Armando Arturo Hernández López
Expediente 454/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 454/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Armando Arturo Hernández López
Actuaciones
- Principal
...., el escrito signado por Felisitas Aquino Méndez en su carácter de apoderada legal de la parte quejosa, a través del cual solicita la devolución de los documentos que exhibió como pruebas en el presente juicio, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, previa certificación de desglose, devuélvanse las documentales que solicita, a la ocursante o a las personas que autoriza para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorguen en autos para debida constancia.
- Principal
..... Agréguese a los autos el oficio signado por la Subdirectora de Área de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en representación del Coordinador General de Centros Federales, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del diverso 10110/2018/I-A, con el que se notificó al citado Coordinador General, el proveído de tres de abril de dos mil dieciocho, donde se dio trámite al recurso de queja contra el auto de trece de marzo de la anualidad que cursa. Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos, se desprende que todas las partes se encuentran debidamente notificadas del proveído tres de abril de la presente anualidad, asimismo, se advierte que ha fenecido el término de tres días concedido a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, para que señalaran las constancias que obran en autos y que a su criterio debieran remitirse junto con el informe de cuenta. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso e) y 101, segundo párrafo de la Ley de Amparo, ríndase el informe justificado relativo a la queja de que se trata, manifestándole que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. En consecuencia, remítase el oficio original de expresión de agravios, copia simple del mismo y sobre postal, copia certificada del auto recurrido, el informe respectivo, y las constancias que se estimen pertinentes, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz, a fin de que esté en posibilidad de resolver lo que estime oportuno.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTITRÉS DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO DE NOTIFICACIÓN, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito de demanda, remitido a través del portal de servicios en línea con número de folio 470869, que dice promover Armando Arturo Hernández López, contra actos del Fiscal General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades, con residencia en esta ciudad, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 454/2018/II-A. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se analiza el escrito que dio origen al presente juicio. Para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional; además, que ésta sea manifiesta, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En concordancia con ello, se deduce que en el caso no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, previsto por el artículo 107 Constitucional, fracción I, es decir, se actualiza la causal de improcedencia derivada del artículo 6º, interpretado en sentido opuesto, en relación con la fracción XXIII, del diverso 61, artículos 3° y 15 de la Ley de Amparo, los cuales disponen que el amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclama, quien puede hacerlo por sí o por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o cualquier persona tratándose de actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior en virtud de que la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, carece de firma autógrafa y electrónica, con lo cual no se obliga a este órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendente a darle curso legal, pues la firma del promovente, no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento y, tal ausencia no puede considerarse como una deficiencia que pueda ser corregida, ya que constituye la carencia total de la expresión de voluntad de la parte quejosa. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis I.6o.P.13 K (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2108, Tomo IV, Enero de 2018, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LÍNEA. SI CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA, PERO EXISTE INDICIO DE QUE SE FIRMÓ DE MANERA AUTÓGRAFA, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE FUE FIRMADA POR EL QUEJOSO Y, POR TANTO, NO DEBE DESECHARSE, SINO REQUERIR AL PROMOVENTE. De los artículos 3o., 108 y 109 de la Ley de Amparo, 1, 3, 4, 5, 10, 12, incisos b) y f), y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico; y, 5, 54, 55, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 72, 73 y 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se advierte que las demandas de amparo pueden presentarse a través de los servicios en línea, mediante el uso de la firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación, por conducto de las unidades de certificación. Ahora bien, como la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, cuando la demanda se reciba vía electrónica sin firma, pero se cuente con algún signo que permita advertir que se firmó de manera autógrafa, ello genera la presunción de que contiene la manifestación de voluntad para realizar actos procesales, y mediante la cual, se acreditan la autenticidad de un documento y su eficacia, por lo que no debe darse el mismo tratamiento al diverso supuesto de una demanda que no contiene la firma electrónica, ni algún otro signo que permita presumir que fue suscrita por el promovente. Por ello, al contarse con esa presunción, el órgano jurisdiccional, no debe desecharla por carecer de firma electrónica, sino requerir al promovente, para que comparezca a manifestar si fue la persona que mediante el portal del servicios en línea presentó la demanda de amparo y si ratifica o no la firma autógrafa escaneada". A su vez, el artículo 3° de la ley de la materia refiere que la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que de presentarse por medios digitales deberá contener la evidencia criptográfica (que denota la obtención y autorización para usar firma electrónica) del promovente, para enviarla a través de tal mecanismo. Así, es menester indicar que la firma electrónica tiene como función esencial identificar a su autor e imputarle la autoría del texto que le precede; ello, en razón de que es a través de ésta, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación, es decir, tiene la misma función que la firma gráfica; sin embargo, al enviarse por este mecanismo es necesario que tal signatura cumpla con los requisitos tecnológicos necesarios que permitan identificar plenamente a quién la envía. En este orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional vía electrónica, el juzgador tiene la obligación de corroborar que ésta cumpla con los requisitos tecnológicos que corresponden, pues, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquél que revele la misma; lo cual únicamente puede demostrarse por medio de la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. Sobre este tema, el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos, prevé que al presentar demanda, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción y que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica que corresponderá a la firma electrónica, en la que se mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, siempre que el certificado sea reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y esté vigente. Ahora, de la demanda recibida en el portal de servicios en línea, se desprende que carece de firma autógrafa y de evidencia criptográfica; circunstancia que se corrobora con los datos estampados en la boleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, en la cual en el apartado de observaciones se asentó que el escrito que nos ocupa fue recibido en el portal de servicios en línea sin evidencia criptográfica. Luego, del apartado relativo al acto reclamado se desprende que el quejoso combate de las autoridades que señaló como responsables, la detención que dice pretenden hacer de su persona; es decir, sin que opere la excepción a que se refiere el último párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, esto es, que se releve al promovente de tal requisito (firma o rubrica), por reclamar actos previstos en el artículo 15 de la ley de la materia. Por todo lo anterior, al no advertirse la manifestación de voluntad del quejoso de acudir a la presente instancia constitucional, por carecer la demanda enviada en línea de firma y evidencia criptográfica y no estar en el supuesto de excepción a que se refiere el numeral 3° último párrafo de la Ley de Amparo; lo procedente es desecharla por su notoria e indudable improcedencia, al actualizarse la causal derivada de los artículos 61, fracción XXIII, 3° y 6°, todos de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Odín Edgardo Bonastre Díaz, que autoriza y da fe...
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