Armando Domínguez Domínguez

Expediente 561/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
561/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
27/07/2021

Partes del expediente

  • Armando Domínguez Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    ...se declara que ha causado estado el referido auto.. archívese este asunto como concluido... este expediente es susceptible de ser destruido....

  2. Principal

    ... se desecha la demanda de amparo origen de este asunto, únicamente respecto del acto reclamado consistente en la omisión de los fiscales precisados en su escrito de demanda, de citar al aquí quejoso en las carpetas de investigación que se estén integrando en su contra.... Notifíquese personalmente a la parte promovente....

  3. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LAS PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DE LA RESOLUCIÓN DE NUEVE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO DEJADO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: . Xalapa-Enríquez, Veracruz, nueve de julio de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Armando Domínguez Domínguez, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Veracruz y otra autoridad, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 561/2021. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como acto reclamado la omisión de concluir la investigación y emitir la determinación correspondiente en la carpeta de investigación UIPJ/DXI/F-10/223/2020 del índice de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de la Fiscalía Regional de Xalapa, Veracruz. Consecuentemente, si la integración de una carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Fiscal en el ámbito de sus atribuciones reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, por lo que la suscrita estima que la demanda que se intenta deviene improcedente y debe desecharse atendiendo a los siguientes argumentos. Al respecto, conviene asentar que de acuerdo con los artículos 107, fracción III1 de la Constitución Federal, 107, fracción V, 61, fracción XXIII2, 107, fracción V, 1 ".Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". 2 ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.????interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, la integración de la investigación ministerial únicamente tiene por objeto que la institución del ministerio público proceda en cumplimiento a sus atribuciones previstas por el artículo 21 de la Constitución General de la República, tomando en consideración que éste es el representante de la sociedad y por ello a su criterio si considera que en la investigación ministerial hay material probatorio suficiente para proceder a la consignación de la investigación, lo cual conlleva a la procuración del derecho social de perseguir los delitos, lo que únicamente es facultad de dicha institución, por lo tanto, de ninguna manera de una controversia constitucional, pues en el caso de concederse el amparo sería para el efecto de que se ejercitara la acción penal o en su defecto para que no lo hiciera; y esto equivaldría a dejar al arbitrio de los tribunales federales la persecución de los delitos, en contravención al contexto del artículo 21 invocado, dado que los órganos de la federación en su carácter de medios de control constitucional, únicamente están facultados para verificar que los actos emitidos por las autoridades cumplan con lo previsto por la constitución y de las leyes que de ella emana. En ese sentido, si el quejoso se duele de la omisión de concluir la investigación y emitir la determinación correspondiente en la carpeta de investigación UIPJ/DXI/F-10/223/2020 del índice de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de la Fiscalía Regional de Xalapa, Veracruz, ello no constituye un acto que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho humano contenido en la carta magna, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con posterioridad, por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trata, además, de considerar lo contrario, se entorpecería la facultad del Fiscal de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Tiene aplicación al caso, la tesis XXVII.3o.48 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 10 de noviembre de 2017 10:21 h, de rubro: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. Asimismo, tiene aplicación al caso, la tesis VI.2o.P.59 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 14 de junio de 2019, de rubro y texto: "ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL HECHO DE QUE UNA PERSONA ESTÉ SIENDO INVESTIGADA DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ES INSUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE ADQUIRIÓ LA CALIDAD DE IMPUTADA Y, POR TANTO, QUE DEBE OTORGÁRSELE. El artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correspondencia con el diverso 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen una restricción de acceso a los registros de la investigación para el indiciado y su defensa, la cual está supeditada a hipótesis específicas, a saber: 1) cuando se???????????? encuentra detenido; 2) se pretenda recabar su declaración; 3) sea citado para comparecer ante la autoridad judicial; y, 4) cuando sea sujeto de un acto de molestia; momentos a partir de los cuales la persona investigada y su defensa pueden tener acceso a los registros de la carpeta de investigación. Bajo este contexto, en la fase inicial de investigación, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando se formule imputación a la persona investigada, el indiciado tendrá acceso pero bajo ciertas restricciones, lo cual es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que el derecho de defensa técnica surge desde el momento en que se ordena investigar a una persona, sobre todo cuando se recibe su declaración. Así, la denuncia o querella con la que da inicio esta fase de investigación inicial tiene un alto margen de error por cuanto hace al señalamiento de una persona autora o partícipe de los hechos que motivan la apertura de la investigación, ello debido a la falta de corroboración de información inicial propuesta con la denuncia o querella, la cual está supeditada a la recolección de datos de prueba conforme al avance de la investigación; de ahí que el agente del Ministerio Público está obligado a realizar estos actos con respeto a los derechos fundamentales de las personas. Es por lo anterior que éste sólo puede recabar en esta fase de investigación actos que no comprometan la afectación de un derecho fundamental de las personas, pues cuando requiera lo contrario, deberá solicitar la autorización del Juez de control, que también interactúa en esta fase procesal para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos, por lo que el propio código nacional establece diversos actos procesales que exigen un control jurisdiccional y otros que no. Por tanto, los actos de investigación direccionados a requerir información de las personas en la fase inicial de investigación no deben considerarse como actos de molestia, entendidos éstos como aquellos que restringen un derecho de manera provisional o preventiva, pues en un escenario contrario, cualquier persona involucrada en la información, sin contar con el carácter de indiciado, víctima u ofendido, podría tener acceso a una investigación donde, como se ha establecido, al tratarse de la fase inicial, la operatividad del sistema permite recabar los actos de investigación sin involucrar la afectación de algún derecho de las personas. En consecuencia, la sola circunstancia de estar siendo investigado dentro de una carpeta de investigación en su fase inicial, es insuficiente para considerar que una persona haya adquirido la calidad de imputada y, por tanto, otorgar el acceso a los registros de la carpeta de investigación, pues contrario a ello, como ya quedó establecido, esta calidad sólo ocurre en los supuestos señalados en los artículos invocados. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto, únicamente respecto del acto reclamado consistente en la omisión de los fiscales precisados en su escrito de demanda, de citar al aquí quejoso en las carpetas de investigación que se estén integrando en su contra. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el indicado en la demanda de amparo y, por autorizados en los amplios términos que establece el artículo 12 de la Ley de la Materia, a Félix Guevara Morales y Luis Ángel Rivadeneyra Ramírez, toda vez que de la consulta efectuada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se advirtió que cuentan con cédulas profesionales registradas, así como únicamente para imponerse de autos, a Indra Martínez García, José Francisco Lara Álvarez y Nicole Viridiana Mora Gómez, toda vez que no cuentan con cedulas profesionales registradas en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.VIII/2020 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE 3 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, agosto 2020, libro 77, tomo V, página 4456.?????????????SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la Secretaria de Juzgado María del Pilar Ortiz Soto, que autoriza y da fe...

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