Armando Díaz Bello
Expediente 1326/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 52 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1326/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 52
- Última actuación
- 22/11/2023
Partes del expediente
- Armando Díaz Bello
Actuaciones
Las 4 más recientes de 52.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de * perito oficial en materia de contabilidad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, solicita se le conceda una prórroga de diez días para rendir el dictamen correspondiente con las aclaraciones pertinentes precisadas en dicho acuerdo. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le concede únicamente prórroga de tres días hábiles a efecto de que rectifique su dictamen pericial; lo anterior, en atención a que es la segunda ocasión que se le pide emita su dictamen con base a las constancias que obran en el presente asunto y en términos de la legislación aplicable; luego, su actuar negligente ha retrasado la emisión de la resolución correspondiente al incidente aperturado para cuantificar el monto a pagar al quejoso con motivo de la indemnización a que tiene derecho, lo que va en contra del derecho a la impartición de justicia pronta señalado en el artículo 17 Constitucional. En el entendido de que subsisten los apercibimientos decretados en autos.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de **, perito oficial de este juzgado en materia de contabilidad, por el que rinde el dictamen que le fue requerido en autos. Atento a lo anterior, visto el dictamen exhibido por el experto se advierte lo siguiente: 1. En el rubro "PROBLEMA PLANTEADO" nuevamente indica que es para determinar el monto del laudo del quejoso, lo cual es erróneo como se le precisó en acuerdo de seis de noviembre de dos mil veintitrés, pues lo correcto es para determinar el monto que corresponde al quejoso por concepto de indemnización constitucional y por concepto de demás prestaciones a que tiene derecho con motivo de la separación injustificada de su cargo. 2. Se encuentra incompleto dado que la hoja dos no tiene ilación con la hoja tres, pues en el apartado de ESTUDIO Y VALORACIÓN solo contiene un párrafo que dice lo siguiente: ".para la elaboración del presente dictamen se procedió a la revisión estudio, análisis, inspección, observación y valorización de la documentación integrada al presente juicio de amparo derivado del análisis realizado se obtuvo lo siguiente: oraciones (sic) quejoso en los años percibía salario mensual de $7,178.00 por ende percibía un salario diario de $239.26." Posteriormente, se encuentra el resto de la hoja en blanco sin texto, para continuar en la tercera hoja con el "CAPÍTULO II CÁLCULO DE PRESTACIONES". 3. Se asentaron montos incongruentes; esto es, en relación al salario mensual en el apartado de ESTUDIO Y VALORACIÓN asentó una cantidad de ***** y como salario diario el monto de ***** luego, en el apartado de CÁLCULO DE LAS PRESTACIONES asentó como monto mensual la cantidad de ***** posteriormente al dar respuesta al cuestionario asentó como cantidad por concepto de salario diario integrado el monto de ***** 4. Se omitieron realizar las operaciones aritméticas que arrojan como cantidad por concepto de remuneración ordinaria no percibida la de **** 5. Asimismo, en el apartado de retenciones señaló como tal la cantidad de $109,404.66, sin justificar de donde derivaba la misma; no obstante en el apartado de conclusión señala que la cantidad a pagar al quejoso surge del importe de percepciones menos la retención del impuesto sobre la renta, por lo que se intuye que esta retención corresponde a ese concepto. En tal virtud, con fundamento en lo que prevé el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a ********************, perito oficial en materia de contabilidad, para que dentro del plazo de para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, nuevamente rectifique su dictamen en donde se advierta de manera detallada el cálculo de cada cantidad que comprende al pago que se deba realizar a la parte quejosa, conforme a los lineamientos establecidos en el presente auto. Haciéndole notar que para ello, tiene a su alcance las actuaciones que integran el presente expediente, aunado a que mediante proveído de seis de noviembre del año en curso, se le corrió traslado con la copia certificada remitida por la autoridad responsable que contiene la actualización de los pagos al quejoso por año correspondiente, por lo que deberá estar ajustado en caso de existir aumento o haya discrepancia en las cantidades que haya considerado para la emisión de dictamen correspondiente. Por otra parte, se le destaca que es improcedente analizar la cuantificación y obtener la devolución del impuesto sobre la renta retenido en la etapa de liquidación que nos ocupa, en virtud de que los juzgadores de amparo, como la suscrita, no tienen facultades legales para determinar si el monto del impuesto retenido es correcto, pues ello es competencia original de la autoridad fiscal federal y, el amparo y sus recursos no son la vía idónea para cuestionar y obtener el monto de la retención, porque para ello existe la solicitud de pago de lo indebido. Lo anterior, porque conforme a los artículos 94 a 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 26, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, los patrones tienen el carácter de auxiliares de la administración pública federal en la recaudación del impuesto a cargo de sus trabajadores, en tanto tienen la obligación de retener el causado por los conceptos que resulten de la relación laboral o su terminación. En ese orden, el patrón es el obligado a calcular y retener el impuesto y la revisión de ese cálculo es competencia exclusiva de la autoridad fiscal, en el ejercicio de sus facultades legales. De ahí que si el quejoso considera que el monto descontado no es correcto, la vía para obtener la diferencia del monto retenido es la solicitud de pago de lo indebido. Resulta aplicable a lo anterior, por compartirse, el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito que señala lo siguiente: "RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. ES IMPROCEDENTE ANALIZAR SU CUANTIFICACIÓN Y OBTENER SU DEVOLUCIÓN EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra su cese del cargo de policía. Seguido el procedimiento, se le concedió la protección constitucional porque se le removió sin audiencia previa y se ordenó a la autoridad responsable que le pagara la indemnización y demás prestaciones previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General. Para cuantificarlas se tramitó un incidente de liquidación, se determinó la cantidad neta y se instruyó a la autoridad pagarla, previo descuento de las obligaciones tributarias, por lo que retuvo el impuesto sobre la renta y le pagó el resto. Acto seguido, la parte quejosa promovió incidente de actualización de liquidación de sentencia y contra su interlocutoria interpuso recurso de queja, en el que controvirtió dicha retención. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en la etapa de liquidación de una sentencia de amparo es improcedente analizar la cuantificación y obtener la devolución del impuesto sobre la renta retenido por la autoridad responsable, en vista de que: a) los juzgadores de amparo no tienen facultades legales para determinar si el monto del impuesto retenido es correcto, pues ello es competencia original de la autoridad fiscal federal y, b) el amparo y sus recursos no son la vía idónea para cuestionar y obtener el monto de la retención, porque para ello existe la solicitud de pago de lo indebido. Justificación: Lo anterior, porque conforme a los artículos 94 a 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 26, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, los patrones tienen el carácter de auxiliares de la administración pública federal en la recaudación del impuesto a cargo de sus trabajadores, en tanto tienen la obligación de retener el causado por los conceptos que resulten de la relación laboral o su terminación. En ese orden, el patrón es el obligado a calcular y retener el impuesto y la revisión de ese cálculo es competencia exclusiva de la autoridad fiscal, en el ejercicio de sus facultades legales; de ahí que si el quejoso considera que el monto descontado no es correcto, la vía para obtener la diferencia del monto retenido es la solicitud de pago de lo indebido. En consecuencia, en la etapa de liquidación de una sentencia de amparo es improcedente analizar la cuantificación y obtener la devolución del impuesto retenido pues, en esa sede, los juzgadores no tienen facultades para determinar si el monto es correcto, por ser competencia exclusiva de la autoridad fiscal, y el amparo y sus recursos no son la vía idónea para obtener el monto indebidamente retenido." Se le apercibe que de omitir cumplir con este mandato judicial o no informar el impedimento legal que tengan para ello, se le impondrá a cada una, multa por el importe de cincuenta días del valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, misma que sustituyó al salario mínimo general vigente diario para todo el país, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo; 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Finalmente se hace notar al experto en cita que su negligencia en la emisión del dictamen que nos ocupa retarda el dictado de la sentencia interlocutoria correspondiente en este asunto lo que es contrario al derecho de impartición de justicia pronta que vela el artículo 17 Constitucional.
- Principal
Agréguense a los autos la copia del oficio de la Directora General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por los cuales, da cumplimiento al requerimiento de trece de octubre de dos mil veintitrés y al efecto, remite copia certificada del último talón de pago quincenal de la parte quejosa e informa los últimos incrementos anuales, asimismo, con los oficios restantes se advierten las gestiones que realizó para dar cumplimiento al citado requerimiento. Atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda, se toma conocimiento de lo manifestado por la autoridad oficiante y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Por otra parte, visto el estado procesal de los autos, se advierte que mediante determinación de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, el perito oficial en materia de contabilidad ** solicitó lo siguiente: -Se le conceda una prórroga de diez días para emitir su dictamen. -Se le proporcione el talón de pago quincenal del quejoso Armando Díaz Bello en la fecha de su privación de libertad, es decir, su última quincena laboral de junio de dos mil veintiuno; y, -Se le informe los últimos incrementos porcentuales anuales desde dos mil veintiuno a dos mil veintitrés. En tales circunstancias, dado que ya fueron remitidas las documentales requeridas por el citado perito, como quedó asentado en párrafos que anteceden, córrase traslado con los oficios de cuenta y de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia se concede la prórroga solicitada de diez días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que rinda el dictamen pericial correspondiente o en su caso informe la imposibilidad que tiene para ello. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado, se le impondrá una multa de cincuenta veces la unidad de medida y actualización vigente a esta fecha, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de enero de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el apartado B último párrafo del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el precepto tercero transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones en materia de desindexación del salario mínimo.
- Principal
Agréguese a los autos la copia del oficio de la Directora General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por medio del cual informa que el siete de octubre del año en curso, requirió al Director General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que en el término de dos días siguientes a la recepción del oficio que le giró en dicha data, remitiera la información requerida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que en el término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído remita la información requerida en proveído de veintidós de septiembre del año en curso, esto es, remita copia certificada del último talón de pago quincenal de la parte quejosa -junio de dos mil veintiuno-, e informen los últimos incrementos porcentuales anuales desde ese año dos mil veintiuno al año dos mil veintitrés. Sin que obste para ello que haya remitido con anterioridad copia de conocimiento de los oficios que giró para allegarse de dicha información, pues no se advierte cuando notificó éstos al Director General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que atendiera los requerimientos que le formuló. En el entendido de que subsisten los apercibimientos decretados en proveído de veintidós de septiembre del año en curso, en caso de incumplimiento.
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