Armando de los Santos Díaz Prats

Expediente 58/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
58/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
30/08/2021

Partes del expediente

  • Armando de los Santos Díaz Prats

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, el treinta de agosto de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de veintitrés de julio del año en curso, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizara manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se sobreseyó en el presente asunto. Inconforme con la citada resolución, el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Veracruz, Veracruz de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, autoridad responsable en el presente asunto, interpuso recurso de revisión en su contra, del cual por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en la materia de la revisión, dejó firme por falta de impugnación el sobreseimiento decretado en la sentencia distada en autos en el resolutivo primero, regido por el considerando tercero de la sentencia impugnada, y confirmó la sentencia recurrida en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa ARMANDO DE LOS SANTOS DÍAZ PRATS en los términos y efectos siguientes: ".En esas condiciones, con apoyo en el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que:a). El Titular de la Oficina de la Representación en Veracruz, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en Acayucan, Veracruz, deje insubsistente la resolución combatida. b). En su lugar, dicte otra, en la que tomando en cuenta lo aquí decidido, reponga el procedimiento en el expediente administrativo de que se trata y que disponga lo conducente, a fin de que, previo a la celebración de la entrevista o entrevistas que tengan que realizarse al respecto, a que se refiere el artículo 21, último párrafo, de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, le designe al aquí quejoso un representante legal que lo asista en el procedimiento administrativo de reconocimiento de refugiado en trato, debido a que se probó que no cuenta con uno, que es lo que corresponde en derecho." Como consecuencia de lo anterior, en acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Posteriormente, en auto de veintitrés de julio del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. Ahora, toda vez que mediante oficio COMAR/JUR/2080/2021 de dieciséis de junio del año en curso, el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de representación en Veracruz, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, informó que el once de junio del presente año, la Encargada de la Oficina de Representación en Veracruz de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ordenó reponer el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiados del aquí quejoso y dejó sin efectos la resolución de once de diciembre de dos mil diecinueve. Asimismo, en oficio COMAR/ORVER/2608/2021 le hizo del conocimiento al Instituto Nacional de Migración el contenido del citado acuerdo de once de junio del año en cita, de igual forma, mediante correo electrónico le informó al quejoso la fecha de entrevista de elegibilidad señalada para las diez horas del dieciséis de junio de dos mil veintiuno e intentó comunicación vía telefónica con el quejoso en el número que señaló para tal efecto, sin que pudiera hacerlo. Por otra parte, mediante oficio COMAR/ORVER/2632/2021, solicitó al Instituto Federal de la Defensoría Pública, le fuera proporcionado un representante legal que acompañara al quejoso durante la entrevista de elegibilidad, dicha defensoría informó que el licenciado Alfonso Sánchez Luna, fue designado como asesor jurídico del quejoso. Seguidamente la autoridad responsable informó la imposibilidad de contactar al quejoso. Por otra parte, en proveído de veintiocho de junio del presente año, se tiene al autorizado del quejoso Arturo Ortíz, solicitando un plazo de diez días hábiles con el fin localizar al quejoso y hacerle del conocimiento lo manifestado por la autoridad responsable y lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, apercibiendo al citado autorizado que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo otorgado al autorizado del quejoso sin que hiciera manifestación alguna. En ese contexto, del análisis sistemático de dichas constancias, se advierte que no existe materia para resolver respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior, es así, toda vez que los efectos de la ejecutoria de mérito versan en que la autoridad responsable, dejará insubsistente la resolución combatida, y dictara otra, en la cual reponga el procedimiento en el expediente administrativo del quejoso, a fin de que, previo a la celebración de la entrevista o entrevistas que tengan que realizarse al respecto, a que se refiere el artículo 21, último párrafo, de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, le designara al aquí quejoso un representante legal que lo asista en el procedimiento administrativo de reconocimiento de refugiado, debido a que se probó que no cuenta con uno, que es lo que corresponde en derecho. Sin embargo, de las constancias a estudio se advierte la imposibilidad de localizar al quejoso ARMANDO DE LOS SANTOS DÍAZ PRATS, a efecto de continuar con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara QUE NO EXISTE MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que por una parte se negó y se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva) del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General 3, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, el treinta de agosto de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 58/2020, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, el treinta de agosto de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de veintitrés de julio del año en curso, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizara manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se sobreseyó en el presente asunto. Inconforme con la citada resolución, el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Veracruz, Veracruz de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, autoridad responsable en el presente asunto, interpuso recurso de revisión en su contra, del cual por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en la materia de la revisión, dejó firme por falta de impugnación el sobreseimiento decretado en la sentencia distada en autos en el resolutivo primero, regido por el considerando tercero de la sentencia impugnada, y confirmó la sentencia recurrida en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa ARMANDO DE LOS SANTOS DÍAZ PRATS en los términos y efectos siguientes: ".En esas condiciones, con apoyo en el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que: a). El Titular de la Oficina de la Representación en Veracruz, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en Acayucan, Veracruz, deje insubsistente la resolución combatida. b). En su lugar, dicte