Armando Dominguez Aripes
Expediente 171/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 41 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 171/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 26/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Armando Dominguez Aripes
- ARMANDO DOMINGUEZ ARIPES y Otros.
- CECILIA FUENTES VALDIVIA y Otros.
- Cecilia Fuentes Valdivia
- Alicia Luna Sanchez
- Hector J Castillo Yepes
- Aristeo Heredia Heredia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la ley de amparo, concedido a la parte quejosa para interponer el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 del ordenamiento legal en cita, en contra del auto de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector dictado en el presente juicio, sin que se interpusiera escrito de inconformidad alguno; atento a lo anterior, ha precluido el derecho de la parte quejosa de inconformarse respecto del auto de referencia, donde se declaró cumplido al fallo protector en el presente juicio de amparo. En consecuencia, en términos del artículo 214 de la ley de amparo, previa revisión por la Secretaría de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), agréguese los cuadernillos relativos al incidente de suspensión y archívese este asunto, como totalmente concluido. Atento a lo anterior, toda vez que el presente asunto no cuenta con especial trascendencia jurídica, política, social o económica, ni versa sobre una controversia internacional, o contra la administración de justicia y el medio ambiente y gestión ambiental; tampoco encuadra en alguno de los supuestos sugeridos dentro del punto del vigésimo primero, del capítulo Quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por lo tanto, al prudente arbitrio de esta Juzgadora, el presente asunto carece de relevancia documental, en virtud de lo anterior, se hace constar que el cuaderno del juicio de amparo es susceptible de depuración, conforme al considerando vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, conforme al considerando vigésimo primero, fracción III, del mencionado acuerdo. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, de conformidad con el considerando vigésimo y vigésimo primero, fracción III, primer párrafo, del citado acuerdo.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, QUE A LA LETRA DICE: AUTO. Mexicali, Baja California, veinticinco de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, agréguese para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta presentado por el licenciado Guillermo Eugenio Rivera Millán en su carácter de autorizado de los quejosos, donde realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento del fallo protector, mismo que será valorado con posterioridad en el presente auto. Atento a lo anterior, y visto el estado que guarda el presente expediente, de que se advierte que mediante auto de diez de abril de dos mil diecisiete se dio vista a los quejosos con el cumplimiento dado al fallo protector relativo al presente juicio de amparo informado por las autoridades responsables Director de Prestaciones y Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, lo cual aconteció a través del escrito referido en el párrafo que antecede. Así, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo a las constancias que obran en autos el fallo protector se encuentra debidamente cumplido por parte de la autoridad responsable; lo anterior con fundamento en la Jurisprudencia 2ª./J.26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, Marzo 2000, página 243, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese orden, de autos se advierte que mediante sentencia por engrose de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos, para los siguientes efectos: "[.] La protección constitucional se concede para el efecto que no se le apliquen a los quejosos los preceptos legales reclamados contenidos en: 1) La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, contenida en el decreto 204, publicado en el diecisiete de febrero de dos mil quince en el Periódico Oficial del Estado de Baja California y su aplicación, y; 2) La Ley que Regula a los Trabajadores que se Refiere la Fracción II, Apartado B, del Artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en Materia de Seguridad Social, contenida en el decreto 203, publicado en el diecisiete de febrero de dos mil quince en el Periódico Oficial del Estado de Baja California y su aplicación. Esto es, que las autoridades responsables procesan de la siguiente manera: No se le aplique a Armando Domínguez Aripes, Cecilia Fuentes Valdivia, José García Urino, Lorena Graciano Reyes, Aldo Misael Jiménez García, Rosendo Medrano Ruiz, Alma Rosas Montoya Valdovinos, Lorenzo Moreno Flores, Mercedes Ramos García, J. Santos Robles Flores, Cristina Salas González, Alicia Luna Sánchez, Aristeo Heredia Heredia, María de Jesús, Aguirre Barrera, Adelina Gonzalez Mendoza, Rosario Ernesto Ley González, J. Héctor Castillo Yepes, Liliana Solorio Arroyo, Leticia Nuñez Camacho, y Laura Elena Ayala Marquez los preceptos legales relativos al porcentaje de las cuotas de los trabajadores; así como, en relación con la edad para obtener la jubilación, pensión por edad avanzada, la modificación de los montos de las pensiones, jubilaciones, aguinaldos o gratificaciones anuales para los pensionados y jubilados, contenidas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; y, en la Ley que regula a los Trabajadores que refiere la fracción II, apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de Seguridad Social. [.]" Inconforme con dicha determinación, el autorizado de los quejosos interpuso recurso de revisión, el cual una vez enviado para su tramitación, por razón de turno, correspondió conocer del mismo al Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito con sede en esta ciudad, formándose al efecto el amparo en revisión administrativa 108/2016-I del índice estadístico de dicho Tribunal, en el cual se advierte de los autos que en sesión de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis se resolvió el mismo, confirmándose en sus términos la sentencia recurrida. Así por auto de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, se requirió a las autoridades responsables Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, para que en el término de tres días informara el cumplimiento dado al fallo protector relativo al presente juicio. En ese orden, una vez informado lo conducente por dichas autoridades, se dio vista a los quejosos por auto de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, sin que al efecto hayan formulado manifestación alguna, por lo que mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, por los razonamientos ahí contenidos, se tuvo por cumplido el fallo protector relativo al presente juicio. Ante