Armando Arellano Gilmore

Expediente 917/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
917/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
24/10/2019

Partes del expediente

  • Armando Arellano Gilmore
  • Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    En atención a la cuenta, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que la determinación referida ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será destruido, porque se sobreseyó en el presente juicio. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica, y no existen documentos originales que devolver a las partes, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. No obstante lo anterior, existen copias certificadas de donde deriva el acto reclamado en un tomo, exhibidas por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen. En el entendido que el sello de recibido del oficio respectivo, se tomará como acuse de recibo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por medio del cual desahoga el requerimiento de once de septiembre de dos mil diecinueve (foja 49), remitiendo para ello copias certificadas de la totalidad del juicio laboral ******************** a partir del laudo respectivo. Por tanto, como dichas constancias forman parte del informe justificado rendido en su oportunidad por la responsable de referencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales. Constancias que se encuentran debidamente escaneadas a fin de ir acorde con el expediente electrónico, sin embargo en razón de su volumen y para un mejor manejo del expediente, con las mismas fórmese por separado un legajo de pruebas, conservando su número de folio correspondiente, las cuales quedan a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado, para su consulta.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional (foja 45), misma que no es posible desahogarla en razón de que hacen falta constancias para resolver el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que dentro del plazo de tres días siguientes a partir de la notificación del presente proveído, remita en copias fotostáticas, legibles y certificadas, todas y cada una de las constancias que integra el juicio laboral ********************, pero a partir del laudo respectivo. Se apercibe a Bernardo Ortega León, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que en caso de no cumplir con el requerimiento antes indicado dentro del término concedido, se hará acreedor a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $4,224.5 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 5/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de la Unidad de Medida y Actualización de referencia es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), lo anterior de conformidad con los artículos 237,fracción I y 238 en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. Para dar oportunidad a lo anterior, la referida audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las DOCE HORAS DEL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo.

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 38); misma que no es posible desahogar, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. En consecuencia a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis: V.2o.P.A.4 K (10a.), con número de registro 2005903, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 4, marzo de 2014, Tomo II, página 1620, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten".

Quedan 5 actuaciones en este expediente

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