Armando Contreras Martínez

Expediente 615/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
615/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
06/08/2019

Partes del expediente

  • Armando Contreras Martínez
  • Juez Quinto de Distrito Especializado En Ejecución de Penas Con Sede En la Ciudad de México

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del auto de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse únicamente sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo; en el entendido de que se procederá para tal efecto con posterioridad al SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes y déjese a vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable la documental que anexó a su informe, la cual se deja a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional, con la que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, la autoridad responsable oficiante en el informe justificado que se provee, señaló que el juicio de amparo era improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, en virtud de que el directo quejoso Armando Contreras Martínez, en el acto de la notificación del acto reclamado consistente en el acuerdo diecinueve de junio del año en curso, interpuso recurso de revocación, el cual se admitió el dieciséis de junio de dos mil diecinueve -como se advierte del auto inserto en el informe justificado-, mismo que se encuentra pendiente de resolver. Al respecto, este Juzgado de Distrito considera que, efectivamente, en el caso, se actualiza dicha hipótesis de improcedencia. Para corroborar el anterior aserto, se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que en la parte conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)" Del precepto antes transcrito, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal, propuesto por el quejoso, que tenga como efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Conviene precisar que, el medio de impugnación se define como el mecanismo que constituye una instancia reclamadora de la legalidad o procedencia de un acto de autoridad, instancia que se hace valer ante la misma autoridad u otra jerárquicamente superior, o ante algún órgano revisor específico, para que califique la procedencia o la legalidad, o ambas cosas, respecto del acto controvertido. En ese sentido, el recurso o medio de impugnación a que se refiere la fracción XIX del numeral 61 de la Ley de Amparo, debe tener por objeto que el promovente pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses, de modo tal que no cualquier medio de impugnación da lugar a la actualización de la causa de improcedencia en análisis, sino sólo aquéllos que están establecidos por la ley correspondiente y que tengan los efectos precisados. Precisado lo anterior, para la actualización de la causa de improcedencia que se examina, es necesario la demostración fehaciente de que el recurso fue admitido, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé oportunidad a la parte inconforme de ser escuchado en defensa de sus derechos, pues puede suceder que el recurso, por no ser idóneo o no estar establecido en la ley del acto, sea desechado por improcedente, supuesto éste en que el quejoso no será escuchado ante las autoridades ordinarias; por tanto, si al mismo tiempo el juicio de amparo se declara improcedente con la sola afirmación o la demostración de que se presentó un recurso, ello tendría como consecuencia que no se oiga al afectado ni en el juicio constitucional ni en el recurso propuesto, con lo que se le dejaría en estado de indefensión. De ahí que, al término utilizado en el precepto referido, en el sentido de que el recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso "se esté tramitando", no debe dársele una interpretación restrictiva, esto es, que la operancia de la causal de mérito se origine por la simple presentación del escrito mediante el que se interpuso el recurso, sino que en concordancia con el aludido principio y teniendo presente el estado de indefensión que se pudiera causar al promovente del amparo, debe considerarse que el medio de impugnación hecho valer debe estar pendiente de resolución, lo que implica su admisión por la autoridad respectiva. De lo expuesto se colige que si bien, conforme al precepto en estudio, no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la de revocar, modificar o nulificar un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de amparo que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional, lo cierto es que la improcedencia del juicio de amparo por la causal prevista en la fracción XIX del normativo 61 del ordenamiento legal aplicable, sólo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio de defensa legal contra el acto de autoridad respecto del cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J.144/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y textos siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." En tales condiciones, la citada causa de improcedencia se actualiza cuando concurren las siguientes hipótesis: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio de defensa legal contra el acto de autoridad respecto del cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Ahora, el presente juicio de amparo fue promovido por Arturo Ramón Robles Feria, en su carácter de Defensor Público del sentenciado Armando Contreras Martínez, en contra del acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, dictado por la Jueza Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas con residencia en la Ciudad de México, en los autos del expediente de ejecución SIPE 361/2018-II, de su índice, a través del cual, desechó de plano el incidente no especificado relativo a los beneficios preliberacionales de libertad preparatoria, remisión parcial de la pena, tratamiento preliberacional y libertad anticipada, respecto de la pena que se le impuso en el proceso penal 198/2011, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río. Por otro lado, del informe justificado de cuenta la autoridad responsable señalo que el sentenciado Armando Contreras Martínez (aquí quejoso), en el acto de la notificación del acto reclamado