Armando Espartaco de la Mora Mondragón

Expediente 57/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
57/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
15/11/2022

Partes del expediente

  • Armando Espartaco de la Mora Mondragón
  • José Artemio Zúñiga, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    MESA VII. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días que prevé el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de inconformidad contra el acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo en el presente juicio, sin que hayan hecho valer medio de impugnación alguno. En consecuencia, se declara firme dicho auto, por tanto, como se ordenó en el acuerdo de veintiuno de septiembre del año en curso, con fundamento en el ordinal 214 de la Ley de Amparo, interpretado en contrario sensu, archívese el presente expediente por ser asunto concluido. Asimismo, tómese conocimiento de la certificación secretarial relativa a la coincidencia de las constancias físicas y electrónicas que obran en los expedientes respectivos, para los efectos legales que haya lugar, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, inciso c), del artículo 21, de dicho acuerdo; y una vez que transcurra el plazo de seis meses, de conformidad con el arábigo 20, fracción II, inciso a), procédase a la DESTRUCCIÓN del duplicado del incidente de suspensión, intégrese copia de este auto en la citada incidencia. Devuélvase al Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, el tomo de pruebas que exhibió en auto de seis de enero de dos mil veintidós. Asimismo, se dejan a disposición de la parte quejosa los discos compactos que exhibió en auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, ya que resultan innecesaria su retención en este juzgado; en consecuencia, hágase del conocimiento que cuenta noventa días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, para que acuda a este juzgado con identificación oficial a recogerlos, previa identificación y constancias de recibo. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, serán destruidas de conformidad como lo dispone el artículo 21 segundo párrafo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, sin ulterior acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes esta determinación, para los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    CON MOTIVO DEL CITATORIO DEJADO A LA PARTE QUEJOSA SE NOTIFICA A ÉSTA EL CONTENIDO DEL AUTO DE QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS POR MEDIO DE LISTA...

