Armando Borjon Alvarado
Expediente 487/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 487/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2017
Partes del expediente
- Armando Borjon Alvarado
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
hago efectivo el apercibimiento del aviso de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del proveído de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA publicada el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 29, de la nueva Ley de Amparo, que dice: Ensenada, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Armando Borjón Alvarado, por su propio derecho, contra actos de la siguiente autoridad: 1. Magistrados Integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 487/2017-III-A. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA Ahora bien, al interpretar el escrito de demanda en su integridad, se aprecia que el acto reclamado es: La omisión de analizar la prescripción de la acción penal en la resolución dictada dentro del toca penal número 13/2016, por los Magistrados de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de la municipalidad de Mexicali, donde se confirma en grado de apelación la responsabilidad del promovente por el delito de robo calificado cometido por dependiente. Lo anterior, permite determinar que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, ya que el acto que por esta vía se combate, debe ser impugnado mediante el juicio amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito. La anterior conclusión anticipada, deviene del análisis de competencia, bajo el esquema normativo de los artículos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. ." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido." Los numerales citados, norman la hipótesis de procedencia de Amparo Directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, que se circunscribe básicamente en el acreditamiento de lo siguiente: a) La existencia de una sentencia definitiva, laudo o resolución; b) Que esa sentencia definitiva, laudo o resolución decida el juicio en lo principal; o por resoluciones que pongan fin al juicio; c) Que esa sentencia definitiva, laudo o resolución haya sido dictada por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. En el caso concreto, se considera que la resolución dictada dentro del toca penal número 13/2016, dictada por los Magistrados de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de la municipalidad de Mexicali, donde se confirma en grado de apelación la sentencia que declaró al promovente como responsable del delito de robo calificado cometido por dependiente, es de considerarse, que para los efectos que prevé el artículo 170 de la Ley de Amparo, no puede ser materia de estudio en amparo indirecto o biinstancial, pues en el caso concreto es claro y patente que la resolución que se combate se trata de una determinación que puso fin al juicio; con independencia del motivo que tuvo para ello y la legalidad del mismo, pues generó como consecuencia legal que la autoridad hiciera efectivo el apercibimiento impuesto al quejoso en el juicio de origen; de ahí que la misma sólo sea susceptible de ser combatida por medio del juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. Por lo anterior, se considera que el presente juicio de amparo resulta de la competencia del Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en el Estado de Baja California en turno, con residencia en Mexicali, en términos de lo que establecen los artículos 170 de la Ley de Amparo, y 37 fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, razón por la que, con fundamento en el artículo 47, párrafo primero, de la Ley de la materia, este juzgado declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo. Por virtud de lo antes expuesto y fundado, envíese el escrito de demanda y sus anexos, al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en el Estado de Baja California en turno, con residencia en Mexicali; solicitándole que una vez en su poder, de no existir inconveniente acuse el recibo de estilo. Fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en Avenida Mar, número 1110-A casi esquina con calle Once del fraccionamiento Misión de esta ciudad. Asimismo, se tiene por autorizado con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia a Fernando Benavides Carabita, Luis Leal Obregón, Misael Zúñiga Zúñiga, Mayra Cortez Chavira e Hiram Martínez Aviña, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por así haberlo solicitado expresamente el promovente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
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