Armando Centeno Rios

Expediente 1745/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1745/2017
Año
2017
Actuaciones
18
Última actuación
20/06/2018

Partes del expediente

  • Armando Centeno Rios
  • Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de Mexico

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; veinte de junio de dos mil dieciocho. El estado procesal de autos y la certificación de cuenta, evidencian que el quejoso y la tercera interesada no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de veintidós de mayo del presente año (fojas 173 a 176), en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para todos los efectos legales. Por otra parte, el estado procesal del presente sumario constitucional evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Atento a lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ya que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia o relevancia. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; veintidós de mayo de dos mil dieciocho. El estado procesal de los presentes autos y la certificación de cuenta evidencian que feneció el plazo de tres días concedido al quejoso y a la tercera interesada en auto de siete de los cursantes (foja 169), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Armando Centeno Ríos, contra la sentencia interlocutoria de doce de octubre de dos mil diecisiete que confirma la determinación de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Primero Civil de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, en los autos del expediente 555/2015. Ahora, el veintidós de enero dos mil dieciocho (fojas 84 a 90), se emitió la sentencia correspondiente en el presente asunto, la cual fue recurrida por la parte quejosa mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito el siete de febrero de este año (fojas 100 a 117). Recurso que fue radicado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con el número de amparo en revisión 62/2018, en el que se resolvió lo siguiente: "(.) De acuerdo con el documento reproducido, se advierte que en los argumento propuestos ante el Juez Primero Civil de Primer Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, no se hizo valer la forma en la cual el promovente del amparo alega adquirió los derechos de posesión sobre el inmueble que resultase ser antaño el domicilio conyugal. Esto es, en los agravios no se mencionó que la tercera interesada, durante su estado civil de casada por separación de bienes, trasmitiera los derechos posesorios en favor del inconforme, ni el documento mediante el cual se realizare dicha cesión. De ahí que no sea correcto reprochar a la autoridad señalada como responsable , la falta de examen de un argumento que no formó parte de la litis en el recurso de revocación, y por ese motivo ese concreto concepto de violación es inoperante. Bajo ese contexto, las conclusiones alcanzadas por el Juez de origen en relación a que el inmueble era de exclusivo dominio de quien lo adquirió, y que el ahora quejoso tenía conocimiento de que era propiedad de su ex conyuge, en efecto como lo advirtió dicha autoridad, partieron de las propias manifestaciones producidas por él cuando solicitare la disolución del vínculo matrimonial, así como de los efectos que causa esta tratándose de la separación de bienes; en tanto que nunca se puntualizó en el modo en que, en decir del recurrente adquirió eso derechos posesorios. Por ese motivo, no es factible emitir pronunciamiento alguno sobre la constancia de derechos posesorios que afirma el inconforme adjuntó en copia certificada expedida por notario publicó, debido a que esa documental no fue puesta de relieve como una situación novedosa por la cual debiera operar el reingreso al otrora domicilio conyugal, aun cuando se hubiese decretado la disolución del matrimonio por la petición de divorcio incausado formulada por éste. Debido a lo anterior, resulta infructuoso alegar en favor ese derecho posesorio como medio efectivo para justificar una confrontación de títulos, esto es, entre la constancia de derechos posesorios de la cual trata de prevalerse el inconforme y aquella exhibida por la persona con la que se entendió la diligencia cuestionada. En cambio, resulta fundado el concepto de violación mediante el que se combate el pronunciamiento del Juez de origen respecto al documento presentado en dicha diligencia, en virtud del cual se consideró la imposibilidad para dar cumplimiento a la entrega del bien. En efecto, el quejoso afirma que la cesión de derechos realizada por la tercera interesada en favor de María Dolores Jiménez Rodríguez, esto es, aquella que fue presentada por la persona con la que se entendió la diligencia de oposición para reintegrar al quejoso en el inmueble del cual se le ordenó abandonar en cumplimiento de la medida provisional de protección solicitada a favor del hijo de ambos y de ella como presuntas víctimas de violencia familiar, constituía un documento que, ni aun por analogía, se ubica en las hipótesis mencionadas en el precepto 1.22 del Código Procesa Civil local, como causas para suspender la ejecución de una determinación judicial. Ahora bien, el artículo de mérito establece: "Artículo 1.22. La ejecución solo se suspendera, si se probare que un tercero no oído en juicio tiene la posesión en nombre propio del bien en la sentencia o auto se fuere a ejecutar. Tal prueba debe consistir en copia fehaciente de resolución judicial ejecutoriada, que declare que tal posesión fue dada judicialmente o inscrita en el Registro Público de la Propiedad, o en resolución ejecutoriada que conceda el amparo o la suspensión al interesado en relación con la posesión a nombre propio del bien. En esos casos, el Ejecutor recogerá las pruebas que se le presenten y dará cuenta al Juez.". Como se ve, el legislador del Estado de México estableció en el transcrito precepto de la legislación procesal, cuáles son los únicos documentos que permiten suspender la