Armando Espartaco De la Mora Mondragón
Expediente 1831/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1831/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/04/2022
Partes del expediente
- Armando Espartaco De la Mora Mondragón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vistos para resolver en el juicio de amparo 1831/2021, promovido por ******************, contra actos de la Titular del Centro de Evaluación de Control y Confianza de la Oficialía Mayor de la Fiscalía General de la República y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O ... Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, respecto de los actos precisados en el considerando segundo, conforme a lo expuesto en el último considerando de este fallo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y electrónicamente a la Agente del Ministerio Público. Así lo proveyó Celina Angélica Quintero Rico, Jueza de Distrito del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la secretaria Eliana Damián Gaspar que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veinticinco de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del órgano jurisdiccional.
- Principal
Ciudad de México, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Agréguese al presente expediente el oficio de cuenta, suscrito por la Titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Fiscalía General de la Republica, mediante el cual rinde su informe justificado, designa delegado, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, solicita la consulta del expediente electrónico y ofrece pruebas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 primer párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe de mérito, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. De igual manera, de conformidad con el numeral 9° de la Ley antes invocada, se tienen por designados como Delegados a las personas que mencionan, y por señalado como su domicilio procesal el que indican, conforme a lo que establece el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, siempre y cuando corresponda al de su domicilio oficial. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas documentales ofrecidas por la oficiante, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Por otra parte, ténganse por señalados los correos electrónicos que indica, como formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de conformidad con el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Finalmente, tal como lo solicita la responsable de mérito, se autoriza la consulta del expediente electrónico en virtud de que, conforme a la certificación de cuenta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontró los nombres de los usuarios ***************** que corresponden a ***********************, respectivamente. Se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que realice las autorizaciones necesarias para tal efecto. En la inteligencia de que las autorizaciones de mérito son independientes de aquéllas otorgadas para la consulta física del expediente, y que en el caso de que sea intención de la parte promovente revocarlas, deberá solicitarlo de manera expresa e independiente. Diferimiento Atento a lo anterior y tomando en consideración la certificación de cuenta, para dar margen a que las partes se impongan del informe de cuenta, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del diez de febrero de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, doce de enero de dos mil veintidós. Agréguense al presente expediente los oficios de cuenta, suscritos por el Director de Recursos Humanos de la Dirección General Adjunta de Apoyo Administrativo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y Administrador de Apoyo de la Dirección General Adjunta de Apoyo Administrativo, ambos de la Fiscalía General de la Republica, mediante los cuales rinden su informe justificado, respectivamente, designan delegados, señalan domicilio para oír y recibir notificaciones, solicitan la consulta del expediente electrónico y el primero en cita ofrece pruebas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 primer párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con los informes de mérito, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Atento a lo anterior y tomando en consideración la certificación de cuenta, en la que se asienta que se encuentran señaladas las trece horas con veinte minutos del dieciocho de enero del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional; es menester diferir anticipadamente de oficio la audiencia citada, a efecto de que transcurra el plazo de ley, por lo que, se fijan las trece horas con cuarenta minutos del veintiocho de enero de dos mil veintidós para que tenga verificativo. A lo anterior resulta aplicable, por el criterio que contiene, la jurisprudencia por contradicción de tesis número P./J./54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 5, cuyo rubro señala: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". De igual manera, de conformidad con el numeral 9° de la Ley antes invocada, se tienen por designados como Delegados a las personas que mencionan, y por señalado como su domicilio procesal el que indican, conforme a lo que establece el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, siempre y cuando corresponda al de su domicilio oficial. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas documentales ofrecidas por Director de Recursos Humanos de la Dirección General Adjunta de Apoyo Administrativo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la Republica, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Finalmente, tal como lo solicitan las responsables de mérito, se autoriza la consulta del expediente electrónico en virtud de que, conforme a la certificación de cuenta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontró los nombres de los usuarios *************** que corresponden a ******************, respectivamente. Se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que realice las autorizaciones necesarias para tal efecto. En la inteligencia de que las autorizaciones de mérito son independientes de aquéllas otorgadas para la consulta física del expediente, y que en el caso de que sea intención de la parte promovente revocarlas, deberá solicitarlo de manera expresa e independiente. Ahora bien, respecto de la solicitud de autorización de medios electrónicos, no ha lugar a dictar mayor proveído, en virtud de que con anterioridad se autorizó a la totalidad de las partes el uso de los mismos. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
- Incidental
. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Director de Recursos Humanos de la Dirección General Adjunta de Apoyo administrativo y Administrador de Apoyo Adscrito a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General adjunta de Apoyo ambos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y Titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza, todos de la Fiscalía General de la República, al rendir sus respectivos informes aceptaron los actos que se les atribuyen, en ese sentido se tienen por ciertos dichos los actos atribuidos. QUINTO. Concesión de la suspensión definitiva. Al respecto, para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 138 y 139 de la Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse con los siguientes requisitos: a) que al acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; b) que exista solicitud del quejoso (petición de parte e interés suspensional); c) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y d) que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al quejoso con la ejecución del acto; cubiertos los anteriores requisitos, debe llevarse a cabo e) un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Así, para realizar tal análisis, es necesario verificar los efectos para los cuales la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados en el apartado correspondiente de la demanda de amparo, pues únicamente respecto de éstos el juez de Distrito debe pronunciarse, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 111/2003, aplicada por analogía, publicada en la página noventa y ocho, en el tomo XVIII, correspondiente a diciembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos.". Por lo tanto, a continuación se analizará si en el caso se cumplen con los requisitos enunciados. En esa tesitura, por razón de técnica jurídica procede primeramente emitir pronunciamiento en relación a los efectos y consecuencias de los actos reclamados a las autoridades responsables correspondientes, que se hacen consistir en el inicio de algún procedimiento para orden de remover, cesar, destituir o dar por terminado los efectos del nombramiento de la parte quejosa como Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En principio, no es dable conceder la suspensión para el efecto de interrumpir la ejecución de la orden de remoción, cesación, destitución y/o término del nombramiento de la quejosa como agente del Ministerio Publico de la Federación, ya que se vulnerarían disposiciones de orden público y el interés colectivo, en caso de paralizar la orden ya emitida. Lo anterior, debido a que se trastocaría el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud que la sociedad está interesada en que esos servidores públicos desarrollen de manera íntegra la función que tienen encomendada por ser una función propia del Estado, lo que se verifica a través del cumplimiento de requisitos de permanencia. Esto es, no es procedente otorgar la medida cautelar respecto de los efectos y consecuencias de dichos actos, pues se trata de la separación del cargo por falta de idoneidad para su desempeño al tratarse de actos que tienden de manera directa o indirecta al debido ejercicio de la función pública. Sirve de apoyo la tesis aislada XVI.1o.A.T.17 K, Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA DETERMINACIÓN DE SEPARAR TEMPORALMENTE DEL CARGO A UN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN POR NO APROBAR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA, DADO QUE CON SU OTORGAMIENTO SE AFECTARÍA EL INTERÉS SOCIAL Y SE CONTRAVENDRÍAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Por mandato de los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o., fracción V, de la abrogada Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público de la Federación realiza funciones de interés público y general, al promover la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia. Por su parte, el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Carta Magna dispone que los agentes del Ministerio Públicos podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en aquéllos y que si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Así, las anteriores disposiciones constitucionales reflejan la preocupación del Poder Revisor de la Constitución y del legislador por salvaguardar el correcto ejercicio de la función de la representación social, de modo que únicamente pueda llevarse a cabo por personas sobre las que no exista dejo de duda con relación a que cumplen cabalmente los requisitos respecto a su ingreso y permanencia dentro de la mencionada procuraduría, dada la trascendencia de la función que tienen encomendada. En estas condiciones, los artículos 30, fracción I, inciso b) y 31, fracción II, inciso b), de la citada