Armando de Jesus Diaz Avila

Expediente 1143/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1143/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
23/03/2021

Partes del expediente

  • Armando de Jesus Diaz Avila

Actuaciones

  1. Principal

    Atendiendo la certificación de cuenta, así como el estado procesal de los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veinte en la que se desechó la demanda de amparo, en consecuencia, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso d) del artículo 21 de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años a esta fecha, de conformidad con el numeral 21, inciso d), y penúltimo párrafo, del citado Acuerdo, procédase a la destrucción del expediente

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Armando de Jesús Díaz Ávila, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México y otras autoridades, que se hacen consistir en la orden de aprehensión, detención o presentación y su ejecución; fórmese expediente y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado; y regístrese bajo el número de juicio de amparo 1143/2020-III. Ahora bien, respecto a dichos actos, se estima que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, el citado numeral señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entendiéndose por lo primero lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. En el caso particular se actualizan la causal de improcedencia prevista en el 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el cual refiere lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" De acuerdo con dicho numeral, se entiende que un gobernado consiente un acto de autoridad cuando no promueve oportunamente en su contra la acción constitucional de amparo, resultando improcedente el juicio que en todo caso se interponga una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo. Dicho artículo guarda relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo establecen que establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) (Sic) De la interpretación gramatical de los preceptos legales invocados, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente, cuando la demanda de garantías no se promueva dentro del término de quince días, es decir, cuando la parte quejosa tenga conocimiento de la ejecución del acto reclamado, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término de quince días. Sirve de apoyo, por el espíritu que encierra el contenido, la Jurisprudencia (Común), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 1931, del rubro siguiente: «DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).» También se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días, para la promoción del juicio de garantías, el cual comienza desde el día siguiente al en que: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, cobra aplicación la tesis sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Décima Época, Agosto de 2015, Tomo III, Pág. 2380, del rubro y texto son los siguientes: «INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO.» Para el caso concreto del último supuesto antes señalado con el inciso c), el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que tuvo conocimiento del daño en la su esfera de derechos, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia. En efecto, es de señalarse que en la presente instancia, el quejoso bajo protesta de decir verdad, indica en el punto número "1" de los antecedentes del acto reclamado que en fecha seis de noviembre del año dos mil veinte, aproximadamente a las trece horas, tres personas quienes manifestaron ser elementos de la policía de investigación se presentaron en su domicilio ubicado en calle Poniente 26, número 444, colonia la Perla, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, con un mandato judicial en su contra. Con lo anteriormente expuesto se concluye que la demanda de amparo que se trata fue interpuesta fuera de los plazos previstos para su presentación, puesto que, partiendo del hecho de que tuvo conocimiento del acto ahora combatido en seis de noviembre de dos mil veinte, el plazo para interponerlo fue del nueve de noviembre al uno de diciembre del año en curso. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia (Común) sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro es: «DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Julio de 2005, Pag. 1035)» Por tanto, si la demanda de garantías se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, mediante buzón judicial hasta el once de diciembre de dos mil veinte, y la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde el seis de noviembre de dos mil veinte, es incuestionable que su presentación resulta extemporánea, toda vez que el término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso. De ahí que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo invocada. La anterior determinación se sustenta la Jurisprudencia(Común) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: «DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Pleno, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Pag. 5)» En consecuencia, al actualizarse, de manera manifiesta, notoria e indudable, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XIV, esta última en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, con apoyo en el precepto 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías. Sin que obste a la conclusión alcanzada el hecho de que en el particular el acto reclamado - orden de aprehensión, detención o presentación, así como su ejecución -sea tendente a privar de la libertad personal al impetrante, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que las resoluciones pronunciadas a partir del tres de abril de dos mil trece, el plazo aplicable para la promoción del amparo sea el genérico de quince días, aun cuando se trate de ese tipo de actos. Sirve de apoyo a loa anterior, la jurisprudencia P/J. 12/2015 (10ª.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Tomo I, Libro 18, mayo de dos mil quince, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, con registro electrónico 2009174, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." En otro orden de ideas, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Roberto Ramírez Guzmán y Arturo Córdova Zamudio, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en la última parte del mismo ordenamiento al resto de las personas que nombra. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo en vigor.

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