otra, en la que tomando en cuenta lo aquí decidido, reponga el procedimiento en el expediente administrativo de que se trata y que disponga lo conducente, a fin de que, previo a la celebración de la entrevista o entrevistas que tengan que realizarse al respecto, a que se refiere el artículo 21, último párrafo, de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, le designe al aquí quejoso un representante legal que lo asista en el procedimiento administrativo de reconocimiento de refugiado en trato, debido a que se probó que no cuenta con uno, que es lo que corresponde en derecho." Como consecuencia de lo anterior, en acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Posteriormente, en auto de veintitrés de julio del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. Ahora, toda vez que mediante oficio COMAR/JUR/2080/2021 de dieciséis de junio del año en curso, el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de representación en Veracruz, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, informó que el once de junio del presente año, la Encargada de la Oficina de Representación en Veracruz de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ordenó reponer el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiados del aquí quejoso y dejó sin efectos la resolución de once de diciembre de dos mil diecinueve. Asimismo, en oficio COMAR/ORVER/2608/2021 le hizo del conocimiento al Instituto Nacional de Migración el contenido del citado acuerdo de once de junio del año en cita, de igual forma, mediante correo electrónico le informó al quejoso la fecha de entrevista de elegibilidad señalada para las diez horas del dieciséis de junio de dos mil veintiuno e intentó comunicación vía telefónica con el quejoso en el número que señaló para tal efecto, sin que pudiera hacerlo. Por otra parte, mediante oficio COMAR/ORVER/2632/2021, solicitó al Instituto Federal de la Defensoría Pública, le fuera proporcionado un representante legal que acompañara al quejoso durante la entrevista de elegibilidad, dicha defensoría informó que el licenciado Alfonso Sánchez Luna, fue designado como asesor jurídico del quejoso. Seguidamente la autoridad responsable informó la imposibilidad de contactar al quejoso. Por otra parte, en proveído de veintiocho de junio del presente año, se tiene al autorizado del quejoso Arturo Ortíz, solicitando un plazo de diez días hábiles con el fin localizar al quejoso y hacerle del conocimiento lo manifestado por la autoridad responsable y lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, apercibiendo al citado autorizado que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo otorgado al autorizado del quejoso sin que hiciera manifestación alguna. En ese contexto, del análisis sistemático de dichas constancias, se advierte que no existe materia para resolver respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior, es así, toda vez que los efectos de la ejecutoria de mérito versan en que la autoridad responsable, dejará insubsistente la resolución combatida, y dictara otra, en la cual reponga el procedimiento en el expediente administrativo del quejoso, a fin de que, previo a la celebración de la entrevista o entrevistas que tengan que realizarse al respecto, a que se refiere el artículo 21, último párrafo, de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, le designara al aquí quejoso un representante legal que lo asista en el procedimiento administrativo de reconocimiento de refugiado, debido a que se probó que no cuenta con uno, que es lo que corresponde en derecho. Sin embargo, de las constancias a estudio se advierte la imposibilidad de localizar al quejoso ARMANDO DE LOS SANTOS DÍAZ PRATS, a efecto de continuar con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara QUE NO EXISTE MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que por una parte se negó y se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva) del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. 2 Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General 3, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe". En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su archivo junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en este Palacio Federal; atento a su contenido, y toda vez que de autos se advierte que se libró el oficio 13089 de fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, por el cual se acusó recibo a la Superioridad, derivado de la devolución de los autos del juicio de amparo 58/2020 del índice de este Juzgado, y remisión del testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 29/2021 de su índice, sin que el mismo se hubiese remitido. En consecuencia, reexpídase el oficio 13089 por el cual se acusa de recibo del oficio 506/2021-B, para los efectos legales correspondiente. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, el veintitrés de julio de dos mil veintiuno. De autos se advierte que en proveído de veintiocho de junio del presente año, se tuvo al autorizado de la parte quejosa manifestando que desconoce el paradero del quejoso Armando de los Santos Díaz Prats, por lo solicitó y se le concedió un plazo de diez días hábiles con el fin de ubicarlo, y estar en aptitud de proporcionarle a la autoridad responsable Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en la Ciudad de México los datos que solicito en su oficio de gestiones acordado el dieciocho de junio del presente año, y ésta proceda a dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones y con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para el único efecto de notificar personalmente al quejoso el contenido del proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, puesto que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. Boca del Río, Veracruz, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito de cuenta signado por Arturo Ortíz Noriega, autorizado de la parte quejosa en el presente asunto; en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngase por desahogada la vista que se otorgó en auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno y, por hechas sus manifestaciones. Ahora, se aprecia que manifiesta bajo protesta de decir verdad que desconoce el paradero del quejoso, por lo que solicita se le conceda un plazo de diez días hábiles con el fin de ubicarlo y se logre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Por tanto, a fin de salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se otorga un plazo de diez días hábiles, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, a fin de que proporcione datos de localización del quejoso ARMANDO DE LOS SANTOS DÍAZ PRATS, para ser proporcionados a la autoridad responsable Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en la Ciudad de México y ésta proceda a dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibido el citado autorizado que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de ley.

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