consistente en el acuerdo diecinueve de junio del año en curso, interpuso recurso de revocación, el cual se admitió en acuerdo de dieciséis de junio de dos mil diecinueve, como se puede advertir del auto inserto en el informe justificado, mismo que se encuentra pendiente de resolver. En ese sentido, se encuentran colmados los elementos que constituyen la causa de improcedencia prevista por la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio de defensa legal contra el acto de autoridad respecto del cual solicite amparo. En el caso, fue el propio quejoso quien promovió el recurso de revocación en contra en contra del acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, el cual constituye el acto reclamado en esta instancia de control constitucional, lo que colma el primer elemento. b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo. También se encuentra satisfecho el segundo requisito consistente en "que el recurso o medio de defensa haya sido admitido", pues como se apuntó en párrafos anteriores, el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, tal como se advierte de dicho auto, el cual se encuentra inserto en el informe justificado que remitió la autoridad responsable. Documentales a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2 de la ley de la materia, por tratarse de documentos provenientes de una autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Por último, que el medio de defensa en mención resulta idóneo para revocar o modificar el acto reclamado, el cual también se satisface, ya que de conformidad con el artículo 361 del Código Federal de Procedimientos Penales, es el medio de defensa legal idóneo para modificar, revocar o nulificar el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, que combate mediante juicio constitucional el Defensor Pública Federal que lo patrocina. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J.122/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y textos siguientes: "REVOCACIÓN. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UN INCIDENTE NO ESPECIFICADO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). Los artículos 367 y 365 de los códigos citados establecen, respectivamente, en su fracción V, la procedencia del recurso de apelación contra los autos que resuelvan algún incidente no especificado. Por otra parte, los numerales 361 y 359 de los citados ordenamientos prevén, respectivamente, la procedencia del recurso de revocación contra los autos en que los códigos no concedan el recurso de apelación. Ahora bien, atendiendo al significado de "resolver", tanto en el sentido común de la palabra, como de las hipótesis previstas en los artículos 367 y 365 citados -referidas a supuestos que solucionan problemas jurídicos planteados en el proceso penal-, aquélla debe interpretarse en el sentido de abordar frontalmente el problema jurídico planteado y darle solución. Por tanto, como el auto que desecha un incidente no especificado en el procedimiento penal no soluciona la problemática sometida a la jurisdicción del juzgador, sino que la rechaza, evitando pronunciarse al respecto por existir impedimento legal para resolverla, y en su contra la ley no prevé la procedencia del recurso de apelación, el recurso que procede es el de revocación; esto sin importar que las razones del auto se refieran a cuestiones de fondo o no, pues lo relevante y cierto jurídicamente es su sentido." Razones que sin duda corroboran la idoneidad del recurso planteado por el quejoso para revocar la resolución aquí reclamado. En este orden de ideas es evidente que se está tramitando un medio de defensa legal interpuesto por el propio quejoso Armando Contreras Martínez, lo que hace que el presente juicio de amparo promovido por el Defensor Pública Federal que lo patrocina se torne improcedente; por consiguiente, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, por actualizarse de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Asimismo, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitieron las autoridades responsables al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, por lista de acuerdos a la parte quejosa, de conformidad con lo ordenado en acuerdo de diecisiete de los actuales, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Uriel Curti Espinosa, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ya feneció el término otorgado a ********************en su carácter de defensor público federal del quejoso ******************** para que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el cual fuera conminado en el proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve y, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hágansele por medio de lista de acuerdos, hasta en tanto no subsane dicha omisión.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, remitido por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 257/2019, con número de orden 358/2019 del índice de este juzgado, girado a fin de notificar el proveído de cuatro de julio del año en curso, al defensor público federal licenciado Arturo Ramón Robles Feria; en consecuencia, ténganse al aludido profesionista por debidamente notificado del acuerdo antes mencionado; dese de baja la citada comunicación oficial y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente. Sin que haya lugar a acusar recibo de la comunicación oficial que se provee, toda vez que dicha comunicación oficial fue devuelta a través de Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y su envío en línea, generó un acuse de recepción en el que consta un número de folio electrónico que lo valida. Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el término de tres días otorgado a Arturo Ramón Robles Feria, en su carácter de defensor público federal del quejoso Armando Contreras Martinez, para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, empezó a transcurrir el día de hoy y fenecerá el dieciséis de los cursantes, tal y como se desprende de la certificación de cuenta; por tanto, estese en espera de que fenezca el término concedido para proveer lo que en derecho corresponda.

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