Armando Dozal Escudero
Expediente 488/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 488/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Armando Dozal Escudero
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 27 DE MAYO DE 2022, QUE REZA: I. Causa estado. Vista la certificación que antecede y como de ella se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo y no se recurrió el proveído de diez de mayo del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo por la que se formó este expediente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ese acuerdo ha causado estado. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Devolución de documentos. Se previene al quejoso para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibido que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 7/2022, respecto al periodo de su vigencia, indíquesele a la aludida parte que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO 10 DE MAYO DE 2022, QUE REZA: I. Se desahoga prevención. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por el quejoso ********************, a través del cual desahoga la prevención formulada en auto de veintiséis de abril del año en curso, por consiguiente se acuerda: II. Fijación de la litis. Ahora bien, vista la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que el solicitante del amparo reclama: El citatorio emitido el quince de marzo de la presente anualidad, dentro del ********************, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, a fin de que se presente a la audiencia de impugnación, que tendrá verificativo a las dieciséis horas del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en su calidad de probable investigado. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." III. Desechamiento. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del referido artículo se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Por tanto, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Sentado lo anterior, es preciso señalar que en el presente caso se impugna el citatorio emitido el quince de marzo de la presente anualidad, dentro del ********************, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, a fin de que se presente a la audiencia de impugnación, que tendrá verificativo a las dieciséis horas del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en su calidad de probable investigado; acto respecto al cual este tribunal estima que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del numeral 61, en relación con el diverso 5º, fracción I, de la Ley de Amparo. Los numerales que contemplan la causa de improcedencia actualizada disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Al respecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos numerales 5º y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que solo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso. Ello, ya que conforme a lo establecido en la primera de las disposiciones legales citadas, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial- siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. De ahí que ese agravio debe recaer en algún derecho jurídicamente tutelado en favor de quien acude en demanda de amparo, concretarse en él y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. De manera que para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere por una parte la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, el perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle; habida cuenta que si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal, o en caso de existir, no se resienta perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados, no es viable tener por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia. Esto es, para que proceda la acción constitucional, no basta que se manifieste o en su caso se acredite algún interés cualquiera o simple; esto, sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione algún perjuicio por los actos de autoridad reclamados. Así, es válido concluir que únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener un interés legítimo individual o colectivo, cuando los actos reclamados provengan de actos administrativos que no sean jurisdiccionales, pues así lo establece el segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional. Esto es, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un interés jurídico, no legítimo. Por otro lado, del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que el procedimiento penal comprende tres etapas: 1.1 La de investigación, que abarca las fases de: a) investigación inicial, que inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; y b) La complementaria, que comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. 1.2 La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. 1.3 La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. En el caso, la etapa que interesa es la de investigación inicial, en lo atinente a los deberes de investigación conferidos al agente del Ministerio Público, previstos en el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permiten allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión; entre otros, a través de la citación del imputado, testigos, peritos y demás personas a quienes les resulte cita dentro de la carpeta de investigación respectiva. En ese sentido, el acto reclamado consistente en la citación emitida el quince de marzo de la presente anualidad, dentro del ********************, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, a fin de que se presente a la audiencia de impugnación, que tendrá verificativo a las dieciséis horas del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en su calidad de probable investigado, no ocasiona un perjuicio en la esfera de derechos del quejoso, pues en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, el Ministerio Público cumple con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social, aunado a que la citación a la audiencia de impugnación, tiene la finalidad de comunicarle lo que en la misma se resolverá, dado que cuenta con la calidad de probable investigado en el proceso penal de origen. Ello es así, pues la citación del imputado es un acto tendiente y procesalmente indispensable en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, reviste el carácter de actos de autoridad, pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social, así como la citación a audiencia tiene como finalidad que el impetrante tenga conocimiento de lo que en la misma se resolverá, dado que cuenta con la calidad de probable investigado, por lo que el desarrollo y substanciación del aludido procedimiento penal tiene bases constitucionales en la administración e impartición de justicia, conforme al artículo 17 Constitucional y, por lo mismo, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un Estado de Derecho y a la administración de justicia; de lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, así como la impartición de justicia propia del Juez de Control, conforme a los numerales 17 y 21 de la Carta Magna, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Surte aplicabilidad al caso, la tesis número II.2o.P.51 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 2601, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, (registro 2015368), que literalmente dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente." Además, se reitera que no puede considerarse que la citación para llevar a cabo la multicitada audiencia ocasione un perjuicio en la esfera de derechos del quejoso, ya que éste se cristalizará hasta en tanto se determine si procede imponer alguna medida de apremio, en caso de que no se atienda el citatorio; sin embargo, incluso su libramiento emerge como un acto futuro de realización incierta que dependerá de la acción del ministerio público o del juez de control, quien ante la contumacia del solicitante del amparo, puede optar por ordenar un nuevo citatorio con apercibimiento. En efecto, el hecho de que conforme a la fracción II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y que el representante social o el juez de control solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. En el entendido que si bien el solicitante del amparo debe comparecer en su calidad de probable investigado para llevar a cabo la audiencia de impugnación en la que se le comunicará el resultado de aquella, ello no puede considerarse que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca respetar sus derechos fundamentales de audiencia y defensa, pero no privar de la libertad al probable investigado. Sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que conforme a los artículos 215 y 104, fracción I, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda imponerse una multa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social o juez de control haga efectiva la multa. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional concluye que el acto reclamado consistente en la citación para acudir a la audiencia, no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso, y por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del numeral 61, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar la presente demanda de amparo; lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a todo lo anterior, por las razones que la sostienen, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), con número de registro 2018828; sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 239, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; del rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.
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