Armando Cid Damián
Expediente 970/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 970/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Armando Cid Damián
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos, el primer oficio de cuenta firmado por la Apoderada General para la Defensa Jurídica, en representación de las autoridades dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México; mediante el cual; en atención al requerimiento formulado en auto de tres de agosto del año en curso (fojas 1454 a 1457), informa los trámites realizados a fin de dar cumplimiento al mismo, esto es, mediante el oficio que refiere el Director General de Asuntos Jurídicos, solicitó a la Dirección General de Administración de Personal, la propuesta de cuantificación a favor del quejoso, por concepto de demás prestaciones, aduciendo que a la fecha se encuentran en espera de dicha documentación, manifestando que el término concedido en autos resulta insuficiente, por lo que solicita una prórroga considerable. En ese sentido, y vista la contumacia de las autoridades requeridas, retrasando el debido cumplimiento al fallo protector; NO HA LUGAR A OTORGAR LA PRÓRROGA SOLICITADA, toda vez que la oficiante pretende acreditar dichos trámites, con una constancia de treinta y uno de julio pasado, anterior al requerimiento aludido de tres de los actuales. Por otra parte, manifiesta la imposibilidad que le asiste para exhibir ante este Juzgado, la planilla de cuantificación por los veinte días por año de servicio a favor del justiciable, por las razones que ahí expone, solicitando nuevamente se suspenda el procedimiento de ejecución de la sentencia, hasta en tanto se resuelva el recurso de queja interpuesto en la fecha en que se actúa, mediante el oficio que refiere. Al respecto, se le reitera que no ha lugar proveer de conformidad su solicitud, toda vez que debe tenerse presente que la ejecución de las sentencias es una cuestión de orden público, en razón de que tales decisiones representan el resultado del mecanismo mediante el cual el Estado resuelve los conflictos suscitados entre particulares, o bien, entre gobernados y autoridades, restableciendo con ello la vigencia efectiva del orden jurídico que fue infringido; de ese modo, no puede paralizarse el procedimiento de ejecución de sentencia por el simple hecho de que se encuentre en trámite un recurso de queja. Ahora bien, se hace de su conocimiento, que el requerimiento que se le formuló para el efecto de que realice la cuantificación de los veinte días por año de servicio que le corresponde al justiciable, ya es cosa juzgada, por lo que tiene sustento en lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. II/2016 (10a), en la que, toralmente abandonó el criterio establecido en la diversa 2a./J.119/2011 de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AUN SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO", pues señaló que la Ley Reglamentaria del artículo 123, apartado A, fracción XXII, es decir, la Ley Federal del Trabajo, establece un mínimo constitucional garantizado para el caso en que un trabajador sea separado de su empleo de forma injustificada, el cual incluye los veinte días de salario por cada año trabajado, mínimo constitucional que si bien no se encuentra establecido en las leyes reglamentarias del artículo 123, apartado B, fracción XIII, lo cierto es que a efecto de reconocer a los servidores públicos adscritos a instituciones policiales garantías mínimas dentro del cargo o puesto que desempeñaban, sin importar la naturaleza jurídica de la relación jurídica que sostenían con el estado, resultó procedente la interpretación integral del sistema normativo, en este caso, del apartado A y del apartado B, del artículo 123 Constitucional, así como sus leyes reglamentarias, para dotar a los referidos servidores públicos de garantías mínimas inherentes a su cargo y en caso de separación injustificada del mismo, otorgarles el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por una separación del empleo injustificada.(...) En ese sentido, se seguirá requiriendo a las autoridades responsables y vinculadas correspondientes, el cumplimiento del fallo protector, lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 197 y 211, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Director General de Administración de Personal [1] y al Director General de Asuntos Jurídicos [2], ambos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del día hábil siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente auto, término previsto en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, indiquen la cantidad que tiene derecho a percibir el quejoso: (...) Haciendo de su conocimiento que subsiste el apercibimiento... En ese sentido, con fundamento en lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso e) y 101, de la Ley de Amparo, con copia simple de los ocursos de mérito, dese vista a la parte quejosa y la autoridad responsable Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y requiéraseles, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, señalen las constancias que estimen deberán ser remitidas al Tribunal Colegiado que deba resolver el recurso de que se trata. Transcurrido dicho plazo, con desahogo o sin él, sin mayor proveído, ríndase el informe correspondiente, y remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, las constancias que estimen necesarias para un mejor conocimiento del presente asunto, así como de las diversas actuaciones que en su caso indiquen las partes; por separado el original del ocurso de cuenta, tal como lo dispone el numeral 101, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Glósese una reproducción fotostática del ocurso de expresión de agravios a este expediente y provisionalmente el original de dicho oficio, hasta en tanto sea remitido a la Superioridad. De igual manera, en atención a la certificación secretarial de cuenta, en su momento, hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado correspondiente que de un análisis integral realizado al juicio de amparo en que se actúa, se advierte que previamente al recurso de queja que ahora se tramita, se substanciaron seis diversos recursos de queja, de los cuales conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, radicados bajo los tocas Q.A. 281/2016, Q.A. 282/2016, Q.A. 283/2016, Q.A. 53/2017, Q.A. 54/2017 y Q.A. 55/2017, de su índice, habida cuenta de que no se tramitó el incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haber sido solicitado. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se hace efectivo el apercibimiento decretado el auto de prevención; en consecuencia se tiene por no presentada la demanda de garantías. Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el perito oficial, atento a su contenido, dígase que al perito que no es procedente acordar su solicitud de que se le requiera el dictamen de mérito, en términos de un cuestionario que comprenda únicamente el periodo respecto del cual cuenta con soporte documental, ni alguna otra variante, al ser un medio de prueba ofrecido por la parte quejosa cuyo resultado debe ser objetivo con base en los elementos que se aporten al expediente. En esas condiciones, dígase al perito que el plazo de diez días con el que cuenta para emitir su opinión profesional, contará a partir del día siguiente al en que se encuentre notificado de este proveído; en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado para el caso de no hacerlo, esto es, le se impondrá una multa por el equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. NOTIFÍQUESE.
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