Armando Diosdado Gutierrez

Expediente 701/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
701/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
05/12/2018

Partes del expediente

  • Armando Diosdado Gutierrez
  • ARMANDO DIOSDADO GUTIERREZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    Mesa de Amparo IV-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. En atención a la cuenta que antecede...: I. Este expediente se formó con copias certificadas del incidente de suspensión del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en el cual se resolvió sobre la suspensión provisional y definitiva. II. En este expediente no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. III. Archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. IV. Como en este incidente se formó con copias certificadas de un diverso expediente concluido, se estima que es destruible... V. Hágase del conocimiento de las partes..., el original de este incidente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Mesa de Amparo IV-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. En atención a la cuenta que antecede...: I. Se declara que la sentencia que sobreseyó en el juicio ha causado ejecutoria. II. Archívese el expediente principal como asunto concluido. III. Como en este asunto se sobreseyó en el juicio se estima que este expediente es susceptible de destrucción. IV. De igual forma, se indica que conforme a la certificación de cuenta en este expediente no existen documentos considerados originales... V. [...]. VI. Hágase del conocimiento de las partes..., el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal , para que después de transcurrido el plazo de cinco años contado a partir de que se ordenó su archivo se proceda a su destrucción. VII. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. El Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, después de haber analizado los aspectos que son materia de estudio en este asunto, emite la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 701/2018, promovido por Armando Diosdado Gutiérrez, en contra del proveído de veintitrés de abril de dos mil dieciocho que ordena citarlo para la audiencia inicial, en autos de la causa penal 249/2018, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto consiste en determinar si se actualizan las alegadas violaciones a los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, si el auto que ordena citar al nombrado quejoso, cumple con los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación. I. ANTECEDENTES 1. Por oficio sin número de diecinueve de abril del presente año, la Fiscal adscrita a la Mesa Tres Investigadora del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado, solicitó al Juez de Control del Circuito de Valles Centrales, con fundamento en el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que citara al imputado Armando Diosdado Gutiérrez a la audiencia inicial, con el apercibimiento de ley, por considerarlo probable responsable de la comisión del delito de uso de documento falso, cometido en perjuicio patrimonial de Silbestre Jiménez Jiménez. 2. A tal petición, recayó el auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 249/2018, mediante el cual el Juez responsable, con fundamento en los artículos 141, fracción I, 307, 310, 311, 312 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señaló las trece horas del veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, para que tuviera verificativo la audiencia inicial de formulación de la imputación y para ello, se ordenó notificar personalmente a Armando Diosdado Gutiérrez en el domicilio proporcionado por la representación social. 3. En cumplimiento a lo anterior, el notificador adscrito al juzgado responsable se constituyó a las trece horas con cuarenta minutos del catorce de mayo de la presente anualidad, en la calle Macedonio Alcalá número trescientos cinco, interior uno, colonia centro, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en el auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho; una vez que se cercioró de estar en el domicilio correcto, ingresó al inmueble y fue atendido por quien dijo llamarse Estefanía Sánchez Martínez, quien se identificó con su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral y le manifestó, bajo protesta de decir verdad, que Armando Diosdado Gutiérrez no labora en ese despacho desde hace aproximadamente seis meses, que no tiene forma de localizarlo y que desconoce donde labora actualmente. 4. Luego, a las trece horas del veinticinco de mayo del presente año, el Juez responsable declaró abierta a audiencia inicial y dio cuenta a la Agente del Ministerio Público con la razón actuarial precisada en el párrafo que antecede para que, en el acto, manifestara lo que a su interés legal conviniera; por ello, la Fiscal le solicitó que le dejara a salvo sus derechos, pues giraría oficios de investigación para indagar el actual domicilio del imputado; en consecuencia, la responsable le dejó a salvo sus derechos, concediéndole el plazo de quince días para que ordene a quien corresponda haga la investigación correspondiente. 5. Al rendir informe justificado, el Juez de Control señaló que la Fiscal adscrita no había proporcionado el domicilio del imputado. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 6. Por escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca el doce de junio de dos mil dieciocho, Armando Diosdado Gutiérrez promovió demanda de amparo en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán . 7. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. 8. Por acuerdo de doce de junio de la presente anualidad , el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, a quien por razón de turno correspondió conocer de la mencionada demanda, la admitió a trámite y registró bajo el expediente 590/2018; asimismo, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, dio vista a la Agente del Ministerio Público de su adscripción y se reservó emplazar al tercero interesado. 9. En proveído de veintiocho de junio del año que transcurre, se tuvo por recibido el informe justificado de la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, en el cual informó la existencia de las causas penales 74/2018, 196/2018, 225/2018, 243/2018, 249/2018, 352/2018, 353/2018, 354/2018, 356/2018 y 357/2018; sin embargo, como no adjuntó constancias que apoyaran dicho informe, con fundamento en el numeral 75 de la Ley de Amparo, la Juez de Amparo le solicitó que dentro del término de tres días siguientes a su notificación las exhibiera. 10. Por acuerdo de cinco de julio del presente anualidad, la Juez Primero de Distrito tuvo por recibido el oficio CJO/TAT/4073/2018-J, mediante el cual el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales desahogó el requerimiento que se le formuló y en ese mismo proveído, decretó de oficio y de plano la separación de juicios, pues advirtió la existencia de diez causas penales instruidas en contra del quejoso, desvinculadas entre sí; indicó que continuaría conociendo lo relativo a la causa penal 74/2018 y ordenó remitir las diversas a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en San Bartolo Coyotepec, para el turno correspondiente 11. En auto de once de julio de dos mil dieciocho, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca tuvo por recibido el oficio 24942/2018 signado por la secretaria de acuerdos del Juzgado Primero de Distrito a través del cual remitió las constancias relativas a la causa penal 249/2018, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto, se decretó continuar con el trámite, se dio la intervención que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se ordenó emplazar a los terceros interesados. 12. Seguido el trámite del presente juicio, el uno de octubre pasado tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA 13. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y las autoridades responsables tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este juzgado ejerce su jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 14. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 15. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 16. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". 17. En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo y las constancias que integran el expediente, permiten sostener que el quejoso reclama: Autoridad ordenadora: I. Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet. Acto reclamado: a) El acuerdo de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, dictado en autos de la causa penal 249/2018, que ordena citarlo a las trece horas del veinticinco de mayo del presente año para la audiencia inicial de formulación de la imputación. Autoridades ejecutoras: II. Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca. III. Secretario de Seguridad Pública. IV. Comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública. Acto reclamado: b) La ejecución de la orden de citarlo para comparecer a la audiencia inicial. 18. No se soslaya que en la demanda de amparo el quejoso también haya señalado como actos reclamados "la orden de presentación a audiencia de control en caso de existir. la orden de aprehensión y en su caso, y de medida cautelar (sic) contra la orden de prisión preventiva", pues de las constancias que al rendir su informe justificado allegó el Juez de Control, relativas a la causa penal 249/2018, se aprecia que en realidad se duele de la orden de cita para la audiencia inicial de formulación de imputación y no así por lo que hace a las diversas órdenes de captura que enuncia. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS 19. El Servidor Público designado por acuerdo del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación del Secretario del ramo y la Jefe de Departamento de Sector adscrita a la Dirección Jurídica de la Policía Estatal, en nombre del Comisionado, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos que se les atribuyen , sin que la parte quejosa aportara pruebas idóneas para desvirtuar dichas afirmaciones. 20. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." 21. Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. 22. Cabe señalar, que la parte quejosa del juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo, está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. 23. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." 24. En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos atribuidos a las autoridades responsables mencionadas con anterioridad, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 25. Se arriba a la aludida conclusión, pues la orden de citar al quejoso para que comparezca a la audiencia inicial de formulación de la imputación es ejecutada por el notificador adscrito al Juzgado de Control y no por alguna de las autoridades que el quejoso señaló como ejecutoras. 26. Lo anterior, pues en el acuerdo controvertido únicamente se ordenó hacerle saber el contenido del auto de veintitrés de abril pasado, mas no se solicitó el auxilio de la fuerza pública para lograr su comparecencia, en términos del numeral 310, segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. 27. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." 28. También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." VI. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS 29. La Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado precisado en el inciso a) del párrafo diecisiete de la presente sentencia. 30. Esa confesión se estima suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia del acto reclamado; por tanto, se le tiene como plenamente probado. 31. Sirve de apoyo la jurisprudencia 305 emitida por el Pleno del Alto Tribunal, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." 32. La existencia del acto, se corroboró con el disco versátil digital que allegó esa autoridad responsable junto con el oficio al que correspondió el registro 13231, el cual tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. 33. Es aplicable la tesis de Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." 34. Se precisa que el aludido disco es considerado como prueba documental pública y se tiene por desahogada sin necesidad de una audiencia especial. 35. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." VII. CAUSA DE IMPROCEDENCIA 36. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." 37. Por tanto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes. 38. En ese orden de ideas, de oficio se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo (cesación de efectos), por las razones que continuación se expondrán. 39. La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se restituyera al quejoso en el goce de los derechos fundamentales que alega se le violaron. 40. El supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. 41. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto sea negativo o implique una omisión. 42. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página treinta y ocho, aplicada por identidad jurídica sustancial, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Énfasis añadido) 43. En ese contexto, si el promovente de amparo pretendía controvertir en esta vía el acuerdo de veintitrés de abril del presente año, que ordenó citarlo para que a las trece horas del veinticinco de mayo siguiente compareciera a las instalaciones que ocupa el Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca, a la audiencia inicial de formulación de la imputación y en dicha audiencia, el Juez de la causa dio cuenta a la Agente del Ministerio Público con la razón de imposibilidad para notificar al imputado que levantó el notificador adscrito al mencionado juzgado y en ese mismo acto, le solicitó que manifestara lo que a su interés legal conviniera; con motivo de lo anterior, la Fiscal pidió que se le dejaran a salvo sus derechos, pues giraría oficios de investigación para indagar el actual domicilio del imputado; atendiendo a lo manifestado por la Agente del Ministerio Público, el Juez responsable le dejó a salvo sus derechos y le concedió el plazo de quince días para que ordene a quien corresponda haga la investigación correspondiente, motivo por el cual a las trece horas con siete minutos del veinticinco de mayo pasado declaró concluida la audiencia inicial, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado. 44. Lo anterior, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de causar perjuicio, restituyendo a la parte quejosa en el goce de su derecho fundamental violado, y con ello quedaron satisfechos los tutelados por la norma constitucional que consideró vulnerada. 45. Dicho de otra forma, la orden de citarlo para comparecer a la audiencia inicial de formulación de la imputación ha cesado porque la data señalada para llevarse a cabo ya pasó -veinticinco de mayo de dos mil dieciocho-, no pudo notificársele la misma y por ello, el Juez de Control dejó a salvo los derechos de la Agente del Ministerio Público, para que dentro del término de quince días indague el domicilio correcto de imputado. 46. Así las cosas, una vez que la Fiscal cuente con el domicilio para lograr notificar a Armando Diosdado Gutiérrez, podrá solicitar nuevamente que se le cite para la audiencia inicial en la causa penal 249/2018; empero, la orden de cita contenida en el proveído de veintitrés de abril pasado, ha cesado. 47. Tiene aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y SU Gaceta Que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas 'pocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." 48. Asimismo, orienta lo expuesto, la jurisprudencia 9/98, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, consultable en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, que literalmente dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultando que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." 49. En esas condiciones, es patente que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, y consecuentemente, procede sobreseer en el juicio de amparo, ello de conformidad con la fracción V del diverso 63 de esa legislación. 50. En tal virtud, no resulta jurídicamente posible ocuparse de los argumentos expresados por la parte quejosa en sus conceptos de violación, para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, pues ello constituye el fondo de la litis constitucional, cuyo análisis no es permitido por el sentido (sobreseimiento) del presente estudio. 51. Así, este órgano de control constitucional se encuentra legalmente imposibilitado para pronunciarse respecto al fondo del problema jurídico planteado, en atención a la existencia de una causa que hace improcedente el juicio de amparo, acorde con la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 88, Tomo 187-192, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro en el IUS 232302 que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." 52. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. 53. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI; 63, fracciones IV y V, y 217 de la Ley de Amparo vigente; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo número 701/2018, promovido por Armando Diosdado Gutiérrez, por propio derecho, contra el acto que reclamó del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet y otras autoridades, por los argumentos que se esgrimen en los apartados V y VII. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Mesa de Amparo IV-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de septiembre de dos mil dieciocho. En atención a la cuenta que antecede... con transcripción del acuerdo dictado el once de julio del año en curso, y de este proveído..., dese al Agente del Ministerio Público de la mesa Tres del Sector Metropolitano dependiente de la Fiscalía del Estado, la intervención que le corresponde como tercero interesado en este juicio...; anexándole copia de la demanda de amparo. La audiencia constitucional señalada para hoy se reprograma para las trece horas con cincuenta minutos del uno de octubre de dos mil dieciocho. Notifíquese.

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