Armando Bedolla Pérez

Expediente 85/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
85/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
06/04/2021

Partes del expediente

  • Armando Bedolla Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a seis de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por el Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto con número de orden y origen 60/2021, del índice de este Juzgado Federal, por el que se encomendó notificar personalmente al quejoso, el auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, sin que haya lugar a remitir acuse de recibo, toda vez que no fue solicitado. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el plazo que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por -----------, por su propio derecho, HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido, ya que no existe diligencia pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b), que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" Por tanto, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Por otra parte, toda vez que de autos se advierte que el quejoso se encuentra recluido fuera de esta jurisdicción, con fundamento en los artículos 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los diversos 107 a 111 del así como en los diversos 79 a 82 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto electrónico al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al fedatario de su adscripción a efecto de que se constituya en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en la Ciudad de México, y notifique personalmente este proveído al quejoso -------. A fin de evitar dilaciones en el presente asunto, en términos del numeral 21 de la ley de la materia, se faculta al homólogo federal para que habilite al Actuario Judicial para que de ser necesario, en días y horas inhábiles lleve a cabo la diligencia que se encomienda, además, tome las medias sanitarais necesarias para llevar a cabo la notificación, con motivo de la pandemia que actualmente afecta al país. Finalmente, se hace notar al Juzgado Federal que corresponda conocer de la comunicación oficial que derive del presente acuerdo, que una vez que se practique la diligencia encomendada, únicamente remita la constancia que así lo acredite, sin que sea necesaria la devolución de la totalidad de constancias que integren el exhorto en mención, a fin de hacer un uso óptimo de los recurso materiales con los que cuenta este Órgano Federal. Notifíquese por medio de exhorto al quejoso.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a doce de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto con número de orden y origen 24/2021, del índice de este Juzgado Federal, por el que se encomendó notificar personalmente al quejoso, el auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, sin que haya lugar a remitir acuse de recibo, toda vez que no fue solicitado. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio 1213, firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, a al que adjuntó el diverso 1096/2021, firmado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, por el cual remite digitalizados vía interconexión el juicio de amparo 142/2021-II, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo aparentemente promovida por --------; lo anterior, toda vez que el archivo digital se recibió en el primero de los órganos jurisdiccionales, empero se encontraba dirigido a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, siendo que por razón de turno correspondió a este juzgado federal; por tanto, provéase lo conducente. En atención a lo anterior, visto el oficio 1096/2021, firmado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, se advierte que remitió archivo digital vía interconexión del juicio de amparo 142/2021-II, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo aparentemente promovida por ------; lo anterior, toda vez que mediante proveído de catorce de febrero de dos mil veintiuno, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, ya que no obstante que el acto reclamado, de ser el caso, tendrá ejecución en la Ciudad de México, tanto la autoridad oficiante, así como el resto de Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en esa ciudad, fueron designados como responsables. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 y 48, ambos de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional, asume la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto en cuestión; por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente. En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 85/2021-VII. Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, al ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la Ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Primeramente debe decirse que en el caso Armando Bedolla Pérez, reclama la orden de traslado del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en el que actualmente se encuentra a cualquier otro Centro de Reclusión de la Ciudad de México, demanda que fue presentada en línea; sin embargo, la misma no contiene su firma electrónica, lo que se puede corroborar de la certificación que asentó el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, por ser quien inicialmente recibió la demanda, así como de la respectiva papeleta de turno, en la que se estableció que el escrito de demanda no contiene firma. Indicado lo anterior, se considera que respecto de la demanda de amparo que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal. En efecto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia analizada, pues de conformidad con los artículos 3°, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o, al presentarse por medios electrónicos, la evidencia criptográfica de la parte quejosa. Al respecto, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, prevén el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la Constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anteriormente referido es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que, es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa de la parte interesada o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital, o como ya se dijo, la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3°, de la Ley de Amparo, dispone que la firma electrónica es el medio que permite a la parte quejosa el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que quien promueve sea parte. Asimismo, dicho artículo establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. En tal virtud, la demanda de derechos fundamentales puede ser presentada por el directo quejoso, representante legal o apoderado, de forma impresa o por medios electrónicos, mediante el uso de la "firma electrónica", en términos del artículo 3o de la Ley de Amparo y conforme a los artículos 6, 9, 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; la que en términos del artículo 2, fracciones XV y XVI del acuerdo invocado, se entiende por Firma Electrónica a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. En el caso en concreto, la demanda de amparo presentada vía electrónica aparentemente por ------, por su propio derecho, carece de su firma electrónica. Luego entonces, conforme a lo antes expuesto es claro que no se advierte la manifestación de voluntad del directo quejoso de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, tratándose del juicio de amparo en línea que se pretende promover, con la firma electrónica (evidencia criptográfica) las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. En ese contexto, es inconcuso que no se le puede dar valor alguno a la demanda de cuenta, por haber sido presentada sin firma electrónica (evidencia criptográfica) del directo quejoso. En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma electrónica del directo quejoso, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10ª Época, Libro sesenta y dos, Enero de dos mil diecinueve, Tomo I, página cinco, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE.". Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo, del artículo 3°, de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura integra de la demanda, no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ya que únicamente se reclama una posible orden de traslado decretada en contra del quejoso. Aunado a ello, es pertinente establecer que como anteriormente se indicó, la orden de traslado no puede considerarse una violación directa a la Constitución Federal, aun cuando el quejoso se encuentre privado de su libertad, porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. La anterior consideración, entre otras, fue sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de queja 46/2020, en sesión virtual de trece de enero de dos mil veintiuno. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, se DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo aparentemente promovida por -----, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6° y 108, párrafo primero y 113, todos de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, toda vez que de autos se advierte que el quejoso se encuentra recluido fuera de esta jurisdicción, con fundamento en los artículos 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los diversos 107 a 111 del así como en los diversos 79 a 82 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto electrónico al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al fedatario de su adscripción a efecto de que se constituya en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en la Ciudad de México, y notifique personalmente este proveído al quejoso. A fin de evitar dilaciones en el presente asunto, en términos del numeral 21 de la ley de la materia, se faculta al homólogo federal para que habilite al Actuario Judicial para que de ser necesario, en días y horas inhábiles lleve a cabo la diligencia que se encomienda. En ese sentido, se hace notar al Juzgado Federal que corresponda conocer de la comunicación oficial que derive del presente acuerdo, que una vez que se practique la diligencia encomendada, únicamente remita la constancia que así lo acredite, sin que sea necesaria la devolución de la totalidad de constancias que integren el exhorto en mención, a fin de hacer un uso óptimo de los recurso materiales con los que cuenta este Órgano Federal. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Jesús Facio Rodríguez, a saber 5553870500, extensión 1387, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. De igual manera, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese por exhorto al quejoso.

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