Armando Calderón Andrade

Expediente 779/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 13 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
779/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • Armando Calderón Andrade

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que los exhibidos por la moral quejosa fueron devueltos mediante diligencia de cinco de abril de dos mil veintidós. Incidente de suspensión. Provéase lo conducente en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales de suspensión que derivan del presente juicio de amparo. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Mario Alberto Huerta López, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la resolución constitucional que sobreseyó el juicio en lo principal y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar provisional y se negó la suspensión definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Mario Alberto Huerta López, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con cuarenta y nueve minutos del once de agosto de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de las partes -autoridades responsables, quejoso y fiscal federal adscrito-, la demanda de derechos, los informes justificados rendidos por el Juez Oral de lo Penal del Distrito Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, fiscal general de Justicia del Estado de Sonora, director general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, comisario general de la Policía Estatal de Seguridad Pública y el comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, todos con residencia en esta ciudad Asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de los referidos informes justificados; de igual manera, que mediante proveído de treinta de junio de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa respecto la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, bajo apercibimiento que se de no hacer manifestación al respecto, se tendría por inexistente y se suspendería toda comunicación legal con ésta; determinación respecto la cual quedó debidamente notificado el veintidós de julio de la presente anualidad. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias; por otra parte, vista la certificación que antecede, se advierte que en el auto de radicación se reservó proveer respecto al emplazamiento de la parte tercera interesada; sin embargo, en el presente asunto no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado; de igual manera, y toda vez que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa mediante proveído de treinta de junio actual, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se declara inexistente a la autoridad señalada como responsable, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, y se suspende toda comunicación legal con ésta. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario hacer constar que las partes no ofrecieron medios de prueba. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Armando Calderón Andrade, contra el acto atribuido al Juez Oral de lo Penal del Distrito Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el nueve siguiente, por razón de turno, a este juzgado de distrito, Armando Calderón Andrade, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. Por acuerdo de nueve de junio de dos mil veintidós, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un cuya ejecución dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: La orden de aprehensión, detención o presentación librada contra el quejoso, y su ejecución. Inexistencia de los actos combatidos No son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron el al rendir su respectivo informe con justificación. Sin que en el caso la parte quejosa ofreciera prueba alguna tendente a desvirtuar tales manifestaciones. Lo anterior, acorde a lo establecido en la jurisprudencia 284, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." No se soslaya por parte de este juzgador, la circunstancia de que el juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, informó la existencia de la causa penal 2712/2022, instruida contra el peticionario de amparo Armando Calderón Andrade, y que en dicho proceso se le citó para la audiencia inicial de formulación de imputación, por el hecho que la ley señala como delito de acoso sexual, previsto y sancionado por el artículo 212 Bis I del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio de Melany María Gallardo Jaramillo. Sin embargo, la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, acorde al numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Decisión En esa virtud, ante la negativa de los actos que reclama el peticionario del amparo, aunado a que no ofreció prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto dichos actos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por Armando Calderón Andrade, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando III de este fallo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, once de julio de dos mil veintidós. Estado procesal. Del estado de autos se advierte que aún no obra constancia alguna que acredite que la parte quejosa haya quedado notificada del auto de treinta de junio de dos mil veintidós; por medio del cual se le dio vista para que manifestara lo que a su derecho conviniere en relación con la inexistencia de una autoridad responsable. En consecuencia, se comisiona al actuario judicial de la adscripción a efecto de que a la brevedad posible cumplimente lo ordenado en el proveído mencionado, en relación con la notificación personal. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data y se fijan las diez horas con cuarenta y nueve minutos del once de agosto de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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