Armando Carlos Raymundo Campos
Expediente 308/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 308/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/07/2022
Partes del expediente
- Armando Carlos Raymundo Campos
- Armando Carlos Raymundo Campos y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
8.- Oficio. El Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Siete, solicita copia certificada del auto por el que se declaró firme el sobreseimiento fuera de audiencia de catorce de marzo del año en curso. ..Acuerdo Glósese a los autos el oficio de cuenta y en atención a lo solicitado gírese oficio al que se acompañe copia certificada del auto de seis de abril del año en curso, en el que causó estado el sobreseimiento fuera de audiencia decretado en autos. Notifíquese en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. ..
- Principal
8) Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de otros documentos. Asimismo, se indica a las partes que, en caso de que requieran la devolución de documentos que obran en autos, deberán solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Notifíquese en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
6) Apertura del incidente. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo 542/2021-VII, con dos copias de la demanda de amparo, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión promovido por .... contra actos de las autoridades que señala como responsables. Informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138, fracción III, y 140, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables, su correspondiente informe previo, el que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, y en el que expresarán si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, de igual forma, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables, a fin de que proporcionen los datos que tengan a su alcance y que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes; para lo cual se les envía al efecto copia simple de la demanda. Se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el acto que de ellas se reclame, cuando así corresponda, se le(s) impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. También se informa a las autoridades responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le(s) impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, y de conformidad con lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. Audiencia incidental. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia incidental. Requisitos de la suspensión. Los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el peticionario de garantías debe reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado. En ese orden de ideas, conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario que: a.- La solicite el quejoso; b.- No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva. Asimismo, el juzgador de amparo deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social; entendiendo lo primero, como el conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social, cabe señalar que la apreciación de su existencia depende del caso concreto, el cual debe ser analizado por el juzgador al otorgar o no la suspensión de los actos reclamados. Precisión de actos reclamados. Ahora bien, con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte la Litis siguiente: A.- Parte quejosa. B.- Tercero(s) interesado(s). No existe(n). C.- Autoridad(es) responsable(s). 1.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA. 2.- SUBSECRETARIA DE CENTROS PENITENCIARIOS, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA y DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CIUDAD SERDÁN 3.- DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA. 4.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA. 5.- DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CIUDAD SERDÁN. D.- Acto(s) reclamado(s). "1).- DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SEÑALADAS CON LOS INCISOS A), B) Y C), LES RECLAMO LA ORDEN DE NEGARLE AL QUEJOSO, EL ACCESO A MI CENTRO DE TRABAJO, SIN CAUSA LEGAL O JUSTIFICABLE ALGUNA. 2) DE LA DENOMINADA; DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CIUDAD SERDÁN, le reclamo la ejecución del acto reclamado a las autoridades ordenadoras, consistente en negarme todo acceso a mi fuente de trabajo. 3) DE LA DENOMINADA DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, le reclamo el hecho de SUSPENDER el pago de mi salario, prestaciones, emolumentos, así como las cuotas de aportaciones a mi favor ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) y las aportaciones económicas al AFORE. 4) DE LA DENOMINADA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, aunado al acto reclamado como autoridad ordenadora también le reclamo la ejecución del acto reclamado, consistente en todos los trámites administrativos que con llevaron a la suspensión de mi salario, así como el documento denominado movimiento del personal (BAJA) que se haya generado, derivado de la orden para negarme el acceso a mi fuente de trabajo." Efectos. Por otra parte, la quejosa manifestó que solicita la suspensión del acto reclamado para los efectos siguientes: "A).- Para que las autoridades responsables marcadas con los incisos inciso(sic) D y E, del apartado de autoridades responsables de la presente demanda de garantías, suspendan todo trámite que conlleve a suspenderme o cancelarme mi salario y demás prestaciones que percibía hasta antes de las actuaciones desprovista de efectos de derechos ejecutada en mi contra por parte de las responsables, y procedan a otorgarme cuando menos el mínimo vital para mi subsistencia, hasta en tanto en cuanto se resuelva el presente juicio en lo principal, así como las cuotas de aportaciones a mi favor ante el (ISSSTEP)." Al respecto, el Juzgado de Distrito está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, esto conforme a la jurisprudencia 4/2019 de la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes uno de febrero de dos mil diecinueve a las diez horas con tres minutos del día, de rubro y texto siguientes: Presunción de certeza de los actos reclamados. Para resolver sobre la suspensión provisional, el Juez de Distrito debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada, este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones de la parte quejosa formuladas en la demanda, bajo protesta de decir verdad, pues son los únicos elementos con que se cuenta para resolver sobre la medida cautelar. Manifestaciones, que constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quien la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Interés suspensional. En la especie, la parte quejosa acredita su interés suspensional en virtud de que es quien ha dejado de percibir su salario, así como el servicio