dicha determinación, por escrito presentado el cinco de enero de dos mil diecisiete ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito, el autorizado de los quejosos presentó recurso de inconformidad en contra del auto donde se tuvo cumplido el fallo protector, mismo que una vez tramitado, por razón de turno correspondió conocer del mismo al Primer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en esta ciudad, formándose al efecto el expediente 4/2017-I de su índice estadístico; el cual se aprecia que en sesión de nueve de marzo de dos mil diecisiete se resolvió el mismo, declarando fundado el incidente de inconformidad planteado, formulando al efecto el Tribunal de que se trata los siguientes argumentos para sustentar su determinación: "[.] Por ello, el Juez de Distrito debe verificar que las autoridades responsables inapliquen a los quejosos en su totalidad: a) El artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California (Decreto 215); b) la Ley que regula los Trabajadores que refiere la fracción II, apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Baja California (Decreto 203), y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Decreto 204), ya que los actos legislativos que los motivaron resultaron inconstitucionales al tenor de las consideraciones que rigen el fallo de amparo que se De lo anterior, se colige que los efectos protectores del fallo relativo, se contraen a verificar por parte de este Juzgador la inaplicabilidad de las normas apenas señaladas en perjuicio de los quejosos. En ese orden, se advierte de las constancias que obran en los autos, que por oficio agregado al presente juicio mediante auto de diez de abril de dos mil diecisiete, las autoridades responsables Director de Prestaciones y Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECAL, ambas con sede en esta ciudad, informaron el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo al efecto copia del oficio dirigido al quejoso Aldo Misael Jiménez García en su calidad de representante común de los quejosos en el presentes juicio, donde en cumplimiento al fallo protector, le informa la inaplicación a dichos quejosos de los Decretos reclamados siguientes: Decreto número 215, publicado en el Periódico oficial del estado el trece de febrero de dos mil quince. Decreto número 204, publicado en el Periódico oficial del estado el diecisiete de febrero de dos mil quince. Decreto número 203, publicado en el Periódico oficial del estado el diecisiete de febrero de dos mil quince. Atento a lo anterior, tomando en consideración los alcances del fallo protector, así como los lineamientos establecidos por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en esta ciudad, al resolver el incidente de inconformidad 4/2017-I de su índice estadístico, se estima que con lo realizado por las autoridades responsables de que se trata, se encuentran colmados los lineamientos del fallo protector, pues se advierte que la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector concedido a la quejosa procedió a pronunciarse en torno a la inaplicación de los Decretos reclamados por los quejosos; por lo que se insiste que, en lo que fue materia de la sentencia de amparo concedida, se le ha restituido a los quejosos en el pleno de goce de su garantía violada en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector ha quedado cumplido, dado que no existen excesos ni defectos en ello. Sirve como sustento para lo anterior, por las razones que la integran, la jurisprudencia por reiteración número 1a./J. 76/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la página número 605, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, visible bajo número de registro 2008030, cuyo rubro y texto señala: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." Sin que sea óbice para lo anterior, el contenido de las manifestaciones realizadas en el escrito de cuenta por el autorizado de los quejosos, donde considera incumplido el fallo protector al no advertirse de lo informado por las autoridades responsables en torno al cumplimiento dado al fallo protector, que normatividad le será aplicable. Al efecto, habrá de decírsele a los quejosos, que atendiendo a los lineamientos tanto del fallo protector relativo al juicio, así como a los lineamientos decretados por el Tribunal de Alzada al resolver el recurso de inconformidad 4/2017-I, los efectos de la sentencia de que se trata, fueron para que las cosas volvieran al estado en que se encontraban, es decir, debían implicarse en forma total los decretos reclamados - 215, publicado en el Periódico oficial del estado el trece de febrero de dos mil quince, 204 publicado en el Periódico oficial del estado el diecisiete de febrero de dos mil quince, y 203 publicado en el Periódico oficial del estado el diecisiete de febrero de dos mil quince-, y las normas que de ellos emanaron, como consecuencia del vicio legislativo que motivó la concesión del amparo; sin que haya sido materia de estudio o de los lineamientos de dichos fallos, la aplicabilidad de determinada norma jurídica en favor de los quejosos. No obstante lo anterior, no pasa inadvertido para este Juzgador que obran en los autos los oficios SGPES/960/2016, de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, dirigido al Director de Prestaciones de ISSSTECALI (foja 1908 Tomo II), así como el diverso SGPES/961/2016 de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis (foja 1909 Tomo II), dirigido al Director de Pensiones y Jubilaciones del ISSSTECALI, ambos signados por el Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del ISSSTECALI, de los cuales se aprecia que dicha autoridad solicitó a las dos primeras en mención, lo siguiente: "[.] Que en el ámbito de competencia de esa dirección, se agregue a los asegurados antes referidos, al listado de quejosos a los cuales en cumplimiento de las ejecutorias dictadas por Jueces en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, se ordene la inaplicación de los preceptos legales antes referidos; asimismo, se procesa al resguardo, digitalización del oficio DG/44/2016 y se tomen las medidas necesarias en conjunto con la Dirección de Informática del ISSSTECALI para la identificación de los asegurados en el Sistema de Integral de Seguridad Social [sic.], Sistema de Afiliación y Vigencia de Derechos, con la finalidad de diferenciar que a estas personas les será aplicable la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California publicado en el Periódico Oficial del Estado el 20 de Diciembre de 1970.[.]" De ahí, que el tópico abordado por el autorizado de los quejosos, si fue abordado durante el procedimiento por las autoridades responsables para los efectos apenas precisados. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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