Armando Anzures Sánchez
Expediente 1720/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1720/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/11/2022
Partes del expediente
- Armando Anzures Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por el cual allega copia del voto concurrente emitido dentro del recurso de queja 213/2022; el que se ordena agregar a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Visto el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con el que remite copia del testimonio de la resolución pronunciada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, dentro del recurso de queja 213/2022 en la que se resolvió: ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por , contra el auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo indirecto 1720/2022 del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Acúsese el recibo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a la parte quejosa. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que por auto de esta misma fecha, se ordenó el archivo en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión. Por tanto, se provee lo relativo a los cuadernos del incidente de suspensión, en los siguientes términos. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación dado que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, además de que no se considera de relevancia documental, el original del cuaderno incidental es susceptible de DEPURACIÓN. Asimismo, una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado el incidente. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a la parte quejosa. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
AVISO. POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO, TUTOR DE LA QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DEL MISMO, NO OBSTANTE EL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL TREINTA SIGUIENTE, EL AUTO EN CITA DICE VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 413/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, turnado el nueve siguiente a este Juzgado Decimoquinto, +++., asistida del abogado +++, y a quien se le designó como su representante especial a María Elisa Pérez de Silva Arreola, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y las autoridades que se precisan a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES: NO. DE ORDEN AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME PROMOCIÓN 1 JUEZ SÉPTIMO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. PARCIALMENTE CIERTOS 8348 2 SECRETARIO DE ACUERDOS ADSCRITO AL JUZGADO SÉPTIMO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. PARCIALMENTE CIERTOS 8348 ACTO RECLAMADO: "[.] La ilegal resolución en forma de sentencia que dictaron con fecha 19 diecinueve de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, que en lo conducente reza: (la transcribe). Reclamo también de las autoridades responsables su omisión de no respetar sus propias resoluciones como la hoy impugnada la cual establece que las mismas, sólo pueden alterarse y modificarse cuando por hechos supervenientes cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo oportunamente, se varíe la situación jurídica existente cuando se pronunció la resolución respectiva y ello se demuestre plenamente en el juicio o procedimiento respectivo; de lo que se colige en este preciso momento han variado las circunstancias que afectan al juicio de origen y todo lo inherente a él, toda vez que estamos en pandemia, de lo que se colige que no puede ni debe ejecutarse la resolución combatida como lo pretende hacer el A quo, poniendo en peligro mi vida y mi salud". [.]" Acto que estimó violatorios de los artículos 1, 4, 5, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de diez de marzo de dos mil veintidós, se ordenó registrar la demanda bajo el número 413/2022 y se admitió a trámite; fue solicitado a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley para el efecto de que formulara los alegatos que a su representación corresponde; se emplazó a juicio a los terceros interesados +++ Agente de la Procuraduría y Agente de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes adscritos al Juzgado Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y +++ (tutor de la quejosa menor de edad). Finalmente, fue señalada fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, únicamente respecto al acto reclamado consistente en una omisión, acaecida, según, con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva en el juicio de origen, con fundamento en los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos emitidos por autoridades jurisdiccionales de esta entidad federativa, con ejecución material en la demarcación territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como cuestión inicial es menester precisar los actos reclamados en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Del examen integral de la demanda se obtiene que los actos reclamados consisten en: I. La sentencia dictada el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en los autos del juicio civil sumario +++ mediante la cual se autorizó la convivencia de +++ con su nieta menor de edad +++ (quejosa). II. La omisión de variar las condiciones de la convivencia decretada en la sentencia, acorde con lo dispuesto en el artículo 89 C del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. TERCERO. Verificación