  3. Principal

    MESA VII. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo otorgado a las partes en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, feneció el veinte de septiembre del año en curso, siendo que ninguna de ellas hizo valer esa prerrogativa; ahora bien, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a resolver si la sentencia concesoria se encuentra cumplida. En tales condiciones, se tiene que en sentencia engrosada el siete de julio de dos mil veintidós, en lo que ahora interesa, al quejoso *** se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "1. El Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, dentro de los tres días posteriores a que cause ejecutoria esta sentencia, de manera congruente, fundada y motivada, dé respuesta a lo solicitado por el quejoso *** el cinco de diciembre de dos mil veintiuno. "2. Notifique personalmente al quejoso. Determinación que no fue recurrida por ninguna de las partes, entonces el ocho de agosto de dos mil veintidós causo ejecutoria. En esa fecha, se requirió a la autoridad ordenadora responsable el cumplimiento a dicha ejecutoria. Al respecto, por oficio ***, de quince de agosto de dos mil veintidós, recibido al siguiente día, el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, informó que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se tuvo a dicha responsable informando el cumplimiento concerniente al primer motivo de la concesión de amparo, esto es, dar respuesta a la solicitud del quejoso (fojas 280 a 284). Sin embargo, con relación al segundo efecto, concerniente a la notificación personal que se hiciera al quejoso, no remitió dicha constancia, por lo que se le exigió se pronunciara al respecto. Así, el treinta de agosto de dos mil veintidós, remitió el oficio ***, al que se anexó la constancia de notificación personal electrónica realizada al representante legal del quejoso (fojas 290 y 291). En ese sentido, del examen de las documentales que acompañó la autoridad responsable, respecto a la determinación que remitió en apoyo al cumplimiento de la ejecutoria que se le ordenó y las cuales, adquieren valor probatorio de conformidad con los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 2 de la ley de la materia. Se advierte que llevó a cabo lo siguiente: El quince de agosto de dos mil veintidós, dio respuesta a la petición que formuló *** el cinco de diciembre de dos mil veintiuno, en los siguientes términos: ". se atiende el escrito presentado vía interconexión el cinco de diciembre de dos mil veintiuno por ***, mediante el cual plantea: Solicitud de nulidad oficiosa de actos procedimentales. respecto la violación de derechos humanos ejecutada en la técnica de investigación ***, a fin de anular todos los elementos probatorios obtenidos, así como los aseguramientos decretados de manera inconstitucional e ilegal; y, Petición de nulidad oficiosa respecto de todos los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación ***, relacionados con los audios de la intervención de comunicaciones autorizada en la técnica de investigación *** del índice del Juez Segundo del Centro Nacional de Justica en Control de Técnicas, Arraigo e Intervención de Comunicaciones Privadas, pues refiere que los mismos se aplicaron de manera incorrecta en su contra." ". Por lo que hace a la petición reseñada. no ha lugar acordar de conformidad, toda vez que no es parte procesal en la presente técnica de investigación; además, la actuación de este Centro de Justicia Penal Federal en las técnicas de investigación, concluye con la emisión de la resolución respectiva, como enseguida se explica: I) No es parte procesal en la presente técnica de investigación. ". la presente técnica de investigación se refiere a una orden de cateo. solicitada por la fiscalía de la Federación, es menester destacar lo que disponen en su parte conducente los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 283 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber: (los transcribe). "Así, del análisis sistemático de los preceptos legales invocados se desprende que las técnicas de investigación relativas a las órdenes de cateo, deberán ser resueltas por la autoridad jurisdiccional, por cualquier medio que garantice su autenticidad o mediante una audiencia privada, en la que únicamente deberá comparecer la representación social; por ende, la resolución respectiva (ya sea en audiencia o por escrito), deberá ser entregada exclusivamente al Ministerio Público. "En ese sentido, se colige que en las técnicas de investigación de la naturaleza aludida es imperioso preservar el sigilo que caracteriza la indagatoria para no entorpecer la investigación de los hechos. "De ahí que, al establecer la propia legislación procesal en los actos de investigación que requieran control judicial como son la orden de cateo. sólo se dará intervención al Ministerio Público, no es viable tener al quejoso como parte procesal en la presente técnica de investigación. "Máxime que, el acto de nulidad que pretende hacer valer el quejoso en términos de los artículos 97 y 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es procedente una vez judicializada o formalizada la carpeta de investigación, lo que en el caso no ocurre, puesto que como se adujo, el acto de investigación que se materializó -cateo- lo fue en términos de los artículos 282 y 283 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de integrar la carpeta de investigación, cuya facultad de investigación del Fiscal de la Federación encuentra sustento en el artículo 21 Constitucional. para que a la postre, de ser el caso proceder a judicializar o formalizar la investigación ante el órgano jurisdiccional, quien en términos de los artículos primigeniamente citados, ya sea en sede judicial previo debate entre las partes, puede declarar la nulidad de ese acto por estimarse realizado con violación de derechos humanos. II) La actuación de este Centro de Justicia Penal Federal en las técnicas de investigación, concluye con la emisión de la resolución respectiva. "Tocante a esta consideración, es dable observar que los artículos 282 y 283 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen el procedimiento para sustanciar la técnica de investigación de alusión, el cual únicamente se conforma por: 1) la solicitud de orden de cateo formulada por la representación social; y 2) la resolución que ordena el cateo. ". en términos de los preceptos invocados, la autoridad judicial ante quien se solicite un acto de investigación como los es la orden de cateo, no tiene mayor intervención en esa técnica de investigación, pues se itera, la misma culmina al momento de su resolución. "Por otra parte, en cuanto hace a la petición del quejoso identificada en el inciso b), esta potestad está impedida para emitir pronunciamiento al respecto, toda vez que, tal como lo destacó el impetrante de amparo en el escrito que ahora se da contestación, su solicitud recae en la técnica de investigación *** del Juez Segundo del Centro Nacional de Justicia en Control de Técnicas, Arraigo e Intervención de Comunicaciones Privadas; es decir, no corresponde a un consecutivo de este Centro de Justicia Penal Federal, incluso la técnica de investigación *** de esta sede no tiene relación con el quejoso de mérito. "No obstante lo anterior. se deja a salvo el derecho del quejoso para promover las acciones legales que estime pertinentes ante las autoridades correspondientes." En las relatadas circunstancias, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, en virtud de que la autoridad responsable, atendió la solicitud que formuló el quejoso el cinco de diciembre de dos mil veintiuno y de manera congruente, fundada y motivada, le dio respuesta y de ello, notificó personalmente al quejoso por conducto de su representante legal. En esas condiciones, conforme lo prevé el numeral 196 de la ley de la materia, se ordena archivar este asunto como concluido. Se determina que este expediente es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, ya que se concedió la protección constitucional; por lo que en su momento únicamente se dejaran para su conservación la demanda de amparo, la resolución recurrida y la sentencia que puso fin al juicio, así como esta determinación, y se destruirán el resto por considerar que no tienen relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo dispone el último párrafo del citado artículo, una vez que transcurran tres años y terminado el proceso de depuración, deberá transferirse el expediente a los depósitos documentales de la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno. Finalmente, la decisión que precede, en modo alguno restringe el derechos de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el artículo 202 del referido ordenamiento legal.

