Armando de Jesús Levy Aguirre

Expediente 388/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
388/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Armando de Jesús Levy Aguirre

Actuaciones

  1. Principal

    ,, Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto que desechó por notoriamente improcedente la demanda, sin que se hiciera valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL REFERIDO PROVEÍDO. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    (CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 18 DE ABRIL DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA DETERMINACIÓN DE 13 DE ABRIL DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: "Vista la demanda que promueve ..., contra actos de la Segunda Sala Civil de la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los preceptos 1, 14 y 16 Constitucionales, al efecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno electrónico con el número 388/2023. Tramítese el presente asunto observando los términos del ordinal 3° de la Ley de Amparo. SE DESECHA LA DEMANDA. I. El ordinal 113 de la legislación en cita establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, ya que de conformidad con el diverso 62 del mismo ordenamiento, las causales de improcedencia se estudian de oficio. II. De la lectura integral de la demanda se advierte que la quejosa reclama el auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, emitido en el toca .../2023-1 por la Segunda Sala Civil de la Ciudad de México, donde revocó la admisión del recurso de apelación contra el auto de dos de febrero de este año, dictado en el juicio ordinario civil .../2022 del índice del Juzgado Décimo Quinto Civil de esta ciudad, en el que ordenó el llamamiento de una diversa persona y le requirió antecedentes para la identificación del inmueble materia de la litis. III. El juicio es improcedente, pues el acto reclamado comparte la naturaleza del auto que le dio origen, el cual no es de imposible reparación al no afectar material e inmediatamente los derechos humanos de la parte quejosa, conforme a la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo1 . En primer lugar, se hace necesario acudir al contenido del precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2 ; y luego al mismo texto de la Ley de la materia. Estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio de amparo para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; tema en que la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el Constituyente Permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. Ahora, el artículo 107 de la Ley de Amparo, sí define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. De esta forma, el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Entonces con la connotación legislativa con que ahora cuenta la Ley de Amparo, no pueden seguir siendo aplicables los criterios que trataban el aspecto de la imposible reparación, ya que son generados con una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión; lo que además, se apoya con el contenido del artículo sexto transitorio de la ley en cita4 . En el particular, el quejoso reclama el auto de la Sala responsable que revocó la admisión del recurso de apelación contra el auto que ordenó el llamamiento de un diversa persona y además le requirió antecedentes para la plena identificación del inmueble, lo cual evidencia que el reclamo involucra actuaciones que únicamente envuelven cuestiones adjetivas o procedimentales que tienen vinculación con la integración del proceso natural. De ahí que no se afecten los derechos sustantivos constitucionales del accionante de amparo, como la vida, la propiedad, la familia, o la libertad, etc. -y que son algunos ejemplos de los derechos que pueden afectarse en forma irreparable-. Por tanto, se concluye que el acto reclamado no es de imposible reparación, debido a que no afecta de forma material, actual, real y directa derechos sustantivos del quejoso, lo anterior, porque en modo alguno trastoca derechos que rebasen lo puramente procesal y que no sean susceptibles de ser reparados en sentencia definitiva; de modo que, hasta que ésta se emita, resultará factible establecer si se materializaron o no las violaciones con trascendencia a los derechos del quejoso y, desde luego, al resultado del fallo. En otras palabras, la determinación reclamada es potencialmente reparable en sentencia definitiva, o bien, en una eventual segunda instancia, incluso, en el juicio de amparo contra la resolución final del negocio, porque, si bien es cierto, el contexto en el que se materializa podría importar afectación del derecho de defensa del justiciable, la realidad es que, en este escenario, esa prerrogativa solo tiene un sentido procedimental, debido a que únicamente se relaciona con efectos formales que inciden en el procedimiento. Robustece lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 94/2008 con registro 167896 emitida por la Primera Sala y consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 256 que indica: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." También, por analogía, la jurisprudencia IX. 1o. J/10, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1303, Novena Época, Materia Común, registro 185612, cuyo título es: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO." Por lo expuesto, al demostrarse la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona, incluso para la utilización de medios electrónicos. Respecto de quienes autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, tendrán las facultades amplias que prevé, si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario únicamente estarán autorizadas para oír y recibir notificaciones. Como lo solicita, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización con los nombres de usuario proporcionados, para consultar el expediente a través de la vía electrónica. Los correos y números telefónicos que refiere la quejosa únicamente serán considerados para entablar comunicaciones no procesales, pues así lo dispone el artículo 22 del Acuerdo General citado. Por lo expuesto y fundado , se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve ..., contra actos de la Segunda Sala Civil de la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."

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