de certeza del acto reclamado. Acto inexistente. Las autoridades responsables Juez Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y Secretario de Acuerdos adscrito, al rendir su informe con justificación negaron la omisión destacada en el punto II, bajo el argumento de que, si bien, en auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, se requirió a la actora para que en el plazo de cinco días diera cumplimiento a la sentencia, lo cierto es que en diverso acuerdo de treinta siguiente, dicho acuerdo fue revocado. Sin embargo, la inexistencia de dicha omisión se actualiza por diversas circunstancias, como enseguida se explica. De inicio, es importante traer a cuenta los antecedentes relevantes del caso. 1. El juicio de origen fue promovido por +++ , contra +++ de quien demandó la convivencia familiar provisional y en su momento, definitiva de aquellos con su nieta menor de edad ++ con fecha de nacimiento uno de marzo de dos mil once, esto es actualmente cuenta con once años, cinco meses de edad. Se precisa que la demandada en cita es la legítima representante de su hija menor de edad, aquí quejosa, pues es quien ejerce la patria potestad respecto de la niña, habida cuenta que el progenitor de dicha menor (hijo de los actores) falleció. 2. Dicho juicio se admitió en auto de veinticuatro de febrero de dos mil quince con el número +++; se ordenó emplazar a la demandada en el mismo auto. 3. En auto de veinte de agosto de dos mil quince, se tuvo a la demandada dando contestación a la demanda entablada en su contra, presentado el cuatro de ese mes y año. 4. El quince de marzo de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la escucha de la infante, quien manifestó que le gustaría convivir con sus abuelos, jugar los fines de semana, que los domingos fueran por ella y la regresaran a su casa; que pasaran para conocerlos y, en ese momento los conoció. 5. En sentencia de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se declaró procedente la acción intentada y se autorizó la convivencia de los actores con la niña en cita; se conminó a las partes para que en todo momento respetaran los derechos de la niña y cumplieran los puntos de la convivencia establecida. 6. En auto de veintinueve de enero de dos mil veinte, se declaró firme la sentencia y se requirió su cumplimiento voluntario; dicho acuerdo no fue notificado a la parte demandada, representante de la menor de edad quejosa. 7. Por acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintiuno, se denegó la solicitud de los actores en el sentido de hacer efectivo el apercibimiento a la actora, debido a que no había sido notificada y de nueva cuenta se requirió a la demandada para que en el plazo de cinco días cumpliera voluntariamente con la sentencia; apercibida que de no hacerlo, se ordenaría la entrega recepción para que la convivencia de la menor se llevara a cabo en el Centro de Convivencia de Municipio de Zapopan, del Sistema DIF Zapopan, sin substanciar nuevo incidente. 8. Inconformes los actores con dicho proveído interpusieron recurso de revocación, el cual fue resuelto el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual se declararon fundados los agravios y se ordenó que se acatara la sentencia tal como se estableció, por lo que el acuerdo debía quedar en los términos siguientes: "Visto su contenido y en cuanto a la primera de sus peticiones, relativas a hacer efectivo el apercibimiento contenido en el auto de fecha 12 doce de marzo del año 2021 dos mil veintiuno, relativas a la imposición de una multa a la parte demandada +++++por el importe de 120 ciento veinte unidades de medida y actualización, dígasele que no ha lugar, toda vez que no se ha llevado a cabo su notificación, de ahí la improcedencia a su petición, acorde con los artículos 67, 74, 77, 83, 109 fracción IV y demás relativos y aplicables del Enjuiciamiento Civil del Estado. En cuanto a la segunda de sus peticiones, tomando en consideración la constancia levantada por la Secretario Ejecutor el día 28 veintiocho de marzo del año 2021 dos mil veintiuno, en la que informa la imposibilidad de dar el cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 12 doce de maro del año 2020 dos mil veinte, con el fin de dar el debido y legal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia definitiva dictada con fecha 19 diecinueve de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, en el sentido de permitir la convivencia, se autoriza al Secretario Ejecutor para que en compañía de los actores +++ en la fecha y horarios que se fijaron en la convivencia familiar decretara a efecto de que ésta se verifique, de acuerdo con la actual infraestructura jurídica vigente en el país, que deriva de la Convención sobre Derechos del Niño; del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y que proclama la salvaguarda del interés superior del infante, Del mismo modo, con el fin de que se verifique la convivencia sentencia de manera correcta, se faculta para la práctica de esta diligencia al Secretario de este Juzgado, y haga uso de la fuerza pública de ser necesario, autorizando el rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario, de igual manera libérese atento oficio al COMISARIO DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL que corresponda al domicilio de la demandada, o en su caso al COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, a