Armando Bedolla Pérez
Expediente 87/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 87/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Armando Bedolla Pérez
Actuaciones
- Principal
Se armonizan las instrucciones sobre el archivo del presente juicio de amparo acorde al siguiente cuadro: Destino expediente principal Destruible Plazo Tres años Fecha 01/03/2024 Transferencia No Relevancia documental No
- Principal
En atención a la cuenta, se declara que la determinación referida ha causado estado. Archívese como asunto concluido. Dada la naturaleza de la resolución que puso fin al juicio, el expediente principal transcurrido cinco años, se destruirá en su totalidad. Este expediente no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
- Principal
Fórmese el expediente 87/2021. No se pasa por alto el señalamiento del quejoso en los argumentos de inconstitucionalidad respecto al tormento y tortura psicológica al que dice estar expuesto por el hecho de saber que será trasladado, sin embargo en la forma en que argumenta se desprende que tales manifestaciones no son actos destacados, sino cuestiones valorativas relativas al traslado reclamado. Por ello, no ha lugar a conceder la suspensión de oficio, pues dichas manifestaciones no constituyen actos autónomos, sino cuestiones valorativas que se encuentran directamente vinculadas al traslado que reclama. Se procede analizar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del análisis integral de la demanda, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. . . Uno de los principios que rigen el juicio de amparo es el de definitividad, consistente en la obligación del agraviado de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. . . Naturaleza del traslado conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal La Ley Nacional de Ejecución Penal prevé diversos regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, entre ellos el de los traslados voluntarios, involuntarios y los que ocurren de manera excepcional o urgentes, sin previa autorización judicial. Los primeros se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, . . El traslado involuntario es instaurado previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En contra de la determinación jurisdiccional que se emita, procede el recurso de apelación. Finalmente, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. En cualquiera de esos supuestos, la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Respecto la determinación administrativa proceden dos medios de defensa legal para combatirla: el recurso de apelación y la controversia judicial; . . Finalmente, el medio de defensa se encuentra previsto en la propia Ley Nacional de Ejecución Penal. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda. Se tiene como domicilio procesal el centro de reclusión donde el quejoso está interno. Hágase saber a las partes que la no publicación de datos personales requiere oposición expresa. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra interno.
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