ley orgánica disponen como requisitos para permanecer como agente del Ministerio Público de la Federación de carrera, entre otros, el sometimiento y aprobación de los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño, los que serán permanentes, periódicos y obligatorios. Por tanto, es improcedente conceder la suspensión provisional contra la determinación que separa provisionalmente del cargo a un agente del Ministerio Público de la Federación por no aprobar los referidos procesos de evaluación, en razón de que con su otorgamiento se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público conforme al artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, pues la sociedad está interesada en que las funciones del Ministerio Público se realicen de la mejor manera." A mayor abundamiento, cabe señalar que el segundo párrafo de la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe categóricamente que los agentes del Ministerio Público de la Federación, entre otros servidores públicos, hayan sido separados de su cargo sean reincorporados, aun cuando obtengan resolución jurisdiccional que declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, por lo que de haberse ejecutado la remoción resulta improcedente conceder la suspensión para los efectos que la quejosa permanezca en el cargo o sea restituida en el mismo, de ahí que, de haberse ejecutado la orden, resulta improcedente conceder la suspensión con efectos retroactivos. b) Otorgamiento de la suspensión en el supuesto que se haya iniciado un procedimiento contra la parte quejosa por incumplir con los requisitos de permanencia. El artículo 128, de la Ley de Amparo dispone que para otorgarse la medida suspensional en el juicio de amparo deben cumplirse previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, entre ellos: a) la exigencia de que el quejoso pueda resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo; y, b) también debe realizarse la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social de la norma, o si regula disposiciones de orden público. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado también que el segundo párrafo de la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe categóricamente que los miembros de las instituciones policiales que hayan sido separados de su cargo sean reincorporados, aun cuando obtengan resolución jurisdiccional que declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, por lo que es claro que de llevarse a cabo alguna orden de separación que se reclama, con una resolución en que se determine tal separación, se generaría un daño irreparable a la parte quejosa, aun cuando la autoridad jurisdiccional resolviera que la resolución de separación fue injustificada, pues en este caso, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que proceda su reincorporación al servicio, por lo que es dable conceder la suspensión solicitada para el único efecto de que no se dicte la resolución en el procedimiento administrativo mientras se decide el juicio de amparo en el fondo. Tiene aplicación al caso la tesis 2a./J. 76/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 1, Agosto de 2012, página 921, que dice: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA DE SU CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO. Se transcribe) En tal sentido, acorde a este supuesto, con fundamento en lo establecido por los artículos 139 y 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para el efecto que en caso que exista un procedimiento de separación en contra de la parte quejosa por incumplir con un requisito de permanencia en la incorporación a la que pertenece se continúe con su tramitación pero no se emita determinación definitiva alguna, ya que es materia del fondo del presente juicio. Sin que lo anterior impida que este órgano jurisdiccional al contar con mayores elementos de prueba, o en su caso, al tener conocimiento de algún hecho superveniente que justifique tal proceder, revoque o modifique la presente determinación al resolver sobre la suspensión definitiva de los actos, o bien, en la vía y términos dispuestos en el artículo 154 de la ley de la materia. Asimismo, la presente medida suspensiva no surtirá sus efectos si las consecuencias de los actos reclamados ya fueron ejecutados, pues en ese caso se estaría en presencia de actos consumados, los cuales son insuspendibles, pues de hacerlo equivaldría a otorgarle efectos restitutorios a la parte quejosa, los cuales son propios de la sentencia que se pronuncie en el expediente principal de donde emana el presente incidente de suspensión, o bien, si los actos reclamados son dictados y ejecutados con motivo de una ejecutoria de amparo, o son dictados por autoridad distinta de las señaladas como responsables, o bien, los mismos derivan de un procedimiento donde la parte inconforme haya sido oída y vencida en forma definitiva en juicio. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los artículos 125, 138 y 140 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a ********************por los motivos que se exponen en los considerandos CUARTO y QUINTO de esta determinación. Notifíquese. Así, lo resolvió, Eliana Damián Gaspar, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización de vacaciones aprobada a la Titular de este órgano por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de diciembre de dos mil veintiuno, comunicada en el oficio CCJ/ST/4732/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo mencionado realizado en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, asistida de José Manuel Miguel Santiago, Secretario que autoriza y da fe.
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