efecto de que se sirva proporcionar elementos de la corporación, para que auxilien al Funcionario Judicial, en la práctica de la diligencia, con el apercibimiento a la parte demandada que en caso de oposición o de no encontrarse en la fecha y hora citada se impondrá una multa por 120 ciento veinte unidades de medida y actualización, sin perjuicio de que en su caso de reincidir en dicha conducta, se aplicarán en su contra diversas medidas de apremio establecidas en el numeral 74 del Código de Procedimiento Civiles del Estado". Bien, se reitera que en esta instancia se pretende reclamar la omisión de variar las condiciones de la convivencia decretada en la sentencia de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en los autos del juicio civil sumario +++ mediante la cual se autorizó la convivencia de +++con su nieta menor de edad +++. (quejosa), acorde con lo dispuesto en el artículo 89 C del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Sin embargo, tal acto omisivo debe tenerse, jurídicamente, por inexistente: la autoridad no tenía la obligación de emitir la resolución que establece el artículo 89 C del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, pues no se ha planteado al juez responsable que modifique la sentencia definitiva por hechos supervenientes que cambiaron las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo oportunamente y que haya variado la situación jurídica que existía cuando se pronunció esa resolución. Es decir, en el caso concreto no se actualiza la abstención que atribuye la peticionaria a la responsable. Al respecto, debe tenerse presente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para determinar la certeza o falsedad del acto omisivo, se debe acudir, en principio, a las normas legales que prevén la competencia de la autoridad para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta; de manera que, antes de concluir que es cierta la abstención de la autoridad, para efectos jurídicos es preciso identificar si en verdad existe la obligación o carga de la autoridad de proceder en la forma pretendida por la quejosa; de no ser así, se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión o negativa reclamada en amparo fuera cierta, sin tomar en cuenta que lo relevante para efectos de este juicio, es que en verdad exista una exigencia objetiva de obrar en determinado sentido. "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Bajo esa premisa, para corroborar si es cierta la omisión reclamada, debe verificarse, en principio, si la autoridad tenía el deber jurídico de emitir la resolución que establece el artículo 89 C del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Bien, ha de concluirse que no existía tal deber. El referido precepto legal establece: "Artículo 89 C. Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria o en la definitiva. Las resoluciones judiciales firmes dictadas en juicios de alimentos, ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, visitas y convivencia, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que prevenga este Código y el Código Civil del estado, sólo pueden alterarse y modificarse cuando por hechos supervenientes cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo oportunamente, se varíe la situación jurídica existente cuando se pronunció la resolución respectiva y ello se demuestre plenamente en el juicio o procedimiento respectivo." El artículo transcrito constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias, en la medida en que permite alterar o modificar aquellas que han quedado firmes, siempre y cuando revistan las siguientes características: a) Que se hayan pronunciado en juicios o procedimientos que versen sobre el pago de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, en los de jurisdicción voluntaria o en aquellos que autorice la aludida legislación procesal; y, b) Que por hechos supervenientes cambien las circunstancias que afecten al ejercicio de la acción que se dedujo oportunamente, o bien, que se varíe la situación jurídica existente cuando se pronunció la resolución respectiva, todo lo cual debe demostrarse plenamente en el juicio o procedimiento respectivo. Ahora, en la tesis PC. III.C. J/6 C (10a.), aprobada por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, al analizar el artículo 89-C, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se determinó que, al señalar dicho numeral que debía demostrarse plenamente en el "juicio o procedimiento respectivo" los hechos supervenientes que cambiaran las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo oportunamente, o bien, que variaran la situación jurídica existente cuando se pronunció la sentencia definitiva, no quedaba claro si la reducción, tratándose de un juicio de alimentos, debía hacerse a través de un juicio autónomo, o bien, por medio de un incidente que se hiciera valer en el propio procedimiento donde se estableció la pensión alimenticia relativa, entonces era viable que la petición de modificar la fijada en el convenio de divorcio por mutuo consentimiento que se elevó a la categoría de sentencia ejecutoriada, se planteara indistintamente en cualesquiera de esas dos vías, lo que era acorde con el derecho humano de acceso a la jurisdicción previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; máxime que en ambos casos, las partes tenían la oportunidad de ser oídas, ofrecer y desahogar