas propiamente en la posibilidad de ejecución material del acto reclamado, de tal suerte que si éste es susceptible de ser ejecutado será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción haya de efectuarse tal ejecución; y para el caso de que el acto reclamado no requiera de ella materialmente, lo será aquél en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, el ordinal transcrito establece tres hipótesis para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Dicho precepto alude a la "ejecución material", como criterio para asignar competencia por territorio a las y los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Es importante destacar, que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material y, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos Distritos diferentes. Asimismo, es de suma importancia tener en cuenta que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando se reclamen varios actos de los cuales unos tengan ejecución material y otros no, para fincar la competencia deberá tenerse en cuenta el acto reclamado que tenga ejecución, a fin de considerar competente a la o el Juez de Distrito del lugar en que vaya a ejecutarse. Ahora bien, como se precisó en el inicio de la presente determinación judicial, el acto reclamado por la parte quejosa atribuido al ...., lo constituye: La orden que se hubiera girado para desposeerlo, desalojarlo o cualquier otro que pretenda limitar sus derechos de posesión de la casa ubicada en .... Por tanto, para establecer el órgano jurisdiccional legalmente competente para conocer del presente asunto, opera la primera regla identificada anteriormente, esto es, la señalada en el inciso a), que precisa la competencia de la o el Juez de Distrito con motivo de la ejecución de los actos reclamados. Para ello, se debe atender a la literalidad de los supuestos establecidos en los dos primeros párrafos del artículo 37, de la Ley de Amparo, debido a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 389/2013, determinó que el texto del citado precepto legal, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, debe aplicarse conforme a su letra, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico o algún otro para desentrañar su sentido y alcance, esto es, para conocer la verdadera intención de quien lo creó. Lo anterior, explicó el Máximo Tribunal de la República, tiene justificación también en que al aplicarse textualmente el precepto analizado, se evita en gran medida la existencia de conflictos competenciales, lográndose de ese modo una operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de acceso expedito a la administración de justicia y de audiencia, los cuales implican la posibilidad de que las y los justiciables puedan acudir a la tutela jurisdiccional con el mínimo de obstáculos para ser oídos en su defensa, cumpliendo siempre los requisitos constitucionales y legales de procedencia; así como la prontitud en la emisión de la determinación jurisdiccional a través de la cual se soluciona el pleito sometido a la jurisdicción de las y los Jueces; en el entendido de que al realizarse esa interpretación de la norma legislativa, no pueden dejarse de considerar aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159, de la Ley de Amparo. En suma, concluyó la Primera Sala, de conformidad con los derechos fundamentales de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, reconocidos en los artículos 14, párrafo segundo, y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al diverso 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el texto del artículo 37, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, debe aplicarse de manera estricta a su texto, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico para desentrañar su sentido y alcance, pues en las condiciones anotadas, la intención de quien legisla quedó plasmada con toda claridad en el contenido de la norma. De lo que se sigue que, atendiendo a la literalidad de la norma, en la hipótesis de impugnaciones de actos con ejecución material, será competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Por tanto, el análisis del acto reclamado en la demanda de amparo corresponde conocer al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, pues es quien ejerce jurisdicción dentro de la circunscripción territorial en la que se resiente el perjuicio de la ejecución de que se duele la parte quejosa. Lo anterior, porque como se adelantó, opera la regla establecida en el artículo 37, párrafo primero, de la ley de la materia, que consigna que si el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto tiene ejecución material, la competencia se surte en favor de la Jueza o Juez que reside en la jurisdicción donde se materializan los efectos, esto es, donde debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado ya el acto reclamado. Lo anterior, como se obtiene de los artículos primero, fracción III, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En consecuencia, previa copia certificada que se deje en autos para formar cuaderno de antecedentes, remítase el original del presente juicio ... y una copia de demanda, al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno. Solicitando atentamente al órgano jurisdiccional que corresponda conocer de la competencia de mérito acuse de recibo e informe la determinación que recaiga la competencia planteada. Ahora, la parte quejosa señala como domicilio los estrados de este juzgado, pero como éstos no constituyen propiamente un domicilio, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29, ambos de la Ley de Amparo, notifíquese esta determinación, así como las subsecuentes, por medio de las listas que se fijan en este juzgado. Por otro lado, atento a lo aquí determinado, se autoriza a la persona que indica en términos del artículo 12 de la legislación en cita, con relación al 24 del mismo ordenamiento.... Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa.
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