ejecución de una determinación judicial, los cuales deben ser presentados por el tercero no oído en el procedimiento judicial civil del cual emane la orden relativa. De esas documentales se advierte que no resultaba oponible a la suspensión de la ejecución de la orden de reingreso del quejoso al otrora hogar conyugal dictada en el procedimiento civil acumulado de referencia, la constancia de cesión de derechos posesorios mostrada por Guadalupe Aguirre Puga, celebrada entre la propia tercera interesada Paulina Acosta Sánchez en favor de María Dolores Jiménez Rodríguez, por no ubicarse en ninguno de los supuestos contemplados en el indicado precepto 1.22 del código procesal civil local, pues se trató de una cesión realizada ante el Comisariado Ejidal de Santa María Atarasquillo, en Lerma, Estado de México. Bajo ese contexto, debe concluirse que al menos la causa señalada por el Juez de origen en la resolución reclamada para justificar la razón por la cual no debía ordenarse a la Ejecutora el cumplimiento de dicha determinación de reincorporación no es correcta, pues el documento exhibido en la diligencia en mención no reúne las características identificatorias previstas por el legislador a fin de suspender dicha ejecución. De esa manera, en esta ejecutoria de amparo no se juzga sobre el mejor derecho de posesión que pudiera tener el quejoso o la otra persona en cuyo favor la tercera interesada otorgó la cesión de derechos posesorios en comento, sino exclusivamente en cuanto a que ese documento no fue de aquellos contemplados por el legislador para la suspensión de la ejecución de una orden dada en un procedimiento civil, todo lo cual debía ser sopesado por la autoridad responsable en la resolución reclamada, pues debe tenerse presente que el punto cuestionado es el reingreso del quejoso como una consecuencia inmediata y directa de la cosa juzgada, en la cual no se analizó en forma alguna sobre derechos de propiedad o posesión que pudiera tener el quejoso al amparo de un título de una naturaleza distinta a la civil. En esas circunstancias, la orden del reingreso cuestionada no se traduce en un desposeimiento de la tercera persona en cuyo favor se exhibió la mencionada constancia de cesión de derechos posesorios, sin mediar procedimiento judicial en el cual sean oídos y vencidos en juicio, en términos del artículo 14 constitucional, sino en dar cumplimiento a dicha orden para poner en posesión al quejoso sobre un inmueble cuyo derecho de posesión alegó tener en el procedimiento de origen al amparo de una constancia de cesión de derechos de posesión otorgada por la tercera interesada con anterioridad a la otra mencionada, de manera que dada la naturaleza de la orden a cumplimentar, no se trata de juzgar sobre confrontación de esos títulos posesorios, como lo mencionó en el auto objeto del indicado recurso de revocación, sino exclusivamente si resultaba suspendible o no la ejecución de un mandamiento emitido en el procedimiento civil de origen, en atención a la clase de documento presentado a la diligenciaria, conforme al cual dio cuenta a la autoridad responsable y se concluyera que no era posible dar cumplimiento a la orden de reingreso del quejoso al domicilio mencionado. Por tanto, al concluirse que los conceptos de violación relacionados con el análisis del precepto 1.22 del código procesal civil local son fundados, en términos del ordinal 80 de la Ley de Amparo, debe restituirse al quejoso en el goce de sus prerrogativas fundamentales relacionadas con las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso establecidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, procede revocar la sentencia recurrida, a fin de conceder la protección constitucional, para el efecto de que el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, deje insubsistente la resolución reclamada, y acto continuo emita otra en la cual atienda las consideraciones emitidas en esta ejecutoria, y hecho lo cual resuelva conforme a sus atribuciones lo que en derecho proceda. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Armando Centeno Ríos, contra el acto y autoridad referidos en el sexto considerando de esta ejecutoria, para los efectos precisados en la parte final de dicho considerando (.)." Atento a lo anterior, mediante proveído de dos de mayo de este año (foja 160), se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez Primero Civil de Primera Instancia de Lerma, Estado de México, mediante el cual comunicó la gestiones para dar cumplimiento a la sentencia de amparo e hizo del conocimiento el auto de veinticinco de abril pasado emitido en el expediente 555/2015, en el que dejó sin efectos la sentencia de interlocutoria de doce de octubre de dos mil diecisiete y turnó los autos para emitir una nueva resolución. Asimismo, en diverso auto de siete de mayo pasado (foja 169), se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez Primero Civil de Primera Instancia de Lerma, Estado de México, a través del cual comunicó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo copias certificadas de la sentencia dictada en el juicio natural el treinta de abril de dos mil dieciocho, atendiendo las consideraciones emitidas en la ejecutoria de amparo, pues declaró fundados los agravios expuestos por el quejoso en contra del proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete y lo revocó, toda vez que consideró que el documento exhibido en la diligencia de veintidós de ese mismo mes y año no resulta oponible a la suspensión de la ejecución de la orden de reingreso del quejoso al hogar conyugal, por lo que se ordenó turnar los autos a la ejecutora para que reintegre al hoy quejoso al domicilio conyugal, autorizado el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario. Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese y personalmente al quejoso y por lista a la tercera interesada en términos del acuerdo de quince de diciembre de dos mil diecisiete (foja 76).

