Armando Benjamín Andrade Salado
Expediente 778/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 778/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Armando Benjamín Andrade Salado
- Albert Bacallao Fernández
Actuaciones
- Principal
Glósese el escrito signado por el quejoso Santiago Salas Ferrari como representante legal de la Fundación para el Desarrollo y Fomento Educativo, sociedad civil, moral responsable de la Institución Educativa denominada Universidad Abierta; en atención a su contenido se provee: Copias En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a su costa las copias certificadas que indica en su referido escrito, téngase por autorizado a la persona que señala para recibirlas, previo cotejo, compulsa y copia autorizada que de las mismas se deje y razón de su recibo. Lo anterior, en la inteligencia de que ello se podrá realizar una vez que sea materialmente posible atender dicha petición; en razón de que debido al actual estado de contingencia de salud que prevalece en el país, y al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus de COVID-19, no se encuentra en funciones el centro de copiado del recinto judicial en que se ubica este órgano de control constitucional; sin que se cuente con fecha la especifica de la reapertura de dicho centro de copiado. Comuníquese que debido al actual estado de contingencia de salud que prevalece en el país, y al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus de COVID-19, no se encuentra en funciones el centro de copiado del recinto judicial en que se ubica este órgano de control constitucional; sin que se cuente con fecha la especifica de la reapertura de dicho centro de copiado. De esta manera, se le hacen saber las opciones que, al momento, se pueden implementar, a fin de satisfacer su solicitud; esto es, proporcione un correo electrónico que designe para su envío vía electrónica, (autorizadas mediante el uso de la firel de la secretaria de este Órgano Jurisdiccional); o bien, exhiba las copias físicas que obtenga del expediente electrónico del presente asunto, para que sean compulsadas y certificadas por parte de este Juzgado. Siendo que si comparece a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, a que se le certifiquen las copias referidas, deberá generar cita en el Portal de Servicios en Línea, en términos del el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, a fin de obtener un código QR que le permita el acceso al inmueble y le sean entregadas.
- Principal
Agréguese el escrito signado por Aaron Govea Pérez, por el que promueve incidente de repetición del acto reclamado y toda vez que no exhibe las copias necesarias para el trámite del mismo; con fundamento en el artículo 199 de la Ley de Amparo, requiérase personalmente a la parte quejosa, para que en el término de tres días que refiere el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, exhiba 4 copias más de su escrito de cuenta, en virtud de únicamente exhibió el original del escrito y se requieres a saber: tres para las autoridades responsables, dos para los terceros interesados, y una más para el Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; apercibido que de no cumplir con lo anterior en el término indicado se tendrá por no presentado el ocurso de cuenta. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, agréguese el oficio signado por la Encargada de la Jefatura del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, mediante el cual rinde informe en relación a la suspensión de plano decretada en autos. Contenido del informe. Dicha autoridad manifiesta: - Que son parcialmente ciertos los actos reclamados, toda vez que el quejoso fue presentado en la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco y que es falso que se encuentre detenido o privado de la libertad personal fuera de procedimiento ya que la privación de la libertad se realiza en materia penal, sin embargo la presentación del quejoso se encuentra sujeto a un procedimiento administrativo migratorio por encontrarse de manera irregular en este país, es decir sin el permiso correspondiente que otorga la Secretaría de Gobernación. -Que le dio a conocer al quejoso los requisitos para darle una salida alternativa en tanto resuelve su procedimiento administrativo migratorio y en el momento en el que dé cumplimiento se le otorgara la salida de la Estación Migratoria. Pronunciamiento respecto de la suspensión de oficio y de plano decretada en autos. Respecto de la manifestación de la autoridad responsable relativa a que le dio a conocer al quejoso los requisitos para darle una salida alternativa en tanto resuelve su procedimiento administrativo migratorio y en el momento en el que dé cumplimiento se le otorgara la salida de la Estación Migratoria, se provee lo siguiente: Infórmese a la responsable que la suspensión de