Armando Diosdado Gutiérrez
Expediente 694/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 9 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 694/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 09/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Armando Diosdado Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Armando Diosdado Gutiérrez, contra actos de la juez de Control del Distrito Judicial de Ejutla de Crespo, Oaxaca; anótese su ingreso en el libro de gobierno, con número registro de este Juzgado 694/2020. Una vez examinada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia, debe desecharse la misma. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, del ordenamiento legal invocado, que estatuye: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Ricardo Mendoza García 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.48.44 27/10/23 18:02:39 b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". El numeral parcialmente reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el impetrante debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. En el caso, el acto reclamado consiste esencialmente en el acuerdo dictado el tres de noviembre del año en curso, en la causa penal 355/2018, en el que la juez responsable, decidió lo siguiente: "EN EL CENTRO DE JUSTICIA DE EJUTLA, SITO EN DOMICILIO CONOCIDO, PARAJE COLONIA VISTA HERMOSA, EJUTLA DE CRESPO, OAXACA, A TRES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. Por recibido en esta propia fecha un escrito signado por el Licenciado Erik Carmona López, con el carácter de defensor particular del acusado Armando Diosdado Gutiérrez; visto su contenido, se ACUERDA: Resulta improcedente remitir al Tribunal de debate el auto de apertura a juicio dictado en esta causa penal; lo anterior, en estricto acatamiento al acuerdo general 38/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en el cual se ????????????? estableció que a partir del próximo nueve del mes y año que transcurren se deberán reanudar las audiencias de debate en aquellos casos en que los acusados estén en prisión preventiva. De tal manera que para comprender el alcance de dicho lineamiento se atiende a la palabra "reanudar" cuyo significado en el Diccionario de la lengua española versión digital, es: Renovar o continuar el trato, estudio, trabajo, conferencia, etc.; entonces, lo que se determinó es que el nueve de noviembre próximo el Tribunal de Enjuiciamiento lleve a cabo la continuidad o reanudación de las audiencias de debate en aquellos casos que los acusados estén en prisión preventiva; es decir, que se desahoguen las audiencias de aquellos procesos penales que ya estaban en la competencia del Tribunal de Enjuiciamiento antes de decretarse la suspensión de plazos procesales y de actividades en sede jurisdiccional, como medidas sanitarias ante la pandemia de la enfermedad COVID-19. Ante lo cual, es evidente que, los autos de apertura a juicio oral cuya remisión al Tribunal de Enjuiciamiento competente, quedó suspendida mediante Acuerdo General número 23/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, no entran en esos parámetros reseñados en el Acuerdo General 38/2020; ya que de ninguna manera se indicó que el Tribunal de Enjuiciamiento a través de su departamento de causas esté en condiciones de recibir esos autos de apertura dictados durante esta contingencia sanitaria. Por consiguiente, no se accede a la pretensión del defensor particular, continuando suspendida la remisión del auto de apertura a juicio en este asunto hasta en tanto la superioridad determine lo contrario. (.)". En ese tenor, conviene traer a colación el numeral 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda". De igual forma, es importante establecer que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 35/2020 (10a.), Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2022001, emitió el siguiente criterio judicial: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico". ???? Con base en lo anterior, se determina que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que el acto reclamado, consistente en el acuerdo dictado el tres de noviembre del año en curso, en la causa penal 355/2018, se trata de una resolución de mero trámite emitida de plano, esto es, sin sustanciación, contra el cual procede el recurso de revocación, previsto en el numeral 465 transcrito, mismo que al no haber sido agotado por el impetrante del amparo, implica incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Robustece lo considerado, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2021251, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo". En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en estudio, con apoyo en el arábigo 113 del propio ordenamiento en cita, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Se tiene a la parte quejosa solicitando que se le practiquen notificaciones de manera electrónica, asimismo, se le permita la consulta del expediente electrónico, para lo cual deberá de darse de alta el usuario Franciscoramosmartinez. De igual forma, se tiene a Erik Carmona López y Mauro Francisco Ramos Martínez, autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a las restantes personas sin esas facultades. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE EN FORMA ELECTRÓNICA. Lo proveyó y firma el licenciado Amado Chiñas Fuentes, Juez Tercero de Distrito en el Estado quien actúa con el (la) licenciado (a) Ricardo Mendoza García, Secretario (a) que autoriza y da fe.
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