  3. Principal

    V. AVISO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO ARMANDO CENTENO RIOS EL AUTO DE VEINTIDÓS DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN CUMPLIMIENTO AL AVISO FIJADO EL VEINTITRÉS DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. VI) Toluca, Estado de México; veintidós de mayo de dos mil dieciocho. El estado procesal de los presentes autos y la certificación de cuenta evidencian que feneció el plazo de tres días concedido al quejoso y a la tercera interesada en auto de siete de los cursantes (foja 169), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Armando Centeno Ríos, contra la sentencia interlocutoria de doce de octubre de dos mil diecisiete que confirma la determinación de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Primero Civil de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, en los autos del expediente 555/2015. Ahora, el veintidós de enero dos mil dieciocho (fojas 84 a 90), se emitió la sentencia correspondiente en el presente asunto, la cual fue recurrida por la parte quejosa mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito el siete de febrero de este año (fojas 100 a 117). Recurso que fue radicado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con el número de amparo en revisión 62/2018, en el que se resolvió lo siguiente: "(.) De acuerdo con el documento reproducido, se advierte que en los argumento propuestos ante el Juez Primero Civil de Primer Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, no se hizo valer la forma en la cual el promovente del amparo alega adquirió los derechos de posesión sobre el inmueble que resultase ser antaño el domicilio conyugal. Esto es, en los agravios no se mencionó que la tercera interesada, durante su estado civil de casada por separación de bienes, trasmitiera los derechos posesorios en favor del inconforme, ni el documento mediante el cual se realizare dicha cesión. De ahí que no sea correcto reprochar a la autoridad señalada como responsable , la falta de examen de un argumento que no formó parte de la litis en el recurso de revocación, y por ese motivo ese concreto concepto de violación es inoperante. Bajo ese contexto, las conclusiones alcanzadas por el Juez de origen en relación a que el inmueble era de exclusivo dominio de quien lo adquirió, y que el ahora quejoso tenía conocimiento de que era propiedad de su ex conyuge, en efecto como lo advirtió dicha autoridad, partieron de las propias manifestaciones producidas por él cuando solicitare la disolución del vínculo matrimonial, así como de los efectos que causa esta tratándose de la separación de bienes; en tanto que nunca se puntualizó en el modo en que, en decir del recurrente adquirió eso derechos posesorios. Por ese motivo, no es factible emitir pronunciamiento alguno sobre la constancia de derechos posesorios que afirma el inconforme adjuntó en copia certificada expedida por notario publicó, debido a que esa documental no fue puesta de relieve como una situación novedosa por la cual debiera operar el reingreso al otrora domicilio conyugal, aun cuando se hubiese decretado la disolución del matrimonio por la petición de divorcio incausado formulada por éste. Debido a lo anterior, resulta infructuoso alegar en favor ese derecho posesorio como medio efectivo para justificar una confrontación de títulos, esto es, entre la constancia de derechos posesorios de la cual trata de prevalerse el inconforme y aquella exhibida por la persona con la que se entendió la diligencia cuestionada. En cambio, resulta fundado el concepto de violación mediante el que se combate el pronunciamiento del Juez de origen respecto al documento presentado en dicha diligencia, en virtud del cual se consideró la imposibilidad para dar cumplimiento a la entrega del bien. En efecto, el quejoso afirma que la cesión de derechos realizada por la tercera interesada en favor de María Dolores Jiménez Rodríguez, esto es, aquella que fue presentada por la persona con la que se entendió la diligencia de oposición para reintegrar al quejoso en el inmueble del cual se le ordenó abandonar en