plano de este expediente, fue concedida para el único efecto de que cese de manera inmediata la incomunicación de que es objetos el quejoso; asimismo, para que no se lleve a cabo la deportación, expulsión, proscripción o destierro, para que no se ejecute traslado a estación migratoria diversa a aquella en la que se encuentra; y para que sin demora cese la detención de Albert Bacallao Fernández, esto es, que sea puesto en libertad de forma inmediata, -al haber transcurrido el plazo de treinta y seis horas - sin que se hubiera emitido la resolución definitiva a que se refiere el artículo 101 de la Ley de Migración. Lo anterior en la inteligencia de que el quejoso queda a disposición, en cuanto a su libertad, del Juzgado que conozca del presente amparo -con motivo de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional el trece de junio de este año- y a disposición de las autoridades responsables migratorias únicamente para la continuación del procedimiento administrativo respectivo. Además, al quejoso le fueron impuestas las siguientes obligaciones: - Se requiere al quejoso Albert Bacallao Fernández, para que en el acto de la diligencia de notificación del presente acuerdo o en el término veinticuatro horas, señalen si el domicilio en el cual residirán dentro del Estado de Tabasco, es el ubicado en Avenida Gregorio Mendez Magaña número 2422, Colonia Atasta de Serra, Villahermosa Tabasco. -Asimismo, hágase del conocimiento del quejoso que no podrá ausentarse sin previa autorización otorgada por el juzgado que conozca de este asunto. - Con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Amparo, comuníquese al quejoso Albert Bacallao Fernández, que deberá comparecer al Juzgado que acepte la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional, lo que se hará de su conocimiento en su momento a través de los datos proporcionados por el promovente, los días viernes de cada semana o el siguiente si fuera inhábil, para lo cual de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/20201, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán generar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea, micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", sistema "Agenda OJ", a fin de que pueda estar en posibilidades de levantar la comparecencia correspondiente. También, se impone al quejoso la obligación de comparecer ante las autoridades responsables, con residencia en la ciudad de Villahermosa, Tabaco, cuantas veces sea requerido para la prosecución del procedimiento administrativo de migración. Bajo el apercibimiento que, de no cumplir con las obligaciones impuestas, quedará sin efectos la suspensión decretada en los términos anteriormente señalados. No se soslaya que la autoridad responsable en el informe de cuenta manifestó que el alojamiento del quejoso Albert Bacallao Fernández, no deriva de un acto privativo de libertad fuera de procedimiento, ni actos que importen peligro de privación de la vida, de los establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que el quejoso se encuentra sujeto a un procedimiento administrativo a efecto de determinar su situación migratoria en el país; sin embargo, no remitió constancia alguna de la que se advierta que se haya emitido el acuerdo de presentación, a que se refieren los artículos 68 y 100 de la Ley Migratoria, en tanto no existe constancia de ello, o que en su caso, no han transcurrido las treinta y seis horas a que se refieren dichos preceptos. En el entendido de que el quejoso queda a disposición, en cuanto a su libertad, del Juzgado que conozca del presente amparo -con motivo de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional en auto de trece de junio del año en curso- y a disposición de las autoridades responsables migratorias únicamente para la continuación del procedimiento administrativo respectivo. Lo anterior siempre y cuando el quejoso cumpla con las obligaciones previamente precisadas. Precedentes. Sobre el tema, en lo que interesa y aplica, cabe destacar que existen diversas ejecutorias dictadas en los recursos de queja administrativas 40/2021, 365/2021, 367/2021 y 371/2021 del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en los cuales el recurrente es la ahora autoridad responsable -en la delegación de esta ciudad- y formuló, en agravio, los mismos argumentos que ahora hace valer; en esas resoluciones se determinó lo que transcribe enseguida: ".Así, contra lo alegado en vía de agravio, este tribunal colegiado determina que el juez federal no interpretó erróneamente las medidas que aseguran que los quejosos sigan el procedimiento, pues como se ha explicado, la suspensión de oficio y de plano prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, a diferencia de la suspensión a petición de parte, prevista en el artículo 128 de la propia codificación que