médico por parte del ISSSTEP. Concesión de la medida cautelar. A. Suspensión del dictado de la resolución del procedimiento. En principio de cuentas, procede conceder la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que, en caso de existir procedimiento administrativo en contra del quejoso, no se dicte la resolución definitiva en el mismo, mientras se decide el juicio de amparo en el fondo, en virtud de que con una resolución en que se determine la separación del quejoso, se generaría un daño irreparable al agraviado, consistente en la imposibilidad absoluta de ser reincorporado, conforme a la restricción expresa prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, se concede la suspensión provisional para el efecto de que no se dicte la resolución definitiva en caso de que exista un procedimiento administrativo seguido en contra del quejoso. La medida cautelar impedirá el dictado de la resolución del procedimiento administrativo, siempre y cuando no se hubiese emitido con anterioridad a la notificación de la presente suspensión. Ahora bien, en caso de que ya se haya emitido la baja del quejoso de su fuente de trabajo, las autoridades responsables deberán manifestarlo así al rendir sus correspondientes informes previos, pues la medida cautelar en dicho caso, tendría un efecto distinto. B. Servicio médico. Derecho a la salud. CIDH. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha retirado que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental cuyo goce pleno constituye una condición para el ejercicio de todos los derechos. La integridad personal es esencial para el disfrute de la vida humana. A su vez, los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención de la salud humana. Asimismo, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, e indica que la salud es un bien público (artículo 10). La Corte ha manifestado que los Estados son responsables de regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud para lograr una efectiva protección de los derechos a la vida y la integridad personal. Para todo ello, se requiere de la formación de un orden normativo que respete y garantice efectivamente el ejercicio de sus derechos, y la supervisión eficaz y constante sobre la prestación de los servicios de los que dependen la vida y la integridad de las personas. SCJN. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado, en esencia, que el derecho a la protección de la salud previsto en el artículo 4° de la Constitución Política tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 173/2008, en sesión de 30 de abril de 2008, sostuvo que: A.- El derecho a la salud es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador". B.- El derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. C.- El derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. D.- La protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia. E.- De ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. Caso concreto. Ergo, con fundamento en los artículos 128, 131, 138 y 147 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la suspensión provisional, para el efecto de que al quejoso y a sus coasegurados sigan gozando del servicio médico y de la seguridad social con el Instituto respectivo que le proporcionaba dicha prestación. La suspensión provisional surte efectos desde luego y hasta en tanto se resuelva sobre la definitiva. C. Suspensión para el pago de salario y prestaciones. El quejoso solicita la suspensión del acto reclamado, en esencia, para que no se le suspenda el pago de su salario y prestaciones como personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Ahora bien, el derecho al mínimo existencial o mínimo vital ha sido reconocido en otras latitudes como un derecho que se deriva de los principios de dignidad humana y solidaridad, en concordancia con los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la igualdad en la modalidad de decisiones de protección especial a personas en situación de necesidad manifiesta. En el caso mexicano dicho principio cobra plena vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución General, particularmente en los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123. Asimismo, se aprecia que un presupuesto del Estado Democrático de Derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo y a participar activamente en la vida democrática. El goce del mínimo vital, en breve, es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido. El objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Este derecho busca garantizar que la persona -centro del ordenamiento jurídico- no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean. A propósito del tema de la suspensión temporal de servidores públicos sujetos a procedimiento administrativo de responsabilidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 652/2014, en sesión de veintiocho de enero de dos mil quince, sostuvo, en esencia, que: 1.- Conforme a los principios de presunción de inocencia y derecho al mínimo vital, la suspensión temporal en el empleo y la retención de las percepciones del servidor público que es investigado, resulta conforme con el texto de la Norma Fundamental, siempre y cuando se interprete en el sentido de que la autoridad administrativa sancionadora contemple en el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidades, el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia. 2.- En esa virtud, la autoridad instructora debe garantizar el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del presunto responsable; de ahí que en el auto inicial en forma simultánea, habrá de determinar la cantidad que le otorgará para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, cantidad que deberá ser equivalente al 30% de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión y que deberá cubrirse hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el procedimiento de origen en el que se determine su responsabilidad y se le destituya del cargo de manera definitiva, momento en el cual, al haber sido desvinculado de la institución, puede buscar otra fuente de ingresos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables ordenen y paguen al quejoso un ingreso mínimo para su subsistencia; es decir, determinen y paguen la cantidad que le otorgarán para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, cantidad que deberá ser equivalente al 30% de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución y que deberá cubrirse hasta en tanto se dicte resolución definitiva en el procedimiento administrativo de origen. Con la suspensión concedida se asegura una tutela cautelar efectiva que preserva la materia del juicio y la cabal restitución de la afectada en sus derechos, conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo. Lo anterior, única y exclusivamente