cumplimiento de la medida provisional de protección solicitada a favor del hijo de ambos y de ella como presuntas víctimas de violencia familiar, constituía un documento que, ni aun por analogía, se ubica en las hipótesis mencionadas en el precepto 1.22 del Código Procesa Civil local, como causas para suspender la ejecución de una determinación judicial. Ahora bien, el artículo de mérito establece: "Artículo 1.22. La ejecución solo se suspendera, si se probare que un tercero no oído en juicio tiene la posesión en nombre propio del bien en la sentencia o auto se fuere a ejecutar. Tal prueba debe consistir en copia fehaciente de resolución judicial ejecutoriada, que declare que tal posesión fue dada judicialmente o inscrita en el Registro Público de la Propiedad, o en resolución ejecutoriada que conceda el amparo o la suspensión al interesado en relación con la posesión a nombre propio del bien. En esos casos, el Ejecutor recogerá las pruebas que se le presenten y dará cuenta al Juez.". Como se ve, el legislador del Estado de México estableció en el transcrito precepto de la legislación procesal, cuáles son los únicos documentos que permiten suspender la ejecución de una determinación judicial, los cuales deben ser presentados por el tercero no oído en el procedimiento judicial civil del cual emane la orden relativa. De esas documentales se advierte que no resultaba oponible a la suspensión de la ejecución de la orden de reingreso del quejoso al otrora hogar conyugal dictada en el procedimiento civil acumulado de referencia, la constancia de cesión de derechos posesorios mostrada por Guadalupe Aguirre Puga, celebrada entre la propia tercera interesada Paulina Acosta Sánchez en favor de María Dolores Jiménez Rodríguez, por no ubicarse en ninguno de los supuestos contemplados en el indicado precepto 1.22 del código procesal civil local, pues se trató de una cesión realizada ante el Comisariado Ejidal de Santa María Atarasquillo, en Lerma, Estado de México. Bajo ese contexto, debe concluirse que al menos la causa señalada por el Juez de origen en la resolución reclamada para justificar la razón por la cual no debía ordenarse a la Ejecutora el cumplimiento de dicha determinación de reincorporación no es correcta, pues el documento exhibido en la diligencia en mención no reúne las características identificatorias previstas por el legislador a fin de suspender dicha ejecución. De esa manera, en esta ejecutoria de amparo no se juzga sobre el mejor derecho de posesión que pudiera tener el quejoso o la otra persona en cuyo favor la tercera interesada otorgó la cesión de derechos posesorios en comento, sino exclusivamente en cuanto a que ese documento no fue de aquellos contemplados por el legislador para la suspensión de la ejecución de una orden dada en un procedimiento civil, todo lo cual debía ser sopesado por la autoridad responsable en la resolución reclamada, pues debe tenerse presente que el punto cuestionado es el reingreso del quejoso como una consecuencia inmediata y directa de la cosa juzgada, en la cual no se analizó en forma alguna sobre derechos de propiedad o posesión que pudiera tener el quejoso al amparo de un título de una naturaleza distinta a la civil. En esas circunstancias, la orden del reingreso cuestionada no se traduce en un desposeimiento de la tercera persona en cuyo favor se exhibió la mencionada constancia de cesión de derechos posesorios, sin mediar procedimiento judicial en el cual sean oídos y vencidos en juicio, en términos del artículo 14 constitucional, sino en dar cumplimiento a dicha orden para poner en posesión al quejoso sobre un inmueble cuyo derecho de posesión alegó tener en el procedimiento de origen al amparo de una constancia de cesión de derechos de posesión otorgada por la tercera interesada con anterioridad a la otra mencionada, de manera que dada la naturaleza de la orden a cumplimentar, no se trata de juzgar sobre confrontación de esos títulos posesorios, como lo mencionó en el auto objeto del indicado recurso de revocación, sino exclusivamente si resultaba suspendible o no la ejecución de un mandamiento