  4. Principal

    MESA VII. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo otorgado a las partes en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, feneció el veinte de septiembre del año en curso, siendo que ninguna de ellas hizo valer esa prerrogativa; ahora bien, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a resolver si la sentencia concesoria se encuentra cumplida. En tales condiciones, se tiene que en sentencia engrosada el siete de julio de dos mil veintidós, en lo que ahora interesa, al quejoso *** se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "1. El Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, dentro de los tres días posteriores a que cause ejecutoria esta sentencia, de manera congruente, fundada y motivada, dé respuesta a lo solicitado por el quejoso *** el cinco de diciembre de dos mil veintiuno. "2. Notifique personalmente al quejoso. Determinación que no fue recurrida por ninguna de las partes, entonces el ocho de agosto de dos mil veintidós causo ejecutoria. En esa fecha, se requirió a la autoridad ordenadora responsable el cumplimiento a dicha ejecutoria. Al respecto, por oficio ***, de quince de agosto de dos mil veintidós, recibido al siguiente día, el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, informó que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se tuvo a dicha responsable informando el cumplimiento concerniente al primer motivo de la concesión de amparo, esto es, dar respuesta a la solicitud del quejoso (fojas 280 a 284). Sin embargo, con relación al segundo efecto, concerniente a la notificación personal que se hiciera al quejoso, no remitió dicha constancia, por lo que se le exigió se pronunciara al respecto. Así, el treinta de agosto de dos mil veintidós, remitió el oficio ***, al que se anexó la constancia de notificación personal electrónica realizada al representante legal del quejoso (fojas 290 y 291). En ese sentido, del examen de las documentales que acompañó la autoridad responsable, respecto a la determinación que remitió en apoyo al cumplimiento de la ejecutoria que se le ordenó y las cuales, adquieren valor probatorio de conformidad con los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 2 de la ley de la materia. Se advierte que llevó a cabo lo siguiente: El quince de agosto de dos mil veintidós, dio respuesta a la petición que formuló *** el cinco de diciembre de dos mil veintiuno, en los siguientes términos: ". se atiende el escrito presentado vía interconexión el cinco de diciembre de dos mil veintiuno por ***, mediante el cual plantea: Solicitud de nulidad oficiosa de actos procedimentales. respecto la violación de derechos humanos ejecutada en la técnica de investigación ***, a fin de anular todos los elementos probatorios obtenidos, así como los aseguramientos decretados de manera inconstitucional e ilegal; y, Petición de nulidad oficiosa respecto de todos los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación ***, relacionados con los audios de la intervención de comunicaciones autorizada en la técnica de investigación *** del índice del Juez Segundo del Centro Nacional de Justica en Control de Técnicas, Arraigo e Intervención de Comunicaciones Privadas, pues refiere que los mismos se aplicaron de manera incorrecta en su contra." ". Por lo que hace a la petición reseñada. no ha lugar acordar de conformidad, toda vez que no es parte procesal en la presente técnica de investigación; además, la actuación de este Centro de Justicia Penal Federal en las técnicas de investigación, concluye con la emisión de la resolución respectiva, como enseguida se explica: I) No es parte procesal en la presente técnica de investigación. ". la presente técnica de investigación se refiere a una orden de cateo. solicitada por la fiscalía de la Federación, es menester destacar lo que disponen en su parte conducente los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 283 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber: (los transcribe). "Así, del análisis sistemático de los preceptos legales invocados se desprende que las técnicas de investigación relativas a las órdenes de cateo, deberán ser resueltas por la autoridad jurisdiccional, por cualquier medio que garantice su autenticidad o mediante una audiencia privada, en la que únicamente deberá comparecer la representación social; por ende, la resolución respectiva (ya sea en audiencia o por escrito), deberá ser entregada