en caso de que el quejoso no haya sido dado de baja definitivamente de su fuente de trabajo, pues en dicho caso, no se encontraría reunido el requisito establecido en la fracción II, del citado precepto porque de concederse la suspensión respecto de los efectos de ese acto reclamado, se seguiría perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público. Lo anterior es así, porque de concederse en ese caso la medida cautelar conllevaría a que un ex servidor público continúe percibiendo su salario por el trabajo que prestaba, lo que evidenciaría un peligro para el interés público, al permitir que un funcionario continúe en el desempeño de sus labores cuando podría ser que esa suspensión derive de la existencia de una sanción en contra de él. La suspensión provisional surte efectos desde luego y hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva en este incidente. Pruebas. Téngase a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte la instrumental pública de actuaciones y la presuncional legal y humana, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia incidental. Tercero interesado. No existe. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa y como autorizado(s) en amplios términos del artículo 12 ibídem a la(s) persona(s) que señala y que tenga(n) debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a la(s) persona(s) autorizada(s) en términos restringidos. Datos de contacto Por otro lado, se toma conocimiento del correo electrónico que señala el ocursante, a través del(los) cual(es) se podrá(n) entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Exhorto a las partes En términos de los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica. Además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, la actuaria y actuarios judiciales de la adscripción, deberán de asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Instrucción a la Actuaria y Actuarios Judiciales Se instruye a la actuaria y actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional para que tan luego practiquen las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo y en los subsecuentes, integren al expediente electrónico la razón circunstanciada de envío, recepción y confirmación de tales notificaciones y acompañamiento de los anexos ordenados o, en su caso, realice lo mismo con la propia razón de imposibilidad. Lo anterior, en razón de que conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, el expediente electrónico debe coincidir en su totalidad con el expediente físico. Además, en caso de existir la necesidad de practicar alguna notificación derivada del presente expediente que exija su presencia física en el lugar de la notificación, la desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar su propia integridad y salud, así como de las partes con las que se entienda la notificación. Transparencia y acceso a la información De conformidad con los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, y 68, éste último en relación con los diversos 108, 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, por lo que al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Documentación confidencial Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) responsable(s) que, en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá(n) enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida(s) que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Expedición de copias Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, previa razón que, por su entrega, se asiente en autos de la persona autorizada para recibirlas, la cual deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. Ahora bien, atendiendo a que resulta indispensable que las partes acudan físicamente al órgano jurisdiccional, a efecto de recibir las copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten, al latente riesgo sanitario que subsiste en la actualidad, y que es necesario y obligatorio garantizar la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus CoV-SARS-2, resultan aplicables las reglas del modelo de atención presencial basado en citas, previsto y regulado en el Capítulo II "Atención al público en general" del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, las partes o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes adjetivas aplicables, deberán generar la cita para la entrega correspondiente, en el sistema "Agenda OJ", disponible en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes, desahogo de comparecencias, requerimientos o cuando, como en el caso, resulta indispensable que las partes acudan físicamente al órgano jurisdiccional, a efecto de recibir las copias certificadas o simples de las actuaciones solicitadas. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ingrese al órgano jurisdiccional, ingreso que estará condicionado a que la persona que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin embargo, el acceso podrá restringirse a quien acuda fuera del horario previsto o no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Además, se deberá practicar la diligencia de entrega recepción de documentos garantizando la sana distancia entre el compareciente y el personal de este órgano jurisdiccional. En el entendido que la entrega de las copias simples o certificadas dependerá NECESARIAMENTE del volumen del expediente y de las condiciones en que SE ENCUENTRE FUNCIONADO EL CENTRO DE FOTOCOPIADO, así como de la carga de trabajo del personal reducido, que físicamente labora en el Juzgado de Distrito, el cual, conforme la autorización del Consejo de la Judicatura Federal, corresponde al treinta por ciento de su plantilla, por lo que podría suceder que, EN LA PRIMERA CITA, que se le otorgue a través del sistema "Agenda OJ", se presenten impedimentos administrativos, materiales, técnicos y/o humanos, que eviten la entrega de la totalidad de las constancias que se soliciten, derivado ello de las circunstancias apuntadas, por lo que tendrá que generarse una nueva cita, para continuar con el proceso de entrega de las copias solicitadas. No obstante lo anterior hágase del conocimiento de las partes que, en términos del artículo 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, las cuales, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Notifíquese.
- Principal
Oficio. El Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, informa el contenido del acuerdo de quince de marzo del año en curso, dictado en el recurso de revisión número A.R. 155/2022, del que se advierte, entre otras cosas, que recibió debidamente integrado el expediente original 1361/2021-IV de este índice, y se admitió a trámite el referido medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa. Se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar.
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