prevé requisitos de procedibilidad, deberá ser otorgada respecto de actos que, por su naturaleza, claramente contravienen la Constitución Federal, o bien, porque afectan bienes jurídicos irreductibles y de preservación preponderante, que exigen el otorgamiento de la medida cautelar sin mayor trámite o ponderación, de tal suerte que, ante la adecuación de un caso concreto a alguno de los supuestos previstos en el referido artículo, ya no corresponde al juzgador resolver sobre la suspensión discrecionalmente, sino ésta debe ser concedida a fin de evitar que se materialicen o consumen tales actos. En ese contexto, si la Ley de Amparo que regula la suspensión del acto reclamado no fija requisitos de procedibilidad para conceder la suspensión de oficio y de plano, debe concluirse que no existe base legal para que el juzgador deba acudir a la ley que rige el acto reclamado a fin de dilucidar si existen requisitos que el quejoso deba satisfacer a fin de que la medida surta sus efectos. Estimar lo contrario, rompería con los principios de urgencia y máxima protección de los derechos humanos que rigen en la suspensión de oficio y de plano. Aunado a lo antedicho, no se soslaya que, a fin de lograr el control migratorio que le es encomendado, la autoridad responsable puede dictar medidas que aseguren la presentación de extranjeros sometidos a un procedimiento administrativo en términos del artículo 102 de la Ley de Migración, a saber: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del él sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. Sin embargo, no debe soslayarse que tales medidas rigen expresamente para los procedimientos administrativos migratorios, pero de ningún modo son obligatorias en los procedimientos de amparo. (.). De ahí que, las medidas que adopte el juez federal deberán ser determinadas bajo su prudente arbitrio y no como erróneamente lo pretenden las recurrentes, esto es, conforme a las medidas que aseguren la presentación de extranjeros sometidos a un procedimiento administrativo en términos del artículo 102 de la Ley de Migración, pues se insiste, dicha legislación no rige en materia del juicio de amparo y las medidas que, en su caso, imponga el juzgador federal, atenderán a su prudente arbitrio y con la finalidad de conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio. Corolario de lo anterior, debe concluirse que las medidas impuestas por el a quo no trasgreden lo dispuesto por la Ley de Migración, por lo que resulta infundado el argumento en el sentido de que, dentro de las medidas impuestas debió fijar garantía en términos del artículo 102 de la Ley de Migración. Por otro lado, es inoperante el argumento por el que la parte recurrente adujo que es un hecho notorio y reiterado que los quejosos que promueven amparo en los propios términos, incumplen las medidas impuestas en la suspensión de plano, y se evaden del procedimiento administrativo migratorio, lo que obliga a decretar la imposibilidad material de continuarlo y queda el juicio de amparo sin materia. Que lo anterior evidencia que las medidas adoptadas por el juzgador no son efectivas y este tipo de juicios sirven para que los extranjeros irregulares salgan de las estaciones migratorias y sigan su camino hacia el norte, con lo que se incumple la Ley de Migración y se merman las facultades de la autoridad migratoria. Se afirma lo anterior, debido a que los argumentos que se hagan valer como conceptos de violación o agravios que se sustenten en situaciones o circunstancias individuales o hipotéticas, deben ser declarados inoperantes, en atención a que no sería posible cumplir la finalidad de dichos argumentos consistente en demostrar la ilegalidad de la resolución recurrida al través de situaciones no verificadas en el caso concreto. Por otro lado, es infundado el argumento consistente en que se inaplicaron normas de orden público e interés social, y se realizó una interpretación incorrecta del cuarto párrafo del artículo 21 constitucional, debido a que la suspensión exige otorgar la salida de personas alojadas en el término de treinta y seis horas, sin sustento legal, mientras que las figuras de presentación y alojamiento, así como su término de 5 días prorrogable hasta 60 en casos específicos, tienen sustento en el segundo párrafo del artículo 33 constitucional y no en el 21. Que, al ordenar la libertad de los quejosos en el término máximo de treinta y seis horas, sin que se haya resuelto su situación migratoria, causa un detrimento en las atribuciones conferidas a la autoridad migratoria. Lo anterior es así, pues de la resolución impugnada se desprende que la decisión del a quo tiene su fundamento en el artículo 68 de la Ley de Migración, que establece: "Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Durante el procedimiento administrativo migratorio que incluye la presentación, el alojamiento en las estaciones migratorias o en los Centros de Asistencia Social para el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes, el retorno asistido y la deportación, los servidores públicos del Instituto deberán de respetar los derechos reconocidos a los migrantes en situación migratoria irregular establecidos en el Título Sexto de la presente Ley." Consecuentemente, debemos concluir que la determinación impugnada no se contrapone la normatividad que rige el acto reclamado, pues como puede constatarse, el artículo 68 preinserto establece que la presentación de los migrantes en situación migratoria irregular, no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición; además, exige a los servidores públicos del Instituto, que respeten los derechos reconocidos a los migrantes en situación migratoria irregular establecidos en el Título Sexto de dicha ley A continuación, se procede al estudio de los argumentos contenidos en el segundo concepto de agravio, que no han sido analizados en esta ejecutoria. En ellos, las recurrentes sostuvieron que: La figura del alojamiento tiene una naturaleza protectora para el quejoso, pues existen personas que no conocen a nadie en el país, ni tienen medios para subsistir autónomamente, por lo que quedan vulnerables a múltiples violaciones de sus derechos. El hecho de darles salida a los migrantes sin establecer previamente ante qué persona y en qué domicilio habitarán durante la continuación de su procedimiento administrativo migratorio, los deja en mayor estado de vulneración. Con las medidas fijadas, los extranjeros tienen la obligación de permanecer en esta entidad federativa, sin posibilidad de realizar actividades para recibir remuneración y con ello vivir, lo que los orilla a salir del Estado e incumplir con las medidas de aseguramiento impuestas por el a quo, como con las fijadas por la autoridad migratoria. Es importante considerar -finalizaron-, que al encontrarse en contexto de migración existe la presunción del mayor grado de vulnerabilidad o riesgo y situación de desventaja respecto a los actos de autoridad, por lo que, el hecho de que prima facie se otorgue la mayor protección de los derechos humanos del quejoso en virtud de la protección internacional a que se encuentran sujetos en su calidad de migrantes, no implica la posibilidad de inobservar la norma migratoria y proceder a otorgar a los solicitantes sus requerimientos, a fin de que el Estado vele para que se garantice la protección de todos sus derechos humanos." Esto ese sentido, es pertinente indicar a la autoridad responsable lo siguiente: a. Los efectos y obligaciones de la suspensión de plano fueron decretados por este juzgador y son de estricto cumplimiento. b. Si la autoridad responsable no comulga con la determinación jurisdiccional tiene expedito su derecho a hacer valer los medios de impugnación previstos en la Ley de Amparo, pues mientras no se haga valer recurso alguno las mismas debe ser acatadas. c. Los Tribunales Colegiados del Noveno Circuito sostienen criterios respecto a la idoneidad de la aplicación de las condiciones y la legalidad de las obligaciones impuestas en este tipo de medidas cautelares. d. Como estableció el tribunal de alzada, los efectos de la suspensión y sus obligaciones están correctamente fundamentadas y motivadas en la Ley de Amparo y, orientadas por los criterios jurisprudenciales obligatorios, así como en las consideraciones de los órganos ante los cuales se ha analizado el mismo problema jurídico. Requerimiento En consecuencia, requiérase a las responsables para que, en el término de veinticuatro horas, de conformidad con los preceptos 17 y 22 Constitucionales, rindan su informe respecto del cumplimiento a los efectos de la suspensión de plano decretada en los términos en los que fue concedida, apercibida de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa por el equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización vigente, en los términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la ley de la materia. Se instruye al actuario la remisión de oficio vía correo electrónico. Atendiendo al contenido de esta determinación, se intuye al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para el efecto de que remita el oficio derivado del presente auto al correo electrónico smiranda@inami.gob.mx o al diverso guardiatab@inami.gob.mx que señala la responsable en el informe de cuenta; debiendo recabar el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Agréguese el oficio signado por Jonas Cerino Limón, apoderado legal de BBVA México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinticinco de mayo del año en curso.Con su contenido, dése vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga. Notifíquese.
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