emitido en el procedimiento civil de origen, en atención a la clase de documento presentado a la diligenciaria, conforme al cual dio cuenta a la autoridad responsable y se concluyera que no era posible dar cumplimiento a la orden de reingreso del quejoso al domicilio mencionado. Por tanto, al concluirse que los conceptos de violación relacionados con el análisis del precepto 1.22 del código procesal civil local son fundados, en términos del ordinal 80 de la Ley de Amparo, debe restituirse al quejoso en el goce de sus prerrogativas fundamentales relacionadas con las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso establecidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, procede revocar la sentencia recurrida, a fin de conceder la protección constitucional, para el efecto de que el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, deje insubsistente la resolución reclamada, y acto continuo emita otra en la cual atienda las consideraciones emitidas en esta ejecutoria, y hecho lo cual resuelva conforme a sus atribuciones lo que en derecho proceda. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Armando Centeno Ríos, contra el acto y autoridad referidos en el sexto considerando de esta ejecutoria, para los efectos precisados en la parte final de dicho considerando (.)." Atento a lo anterior, mediante proveído de dos de mayo de este año (foja 160), se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez Primero Civil de Primera Instancia de Lerma, Estado de México, mediante el cual comunicó la gestiones para dar cumplimiento a la sentencia de amparo e hizo del conocimiento el auto de veinticinco de abril pasado emitido en el expediente 555/2015, en el que dejó sin efectos la sentencia de interlocutoria de doce de octubre de dos mil diecisiete y turnó los autos para emitir una nueva resolución. Asimismo, en diverso auto de siete de mayo pasado (foja 169), se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez Primero Civil de Primera Instancia de Lerma, Estado de México, a través del cual comunicó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo copias certificadas de la sentencia dictada en el juicio natural el treinta de abril de dos mil dieciocho, atendiendo las consideraciones emitidas en la ejecutoria de amparo, pues declaró fundados los agravios expuestos por el quejoso en contra del proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete y lo revocó, toda vez que consideró que el documento exhibido en la diligencia de veintidós de ese mismo mes y año no resulta oponible a la suspensión de la ejecución de la orden de reingreso del quejoso al hogar conyugal, por lo que se ordenó turnar los autos a la ejecutora para que reintegre al hoy quejoso al domicilio conyugal, autorizado el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario. Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese y personalmente al quejoso y por lista a la tercera interesada en términos del acuerdo de quince de diciembre de dos mil diecisiete (foja 76).

  4. Principal

    VI. Toluca, Estado de México; siete de mayo de dos mil dieciocho. De conformidad en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexo adjunto signado por el Juez Primero Civil de Primera Instancia de Lerma, Estado de México, mediante el cual comunica la forma en que da cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en el presente asunto y para acreditar su dicho remite copias certificadas de la sentencia emitida el treinta de abril de este año, en el expediente 555/2015. Atento a lo anterior, con fundamento en el precepto legal 196 de la Ley de Amparo, con copia simple del oficio y anexo en mención, dese vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho e interés convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibidas que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente al quejoso y por lista a la tercera interesada en términos del acuerdo de quince de diciembre de dos mil diecisiete (foja 76). Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa, que autoriza, firma y da fe.

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