pruebas, alegar e impugnar las resoluciones o actuaciones que les causaran perjuicio a través de los medios ordinarios de defensa que procedieran en cada caso. La tesis a que se ha hecho referencia es del tenor siguiente: "PENSIÓN ALIMENTICIA FIJADA EN EL CONVENIO DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO QUE SE ELEVÓ A CATEGORÍA DE SENTENCIA EJECUTORIADA. LA SOLICITUD DE MODIFICARLA PUEDE PLANTEARSE, INDISTINTAMENTE, EN LA VÍA INCIDENTAL DENTRO DEL PROPIO PROCEDIMIENTO, O BIEN, A TRAVÉS DE UN JUICIO AUTÓNOMO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 89-C, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, creado mediante Decreto Número 15766, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", de 31 de diciembre de 1994, constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias, en la medida en que permite alterar o modificar las que han quedado firmes, siempre que: a) Se hayan pronunciado en juicios o procedimientos que versen sobre el pago de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, en los de jurisdicción voluntaria o en aquellos que autorice la aludida legislación procesal; y, b) Por hechos supervenientes cambien las circunstancias que afecten al ejercicio de la acción que se dedujo oportunamente, o bien, que se varíe la situación jurídica existente cuando se pronunció la resolución respectiva, todo lo cual debe demostrarse plenamente en el "juicio o procedimiento respectivo"; empero, como esta locución no deja claro si la reducción debe hacerse a través de un juicio autónomo, o bien, por medio de un incidente que se haga valer en el propio procedimiento donde se estableció la pensión alimenticia relativa, entonces es viable que la petición de modificar la fijada en el convenio de divorcio por mutuo consentimiento que se elevó a la categoría de sentencia ejecutoriada, pueda plantearse indistintamente en cualesquiera de esas dos vías, lo que es acorde con el derecho humano de acceso a la jurisdicción previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; máxime que en ambos casos, las partes tienen la oportunidad de ser oídas, ofrecer y desahogar pruebas, alegar e impugnar las resoluciones o actuaciones que les causen perjuicio a través de los medios ordinarios de defensa que procedan en cada caso."3 Asimismo, el mencionado criterio fue materia de la contradicción de tesis 497/2019, en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que de acuerdo con la legislación vigente de Veracruz y Jalisco, se observaban las mismas formalidades esenciales en la vía incidental y en la principal, por lo que se ponían a consideración del juzgador las nuevas condiciones en las que se encontrara el deudor alimentario, pues se otorgaba al demandado un término para contestar la demanda, se contemplaba la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas, de rendir alegatos y, además, se preveía un plazo determinado para resolverse. De manera que, se debía concluir que el actor tiene la potestad legal para elegir el tipo de procedimiento que desea seguir, y que, si ha elegido la vía incidental, es atendiendo a la naturaleza abreviada de la misma y a que guarda relación con el juicio principal. La jurisprudencia que derivó la de la mencionada contradicción establece: "PENSIÓN ALIMENTICIA. LA ACCIÓN PARA SOLICITAR SU MODIFICACIÓN PUEDE EJERCERSE, INDISTINTAMENTE, EN UN PROCEDIMIENTO PRINCIPAL O EN UNO INCIDENTAL (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y VERACRUZ). Hechos: En distintos asuntos donde se solicitó una modificación de la pensión alimenticia, un tribunal colegiado en materia civil del Séptimo Circuito determinó que la parte solicitante sólo podía promoverla a través de un juicio principal, mientras que el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito estableció que podía ejercerse indistintamente en la vía incidental o a través de un juicio autónomo. Criterio jurídico: En las legislaciones de los Estados de Veracruz y Jalisco no existe norma de carácter prohibitivo que impida al justiciable ejercer la acción de modificación de pensión alimenticia en un procedimiento incidental, por lo que el juzgador no debe impedir el ejercicio del derecho de acción en la vía que el actor elija. Cuando el legislador no establece de manera expresa si el derecho que se pretende deducir debe ejercerse en un procedimiento incidental o en uno principal, y además hay similitudes procesales, se debe concluir que el actor tiene la potestad legal para elegir el tipo de procedimiento que desea seguir, y que, si ha elegido la vía incidental, es atendiendo a la naturaleza abreviada de la misma y a que guarda relación con el juicio principal. Justificación: De acuerdo con la legislación vigente de Veracruz y Jalisco, se observan las mismas formalidades esenciales en la vía incidental y en la principal: se ponen a consideración del juzgador las nuevas condiciones en las que se encuentre el deudor alimentario, se otorga al demandado un término para contestar la demanda, se contempla la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas, de rendir alegatos y, además, se prevé un plazo determinado para resolverse."4 Consecuentemente, se estima que, por las mismas razones contenidas en los criterios a que se ha hecho referencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 89 C del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, la modificación de la sentencia que ha quedado firme, debe plantearse al juez de origen a través de un juicio autónomo, o bien, por medio de un incidente en el propio procedimiento donde, en el caso, se decretaron las convivencias entre la infante quejosa y sus abuelos paternos. Sin embargo, de las constancias que integran el sumario de origen, no se advierte que se hubiese planteado ante el juez de origen ninguno de esos procedimientos; ni siquiera se ha manifestado la existencia de los hechos supervenientes que se alegan en esta instancia. Consecuentemente, el juzgador tampoco se encontraba obligado a efectuar oficiosamente dicha alteración o modificación de la sentencia definitiva emitida en el juicio de origen. De ahí que no puede considerarse actualizada, para efectos jurídicos, la abstención que se atribuye a las responsables, si con base en lo expuesto, no existía obligación a emitir la resolución que señala la peticionaria; por ende, como se anunció, debe tenerse por inexistente el acto reclamado. Sin que pase inadvertido que la promovente del amparo sea una menor de edad, pues se estima que la suplencia de la queja no tiene el alcance de tener por cierta una omisión cuando la responsable ni siquiera ha estado en aptitud de pronunciarse al respecto; tampoco dicha suplencia tiene el efecto de que no se cumpla con el principio dispositivo de impugnar las consideraciones de primera instancia que le perjudican. Máxime que la representante legítima de la infante, esto es, su madre, es parte demandada en el juicio de origen, al que compareció, dio contestación a la demanda correspondiente y fue notificada de la sentencia emitida en el juicio de origen, sin que tampoco realizara manifestación alguna al juzgador de origen, a fin de plantearle los hechos supervenientes que impiden, según, la ejecución de la sentencia definitiva que decretó las convivencias entre su menor hija y los abuelos paternos en los términos que ahí se determinó. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que hace al acto destacado en el punto II del considerando segundo. CUARTO. Acto cierto. En cambio, es cierto el acto consistente en la sentencia emitida en el sumario de origen. Lo anterior, se corrobora con las constancias que anexaron relativas al juicio +++, que por su carácter de documentales públicas adquieren el valor probatorio pleno a que se refieren los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Competencia para resolver el juicio de amparo. Con apoyo en los artículos 35, 37, 47, 107 y 170 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo por lo que hace al acto destacado en el punto I, consistente en la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen. Atendiendo a lo anterior, debe decirse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 35, 37 y 47 de la Ley de Amparo se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición del procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la remisión de los autos al juez competente. Para que un juez tenga competencia respecto de un asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, la vía y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a. Competencia por territorio; b. Competencia por materia; c. Competencia por razón de la vía; y, d. Competencia auxiliar. Resulta conveniente tomar en consideración lo que establece el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]". Este artículo de la Carta Magna dispone que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos, se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable; por ende, atendiendo a una interpretación teleológica de dicho dispositivo constitucional,} no puede quedar al arbitrio del quejoso el que una demanda de amparo sea presentada ante cualquier Juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente5 . Ahora bien, se está ante una resolución que pone fin al juicio: a) las que sin decidir el juicio en lo principal, ponen fin al procedimiento; b) los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan; o, c) se agote el recurso ordinario correspondiente por medio del cual se modifique, revoque o confirme la instancia. Será entonces la dictada en alzada la que se considere como resolución que pone fin al juicio. En ese orden de ideas, se toma en cuenta que el acto reclamado consiste en la sentencia definitiva dictada el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en los autos del juicio civil sumario +++ mediante la cual se autorizó la convivencia de +++ con su nieta menor de edad +++. (quejosa). De ahí que la emisión de la resolución que pone fin al juicio deben ser impugnada mediante el juicio de amparo directo en los términos de los artículos 107, fracción V, inciso c, de la Constitución Federal, en relación con el 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, correspondiendo el conocimiento de dicho juicio de amparo a un tribunal colegiado de circuito; por ello, se estima que este juzgado de Distrito, carece de competencia legal para resolver el amparo de que se trata. Es aplicable a lo anterior, la siguiente jurisprudencia7 : "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA INCOMPETENCIA DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA CONOCER DE UN ASUNTO Y ORDENA SU ARCHIVO, DEJANDO A 6 Precisión que se realiza conforme a la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". (Jurisprudencia P./J. 40/2000, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR PARA QUE LOS HAGA VALER EN LA VÍA Y FORMA QUE ESTIME PERTINENTES. En términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, primer párrafo, 170, fracción I y 171 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, entendiéndose por sentencias definitivas o laudos las que decidan el juicio en lo principal, es decir, se establezca el derecho en cuanto a la acción y a la excepción que dieron lugar a la litis contestatio, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Si por el contrario, con la emisión de alguna de esas resoluciones no se da por concluido el juicio, entonces no se trata de una sentencia definitiva y en su contra procede el juicio de amparo indirecto, pues al continuar por alguna circunstancia el juicio, se hará necesario allegarse de pruebas para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto, lo que justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con un periodo probatorio y no un juicio que normalmente se tramita en una sola instancia y no requiere de la celebración de una audiencia. Ahora bien, conforme a dichas concepciones, se llega a la convicción de que la resolución que determina la incompetencia de un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto y ordena su archivo, dejando a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes, sin declinar la competencia respectiva en favor de otro órgano jurisdiccional, es impugnable a través del juicio de amparo directo en términos de las disposiciones señaladas, al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, ya que sin decidir el conflicto en el fondo, lo da por concluido." En tal condición, se impone declarar la legal incompetencia para resolver el juicio de amparo en cuestión; por tanto, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, remítanse las actuaciones originales de este juicio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en turno, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, decida si confirma o revoca la presente determinación de incompetencia. Sin que sea pertinente verificar en este momento si procedía algún recurso o no contra la resolución reclamada pues ese es un aspecto vinculado con la procedencia del amparo, y no con el tema de competencia aquí abordado. Al respecto, son aplicables los siguientes criterios: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor".8 "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, LA RECURRIBILIDAD DE LA SENTENCIA DEFINITIVA ES UN ASPECTO RELACIONADO CON LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, POR TANTO, AL DETERMINAR AQUÉLLA, NO DEBE ANALIZARSE SI CONTRA DICHA RESOLUCIÓN SE INTERPUSO O NO ALGÚN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA. Al reclamarse en amparo la sentencia definitiva que en primera instancia decidió el juicio en lo principal, dicho acto es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en términos del artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues para definir el concepto de sentencia definitiva y, por ende, determinar la vía y la competencia del órgano jurisdiccional para conocer del amparo donde se reclaman este tipo de actos, ya no debe analizarse la posible procedencia o no de algún recurso, al no ser exigible este aspecto en la actual legislación, a diferencia de lo que ocurría bajo la vigencia de la abrogada Ley de Amparo, en su artículo 46, primer párrafo; por tanto, al no ser parte integrante de la competencia de los mencionados tribunales la procedencia de algún medio ordinario de defensa, y toda vez que la actual legislación, para definir los actos reclamables en amparo directo, únicamente establece que se entenderá por sentencias definitivas las que deciden el juicio en lo principal, sin incluirse el requisito de la admisión del recurso, se concluye que la posible recurribilidad del acto dejó de ser un aspecto relacionado con la competencia, para pasar a ser un elemento vinculado con la procedencia del juicio de amparo, en términos del citado artículo 170, fracción I, párrafo tercero; consecuentemente, conforme a la nueva dinámica regida por los principios de competencia, oportunidad y procedencia del juicio de amparo directo, al determinar la competencia para conocer del juicio de amparo contra la sentencia definitiva, no debe analizarse si en su contra se interpuso o no algún medio ordinario de defensa, pues ello es un aspecto relacionado con la procedencia del juicio y no de la vía de trámite.9 Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por la menor de edad ++++, contra la omisión de variar las condiciones de la convivencia decretada en la sentencia dictada el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en los autos del juicio civil sumario +++ acorde con lo dispuesto en el artículo 89 C del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. SEGUNDO. Este Juzgado Federal carece de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por la menor de edad +++ contra la sentencia dictada el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en los autos del juicio civil sumario +++ mediante la cual se autorizó la convivencia con sus abuelos paternos +++ TERCERO. Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, remítase el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Distrito en Materia Civil del Tercer Circuito. Notifíquese personalmente
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