Armando Ayala Robles

Expediente 486/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 19 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
486/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
11/08/2023

Partes del expediente

  • Armando Ayala Robles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, once de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se aprecia que transcurrió el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte legitimada para hacerlo, manifestara su inconformidad en contra del proveído de doce de julio de dos mil veintitrés, que declaró cumplido el fallo protector, sin que ello ocurriera; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que: El expediente principal es conservable por haberse concedido la protección constitucional, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso a), del referido Acuerdo General. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a la Dirección General de Archivo de Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 17 del acuerdo normativo. Conservar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III, inciso b), del artículo 17, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. Notifíquese

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, el que suscribe KARLOS GONZÁLEZ BAUTISTA, actuario judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, al TERCERO INTERESADO *** el auto de doce de julio de dos mil veintitrés, de conformidad a lo ordenado en auto de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, que dice...Visto el estado de autos, se procede a analizar si la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad, cumplió con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado al quejoso para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Entonces, de conformidad con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión de amparo podrán ser de dos tipos, a saber 1.- Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y 2.- Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. Ahora, por sentencia dictada el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Armando Ayala Robles, la cual el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria, motivo por el cual en dicho proveído se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en lo conducente fue concedido para los siguientes efectos En virtud de ello, lo procedente es conceder la protección constitucional de manera llana, esto es, sin fijación de efecto alguno, más que la consecuente desaparición jurídica de tal sanción reclamada en lo que respecta a la persona del quejoso, solo debiéndose informar por la juez responsable que ha procedido de esa manera. Sin que esto obste para que en uso de su potestad legal pueda en determinado momento dicha Juzgadora, de estimarlo necesario y que concurren, se reiteran o continúan concurriendo las circunstancias que revelen esa clara renuencia o desacato, dictar de nuevo una medida de apremio como la aquí debatida y analizada hacia el mismo servidor público municipal (el aquí quejoso) u otros que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de su fallo. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Recaudador de Rentas del Estado de Baja California, pues sus actos se hacen depender de la ordenadora. En atención al citado requerimiento, mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio signado por la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializada en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad, donde envió copia certificada de los autos de uno y veintidós de junio de dos mil veintitrés, emitidos en el expediente 595/2017 de su índice, donde en el primero de ellos dejó insubsistente el diverso de ocho de febrero de dos mil veintitrés; en el cual se le impuso al aquí quejoso una multa por la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional); y, en el diverso proveído, ordenó girar oficio al Recaudador de Rentas del Estado; y, al Director de Recaudación del Servicios de Administración Tributaria, ambas de esta ciudad, para que dejarán insubsistente la sanción ordenada mediante oficios 257/2023 y 258/2023, en contra del aquí quejoso. Luego, en proveído de treinta de junio del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por la Juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad, por medio del cual envió copia certificada del acuse del oficio 567/2023, que giró a la Secretaría de Hacienda; y, Recaudación de Rentas del Estado, ambas con sede en esta ciudad, para que dejaran insubsistente la sanción ordenada mediante oficio 257/2023, en contra del aquí quejoso. Con lo anterior, se dio vista a las partes sin que hubieran hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, si la protección de la Justicia Federal fue para el efecto de que la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializada en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad, desapareciera la multa que le fue notificada al quejoso mediante oficio 257/2023 de ocho de febrero de dos mil veintitrés, en el juicio ejecutivo mercantil 595/2017; lo cual, como se vio así sucedió, pues la Juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializada en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad, en proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, dictado en los autos del expediente 595/2017, de su índice, dejó insubsistente el diverso de ocho de febrero de dos mil veintitrés; en el cual se le impuso al aquí quejoso una multa por la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional). Asimismo, en el citado proveído de veintidós de junio del año en curso, ordenó girar oficio a la Recaudador de Rentas del Estado; y, al Director de Recaudación del Servicios de Administración Tributaria, ambas de esta ciudad, para que dejarán insubsistente la sanción impuesta al aquí quejoso, la cual se les había notificado mediante los oficios 257/2017 y 258/2023. De ahí que este órgano jurisdiccional no advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, treinta de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

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