exclusivamente al Ministerio Público. "En ese sentido, se colige que en las técnicas de investigación de la naturaleza aludida es imperioso preservar el sigilo que caracteriza la indagatoria para no entorpecer la investigación de los hechos. "De ahí que, al establecer la propia legislación procesal en los actos de investigación que requieran control judicial como son la orden de cateo. sólo se dará intervención al Ministerio Público, no es viable tener al quejoso como parte procesal en la presente técnica de investigación. "Máxime que, el acto de nulidad que pretende hacer valer el quejoso en términos de los artículos 97 y 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es procedente una vez judicializada o formalizada la carpeta de investigación, lo que en el caso no ocurre, puesto que como se adujo, el acto de investigación que se materializó -cateo- lo fue en términos de los artículos 282 y 283 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de integrar la carpeta de investigación, cuya facultad de investigación del Fiscal de la Federación encuentra sustento en el artículo 21 Constitucional. para que a la postre, de ser el caso proceder a judicializar o formalizar la investigación ante el órgano jurisdiccional, quien en términos de los artículos primigeniamente citados, ya sea en sede judicial previo debate entre las partes, puede declarar la nulidad de ese acto por estimarse realizado con violación de derechos humanos. II) La actuación de este Centro de Justicia Penal Federal en las técnicas de investigación, concluye con la emisión de la resolución respectiva. "Tocante a esta consideración, es dable observar que los artículos 282 y 283 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen el procedimiento para sustanciar la técnica de investigación de alusión, el cual únicamente se conforma por: 1) la solicitud de orden de cateo formulada por la representación social; y 2) la resolución que ordena el cateo. ". en términos de los preceptos invocados, la autoridad judicial ante quien se solicite un acto de investigación como los es la orden de cateo, no tiene mayor intervención en esa técnica de investigación, pues se itera, la misma culmina al momento de su resolución. "Por otra parte, en cuanto hace a la petición del quejoso identificada en el inciso b), esta potestad está impedida para emitir pronunciamiento al respecto, toda vez que, tal como lo destacó el impetrante de amparo en el escrito que ahora se da contestación, su solicitud recae en la técnica de investigación *** del Juez Segundo del Centro Nacional de Justicia en Control de Técnicas, Arraigo e Intervención de Comunicaciones Privadas; es decir, no corresponde a un consecutivo de este Centro de Justicia Penal Federal, incluso la técnica de investigación *** de esta sede no tiene relación con el quejoso de mérito. "No obstante lo anterior. se deja a salvo el derecho del quejoso para promover las acciones legales que estime pertinentes ante las autoridades correspondientes." En las relatadas circunstancias, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, en virtud de que la autoridad responsable, atendió la solicitud que formuló el quejoso el cinco de diciembre de dos mil veintiuno y de manera congruente, fundada y motivada, le dio respuesta y de ello, notificó personalmente al quejoso por conducto de su representante legal. En esas condiciones, conforme lo prevé el numeral 196 de la ley de la materia, se ordena archivar este asunto como concluido. Se determina que este expediente es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, ya que se concedió la protección constitucional; por lo que en su momento únicamente se dejaran para su conservación la demanda de amparo, la resolución recurrida y la sentencia que puso fin al juicio, así como esta determinación, y se destruirán el resto por considerar que no tienen relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo dispone el último párrafo del citado artículo, una vez que transcurran tres años y terminado el proceso de depuración, deberá transferirse el expediente a los depósitos documentales de la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno. Finalmente, la decisión que precede, en modo alguno restringe el derechos de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el artículo 202 del referido ordenamiento legal.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,669 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano