Armando Diosdado Gutíerez

Expediente 651/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 26 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
651/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Armando Diosdado Gutíerez
  • Juez de Control del circuito judicial de la región de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca
  • Ignacio Cruz García (17/08/2022)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    PRAL 651/2022 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Interposición de recurso de revisión. Incorpórese a los autos el escrito firmado de manera electrónica por ********************, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por el que interpone recurso de revisión y expresa agravios; con fundamento en los artículos 81, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo dicho medio de impugnación contra la sentencia dictada en la audiencia constitucional de veintisiete de octubre de este año, engrosada el veintiocho siguiente, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por la otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En términos del artículo 89 de la ley invocada, se ordena distribuir entre las demás partes copia del escrito de interposición del recurso y expresión de agravios; en el entendido que, una vez integrado este asunto, se acordará lo relativo a la remisión del escrito original de cuenta, y diversas constancias correspondientes, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, en turno, del Decimotercer Circuito en el Estado, para el trámite respectivo. Envío de comunicación oficial. Tomando en consideración que el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, contempla la posibilidad de emplear, en casos excepcionales, el uso de medios tecnológicos para comunicaciones procesales, por esta ocasión, se faculta al actuario llevador de este expediente, remita los oficios con transcripción de esta determinación dirigidos a los jueces de Control en sus diferentes sedes, vía correo electrónico oficial, con firma electrónica, debiendo certificar la confirmación de recepción de la comunicación respectiva; en el entendido que, solo en caso de no lograr la confirmación, proceda a remitir la comunicación por la vía más expedita. Lo anterior, a fin de no dilatar la integración de las constancias de notificación y, en consecuencia, asegurar una pronta remisión del recurso de revisión al Tribunal de Alzada, en aras de una justicia pronta y expedita. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.651/2022.MESA-5 Visto para resolver el juicio de amparo 651/2022; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito depositado el tres de junio del año en curso en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnado en la misma fecha a este órgano jurisdiccional, Armando Diosdado Gutiérrez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Al respecto, el quejoso narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión de la demanda. En auto de seis de junio de dos mil veintidós se ordenó formar expediente impreso y electrónico, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 651/2022, se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Trámite previo a la separación de autos. Informes justificados. En autos de diez, quince y veinte de junio, y dieciocho de julio de este año, se recibieron los informes justificados de las autoridades responsables; se otorgó vista a la parte quejosa para que se impusiera de su contenido. Además, destacó del informe justificado del juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, la existencia de dos causas penales diversas, en las que se libró orden de comparecencia y orden de aprehensión contra el quejoso. Emplazamiento de parte tercera interesada. El diecisiete de agosto de dos mil veintidós se ordenó emplazar a este juicio de amparo en su carácter de parte tercera interesada a 1) ****** y 2) ******, por tener la calidad de víctimas en las causas penales ***** y ****** ; así como 3) *******y 4) a la ******, Investigadora del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (por haber intervenido en las causas penales **** y *****sin haber sido señaladas como autoridades responsables). Acto seguido, los mencionados terceros interesados quedaron emplazados, respectivamente, el veinticuatro y diecinueve de agosto de dos mil veintidós; sin que las víctimas del delito se apersonaran a juicio. Promoción de ampliación de demanda. Después, el uno de septiembre de dos mil veintidós se recibió en este Juzgado un escrito firmado de manera electrónica por Víctor Alberto Porras Arellano, autorizado de la parte quejosa en términos amplios, mediante el cual promovió ampliación de la demanda de amparo. CUARTO. Separación de autos. Dicho escrito se tuvo por recibido en el proveído dictado el seis de septiembre de dos mil veintidós, en el cual: a) se requirió al directo quejoso para que indicara si ratificaba o no la ampliación de la demanda; y b) se decretó la separación de autos, en los términos siguientes: En este juicio de amparo *****se conoce de la orden de comparecencia de tres de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 306/2019 del Juzgado de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, contra Armando Diosdado Gutiérrez, como probable responsable en el hecho que la ley señala como el delito de abuso de confianza, cometido en perjuicio de Carlos Gerardo Fernández del Campo Urzúa, y su ejecución; además, respecto de los restantes actos reclamados en la demanda de amparo a las diversas autoridades responsables. En el nuevo expediente de amparo se conoce únicamente de la orden de aprehensión de once de febrero de dos mil veintidós, dictada contra Armando Diosdado Gutiérrez en la causa penal 352/2018 por el juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, por el hecho que la ley señala como delito de tráfico de plazas y servicios, cometido en perjuicio de Ignacio Cruz García y su ejecución, que atribuye al coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y/o agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. QUINTO. Trámite posterior a la separación de autos. Admisión de ampliación de demanda. En la diligencia de notificación personal de diez de septiembre de dos mil veintidós el quejoso Armando Diosdado Gutiérrez ratificó la ampliación de la demanda; misma que se admitió en auto de trece de septiembre de este año únicamente por cuanto a conceptos de violación, en relación a la orden de comparecencia dictada el tres de diciembre de dos mil diecinueve por el Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, en la causa penal *****. Además, en el mismo auto de trece de septiembre de este año se tuvo al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca informando que se avocó al conocimiento del acto reclamado derivado de la causa penal 352/2018 del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca. Informes justificados. En autos de veintiocho de septiembre y siete de octubre de dos mil veintidós se recibieron dos informes justificados requeridos en el auto que admitió a trámite la ampliación de la demanda. Audiencia constitucional. Finalmente, previos los trámites de ley, la audiencia constitucional señalada para el veintisiete de octubre de dos mil veintidós se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y el acto de ejecución se reclama de autoridades residentes en lugares en los que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo y su escrito de ampliación, en relación con el proveído que determinó la separación de autos en este juicio de amparo, el quejoso Armando Diosdado Gutiérrez reclama en este juicio de amparo 651/2022: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTO RECLAMADO AUTORIDADES ORDENADORAS 1 Juez de Control del Circuito Judicial Sierra Norte, sede Ixtlán, Oaxaca La orden de detención, citación, presentación, comparecencia, arraigo, aprehensión y/o reaprehensión. 2 Juez de Control de Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca 3 Juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, sede Nochixtlán, Oaxaca 4 Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca 5 Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Juchitán de Zaragoza, Oaxaca 6 Juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, sede Santa María Asunción, Tlaxiaco, Oaxaca 7 Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Matías Romero Avendaño, Oaxaca 8 Juez de Control del Circuito Judicial Sierra Sur, sede Sola de Vega, Oaxaca 9 Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Salina Cruz, Oaxaca 10 Jueza de Control del Circuito Judicial de la Cañada, sede San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca 11 Juez de Control de San Pedro Pochutla, Oaxaca 12 Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Puerto Escondido, Oaxaca 13 Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Putla de Villa de Guerrero, Oaxaca 14 Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo sede Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca 15 Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca 16 Juez de Control de Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca 17 Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca 18 Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca AUTORIDAD EJECUTORA 19 Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca La ejecución de esas órdenes. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. Las siguientes autoridades responsables, al rendir informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les atribuyen: AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO 1 Juez de Control del Circuito Judicial Sierra Norte, sede Ixtlán, Oaxaca NIEGA (foja 64) 2 Juez de Control de Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca NIEGA (foja 66) 3 Juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, sede Nochixtlán, Oaxaca NIEGA (foja 68) 4 Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca NIEGA (foja 69) 5 Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Juchitán de Zaragoza, Oaxaca NIEGA (foja 71) 6 Juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, sede Santa María Asunción, Tlaxiaco, Oaxaca NIEGA (foja 73) 7 Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Matías Romero Avendaño, Oaxaca NIEGA (foja 75) 8 Juez de Control del Circuito Judicial Sierra Sur, sede Sola de Vega, Oaxaca NIEGA (foja 77) 9 Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Salina Cruz, Oaxaca NIEGA (foja 79) 10 Jueza de Control del Circuito Judicial de la Cañada, sede San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca NIEGA (foja 81) 11 Juez de Control de San Pedro Pochutla, Oaxaca NIEGA (foja 83) 12 Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Puerto Escondido, Oaxaca NIEGA (foja 88) 13 Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Putla de Villa de Guerrero, Oaxaca NIEGA (foja 89) 14 Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo sede Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca NIEGA (foja 90) 15 Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca NIEGA (foja 91) 16 Juez de Control de Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca NIEGA (foja 92) 17 Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca NIEGA (foja 94) En esas condiciones, ante la inexistencia no desvirtuada de la orden de detención, citación, presentación, comparecencia, arraigo, aprehensión o reaprehensión, porque la parte quejosa no objetó ni aportó prueba alguna que demostrara su existencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo solo por cuanto hace a las autoridades previamente precisadas. Apoya lo anterior la jurisprudencia 284 , de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Además, por lo que hace al 18) juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, también procede sobreseer solo por lo que hace a los actos consistentes en la orden de detención, presentación, arraigo o reaprehensión; pues al rendir informe justificado expresamente se pronunció sobre su inexistencia (foja 108 reverso). CUARTO. Existencia de actos reclamados. Al rendir informe justificado, el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, aceptó la existencia de una orden de comparecencia librada el tres de diciembre de dos mil diecinueve en la causa penal 306/2019 del Juzgado de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, contra Armando Diosdado Gutiérrez, como probable responsable en el hecho que la ley señala como el delito de abuso de confianza, cometido en perjuicio patrimonial de Carlos Gerardo Fernández del Campo Urzúa; y justificó su aseveración con dos discos versátiles digitales, debidamente certificados, que contienen el I) registro de audio y video de la audiencia de solicitud de orden de comparecencia por medio de la fuerza pública de tres de diciembre de dos mil diecinueve y II) su índice cronológico; correspondientes a la referida causa penal 306/2019. Documentales a las que, desde ahora, se les reconoce valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2 ; además con apoyo en la jurisprudencia 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL" Por su parte, el coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca, no se pronunció sobre la certeza o inexistencia de la ejecución de la mencionada orden de comparecencia (foja 100); no obstante, es evidente que existe la ejecución que se le atribuye, en razón de su naturaleza de autoridad ejecutora; es decir, el acto que le reclama el quejoso se impugna como consecuencia de la orden que emitió el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca (autoridad ordenadora), y no por vicios propios. En esas condiciones, está plenamente acreditada la existencia de la orden de comparecencia reclamada, y su inminente ejecución. QUINTO. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme lo previene el artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no advierte motivos de improcedencia que deban examinarse de manera oficiosa, ni las partes los alegan, por lo que procede el análisis de la litis planteada en esta vía constitucional. SEXTO. Conceptos de violación y suplencia de la queja deficiente. El estudio de los actos reclamados se realizará al tenor de los conceptos de violación, suplidos en la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa tiene el carácter de imputado en el procedimiento penal origen del acto reclamado ****. Y ya que no existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a transcribir los conceptos de violación , porque ello no conlleva a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar , únicamente se precisa que la parte quejosa alega, en esencia, que la orden de comparecencia por medio de la fuerza pública dictada el tres de diciembre de dos mil diecinueve en la causa penal *****es inconstitucional, pues, afirma, no reúne los requisitos de legalidad, seguridad y certeza jurídica, previstos en los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Federal, y carece de fundamentación y motivación. SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto. Son sustancialmente fundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, aunque suplidos en su deficiencia; al respecto, este órgano de control constitucional se encuentra jurídicamente imposibilitado para analizar el fondo del asunto, en virtud de que, como se expondrá en este considerando, existen violaciones formales en relación con la adecuada y suficiente fundamentación y motivación del acto reclamado; como así lo ilustra la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 238718, del rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL ACTO, GARANTIA DE. NO PROCEDE EXAMINAR LAS VIOLACIONES DE FONDO QUE SE PROPONGAN. Cuando se alegan en la demanda de garantías violaciones formales, el que no se respetó la garantía de previa audiencia o la abstención de las autoridades de expresar el fundamento y motivo de su acto, caso en que no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, no procede la protección constitucional por violaciones de fondo, porque precisamente esas violaciones serán objeto, ya sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, del nuevo acto que emita la autoridad, porque no se le puede impedir que dicte un nuevo acto en que purgue los vicios formales del anterior, aunque tampoco puede constreñírsele a reiterarlo." Para demostrarlo, primeramente conviene señalar que la orden de comparecencia por medio de la fuerza pública es un acto de molestia que produce una afectación temporal a la libertad deambulatoria; dicha facultad del Estado se encuentra acotada en el artículo 16 constitucional, el cual contiene los requisitos mínimos que debe satisfacer todo mandamiento de autoridad restrictivo de ese derecho, por lo que el estudio de la legalidad de la orden de comparecencia que se reclama, se debe realizar a la luz del citado precepto y de la ley secundaria que la rige. El numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. (.)." El precepto constitucional transcrito se relaciona estrechamente con el diverso 14 de la Constitución Federal, que dispone: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho". De ambos numerales se colige, como primer aspecto, que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado; al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales ha establecido que por fundamentación debe entenderse la obligación de expresar con precisión el precepto legal aplicable al acto de autoridad y, por motivación, que deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso en concreto se configuren las hipótesis normativas. En ese contexto, en todo acto de autoridad judicial debe expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión; y evidentemente tal obligación debe quedar plasmada, pues sólo así se brinda al gobernado la oportunidad de poderla combatir adecuadamente. De modo que esa obligación desde luego existe cuando se reclama una orden de comparecencia por medio de la fuerza pública, debido a que es menester la existencia de denuncia o querella previa y de datos razonables que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado intervino en él. En efecto, los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contenidos en el capítulo III, relativo a las formas de conducción del imputado al proceso, establecen lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. (.). Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público". Como se ve, el primer precepto indica que cuando exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, y en la carpeta de investigación obren datos razonables que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado intervino en su comisión, a solicitud del Ministerio Público, el juez de Control podrá realizar lo siguiente a efecto de lograr que el imputado se encuentre presente en todas las etapas del proceso: I. Citarlo para la audiencia inicial. II. Hacerlo comparecer con auxilio de la fuerza pública. III. Girar en su contra orden de aprehensión (cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela). El caso previsto en la fracción I se actualiza cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de un hecho delictivo y considera que es oportuno formalizar la imputación, por lo que, en caso que el imputado no se encuentre retenido, solicitará al juez de Control que lo cite para la audiencia inicial conforme al segundo párrafo del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En relación a la hipótesis prevista en la fracción II, si el imputado no compareció a pesar de encontrarse debidamente notificado, el juez de Control, a petición del Ministerio Público, girará orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública. Mientras que, respecto a la orden de aprehensión a que se refiere la fracción III del artículo 141 invocado, aquella constituye una medida excepcional para que el imputado sea conducido a la presencia del juez de Control, sin previa cita, a fin de formular la imputación, además de la necesidad de cautela que exige tal fracción. Asimismo, el referido numeral indica que en la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el hecho ilícito penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. Aunado a ello, el segundo numeral mencionado (142) dispone que en la solicitud de orden de comparecencia el agente del Ministerio Público debe hacer una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y exponiendo las razones por las que se actualizan las exigencias señaladas en el artículo 141; pues solo de esa forma, el juez de Control estará en condiciones de proceder en términos del tercer artículo citado, esto es, el 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales que, en acatamiento al principio de congruencia que debe observar toda resolución judicial, prevé que el juez de control resolverá la solicitud de orden de comparecencia pronunciándose sobre cada uno de los elementos planteados en la misma. Incluso, el referido artículo 143 establece que si la solicitud de orden de comparecencia no reúne alguno de los requisitos exigibles, el juez de control debe prevenir al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes. Bajo ese contexto, es posible afirmar que, en el caso, no se cumplieron las formalidades esenciales que prevé la ley para la emisión de la orden reclamada, porque de la reproducción del disco versátil digital remitido como justificación del informe que rindió la autoridad judicial, se aprecia que en la audiencia de tres de diciembre de dos mil diecinueve, en la causa penal ******, en la que se libró la orden reclamada, no se acató lo dispuesto en el numeral 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, en consecuencia, el 143; debido a que las agentes del Ministerio Público no expusieron las razones por las que se actualizaban las exigencias señaladas en el artículo 141; particularmente, no sustentaron de modo alguno el hecho atribuido al imputado en los registros correspondientes; a pesar de ello, el juez de Control emitió la orden solicitada, sin valorar debidamente los datos de prueba. En efecto, una vez que la audiencia se declaró abierta a las trece horas con treinta minutos del tres de diciembre de dos mil diecinueve (minuto 00:00:06, parte 0306-2019 P01), el asistente de sala precisó que la causa penal *****se instruye contra Armando Diosdado Gutiérrez, por el delito de abuso de confianza, cometido en perjuicio patrimonial de ******. Acto seguido, se procedieron a individualizar dos agentes del Ministerio Público (minuto 00:00:35, parte 0306-2019 P01) y, en uso de la voz (minuto 00:01:03, parte 0306-2019 P01), la agente del Ministerio Público solicitó al juez de Control, con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 141, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que librara orden de comparecencia por medio de la fuerza pública contra Armando Diosdado Gutiérrez, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como abuso de confianza, cometido en agravio de *******; con la finalidad de que en audiencia formal se le formule imputación. Enseguida, la representante social procedió a leer el siguiente hecho (minuto 00:01:40 al 00:03:44, parte 0306-2019 P01): "Que el día uno de julio de dos mil diez, la persona de nombre José del Corazón de Jesús Fernández del Campo Moguel dio en arrendamiento al ciudadano José Antonio Ramírez Caballero (sic), en su carácter de administrador único y representante legal de la persona moral denominada Llantitec S.A. de C.V. el inmueble ubicado en la Avenida Símbolos Patrios número 301 de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, mediante contrato de arrendamiento de fecha uno de junio de dos mil diez, con fecha de vencimiento treinta y uno de mayo de dos mil quince; falleciendo posteriormente el ciudadano José del Corazón de Jesús Fernández del Campo Moguel el día uno de julio del dos mil catorce, originando con esto, que la ahora víctima Carlos Gerardo Fernández del Campo Urzúa quien es su progenitor se adjudicara del bien antes referido mediante juicio sucesorio correspondiente. En razón de lo anterior, la víctima requirió vía notarial la desocupación y entrega material del local comercial ubicado en la Avenida Símbolos Patrios número 301 de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, así como el pago de las rentas vencidas y no pagadas al ciudadano José Antonio Ramírez Ceballos, refiriendo este último que todas y cada una de las rentas habían sido cubiertas por el ciudadano Armando Diosdado Gutiérrez quien comparecería como apoderado legal del ciudadano *******un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración en materia laboral, y que el monto total de las rentas ascendían a la cantidad de ochocientos cinco mil, perdón, ochocientos cinco mil cuatrocientos seis pesos, con veinticinco centavos, cantidad de dinero que nunca le fue entregada a la ahora víctima a pesar de que le requirió al imputado a través de notario público". Y dijo que ese hecho, a consideración de la representación social, configura el delito de abuso de confianza, previsto en el numeral 376 y sancionado por el mismo, en su último párrafo, en relación con 8°, fracción I; 10° fracción I, y 11, fracción II, todos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, reprochando a Armando Diosdado Gutiérrez la conducta a título de dolo, grado de ejecución de manera consumada, y con la forma de participación de autor material (sin que refirieran por qué razones o cómo se demostraba esa afirmación). Después, la representación social se ocupó únicamente de referir o mencionar los datos de prueba existentes en la carpeta de investigación (minuto 00:04:35 al 00:07:15 parte 0306-2019 P01), a saber: 1. Escrito de querella de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, firmado por *****, en el cual refirió presentar querella contra ****** (minuto 00:04:41, parte 0306-2019 P01). 2. Declaración del testigo *****, rendida ante la representación social el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho (minuto 00:05:04 parte 0306-2019 P01). 3. Declaración del testigo*****, rendida ante la representación social el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho (minuto 00:05:15 parte 0306-2019 P01). 4. Copia certificada del contrato de arrendamiento celebrado el uno de junio de dos mil diez entre Luis José del Corazón de *****, en su carácter de arrendador, y como arrendatario Llantitec S.A. DE C.V. representado por su administrador único José Antonio Ramírez Ceballos (minuto 00:05:25 parte 0306-2019 P01). 5. Declaración rendida por *******el treinta de octubre de dos mil dieciocho (minuto 00:06:06, parte 0306-2019 P01). 6. Inspección ocular realizada por el comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones *****, con número de identificación 9-26, de tres de julio de dos mil dieciocho, en el inmueble ubicado en Avenida Símbolos Patrios número trescientos siete (307), Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca (minuto 00:06:20, parte 0306-2019 P01). 7. Dictamen en materia contable, emitido el veinticinco de diciembre de dos mil dieciocho por la perita contable del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ******, en la que concluyó que el monto del perjuicio patrimonial ocasionado al ahora tercero interesado asciende a la cantidad de ochocientos cinco mil cuatrocientos seis pesos, con veinticinco centavos, moneda nacional ($805,406.25) (minuto 00:06:45, parte 0306-2019 P01). Sin que de alguna manera las agentes del Ministerio Público precisaran qué se demostraba con tales datos de prueba o cuál era el contenido de los mismos, como la querella o declaraciones, o el resultado de la inspección ocular; es decir, únicamente se limitó a mencionar los datos de prueba, sin efectuar intelección alguna para demostrar al juez de Control que con los datos de prueba se podía establecer que se había cometido el hecho, menos aún lo relativo a la existencia de la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. Es decir, contrario a lo que prevé el numeral 142 del Código en cita, la solicitud del Ministerio Público no está sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y no expuso las razones por las que consideraba actualizadas las exigencias señaladas en el artículo 141. Después de mencionar los datos de prueba, la agente del Ministerio Público continuó en uso de la voz, ocupándose ahora de justificar lo referente a la incomparecencia del imputado pese a citatorios previos, pues dijo que (minuto 00:07:18 a 00:10:25, parte 0306-2019 P01): Existió una primera solicitud de fecha y hora para la formulación de la imputación, misma que se señaló para las catorce horas del veinticinco de junio de dos mil diecinueve, y para notificar al imputado, en su calidad de interno en ese momento en el Centro Penitenciario de Santa María Ixcotel, el notificador se trasladó el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve para notificarlo; pero en uso de la voz, el ahora quejoso dijo que se reservaba manifestarse sobre su asistencia, pese a que el notificador le hizo saber que de no comparecer se le podría hacer comparecer por medio de la fuerza pública. Después, se señaló nueva y hora (veinticinco de julio de dos mil diecinueve) para la celebración de la audiencia de imputación, razón por la que nuevamente el notificador acudió al referido centro penitenciario y le hizo del conocimiento al quejoso la fecha y hora para la audiencia de comunicación de imputación, apercibido que de no expresar su deseo de asistir, podrían hacerlo comparecer por medio de la fuerza pública; pero el imputado dijo que no estaba en posibilidades médicas de informar si podría o no comparecer; no obstante, indica la agente del Ministerio Público que dentro de la causa digital no hay justificación que acredite que esté enfermo o delicado de salud o de alguna receta médica de la que se advierta la imposibilidad del imputado para acudir de manera voluntaria a la comunicación de imputación. Y posterior a esa manifestación, el tres de diciembre de dos mil diecinueve el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, libró la orden de comparecencia por medio de la fuerza pública contra Armando Diosdado Gutiérrez; la cual se estima incongruente con lo expuesto por el Ministerio Público, porque carece de un análisis objetivo de los datos de prueba que permitan concluir que se cometió un hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado participó en su comisión. Así es, de la revisión de la audiencia contenida en el disco versátil digital, se aprecia que, a consideración de quien resuelve, la orden no se basó exclusivamente en la información expuesta oralmente por las agentes del Ministerio Público, es decir, no existe correspondencia entre lo planteado verbalmente por el Ministerio Público en su solicitud, y lo considerado al emitir la orden de comparecencia, pese a que, en términos de los invocados artículos 142 y 143, lo solicitado en la audiencia por el Ministerio Público constituye el límite de las facultades resolutorias del juez, pues incluso el último numeral dispone que si la solicitud no reúne alguno de los requisitos exigibles, el juez de control debe prevenir al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes; aunado a ello, no existe un análisis de los datos de prueba que permitan concluir que se cometió un hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado participó en él. Lo anterior, se afirma, ya que, al dictar su resolución el juez de Control refirió lo siguiente: (Minuto 00:03:07, parte 0306-2019 P2) Que el hecho narrado por el Ministerio Público configura el delito de abuso de confianza; y que los elementos a colmar son: a) Una acción de disposición, esto es, que el activo haya externado una acción dirigida a disponer. b) Respecto de alguna cosa ajena mueble. c) De la cual se le haya transmitido la tenencia y no el dominio. d) Que con ello cause un perjuicio a la víctima, es decir, se vulnere el bien jurídico tutelado. -Elementos que nunca fueron mencionados por el Ministerio Público en la audiencia de tres de diciembre de dos mil diecinueve. -Ya que el Ministerio Público no realizó un razonamiento sobre cómo los datos de prueba demostraban la actualización del hecho que narraron, menos aún la probable participación del imputado en su comisión. (Minuto 00:03:07, parte 0306-2019 P2) Luego, el juez dijo que ".está acreditado que el señor Armando Diosdado Gutiérrez, dispuso en diferentes fechas de una cantidad de dinero, es decir, dispuso de una cosa ajena mueble, esto es, de la cantidad total de., cantidad respecto de la cual se le transmitió la tenencia y no el dominio, pues de acuerdo a la relatoría, solamente tenía facultades para actuar de acuerdo a un poder general para pleitos y cobranzas y actos de dominio, perdón, y actos de administración en materia laboral; y sin embargo, cuando la persona que otorgó dicho poder falleció con posterioridad y, en este caso, el sucesor legítimo *******(sic) le hizo requerimiento para que le entregara a él las cantidades de dinero que había cobrado como producto de la renta de un inmueble se negó a hacerlo. Con ello, evidentemente le generó un perjuicio económico al señor ******(sic) -Sin que expusiera cómo se demostraba esa afirmación, pues nunca hizo mención a alguno de los datos de prueba referidos por el Ministerio Público, esto es, no realizó una valoración de qué acreditaba cada uno de ellos. -Así, por ejemplo, se desconoce cómo llegó al conocimiento de que el imputado, al parecer, dispuso de dinero ajeno en diferentes fechas; cómo supo que respecto de ese dinero se le transmitió la tenencia y no el dominio; cómo sabe que se otorgó ese poder notarial al imputado o que se negó a entregar al dinero a la víctima. (Minuto 00:05:26, parte 0306-2019 P2) Y en relación a la probable responsabilidad, dijo que ".se advierte que la persona que cometió estos hechos es Armando Diosdado Gutiérrez, pues de la relatoría hecha por la agente del Ministerio Público, no se advierte que sea otra persona, pues la misma, incluso, se ostentó como apoderado legal de la persona fallecida José del *****". -Sin que, nuevamente, expusiera cómo llegó a esa conclusión, pues no refirió cómo se acreditaba esa probabilidad con los datos de prueba referidos por el Ministerio Público, limitándose a decir que: "de la relatoría hecha por la agente del Ministerio Público, no se advierte que sea otra persona". (Minuto 00:06:00, parte 0306-2019 P2) Además, hizo alusión a la "necesidad de cautela", como justificación para el libramiento de la orden de comparecencia por medio de la fuerza pública; pese a que el numeral 141, fracción III, del referido ordenamiento legal prevé que la necesidad de cautela es requisito para el libramiento de una orden de aprehensión; a diferencia de la fracción II, que prevé la orden de comparecencia para el caso de que un imputado citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna. Consecuentemente, las cuestiones antes referidas deben ser estudiadas por la autoridad responsable, con la suficiente objetividad, para cumplir con la fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional; prescindiendo de arribar a conclusiones genéricas, pues ello actualiza un actuar dogmático que transgrede los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debida fundamentación y motivación establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; vicios que conllevan a la invalidez del acto reclamado, debido a la ausencia de valoración libre y lógica de lo expuesto oralmente por el Ministerio Público en su solicitud de orden de comparecencia, particularmente, los datos de prueba, para poder concluir objetivamente que se cometió un hecho delictivo, y la probabilidad de que el imputado participó en él. Lo que tiene sustento jurídico, por identidad jurídica sustancial, en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, consultable en la página 666 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Junio de 1996, Novena Época, Materia Penal, cuyo contenido es: "ORDEN DE APREHENSIÓN. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De conformidad con lo establecido por el artículo 16 constitucional, toda orden de aprehensión debe contener como requisitos esenciales los siguientes: a).- que sea dictada por autoridad judicial; b).- que preceda a ésta, una denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; c).- que existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado. Además, como requisito de todo acto de autoridad, la orden de aprehensión debe estar debidamente fundada y motivada, debiéndose entender por motivación que en el acto de autoridad han de señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas en forma pormenorizada, que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo; siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro. De ahí que no basta con que el Juez de la causa haga una relación de las pruebas existentes en la averiguación previa y concluya que se encuentran probados los elementos del tipo penal respectivo, así como la probable responsabilidad penal del indiciado". Así como, también por identidad jurídica, en la tesis I.9o.P.43 P (11a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 13, mayo de 2022, tomo V, página 4691, Undécima Época, registro 2024689, de rubro y texto: "ORDEN DE APREHENSIÓN. CARECE DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SI PARA SU EMISIÓN, EN RELACIÓN CON LA ACREDITACIÓN DEL HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITO Y LA PROBABILIDAD DE QUE EL IMPUTADO PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN, EL JUEZ SÓLO TIENE POR REPRODUCIDOS ÍNTEGRAMENTE LA PETICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO HECHA EN LA AUDIENCIA EN QUE SOLICITÓ EL LIBRAMIENTO DE LA ORDEN DE COMPARECENCIA, Y LOS RAZONAMIENTOS QUE EL MISMO JUZGADOR EXPUSO EN ÉSTA. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la orden de aprehensión librada en su contra, en cuya audiencia para su emisión el Juez, en cuanto a la acreditación del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que aquél participó en su comisión, sólo tuvo por reproducidos íntegramente la petición del agente del Ministerio Público hecha en la determinación en que solicitó el libramiento de la orden de comparecencia y la determinación efectuada por ese órgano jurisdiccional en la propia audiencia, bajo el argumento de que prácticamente existe identidad en cuanto a los elementos sustanciales para el libramiento de la orden de aprehensión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es violatoria del artículo 16 de la Constitución General, por carecer de fundamentación y motivación, la orden de aprehensión en la que para su libramiento, en cuanto a la acreditación del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado participó en su comisión, el Juez sólo tiene por reproducidos íntegramente la petición del agente del Ministerio Público hecha en la audiencia en que solicitó el libramiento de la orden de comparecencia y la determinación efectuada por ese órgano jurisdiccional en esta orden, bajo el argumento de que prácticamente existe identidad en cuanto a los elementos sustanciales para el libramiento de la orden de aprehensión. Justificación: El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que todo acto de molestia esté debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la expresión con precisión del precepto o preceptos legales aplicables y, por lo segundo, el señalamiento también con precisión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión, lo cual es acorde con el artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone que en la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo 141 del propio código. Sin embargo, la orden de aprehensión reclamada carece de esos requisitos, pues en su libramiento el Juez sólo tuvo por reproducidos íntegramente la petición del agente del Ministerio Público en cuanto a la acreditación del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado participó en su comisión, hecha en la audiencia en que solicitó el libramiento de la orden de comparecencia, así como la determinación efectuada por ese órgano jurisdiccional en esta orden, bajo el argumento de que prácticamente existe identidad en cuanto a los elementos sustanciales para el libramiento de la orden de aprehensión; ello, en atención a que en el caso no se está ante la presencia de resoluciones vinculadas, pues la orden de aprehensión no fue emitida en cumplimiento a la orden de comparecencia, sino de forma independiente a ésta, es decir, una no es consecuencia de la otra, ya que la orden de aprehensión no deriva de la diversa de comparecencia. De ahí que la primera no contiene argumento del por qué se encuentran acreditados el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado participó en su comisión, ni con qué datos de prueba se acredita ello, por lo que tampoco se puede establecer la debida adecuación entre los motivos argumentados y las normas aplicables y, por lo mismo, resulta imposible realizar el análisis de fondo del asunto, pues no se puede estudiar algo con tales irregularidades, al no tener conocimiento de los motivos que la autoridad tuvo para su emisión". Por último, es importante destacar que cuando un acto de autoridad no se encuentra debidamente fundado y motivado y que molesta en su esfera jurídica al gobernado, también trasciende en la violación de otros derechos fundamentales, tales como el de adecuada defensa que, a su vez, se encuentra inmerso en el de debido proceso, máxime cuando se trata, como en el caso en estudio, de un proceso criminal, lo que tiene estrecha vinculación con el precepto 14 de la Carta Magna. Lo anterior es así, toda vez que al individuo deben dársele a conocer las causas, fundamentos legales y razones particulares que sustentan el acto de autoridad, todo lo cual, necesariamente, se le tiene que hacer saber para que se encuentre en aptitud real y efectiva de defenderse y ejercer su derecho a una defensa adecuada. Por tanto, si bien en el sistema procesal penal acusatorio y oral se ha reducido el estándar probatorio para dictar una orden de comparecencia por medio de la fuerza pública, lo que implica no realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito; ello no significa que el acto de autoridad no deba cumplir con los requisitos constitucionales básicos de fundamentación y motivación, puesto que constituye un acto mediante el cual se restringirá provisionalmente la libertad ambulatoria del imputado para ponerlo a disposición de una autoridad judicial. En consecuencia, ante la transgresión de los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debida fundamentación y motivación establecidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, se impone conceder la protección constitucional solicitada por el quejoso Armando Diosdado Gutiérrez. OCTAVO. Efectos de la protección constitucional. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, dentro del plazo de tres días siguientes a aquél en que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad responsable juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, deberá realizar lo siguiente: 1. Deje insubsistente la orden de comparecencia de tres de diciembre de dos mil diecinueve dictada en la causa penal 306/2019 contra ******, como probable responsable en el hecho que la ley señala como el delito de abuso de confianza, cometido en perjuicio de ********. 2. Con plenitud de jurisdicción, de forma fundada y motivada, emita una nueva resolución, en la cual deberá seguir los lineamientos vertidos a lo largo del considerando séptimo de esta sentencia; esto es: a) Limitar su resolución a la información y datos vertidos por el Ministerio Público. b) Valorar objetivamente por qué se encuentra acreditado el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado participó en su comisión, esto es, con qué datos de prueba se acreditan ambas circunstancias. c) Abstenerse de analizar la necesidad de cautela (como requisito de la orden de aprehensión), y limitarse al estudio de lo expuesto por el Ministerio Público en relación a la incomparecencia injustificada del imputado previo citatorio. d) De ser el caso, proceda conforme al penúltimo párrafo del numeral 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Concesión que se extiende al acto de ejecución que se reclama a la autoridad ejecutora coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca, en virtud de que su acto no se combate por vicios propios, sino en vía de consecuencia; como así lo ilustra la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, página 66, registro IUS 394058, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS". NOVENO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Armando Diosdado Gutiérrez contra la orden de detención, citación, presentación, comparecencia, arraigo, aprehensión y/o reaprehensión, y su ejecución, que atribuyó a las autoridades precisadas en el considerando tercero; por las razones y fundamentos expresados en el mismo. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a Armando Diosdado Gutiérrez contra la orden de comparecencia de tres de diciembre de dos mil diecinueve dictada en la causa penal 306/2019 por el juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, y su ejecución, por el coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca; por las razones y fundamentos expresados en el considerando séptimo de esta sentencia, para los efectos precisados en el diverso octavo de la misma. TERCERO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo; asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hoy veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.Dos firmas ilegibles".

  3. Principal

    PRAL.651/2022.MESA-5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca siendo las diez horas con veinticinco minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas en acuerdo de siete de este mes, para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 651/2022, el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ponciano Velasco Velasco, asistido de la secretaria Julissa Nohemí Pérez Salinas, quien da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo la declara abierta, sin asistencia de las partes. Enseguida, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan A) la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, B) el auto de admisión de seis de junio de este año, C) las constancias de emplazamiento de la parte tercera interesada y D) los informes justificados de las autoridades responsables; además, se hace constar que no existe promoción pendiente por acordar y que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. A lo anterior, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Posteriormente, se declara abierto el periodo probatorio, en el cual la secretaria hace constar que: La autoridad responsable, juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, exhibió con su informe justificado las documentales siguientes (fojas 120 a 122): Copia certificada de los puntos resolutivos de la orden de comparecencia dictada en la causa penal*****, del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. Dos discos versátiles digitales, debidamente certificados, que contienen el I) registro de audio y video de la audiencia de solicitud de orden de comparecencia por medio de la fuerza pública de tres de diciembre de dos mil diecinueve y II) su índice cronológico; correspondientes a la referida causa penal ****** (obran por separado en la Secretaría de este Juzgado). En tanto que la parte quejosa ofreció en la demanda de amparo y su escrito de ampliación: La presuncional legal y humana. La instrumental de actuaciones. Al respecto, se acuerda: Las documentales relacionadas se admiten y desahogan en razón de su especial naturaleza, para ser valoradas al momento de dictarse la sentencia correspondiente; en tanto que, por lo que hace a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, se tomará en consideración la totalidad de las actuaciones de este juicio y se deducirán las presunciones que se aprecien. No habiendo prueba pendiente por admitir o desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. A continuación, se ordena pasar a la etapa de alegatos, en la cual la secretaria hace constar que ninguna parte procesal hizo uso de ese derecho; por lo cual, se cierra esta etapa. Con lo anterior se da por concluida la audiencia y se procede a dictar la resolución correspondiente LIC. PONCIANO VELASCO VELASCO JUEZ DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA. LIC. JULISSA NOHEMÍ PÉREZ SALINAS SECRETARIA DE JUZGADO.

  4. Principal

    PRAL 651/2022 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de octubre de dos mil veintidós. 1. Informe justificado. Incorpórese a los autos el oficio recibido por correo electrónico institucional, firmado por el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, mediante el cual, rinde informe justificado relativo a la ampliación de demanda admitida el trece de septiembre de este año. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus derechos convenga. 2. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la autoridad responsable, las copias certificadas que anexa como justificación a su informe; mismas que se desahogan en razón de su propia naturaleza, para ser valoradas en el momento procesal oportuno. Con la precisión que únicamente se tienen como pruebas documentales las relativas a la causa penal 306/2019, en razón que, con motivo de la separación de autos decretada en auto de seis de septiembre pasado, corresponde al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado conocer de la diversa causa penal 352/2018. 2.1 Precisión sobre el audio y video de la audiencia. Y como la autoridad oficiante refiere que envía el link para la descarga del registro de audio y video de la audiencia de solicitud de orden de comparecencia por medio de la fuerza pública, de tres de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 306/2019, se estima innecesario solicitar la audiencia mediante disco versátil digital certificado, toda vez que el mismo se recibió en este Juzgado en auto de veintiséis de julio de dos mil veintidós. 3. Diferimiento de audiencia. Para dar margen a que las partes puedan imponerse del informe justificado de cuenta, con la anticipación prevista en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan, para tal efecto, las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril del año dos mil, página 5, registro 191995 del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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