Armando Carmona Serrano
Expediente 438/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 438/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Armando Carmona Serrano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Finalmente, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible, ya que se sobreseyó en el presente juicio. Notifíquese.
- Principal
Vistos para resolver el juicio de amparo indirecto 438/2021-III; y, R e s u l t a n d o Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito enviado electrónicamente el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y remitido el veinte siguiente por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, Armando Carmona Serrano, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por el acto que se precisará más adelante en el considerando segundo. Segundo. Trámite y admisión de la demanda. Por auto de veintiuno de mayo de la presente anualidad se admitió a trámite la demanda que se registró con el número 438/2021-III, se dio la intervención que legalmente le compete al representante social federal de la adscripción, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia del órgano jurisdiccional. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda fue presentada en la jurisdicción de este órgano de control constitucional y el acto impugnado no requiere ejecución material al tener la naturaleza de omisivo. Segundo. Definición del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se advierte del análisis del expediente íntegramente considerado, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda constitucional, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el peticionario de amparo reclama: La omisión de acordar lo relativo respecto a las pruebas ofrecidas en el incidente de falsedad de firma planteado en el juicio laboral SAT578//2018. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México aceptó la existencia del acto que se le reprocha al rendir su informe justificado, razón por la que se tiene acreditada su existencia. Esa certeza se corrobora además con las constancias remitidas por la responsable ordenadora, consistente en copias certificadas del juicio laboral SAT578//2018; a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que se trata de la reproducción de actuaciones que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Cuarto. Causales de improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo dispone el numeral 62 de la legislación de la materia. Al respecto, el suscrito estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Esa porción normativa dispone que la improcedencia del juicio de amparo se configura cuando aun cuando en el mundo fáctico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual fue dictada o se cometió, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del impetrante. En el caso concreto, como se apuntó, el amparista acude a esta instancia constitucional aduciendo que la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, ha sido omisa en pronunciarse sobre las pruebas ofrecidas en el incidente de falsedad de firma planteado por la parte actora -aquí quejosa- en el juicio laboral SAT578//2018. Sin embargo, de las constancias enviadas por la autoridad oficiante se desprende que el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno emitió un acuerdo en el que señaló que el organismo demandado no acreditó su personalidad y tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativa, por lo que determinó que era innecesario el estudio del incidente de falsedad de firma promovido por el actor. De acuerdo con lo anteriormente narrado, si el motivo de inconformidad del impetrante radica en que no han sido acordadas las probanzas ofrecidas en el incidente de falsedad de firma planteado en el proceso laboral de origen, y con posterioridad se determinó que no era necesario el trámite y resolución de esa incidencia por haber tenido por contestada la demanda en sentido afirmativo ante la falta de acreditación de la personalidad de la parte demandada, es evidente que tal acto reclamado no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir sus efectos en la esfera jurídica del quejoso, en otras palabras, al haberse tenido por contestada la demanda en sentido afirmativo (resultado al que se arribaría al demostrar que la firma de la contestación no correspondería al representante legal de su contraparte) implica que la omisión de que se duele ha sido superada y no incide más en su esfera de derechos. Bajo esa óptica, aun cuando el acto reclamado en el presente juicio subsista, el objeto o materia de éste ha dejado de existir sin dejar huella en la esfera jurídica del impetrante. En esa tesitura, al configurarse la causal de improcedencia analizada, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 , que establece: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Con motivo de lo antes resuelto el suscrito se encuentra legalmente impedido para examinar los conceptos de violación y las tesis en que se apoyó el amparista, puesto que el análisis de la improcedencia del juicio constitucional es de orden preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo4 . En mérito de lo expuesto y fundado, se: R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ... Notifíquese, por lista al impetrante.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Agréguense el informe justificado de la autoridad responsable Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y arbitraje del Estado de México; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga. Con arreglo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas las documentales que exhibe la autoridad oficiante, las que serán relacionadas en la etapa procesal respectiva. Por tanto, a fin de dar oportunidad a lo anterior y no violar las reglas procedimentales que rigen el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y en su lugar se señalan las once horas con veinte minutos del ocho de julio de dos mil veintiuno para su verificativo. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito del autorizado del quejoso; en atención a su contenido, dígase al promovente que, al efectuar una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se observa que la totalidad de actuaciones que conforman el presente sumario constitucional se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico.
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